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Deberíamos estar dedicados a pensar en estrategias encaminadas a que Castillo respete los compromisos asumidos y gobierne en una línea de cambios, pero en el marco de la Constitución, lo que implica necesariamente una ruptura con Cerrón y su “Ideario”. Algo que él mismo nos está facilitando al haber dicho que ratificará a Velarde en el BCR y respetará la Constitución, la propiedad, las inversiones,  las instituciones y la democracia en general.  Y también en encontrar la fórmula para que el Congreso respete realmente su triunfo y no se le vaya desde el comienzo a la yugular, como algunos virtuales congresistas, representantes del sector ultraconservador y antidemocrático, tipo Montoya y compañía, vienen amenazando. Esto, en lo político, porque nuestra prioridad debería ser enfrentar la pandemia y sus consecuencias.

Pero no, todavía no podemos pasar una página que estuvo clara desde que se conoció el conteo rápido de IPSOS en el que aparecía Keiko Fujimori como perdedora: la invención de un fraude, como justificación para construir un verdadero fraude y/o un golpe de Estado.  En eso estamos todavía. El proyecto ha tenido reveses, pero todavía está intentando meterse por los palos y  sigue siendo viable. Mal haríamos en creer que la proclamación de Castillo, tal como corresponde, es ya un hecho.

Lo que puede haber caído – que no es poca cosa, pero resulta insuficiente – es la pretensión de que se anulen el número de votos que hubiese necesitado Keiko Fujimori para pasar de perdedora a ganadora (Por lo menos unos 50,000, aunque el objetivo  era llegar a 200,00) . Y esto porque los 26 jurados electorales especiales por todo el país se han pronunciado en contra de las cerca de 1000  nulidades interpuestas por Fuerza Popular. Nulidades presentadas  con la asesoría de esos abogados de algunos de los más grandes estudios de Lima (algunos con prestigio, pero otros ya muy desprestigiados), que,  cual “patriotas”,  se embarcaron “desinteresadamente” en la búsqueda  de “la verdad electoral ”, para lo que se dedicaron a estudiar miles de  actas correspondientes a los lugares de las “serranías” del país, donde había ganado abrumadoramente Castillo.

¿Y qué encontraron con todo su know-how? Monstruosidades como que,  a veces, las  firmas  de las actas no se parecen a las  registradas  en la Reniec (información a la que llegaron  por sus contactos con las notarias con las que trabajan, las que acceden a información privilegiada de esta institución  para el cumplimiento de sus funciones y no para proporcionarlas a los estudios – sus clientes- que buscan  anular firmas como sea a favor de K.), o que los apellidos de varios integrantes de la mesas eran iguales, sin tener en cuenta  para nada el abecé de nuestra realidad.

Cómo habrá sido la falta de pruebas, que Keiko tuvo  que salir a pedir que quien tenga una se la haga llegar. Pero lejos de aparecer denunciantes, como los habría habido desde el mismo día de las elecciones, de haberse producido las irregularidades en mesa que se pregonan alegremente, son cada día más lo casos de ayacuchanos o huancavelicanos y de otras partes del país que públicamente ratifican que esa firma que se cuestiona es verdaderamente la suya, demostrando que no fue suplantado en la mesa.

Y es por eso que el  JNE ha  comenzado a ratificar en segunda instancia los pronunciamientos en contra , y esa será el tenor de sus  siguientes resoluciones  porque todas las nulidades siguen patrones parecidos.

La lógica que se pretende implantar en la ciudadanía es que, si el ordenamiento jurídico prevé estos recursos, existe el derecho a interponerlos, más si ayudan a despejar toda duda sobre el proceso electoral, lo cual beneficia a todos. Suena de sentido común, pero es en realidad una aberración jurídica ya que los recursos jurídicos están previstos para tutelar determinados finalidades jurídicas y cuando se cumplen con determinados requisitos, por lo que hacerlo, con fines distintos y sin cumplir con los requisitos, constituye el típico abuso del derecho, prohibido expresamente en nuestro ordenamiento jurídico. Pero es más fácil que cale en la población el primer mensaje machacado por quienes los medios presentan como grandes y neutrales juristas, que el segundo, ya que este último implica tener un nivel de conocimientos jurídicos de los cuales la población carece.

