Escrito por Ghiomara Rafaele Foto: La República Revista Ideele N°298. Junio-Julio 2021

Mary tenía una vida estable en Venezuela, pero tuvo que dejarla debido a la crisis que su país atraviesa. Llegó al Perú hace tres años cuando tenía 32. Su pareja había llegado en el 2017 y ella, posteriormente, tomó la decisión de acompañarlo. Sus primeros tres meses transcurrieron entre pelar papas, lavar platos, cocinar y limpiar en un restaurante.

Ser ayudante de cocina le permitió ganarse sus primeros soles en tierra peruana; sin embargo, esto fue a costa de una explotación laboral y malos tratos por parte de su empleadora. Tenía que trabajar de 7:00 am a 7:00 pm, prácticamente 12 horas diarias, por menos de un sueldo mínimo. A pesar de ello, lo más difícil llegaría después. Su jefa decidió cambiarla de puesto y le mencionó que ahora le tocaba atender a los clientes, es decir, ser mesera.  Ahí atendiendo pedidos, experimentó lo peligroso que es ser una mujer venezolana en el Perú.

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Así como Mary, miles de mujeres venezolanas se ven en la obligación de migrar por los constantes problemas políticos, sociales y económicos que viene atravesando Venezuela desde 2014 y que les obliga a que empiecen a movilizarse a otros países para poder sobrevivir.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V existen alrededor de 5 millones 600 mil personas venezolanas refugiadas y migrantes que se encuentran mayoritariamente en Colombia y Perú. De estas cifras, en el Perú, solo 465 900 cuentan con permisos de residencia; mas las cifras se agudizan al evidenciar que solo 2 600 son reconocidos como refugiados y existen más de 532 300 solicitudes pendientes.

Estas cifras prueban que es necesario utilizar un enfoque interseccional para investigar, estudiar y contar las vivencias de las personas venezolanas, debido a que no es lo mismo movilizarse siendo joven o siendo adulto, siendo un varón o siendo una mujer e incluso se encuentran en constante transformación por otras cuestiones sociales como la clase, la etnia, el lugar de procedencia y, también, el rol que ocupa su familia.

Para una mujer migrante venezolana lo que más experimenta son opresiones que provienen de diversos actores sociales como los medios de comunicación o la misma población civil, estos no solo se expresan en un discurso con ataques xenofóbicos o clasistas, sino que también son acompañados de actitudes o comentarios que hipersexualizan o acosan. Lamentablemente, el ser migrante, ser mujer y de clase media-baja deriva en diversos grados de opresión. Esta es la tierra en que los privilegios no existen.

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Los comensales le decían: vamos, sal conmigo, a qué hora sales, te espero, cuánto me cobras -haciendo alusión a servicios sexuales-. Los ataques hicieron que ella tuviera que dejar ese trabajo. Al abandonar su puesto la situación no mejoró, por el contrario, se agudizó. Pensó que trabajar en la calle no sería tan difícil como en su primer trabajo. Se equivocó. Un día se subió a un bus para vender sus golosinas y galletas, como ya diariamente lo hacía. Sin embargo, esta vez era diferente, una voz insistente desde el fondo del autobús la llamaba, jovencita, jovencita, acérquese ella apurada y con la esperanza de llevar unos soles a su casa se dirigió a él. Se quedó estupefacta. En las manos de aquel sujeto no se encontraba una moneda sino su pene. Salió desesperada de ese bus. No pudo gritar ni pedir ayuda. No quería poner una denuncia y no era porque no sabía que la habían acosado sexualmente, sino porque no quería generarse problemas con la justicia peruana. Tenía miedo de que si lo hiciera pudiera ser reportada. Creía que no la escucharían en la comisaría y tampoco sabía sobre las leyes peruanas. Por eso, prefirió callar.

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El Decreto Legislativo 1410 modificó al Código Penal peruano que tipifica en los artículos 151-A y 176-B al acoso y acoso sexual en el 2018 y estipula que una persona ejerce acoso cuando “de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana”. Añade a esta definición el acoso sexual que es cuando “de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual”. Ambas acciones tienen una condena, el primero se reprime con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años; en el segundo, de tres a cinco años.

Por otro lado, en el plano internacional, se explica el porqué no existen tantas denuncias por acoso o acoso sexual. Según el informe del secretario general de la ONU que se titula Violencia contra las trabajadoras migratorias menciona que existen dificultades y riesgo en todas las etapas de migración, esto hace que

muchas mujeres migrantes, en particular las que tienen un estatus migratorio irregular, no denuncian los actos de violencia a la policía debido a que no conocen bien sus derechos, no tienen pruebas, temen ser detenidas o deportadas, desconfían de las autoridades y perciben que son objeto de un estigma. Como consecuencia, rara vez se lleva a los autores de los actos de violencia ante la justicia.

