El vuelco en el caso Andahuasi ha puesto a los Wong en aprietos. Dos de sus hombres de confianza han sido condenados a prisión y los dos hermanos están siendo investigados por lavado de activos. Después de seis años, el panorama se empieza a aclarar y los vientos soplan a favor de los accionistas que también tienen la condición de trabajadores.

13 de junio. Suenan los cohetes. Esta vez no es para enfrentar otro nuevo intento de desalojo, sino para festejar la fiesta del pueblo. Andahuasi es un vocablo yunga que significa “no ir más allá”, y ha resultado profético si se tiene en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años.

Con todos los problemas que significó sobrevivir al fracaso de la reforma agraria, a la crisis de la industria azucarera, a la baja productividad, a la falta de capacitación, supieron capear los vendavales y salir airosos. La cooperativa Andahuasi fue un referente en el ámbito agrario, desde el año 1971, en que fue adjudicada a sus trabajadores.

Santos Baldeos ha visto pasar la historia de Andahuasi ante sus ojos. Trabajó en la hacienda desde 1961, antes de cumplir los 16 años. Recuerda al dueño, un español de la familia Diez Hidalgo, a quien le tenía pavor. Treinta años después descubrió que las personas no son estereotipos. El ex hacendado regresó de visita y estuvieron conversando durante horas como viejos amigos. Le contó que la vida lo había golpeado mucho. Vivía de sus ingresos como maestro de inglés en un minúsculo cuartito.

La vida siguió sorprendiendo a Santos. Vio cómo la hacienda se convertía en una de las doce cooperativas azucareras que fueron las niñas de los ojos del general Velasco. Luego fue secretario general del sindicato y presidente del consejo de administración de la cooperativa, cargo para el que se autocalificó como neófito.

“Yo ni siquiera tenía secundaria. Sufrí mucho porque me daba cuenta de que no tenía ni los conocimientos ni la experiencia. Por eso decidí volver a estudiar”. No solo terminó la secundaria, sino que logró graduarse como economista en la universidad de Huacho, treinta años después de haber pasado por muchas peripecias.

En el interín vio cómo la vieja y pequeña fábrica, que tenía una producción bajísima y solo 250 trabajadores, se transformó en una planta industrial con una importante capacidad de molienda. Fue parte del grupo humano que logró que creciera seis veces más en relación a la época de la hacienda. También vivió en carne propia los problemas surgidos del nuevo régimen: “Los del sector azucarero no supimos valorar lo que teníamos. Muchos pensaron que porque eran accionistas podían hacer lo que les daba la gana”, enfatiza.

En el gobierno de Fujimori se dictó el decreto legislativo 802, que obligaba a un cambio de modelo empresarial. La cooperativa se transformó en una sociedad anónima bastante sui géneris, porque mantuvo una serie de beneficios que los trabajadores no tienen en otras empresas. Por ejemplo, hasta ahora reciben aumentos periódicos y la tasa que aplican a la CTS es la más alta del sistema financiero nacional.

La angustia por la falta de trabajo no es una preocupación mayor en Andahuasi. La posibilidad de conseguir empleo en la azucarera está abierta para los hijos de los trabajadores. Si se abre una plaza, postulan los hijos de los accionistas y de los jubilados.

“Yo soy campesino y trabajaba en el sector Quipico como palanero y regador. Mi padre es jubilado de Andahuasi. Mi hermano ya trabajaba ahí y se abrió la posibilidad de que postule el segundo hijo. Así ingresé a la empresa en el año 2004”, nos dice orgulloso Pepe Mariño. Este trabajador sostiene que son los mejores pagados de la provincia de Huaura. Su básico es de 900 soles, pero con los beneficios llega a los 1400 soles mensuales. Además, tienen un colegio cuyos profesores son pagados por la empresa, una posta médica y convenios de capacitación con el Senati.

Un oasis en medio del desierto, pero que internamente nunca estuvo libre de problemas. La crisis se hizo sentir en los periodos en los que los trabajadores no recibían sus utilidades anuales debido a que los estados financieros de la Empresa Industrial Andahuasi SAC no eran positivos. Son 800 accionistas y 400 jubilados los que deben recibir utilidades. “Habremos recibido utilidades unas cuatro veces. Hemos tenido varios momentos muy difíciles, pero logramos salir adelante sin necesidad de vender nuestro patrimonio”, afirma Santos Baldeos.