Es por eso que los esfuerzos de quienes no están dispuestos a reconocer el triunfo de Castillo, así haya ganado limpiamente, se han concentrado en un plan B que salta a la vista: ganar tiempo, a través de todo tipo de maniobras, para que se llegue al 28 de julio, sin que Castillo haya sido proclamado como presidente por el JNE. Lo que – de acuerdo a su interpretación, discutible por cierto- llevaría a que asumiera la presidencia el presidente del Congreso – lo más probable el electo   congresista Montoya, exalmirante de la  Marina ultraconservador,  por ser el congresista mas votado-  quien se atribuiría la potestad de convocar a nuevas elecciones, tal como ya lo viene pidiendo, sin ningún fundamento legal, en un actitud golpista.  

Presentar todo tipo de recursos legales, por más que se sepa de antemano que no corresponden, viene siendo la primera forma de dilatar. Así como se  interpusieron cientos de nulidades, cuando los hechos invocados no correspondía para nada a ninguna de las cuatro causales que, de acuerdo a ley ( Art. 3 de la Ley Electoral)  por su extrema gravedad  justificaría anular votos de ciudadanos (“Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”, para poner un solo ejemplo ), luego se pasó al campo de los procesos constitucionales. Así, el ex juez fujimorista, Villa Stein, impulso una amparo para que se declararan nulas las elecciones, pese a que no se habían dado ninguna de las causas por lo que procedería esa nulidad general (cómo sería que dos terceras partes de los votos válidos hayan sido blancos o viciados ). Este recurso ha sido declarado improcedente en primea instancia.

A través de un habeas data, respaldada por el experto Domingo García Belaunde, se pidió copia de todos padrones electorales  del día de la votación, con nombre, foto, DNI y  firma, información que la ONPE ha considerado reservada e innecesaria para efectos de los recursos que se puedan interponer . Esta acción, por  ahora, ha sido declarada inadmisible.  

A su vez, un ex presidente del TC, a pedido del hijo de Vargas Llosa y de Keiko, está buscando que alguna autoridad declare que el plazo de tres días para interponer nulidades no venza a las 8 pm sino a las 11.59 pm, pese a que hay una directiva del JNE que fija las 8 pm como hora máxima, la cual se viene aplicando desde hace años. Esto beneficiaría a K., ya que entrarían más nulidades, las que de seguro serían resueltas improcedentes, pero retrasaría el resultado final que es lo que se busca.

La lógica que se pretende implantar en la ciudadanía es que, si el ordenamiento jurídico prevé estos recursos, existe el derecho a interponerlos, más si ayudan a despejar toda duda sobre el proceso electoral, lo cual beneficia a todos. Suena de sentido común, pero es en realidad una aberración jurídica ya que los recursos jurídicos están previstos para tutelar determinados finalidades jurídicas y cuando se cumplen con determinados requisitos, por lo que hacerlo, con fines distintos y sin cumplir con los requisitos, constituye el típico abuso  del derecho, prohibido expresamente en nuestro ordenamiento jurídico. Pero es más fácil que cale en la población el primer mensaje machacado por quienes los medios presentan como grandes y neutrales juristas, que el segundo, ya que este último implica tener un nivel de conocimientos jurídicos de los cuales la población carece.

Vendrán entonces las apelaciones y la interposición de nuevos recursos de diferente tipo. Siempre, además, con la esperanza, de que en algunos de esos recursos se logre una “medida cautelar” que ordene al JNE cumplir previamente algo o abstenerse de seguir resolviendo hasta que se consiga algo previo, y de esa manera seguir ganando tiempo . Conseguir una medida cautelar de este tipo es tan descabellada que es poco probable, pero como estamos en un momento en que “jurídicamente todo vale”, no se debe descartar totalmente.

