Escrito por David Sánchez Velásquez Revista Ideele N°298. Junio-Julio 2021

En la conferencia titulada “Hostile Environmets in the Mediterranean”[1], Michael Collyer, reconocido profesor inglés, explica con suma claridad cómo las políticas migratorias de los países más desarrollados del continente europeo han creado un ambiente hostil –término acuñado por Theresa May, exprimera ministra británica, cuando ocupaba la cartera de ministra de gobierno interior– contra los migrantes irregulares. El expositor afirma que, en la actualidad, el objetivo central de las políticas migratorias europeas no está dirigido a controlar el acceso de los migrantes en las fronteras de los Estados de destino, sino, más bien, a disuadir a los potenciales migrantes de abandonar sus países de origen. Para lograr tal fin, según argumenta, los Estados de la Unión Europea han implementado algunas medidas capaces de efectivizar un ambiente hostil contra los migrantes irregulares. Al respecto, el conferencista destaca las dos siguientes: i) la configuración de las fronteras como espacios de disuasión y ii) la promoción de campañas publicitarias sobre las acciones estatales de seguridad para frenar la migración irregular.

Con relación al establecimiento de la frontera como espacio de disuasión, Collyer sostiene que toda la arquitectura fronteriza (vallas, muros, militarización, etc.) no está pensada para detener a los migrantes que, físicamente, se encuentran próximos a cruzarla, pues evitar su ingreso al territorio del país de destino es, en la práctica, imposible. Ninguna frontera, por más obstáculos que se instalen, es del todo infranqueable. Los migrantes hallarán la forma de cruzarla tarde o temprano. La arquitectura fronteriza tiene, de acuerdo con el especialista, la tarea de disuadir a los potenciales migrantes. Con el decorado obstaculizador de las fronteras, los gobiernos transmiten el mensaje de que, además de los riesgos y peligros que han de enfrentar a lo largo de su ruta migratoria (violencia física, robos, trata de personas, etc.), al llegar hasta ellas, los migrantes deberán sortear una dificultad adicional: superar una valla, un muro o esquivar a las fuerzas del orden.

En cuanto a las estrategias publicitarias, Collyer asevera que estas campañas están dirigidas, en gran medida, a la población de acogida, y tienen la intención de sobredimensionar las acciones estatales realizadas para controlar la migración (detenciones, deportaciones, etc.). De esa manera, los gobiernos desean dejar en claro que están actuando frente al problema de la migración irregular, cuando, en realidad, no están en la capacidad de llevar a cabo un control real y efectivo sobre la totalidad de los migrantes. Estas campañas mediáticas han logrado, por un lado, que la población migrante de nacionalidades minoritarias o poco representativas de la migración irregular se sientan también amenazadas por el hostigamiento de la fiscalización migratoria en el país de acogida y, de otro lado, han generado que aquellas personas que no percibían a la migración como un problema cambien su posición.  El miedo y la ansiedad hacia la migración irregular se apoderan, poco a poco, de la población local.

En resumidas cuentas, Collyer afirma que las actuales políticas públicas de control de la migración irregular no buscan solucionar los problemas fundamentales asociados a la migración. El ambiente hostil creado por las referidas políticas contra la migración irregular,  únicamente, han dado pie a que los migrantes hallen nuevas formas y rutas mucho más peligrosas para completar su periplo hasta los países de destino. Por último, el conferencista concluye que la principal consecuencia de este tipo de política es la pérdida de legitimidad en las instituciones públicas, pues al arrogarse capacidades y acciones que, en la práctica, no pueden ejercer para controlar la migración, la población pierde la confianza en dichas instituciones al ver que fallan en lo que dicen estar haciendo correctamente.

Resulta propicio traer a colación esta interesante conferencia, pues, aunque está enfocada en la realidad de las políticas migratorias europeas, no podemos dejar de mencionar que se asemejan mucho a las políticas que el Estado peruano ha empezado a diseñar e implementar para hacer frente al fenómeno migratorio venezolano. Veamos algunos ejemplos. En enero último, el gobierno peruano decidió desplegar a las fuerzas policiales y militares hacia la frontera norte para controlar el ingreso de migrantes por las trochas y pasos ilegales. La medida de militarizar la frontera con el Ecuador podríamos encuadrarla, siguiendo los parámetros de Collyer, como una política de endurecimiento de la arquitectura fronteriza. Nuestras autoridades transmiten, así, el mensaje a los potenciales migrantes, esto es, a los ciudadanos venezolanos próximos a migrar o en ruta hacia el Perú, que, en su ya complejo proyecto migratorio, hallarán un nuevo obstáculo: evadir a los efectivos policiales y militares en la frontera peruano-ecuatoriana. Buscan, de ese modo, disuadirlos de migrar a nuestro territorio.