El derrumbe de un sueño
Pero un 14 de mayo del 2009 su mundo de postal costeña se vino abajo. Familias divididas, desconfianza entre hermanos, enfrentamientos violentos y lumpenización fue la consecuencia de la llegada del Grupo Wong a Andahuasi. Los hermanos Efraín y Erasmo nunca pisaron los campos ni la planta, pero enviaron a sus emisarios que han extendido su control a toda la provincia de Huaura.

Una traición, una jugada de cartas debajo de la mesa tramada por un personaje del lugar, un trabajador convertido en presidente del directorio de la empresa:Eduardo Núñez Cámara, hijo de un campesino arequipeño de Chucarapi que llegó a trabajar a esas tierras. Núñez estudió la primaria en Andahuasi y la secundaria en Sayán. Por haber ocupado el primer puesto en la escuela, obtuvo el beneficio del ingreso directo a la facultad de Agronomía de la Universidad Agraria de La Molina. Después fue practicante en el sector Quipico, un anexo de la cooperativa, ahora en manos de los Wong. Capaz y ambicioso, en el año 1996 llegó a ser administrador de un área importante de ese sector. Y, desde entonces, hizo de las suyas.

Santos Baldeos conoció de cerca a Núñez Cámara. Ocuparon el cargo de presidente y vicepresidente del directorio de la empresa respectivamente. Esta vez la vida no lo sorprendió. Simplemente confirmó lo que pensaba de Núñez: “Desde entonces sacaba beneficios de su cargo. Se llevaba los equipos de la empresa para que los use su hijo. Hizo que el directorio aprobara una donación de dinero para que él postulara a la región Lima por el PPC”. Su gestión fue tan cuestionada que, cuando la comisión transitoria asumió el control de la empresa, el sindicato logró que despidieran a Núñez Cámara.

Pero después, en el 2002, cuando cambiaron de régimen y se convirtieron en sociedad anónima, convocaron a nuevas elecciones y apareció nuevamente en escena Núñez Cámara, que ganó con una alta votación. No es difícil adivinar lo primero que hizo: tomar represalias y despedir a Rogelio Rimarachín, el secretario general del sindicato.

En los años siguientes, Núñez Cámara siguió actuando a espaldas de los trabajadores, en complicidad con el exgerente de la empresa, Carlos Rivas Urteaga. Diez años después, el propio Erasmo Wong declaró ante una comisión investigadora del Congreso que aproximadamente en el 2006, hicieron contacto con Núñez, pero que no llegaron a concretar la venta de acciones. Dijo textualmente: “Dos o tres años antes hicimos contacto con Eduardo Núñez y algún otro directivo. Tuvimos varias reuniones. Dos o tres veces nos dimos la mano porque se concretizaba la operación. Sin embargo por ‘ene’ razones estos señores desaparecían y nunca se llegó a realizar”.

Ese año Núñez Cámara hace otra de sus jugadas maestras: Convence a los trabajadores que los 50 millones de soles en acciones que regresaron a la empresa luego de una fusión interna, se guarden en cartera como parte del patrimonio y no se les repartan a cada socio como correspondía.“De ahí salieron las acciones que vendió a los Wong”, sostiene Santos Baldeos.

Se ha encontrado un acta de directorio del mes de abril del 2009, en el estudio Torres y Torres Lara, en la que se acuerda la venta de 69 millones de acciones a la empresa Río Pativilca, de los Wong. Extrañamente a esa reunión no fue invitado Santos, entonces vicepresidente del directorio. En una asamblea informativa, tres días después, ese mismo mes, Núñez niega enfáticamente cualquier posibilidad de venta. 

“El 2009 nos preparábamos para las elecciones del nuevo directorio. El grupo Bustamante estaba participando y tenía posibilidades de tener cuatro asientos. Eso era preocupante porque nosotros estábamos divididos”, recuerda Pepe Mariño.