Génesis Vargas añade en un estudio elaborado en el 2019 que las mujeres venezolanas no denuncian los casos de violencia porque existe un rechazo de denuncias por parte de las autoridades encargadas y persiste la falta de redes de apoyo en los países en los que se encuentran.

Asimismo, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) atendió, solo en el primer mes del 2021, a 172 mujeres de diversas nacionalidades en todo el país, entre ellas se informa que 159 son mujeres venezolanas. Las cifras exponen que el mayor porcentaje de las denuncias fueron por agresión física (54,2%), en segundo lugar, se encuentra la agresión psicológica (35,4%) y por último la agresión sexual (10,4%). Las cifras en el 2020 sobre violencia también son alarmantes, puesto que los CEM atendieron un total de 1060 casos a nivel nacional.

Por ello es importante que desde los países de llegada puedan llevarse campañas que permitan el fácil acceso a la información pertinente para que las mujeres venezolanas puedan ejercer su derecho a la denuncia. Por otro lado, también es trascendental que se elaboren campañas de concientización hacia las personas que reciban y lleven a instancias superiores las acusaciones.

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Pasaron unos meses desde que fue víctima de acoso sexual. Ya había dejado su trabajo como ambulante y ahora laboraba por la avenida Wilson. Era de noche y estaba volviendo a su casa ubicada en San Juan de Lurigancho. Subió a su bus de siempre cuando de pronto se tropezó en el carro con un señor. Ella se disculpó y esperó sentada llegar a su destino. Cuando visibilizó su paradero, bajó. Estaba dando unos pasos cuando sintió que el hombre, con el que anteriormente se había topado, también bajaba.

Tal vez, también vive por aquí, pensó. Pero ese pensamiento desapareció cuando la empezó a llamar tratando de alcanzarla. Mary empezó a apresurar el paso y al ver que él ya estaba a punto de abalanzarse, empezó a correr. Corrió y corrió. Sentía que ya le estaba alcanzando cuando logró ver una iglesia cristiana. Ingresó y gritó por ayuda. Ese día se quedó una hora esperando a que ese sujeto se fuera, luego espero una hora más para cerciorarse de que realmente él ya no estaba esperándola.

Mary ahora se encuentra sin trabajo por la pandemia, sentada en Nicolás de Piérola, una avenida muy fría y apurada, con más carros que personas. En sus brazos arrulla a su pequeña hija de apenas dos años esperando que la caridad de los transeúntes puedan ayudarla a sobrevivir.

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Gabriela, por otro lado, si tiene trabajo, pero también tiene que aguantar el acoso diario. Llegó a Perú hace un año y ocho meses y, es madre de dos pequeños niños. La puedes encontrar en Alfonso Ugarte y España, dos avenidas infestadas de basura, carteles y orines. Diariamente se sube a los buses a vender sus productos. Ahora se encuentra en uno, pero  los sonidos de los cláxones son tan fuertes que impiden escuchar lo que está vendiendo.  Buenas tardes a todos, ¿quieren llevarse unas roquitas o palitos saludables?, son de ajonjolí o de chocolate, solo cuestan un sol. Al bajarse de este autobús se acerca a un grupo de personas, todos hombres, que empiezan a silbarle, a tocarla, a rozarla, a hostigarla. Ella se aparta incómoda y trata de subir a otro bus. También sabe que es ser acosada porque lo vive diariamente. No solo por sus compañeros de trabajo, sino también por los compradores.

Me dicen: cuánto vale tu palito, cuánto vale tu rosquita, yo te doy 50 o 100 soles, qué rica están tus rosquitas o por cuánto me lo vendes a mí. Tengo que dejarlo pasar para poder seguir trabajando, esa es mi manera de luchar para tener una vida honesta.

En Mujeres, violencia y frontera de la ONU, se menciona que un estudio de CARE elaborado en el 2018confirma lo contado por Mary y Gabriela:

Se ha evidenciado que las mujeres son víctimas de acoso sexual y de discriminación en el ámbito laboral, tanto por los estereotipos que pesan sobre las mujeres venezolanas, como por su condición de refugiadas o solicitantes. La mayor vulneración de derechos a las mujeres venezolanas se da en las calles y espacios públicos, donde hay acoso sexual, insultos y manifestaciones de violencia simbólica. (CARE: 59).

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No solo es el vivir de dos mujeres venezolanas, es el día a día de las millones que decidieron dejar su tierra para intentar vivir una vida digna, para poder llevarse un pan a la boca, para continuar con sus sueños, para ver crecer a sus hijos. En otras palabras, para ser libres, aunque aún no lo son. Las cadenas del acoso y de la xenofobia las atan. Las atan a la humillación, al dolor, al miedo, al silencio. Sus cuerpos ya cruzaron las fronteras de su país, pero sus derechos aún se encuentran en Venezuela.