El segundo nivel de acciones para llegar al 28 de julio sin la proclamación de Castillo, apunta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el organismo  autónomo, que, de acuerdo a la Constitución,  es el encargado de resolver en última y definitiva instancia las controversias en materia  electoral y de proclamar al presidente de la Republica de acuerdo a los resultados de la ONPE. (Art. 178).

En realidad, golpear al JNE ha sido un plan de contingencia ante la posibilidad de la derrota de K, que se ha venido preparando desde hace tiempo. Y comenzó con los ataques contra su presidente, Salas Arenas, elegido como tal por los vocales de la Corte Suprema. Willax, el canal de TV famoso por la difusión a todo nivel de fake news (lo ha hecho hasta con las vacunas) y por representar a los sectores más retrogradas del país (López Aliaga), fue el primero en acusarlo de terrorista, alegando que décadas atrás, como abogado particular, llevó casos de acusados de terrorismo ( personas que pudieron ser inocentes, ya que, como bien se sabe,  en el Perú hubo miles de personas que sin tener ningún vinculo con SL o el MRTA fueron acusados de ese delito). Esto llevó a que en el Congreso se intentara una moción para censurar a Salas o pedirle la renuncia, la misma que no prosperó, tanto porque no consiguieron los votos, como porque legalmente no procedería ninguna de las dos pretensiones.

Pero el “terruqueo” contra Salas se ha mantenido, pese a no tener ningún fundamento, ya que se trata de un magistrado con décadas en el Poder  Judicial y considerado de lo mejor en la Corte Suprema. Prueba de ello es que en los CNM audios aparecen Hinostroza y Chávarry tratando de sacarlo de la Academia de la Magistratura, por considerarlo un obstáculo en sus planes.

La instalación en algunos de los sectores de la población de la  idea que ha existido  fraude (solo el 39 % cree que en general fueron elecciones limpias, pero piensan, a su vez, que hubo irregularidades a favor de ambos candidatos ), y que el JNE  se niega a cumplir  con su deber de  revelarlo  y desmontarlo, pese a no tener ni el mas mínimo sustento, ha colaborado a generar dudas  sobre dicho organismo ( según la misma encuesta, el 56 % desaprueba el desempeño del JNE).

También ha contribuido a mermar la credibilidad de este órgano, pese a que no hay nada concreto en su contra, la “declinación irrevocable “  de Luis Arce, representante de los Junta Fiscales Supremos ante el JNE, alegando parcialización y falta de transparencia en dicha institución, pero sin mencionar ningún caso en concreto.  Si bien Arce es parte de los llamados “hermanitos”, y por ello mismo viene siendo investigado desde hace un buen tiempo en la Fiscalía y por la Junta Nacional de Justicia, lo ocurrido se difunde en clave de “cómo será, que hasta un miembro del JNE renuncia por dignidad”.  

Qué mas prueba de que Arce era el topo del fujimorismo y sus aliados en el JNE que, teniendo estas dos investigaciones, nunca se le criticó, a diferencia de lo que se ha venido haciendo con Salas Arenas, quien nunca ha tenido ninguna investigación.

Lo de Arce  nos lleva a un objetivo clave que pretenden los que quieren boicotear el proceso electoral para que no llegue Casillo a la presidencia así haya ganado: dejarlos sin quórum . Esta mayoría se alcanza con la participación de sus cuatro integrantes (en realidad deberían ser cinco, pero el Colegio de Abogados de Lima no logró nombrar al representante que le correspondía por problemas internos). Por tanto, basta que uno solo de un paso al costado para que se produzca dicha falta de quórum y, entonces, queden pendientes nulidades de FP a resolver y no se pueda  llegar a proclamar a Castillo antes del 28 de julio.