Las elecciones terminaron en trifulca. Núñez salió elegido y los dos candidatos de los trabajadores también. Uno de ellos era Wilder Ruiz, hijo de un trabajador accionista de Cutervo que fue cortador de caña y que creció en Andahuasi. Este joven dirigente sindical asume un rol protagónico en la lucha, que lo lleva a ser elegido congresista de la República por Gana Perú, con el voto de los trabajadores azucareros. Fue él quien organizó el mitin de Humala, quien pisó por primera vez esa tierra y les prometió que los iba a apoyar.  

El 13 de mayo se convoca a una reunión de directorio en el estudio Torres y Torres Lara. Asisten todos los nuevos directores, menos Eduardo Núñez Cámara. A esa misma hora estaba cerrando la operación de compra-venta. Al día siguiente, los Wong eran los flamantes propietarios de 50 millones de acciones de la empresa Industrial Andahuasi SAC.

Familias divididas, desconfianza entre hermanos, enfrentamientos violentos y lumpenización fue la consecuencia de la llegada del Grupo Wong a Andahuasi

El fantasma del desalojo
El himno de Andahuasi dice así: “Nicolás de Tolentino / junto a una humilde cruz /cuida nuestro pueblo unido / que sigue siempre aquella luz”. Esa confianza en el santo italiano se acabó en el mismo instante en el que se enteraron que su patrimonio corría peligro.

Pepe Mariño recuerda:“Es como si tu padre vendiera tu casa. Te quedas en el vacío. Sentía una mezcla de preocupación más desesperación. Comenzaron a correr la bola de que debíamos vender nuestras acciones”. La situación de zozobra se acrecentó cuando escucharon que iban a llegar los matones de los Wong a desalojarlos de la fábrica en la que estaban atrincherados. “Nuestra vida cambió mucho. Fue un sufrimiento muy fuerte. Hubo divisiones y peleas al interior de las familias”, añade.

Reinaba la confusión. Hubo un personaje que durante esos días cumplió un papel nefasto. Se trata de Greco Quiroz, un exsecretario general del sindicato de Casa Grande y exasesor jurídico del gobierno regional de La Libertad, quien luego de coordinar con el grupo Bustamante, terminó apoyando a los Wong. Con mucha labia logró convencer a los dirigentes de que firmen un acta entregándole la administración a estos últimos. El argumento era que la operación no tenía marcha atrás y que lo mejor era entregar la fábrica. Y por un día el personal de seguridad de los Wong tomó posesión de las instalaciones. Pero solo por un día, porque cuando las señoras del pueblo se enteraron de lo ocurrido, entraron y los expulsaron, ante la mirada atónita de los vigilantes que no atinaron a nada. 

A Santos Baldeos le sorprendió la reacción espontánea de la población. “Sobre todo de los estudiantes y las mujeres. Ellos fueron los que mantuvieron la resistencia porque saben que el pueblo está condenado a desaparecer si lo toman. Por el contrario, muchos trabajadores se abstuvieron, y algunos comenzaron a ser informantes de Núñez”, afirma.

El primer ataque fue el 24 de junio de 2009. Llegaron matones, con armas de fuego y tomaron la parte alta de Andahuasi. La defensa de Andahuasi estaba en manos de los vigilantes de la empresa Investa. Pero fue la población la que contestó con cohetes, piedras y palos. Ella hizo retroceder a la fuerza de choque de los Wong que entró hasta la plaza de armas. Algunos tuvieron que huir por el río. Felizmente la policía decidió no disparar y se retiró.

Un año después hubo otro intento de desalojo (11/06/2010) que fue suspendido por el Poder Judicial por falta de garantías. Sin embargo, se han producido muchos enfrentamientos “extraoficiales” en los anexos de Humaya y Manco Cápac. Este primer anexo fue recuperado después de un atentado que sufrió un grupo que se dirigía en varios ómnibus a Huacho para participar en una marcha. Dispararon y le tiraron piedras a los vehículo. La reacción de los trabajadores fue salir y jugarse el todo por el todo. La gente de los Wong fue expulsada de Manco Cápac.

En la mira de los francotiradores estaban Wilder Ruiz y Santos Baldeos. Ambos han sufrido atentados. “Atentaron contra mi vida en el año 2012. Yo iba en una camioneta por la Panamericana. En ese tiempo yo estaba reuniéndome con los matones porque nos iban a entregar dos sectores. En eso nos dispararon. El chofer picó y nos fuimos de ahí”, recuerda Santos.