Por otro lado, vale recordar que durante el gobierno del presidente Vizcarra se empezó a televisar las deportaciones de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular y con antecedentes policiales y penales. En la actualidad, a través de sus redes sociales, podemos observar los continuos y frecuentes operativos de fiscalización migratoria que realiza la Superintendencia Nacional de Migraciones. Sin duda alguna, ambas medidas, conforme a la calificación de Collyer, buscarían sobredimensionar mediáticamente el accionar estatal en el control de la migración irregular, cuando, en realidad, dado el enorme fenómeno migratorio venezolano, son políticas poco efectivas y, más bien, efectistas. Como bien indica el expositor inglés, esto únicamente mellará la credibilidad de las autoridades migratorias e incrementará la desconfianza contra hacia la administración pública en general.

Ahora bien, en virtud de que la reciente campaña electoral peruana ha reavivado la vieja disputa entre capitalismo y comunismo, es conveniente mencionar que, durante la guerra fría, las fronteras servían como herramienta para diferenciar a la sociedad abierta de la cerrada. La sociedad abierta, vinculada al bloque capitalista, era aquella que permitía a sus ciudadanos emigrar del país. En cambio, la sociedad cerrada, relacionada al bloque comunista, lo impedía. De esa forma, las fronteras eran concebidas como limitantes a la opción de salida o al derecho a emigrar del país de origen. Ello ha cambiado completamente tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. En pleno siglo XXI, la movilidad humana es un fenómeno muy frecuente y está en continuo crecimiento. Consecuentemente, la opción de salida ha dejado de ser considerada como un elemento constitutivo de la definición de las fronteras para dar paso a la opción de entrada (el derecho de inmigrar a un país). Empero, valgan verdades, no existe, hasta el momento, Estado alguno que permita el ingreso a su territorio sin ningún tipo de condicionamiento.

No obstante, si bien es cierto que el derecho de inmigrar rige en nuestro país y, por ende, deberíamos considerarnos como una sociedad abierta, la libre opción de entrada ha sido recortada, prácticamente en su totalidad, para los ciudadanos venezolanos. Les exigimos requisitos (pasaporte  y visa humanitaria), cuyos costos los hacen imposibles de obtener en el contexto de crisis humanitaria que vive aquel país, impidiendo que ingresen a nuestro país de manera regular. Extrapolando algunas ideas de Ricard Zapata, destacado investigador español, ello nos “indica que [el Perú] solo es una sociedad abierta para [solo algunos migrantes] […] [, pero,] [c]on la demanda creciente de inmigrantes que quieren entrar estamos pasando de una concepción de sociedad abierta a una sociedad cerrada”[2]. En otros términos, en políticas migratorias nos asemejamos más a un país comunista que a uno liberal.

Para constituirnos como una verdadera sociedad abierta, debemos dejar a un lado las políticas migratorias hostiles contra los migrantes de nacionalidad venezolana. Nuestras autoridades deben iniciar un proceso de regularización masiva, permitiéndoles insertarse plenamente dentro del tejido social peruano. Así, podrán, sin tantas trabas y dificultades, seguir con sus estudios universitarios, obtener brevetes, abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, conseguir empleos en el mercado laboral formal. En fin, dinamizar aún más nuestra economía y contribuir al crecimiento del PBI dentro de los cauces formales. Los beneficios de la migración son enormes no solo en términos económicos, sino también éticos y culturales. Si acogemos e integramos a los migrantes  venezolanos no solo nos estaremos erigiendo como una sociedad generosa y solidaria con el más vulnerable, sino también tendremos frente a nosotros una enorme oportunidad para sumar una nueva identidad al llamado país de todas las sangres.

[1] Puede verse la conferencia en el siguiente enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=uo-lsRPFv6A

[2] Ricard Zapata. “Teoría Política de la Frontera y la movilidad humana”, en Revista Española de Ciencia Política, número 29, 39-66.