La carretera Huaura- Sayán y la Panamericana se convierten en lugares sumamente inseguros, en los que ocurren muchos enfrentamientos. Ahí mueren el vigilante Julián Chacón, el maquinista Segundo Ruiz y un trabajador de Humaya. El número de heridos de bala no está registrado.

Wilder Ruiz ha sufrido dos atentados, cuyas denuncias han sido archivadas. El primero ocurrió en el sector Quipico. Le dispararon a su camioneta en la que viajaba con su familia. El segundo ocurrió a la altura del kilómetro 36. Le dispararon desde el monte. Se salvó porque la camioneta aceleró y logró esquivar las balas.

Los trabajadores refieren que los matones aparecieron después del14 de mayo del 2009. Fueron contratados por las empresa de seguridad de los Wong, Tans Security, y se instalaron en Santa Rosa y Quipico, dos sectores controlados por ese grupo, ubicados a 30 minutos de Andahuasi. Son delincuentes que han robado un camión, una cargadora y una limpiadora, entre otros objetos de valor. No son vigilantes capacitados.
La gente comenta que los fines de semana toman, se drogan y salen a asaltar, a violar y a extorsionar. Por ejemplo, algunas de sus víctimas fueron los trabajadores que construían la carretera a Sayán. Wilder Ruiz siempre recuerda con nostalgia la época en la que nadie robaba en Andahuasi y sus alrededores: “Dejaba mi bicicleta en la calle y la ponían a un costadito”.

Existe un informe elaborado por un comandante en retiro de la PNP para el Grupo Bustamante, en el que hace un recuento de todos los actos delictivos que se llevaron a cabo desde el 2009, y en el que identifica los nombres y apellidos de los delincuentes. Asaltaron omnibuses, camiones, casas. Dispararon contra civiles porque los confundieron con trabajadores de Andahuasi. Realizaron un secuestro. Mataron a nueve personas. En Santa Rosa, la Dirección de Obras Civiles de la Policía realizó un operativo en el que les confiscaron armas. El éxito del mismo se debió a que actuaron sin avisar a la policía de Huaura que protege a estos delincuentes. Incluso la empresa Tans Security ha tenido que separar a varios de ellos después de tanto desborde delictivo.

El último enfrentamiento en ese sector, ocurrido en marzo de este año, ha sido sumamente violento, y ha dejado ocho heridos y dos muertos. Fue en Santa Rosa, donde los ”vigilantes” que trabajan para los Wong se enfrentaron a los trabajadores de su propia empresa, porque el sindicato de obreros estaba planeando una huelga y contemplando la posibilidad de separarse de ella si no aceptaban sus reclamos. La policía ha comprobado que esos matones son miembros de la banda “Los Mamanchuras”, cuyo líder, Nicolau Deza, fue detenido cuando se acercaba a la azucarera para pedir su cuota sindical. En su defensa, Deza sostuvo que era “seguridad” de los Wong.

Vivir en la irrigación Santa Rosa (centro poblado La Merced, Sayán) es jugar con la muerte. No existe tranquilidad. En cualquier momento llegan los matones y se produce un fuego cruzado. De día o de noche llega la policía para efectuar capturas y convulsiona el lugar. No está sucediendo lo mismo en Andahuasi, que todavía es una isla en medio de la inseguridad cotidiana.

Como si no bastara con la lumpenización de la zona, los trabajadores se vieron afectados económicamente desde el primer mes del conflicto, ese nefasto 2009. Estuvieron cinco meses sin paga, cobrando en azúcar y especies.

Núñez Cámara y Rivas Urteaga– que representaban a los Wong – se quedaron con 3200 hectáreas, en el sector Quipico y Santa Rosa, y los trabajadores con 2800 hectáreas en Andahuasi. El dúo comenzó a vender la producción de azúcar del área que controlaban a Agroindustrial Paramonga, de los Wong, sin que mediara un acuerdo del directorio ni de la junta de accionistas de Andahuasi. “Son 2 millones 140 mil toneladas que ha recibido esa empresa hasta la fecha. Si la tonelada está a 100 soles, entonces se nos han ido de las manos 212 millones de soles en ventas”, reclama Santos Baldeos.

Los andahuasinos tuvieron grandes dificultades para comercializar su azúcar. Sacaban los costales hasta Huacho en camiones escoltados por su personal de seguridad. Era frecuente que les dispararan con armas de largo alcance para evitar que el producto llegue a su destino. Pero eso no fue todo: La fiscalía pidió la incautación de la producción (300,000 sacos) que fue autorizada por el juez Humala Trigoso, aduciendo que eran el cuerpo del delito. Dada la orden, la policía paraba los camiones e incautaba los costales de azúcar. La mano del Grupo Wong y su poder descomunal los aplastaba.

Las ventas se normalizaron recién el año 2011, cuando entró a tallar la administración judicial. Empezaron a venderla en Sayán, a pequeños comerciantes huanuqueños. Hoy han constituido una empresa comercializadora y están ampliando sus mercados, un primer paso de cientos más que tendrán que dar para mantener su negocio y su estilo de vida.

Después de seis años de puja, las convulsiones que los remecieron han dejado sus huellas. En la última elección del sindicato, se presentaron cinco listas. La ganadora solo tuvo 160 votos de los 700 contabilizados. Actualmente hay algunas contradicciones entre la dirigencia anterior, de la que forman parte Pepe Mariño y Santos Baldeos, y la actual, que es novata y que fue elegida por solo 160 votos, de los 700 contabilizados. Comparten el objetivo final, pero no la hoja de ruta. Para los dirigentes “viejos” la prioridad es recuperar su patrimonio porque consideran que fueron engañados y que esa operación dolosa se tiene que anular, tal como ha sido establecido por el Tribunal Constitucional, porque no hay derechos absolutos. Ellos consideran que la lucha prioritaria contra los grupos Wong y Bustamante es la de la vía legal. Para los “nuevos”, lo que importa es mantenerse como están, así tengan o no legalidad.

Los Wong en aprietos
A solo dos meses de iniciado su mandato, el gobierno de Ollanta Humala tuvo su primer remezón cuando se destapó el lobby para que la policía ejecute el desalojo de la empresa Andahuasi. El escándalo no tardó en pasarle factura al régimen. Hubo muertos y heridos políticos: el vicepresidente Omar Chehade renunció a su cargo y fue suspendido 120 días del Congreso. Su hermano Miguel cumple una condena de tres años en el Penal Ancón II. Pero también hubo ilesos. Solo se sancionó al mensajero. El remitente, luego de este revés, continuó indemne persiguiendo su objetivo por todos los medios posibles, y con todos los medios (de comunicación) a su favor.

La euforia del Grupo Wong por hacerse de esta importante plaza azucarera duró poco: la Conasev- que en ese entonces era la institución encargada de supervisar los movimientos bursátiles- determinó que la compra fue irregular. La operación se realizó sin OPA (Oferta Pública de Acciones) que es el requisito para una transferencia de tal magnitud. El traspaso costó 50 millones de soles.

Luego se descubrió que la operación de bolsa fue simulada, pues ya había un acuerdo previo entre compradores y vendedores, lo cual no está permitido en las reglas de la Bolsa de Valores.

Para Alberto Borea, abogado de los trabajadores, la venta es nula: “No tenían el poder para hacerlo, el fin era ilícito, hubo una simulación absoluta y no se cumplió con las forma prescrita por la ley”. El jurista señala que una operación en bolsa tiene una serie de requerimientos legales busátiles. No es una transacción cualquiera. La Bolsa es quien intercede entre comprador y vendedor, y da la posibilidad a que existan múltiples compradores. Al no haberse hecho OPA y haberse liquidado de manera directa (tal como en efecto ocurrió), se habrían violado estos requisitos.

Borea considera que debe anularse dicha transacción y devolverse las acciones a los trabajadores. Sin embargo, de acuerdo a las normas de las operaciones en Bolsa, éstas son irreivindicables. El abogado precisa que estas reglas no se pueden superponer a las elementales de una operación de compra – venta; que la ex CONASEV no puede escapar al control constitucional. Si ésta no fue consentida por los accionistas de Andahuasi, entonces no puede ser una operación legítima. 

Hasta este punto la historia es conocida. A pesar de estos indicios, Río Pativilca (la empresa de los Wong) logró a su favor diversas órdenes judiciales que autorizaban el desalojo.

Sin embargo, luego de muchas idas y venidas en los corredores judiciales, la Corte Superior de Justicia ha terminado por dar la razón a los trabajadores. Acaba de confirmar la sentencia en contra de Eduardo Núñez Cámara y Carlos Rivas Urteaga.

Se les ha condenado a cuatro años de prisión. El delito es “fraude en la administración de personas jurídicas”. Esto significa que ninguno ha podido acreditar que los 50 millones, producto de la venta de las acciones,ingresaron a las cuentas de Industrial Andahuasi SAC (la subsidiaria que es parte del patrimonio de la azucarera). La sentencia concluye que solo se ha podido certificar el ingreso de 25 millones a una cuenta bancaria Escrow Account, conformada por representantes de Rio Pativilca y de Industrial Andahuasi, y que se desconoce el destino del resto del dinero.

Los representantes de Rio Pativilca afirman que con el dinero que no ingresó a la cuenta pagaron a los acreedores porque esa empresa era insolvente. El abogado de los Wong, Antonio Palacios, sostiene: “Para la jueza la operación fue valida, no la han podido cuestionar. Lo único que aduce es que Núñez Cámara y Rivas Urteaga han malgastado el dinero. Ello es absurdo porque, de los 50 millones que se pagaron en su momento, 25 millones se usaron para pagar a los acreedores de la compañía. Consta la declaración de los proveedores y los cheques y recibos de pago. Además,en los estados financieros del 2008 consta la deuda, y en el 2009 ya no existe. Ellos mismos han declarado que se les ha pagado”.

Sin embargo, la sala integrada por Flores Vega, Báscones Gómez Velas y Barreto Herrera, no ha encontrado documentos que sustenten los pagos de los habla Palacios. Se supone que éstos eran por deudas contraídas antes del 24 de abril del 2009, pero en los informes presentados por Rivas Urteaga y Nuñez Cámara- de los que da cuenta la sentencia – se han encontrado cartas notariales de las mismas empresas beneficiadas con la cancelación de sus deudas, expresando su disconformidad por el incumplimiento del contrato. Es el caso de Comercial Alvarado SCRL, La Muralla SAC y Distribuidora Daferch.

La cuenta scrow también es observada por los jueces. Durante el tiempo que el dinero permaneció en el Banco Interamericano de Finanzas (BIF) se hicieron diversas transferencias. Sin embargo, el estudio comparativo de las órdenes de pago autorizadas al BIF, ordenado por la sala, no ha encontrado sustento al pago que se le hizo a Rio Pativilca por montos diversos. Es decir, parte del dinero de la cuenta scrow se usó para pagar a la misma empresa que compró las acciones.

Por su parte el apoderado de Río Pativilca sostiene que, debido al estado de insolvencia de Andahuasi, su empresa, en algunos casos, tuvo que poner dinero para el pago de los seguros a los trabajadores y otros gastos, y que ese dinero tenía que ser reembolsado. De esa manera explica los pagos ordenados desde la cuenta scrow a la empresa que representa.

El 6 de abril de este año el caso Andahuasi dio un nuevo vuelco: la fiscalía de lavado de activos, a cargo del fiscal Ricardo Rojas, ordenó una investigación preliminar a los hermanos Erasmo y Efrain Wong

El paraíso de los Wong
El 6 de abril de este año el caso Andahuasi dio un nuevo vuelco: la fiscalía de lavado de activos, a cargo del fiscal Ricardo Rojas, ordenó una investigación preliminar a los hermanos Erasmo y Efraín Wong. Los trabajadores de la excooperativa azucarera han presentado pruebas de la existencia de al menos siete empresas off shore constituidas en Panamá, un reconocido paraíso fiscal.

La fiscalía presume “la existencia de la comisión del delito de lavado de activos por cifras que alcanzarían los 65 millones de dólares que los dos grupos económicos invirtieron”. Pero,  ¿qué tiene que ver esta investigación con el caso Andahuasi? De los 35 millones de dólares que invirtió el Grupo Wong en la compra del 54% de las acciones de la azucarera (49 millones de soles en las acciones de la subsidiaria; 60 millones en compras a los accionistas y otros 18 millones en la OPA complementaria del 2010), 24 llegaron de la empresa off shore de Panamá, GUIP CHI INC, el 6 de mayo del 2009.

Los cinco hermanos Wong son directores de esta empresa. Además, son dueños de otras seis empresas más, pero ninguna de ellas ha sido declarada en Perú como parte de su grupo económico.
Los hermanos Wong están en problemas. La fiscalía supone que el objetivo era la adquisición de las acciones, para de esa manera licuar el dinero transferido de Panamá, y reinsertarlo en el sector financiero. Por este motivo ha solicitado la documentación contable relacionada con este caso, y los antecedentes judiciales y penales, datos de la Interpol, de la División de Investigación de Lavado de Activos de la PNP y a las fiscalías especializadas en delitos tributarios y aduaneros. La fiscalía también ha pedido que el BANBIF presente la copia fedateada del Registro de Operaciones de Mayor Cuantía, del 6 de mayo del 2009, en el que se encuentra la remesa por US $ 23’999,970.

Para Antonio Palacios, esta investigación no tiene ni pies ni cabeza, ya que la legislación peruana no considera como un delito el no declarar empresas en paraísos fiscales:“GUIP CHI INC es una empresa que los hermanos Wong constituyeron en Panamá, en la que ingresaron parte del dinero de la venta de los supermercados para traerla de a pocos y hacer nuevas inversiones en el Perú. Eso no es delito”, señala.

Es cierto que conformar empresas off shore en países como Panamá no es ningún delito. Sin embargo, Denis Igunza, abogado de los trabajadores de Andahuasi, manifiesta: “¿Cómo es que una empresa constituida en Panamá con un capital de 5 mil dólares, remesa al Perú 25 millones de dólares? Nuestra normativa tributaria establece que si una empresa tiene renta de fuente peruana, está obligada a tributar. Pero esa empresa no ha sido declarada a la administración tributaria peruana”.

Igunza advierte que los 25 millones de dólares que llegaron al Perú desde Panamá no fueron declarados por el oficial de cumplimiento del BIF, lo cual es una irregularidad porque todo monto mayor a los 10,000 dólares debe ser declarado. “Este banco tiene un oficial de cumplimiento que se encarga de informar a la Superintencia de Banca y Seguros (SBS) todo movimiento que no sea rutinario. En este caso se trata una empresa que no está inscrita, que no está en los registros de la administración tributaria del mercado de valores y la SBS, y el oficial ve el ingreso de 25 millones y no lo informa. Para nosotros también el BIF está coludido en todo esto”, puntualiza.

Para Antonio Palacios, en cambio, no hay nada irregular en la operación. Él asegura que han pagado todos los tributos que la ley dispone y que todo está en orden. También señala que estas denuncias son parte de una campaña infame direccionada por el congresista Wilder Ruiz. Asegura que se ha engañado a una población de escaso nivel educativo, y que el objetivo del Grupo Wong, más bien, es reflotar la empresa y respetar todos los beneficios de los trabajadores.

“Me parece absurdo que en vez de alentar la inversión la desalientan. Así nadie va a querer meterse en una inversión sin Poder Judicial y sin Gobierno.¿Por qué no lo investigan a Wilder Ruiz por lavado de activos para saber cuál es su patrimonio”, increpa Palacios.

Los Wong no son el único grupo empresarial metido en este cambalache. La fiscalía le ha puesto el ojo también las empresas de la familia Letts de Romaña. Este grupo económico dispuso de 30 millones de dólares para comprar las acciones de la Azucarera Andahuasi, a través de sus tres empresas constituidas en Panamá: ZABUCK INTERNATIONAL INC., DUCKTOWN HOLDINGS S.A. y BECKOL INVESTMENTS CORP. (Este dato se le pasó a la Conasev y también a la comisión investigadora del Congreso.)

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Son 1200 trabajadores que se mantienen unidos contra viento y marea, y que esperan el mismo feliz desenlace: ganar en las instancias legales, no ser desalojados y seguir manejando su empresa. Pero, sobre todo, que la esencia de la cooperativa sobreviva en ese rincón del valle.