Con lo de Arce se pensó que se logaría, pero finalmente el JNE lo suspendió del cargo (la Junta Nacional de Justicia le ha abierto un proceso disciplinario por falta grave), y logró que aceptara juramentar en su reemplazo el primer suplente, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien inicialmente dudó en  hacerlo, ya que argüía que no procedía el ingreso de un suplente cuando el titular solo estaba suspendido. Pese a que él aceptó inmediatamente, salieron algunos de los abogados de las posiciones  a favor del fraude-golpe a decir que cualquier decisión en la que participe Rodríguez permitiría interponer recurso de nulidad (otro más).

Pero el problema más grave está en que Rodríguez Monteza también es del grupo de los “hermanitos”, e igualmente viene siendo investigado tanto por el Ministerio Público como por la Junta Nacional de Justicia. Es por eso que se puede anticipar que él también tratará de hacer algo similar a lo de Arce para contribuir al desprestigio del JNE e impedir que tenga quórum.

¿Cómo así los fiscales supremos nombraron a Arce y  Rodríguez Monteza al JNE, como titular y primer suplente, respectivamente, ante el JNE ?  En realidad Arce fue reelegido ante el órgano electoral, y se procedió así porque en caso de que no continuara en esa institución regresaría a la Junta de Fiscales Supremos, y los “hermanitos” controlarían  totalmente la junta, ya que en ese momento todavía estaban – aparte de Rodríguez M.- Pedro Chávarry y Aladino Gálvez ( hoy destituidos). Incluso había el temor que todos ellos se pusieran de acuerdo y mandaran a Pablo Sánchez al JNE para que Zoraida Avalos se quedara sola en la Junta.  

Las muchas llamadas telefónicas descubiertas entre Vladimiro Montesinos y el  comandante EP (r)  Pedro Rejas , hechas desde la base Naval ( IDL-Reporteros), demuestran también el intento de controlar a los miembros del JNE,  a través de suculentos sobornos, sea para que voten en un sentido o hagan jugadas como las de Arce.

Hay un único error que cometió el JNE, incluido Salas, al que se le viene sacando el jugo al máximo. Por iniciativa de  Arce, el conjunto de miembros del JNE admitió extender el plazo para recibir nulidades de un miércoles a las 8 p.m. a un viernes a las 8 p.m. En los hechos esto significaba  admitir 586 pedidos de nulidad del fujimorismo presentados extemporáneamente, los que – por ser todos muy parecidos- de seguro serían rechazados, pero le tomaría un buen tiempo al jurado, una nueva dilación y  más tiempo para nuevas presiones. Ante las protestas, el Jurado retrocedió , antes de  si quiera publicar la modificación del plazo, solo con el voto de Arce en contra, alegando que el plazo estaba determinado por diversas normas, que un principio básico en el proceso electoral es la preclusión de etapas y que había habido un pronunciamiento del TC aplicable a la materia.

La última carta sacada de la manga – sin contar la escena en la que aparece  una Keiko implorando  a Dios, con crucifijo en mano – es el  pedido de una auditoria internacional que se lleve cabo por la OEA. Auditoria que, según Keiko, debería ser solicitada  por el propio presidente.  Pero como ya muchos han dicho, en contra de esta posibilidad , el fraude se prueba en un plazo perentorio y no se busca de manera indefinida, y menos a solicitud del presidente, que debe mantener su total neutralidad, como de hecho ha ocurrido.

Es innegable que estuvo mal esta “marcha y contramarcha”, pero lo cierto es que el sustento jurídico está del lado de que era absolutamente ilegal la extensión de dicho plazo

Los intentos para que el JNE se quede sin quórum continúan y vienen de diversos lados. Ya hemos mencionado que hay quienes cuestionan la legalidad de la participación de Rodríguez Monteza (Lourdes Flores, otra experta que se ha puesto al servicio del fujimorismo, en su intento de demostrar un fraude inexistente empezó con todo un cuento estadístico, pero le salió el tiro por la culata porque fue objeto de bromas y burlas por resultar inentendible).

Pero también viene una presión de un grupo de universidades privadas en relación al abogado  que eligieron ante el JNE, Rodríguez Vélez . Dicho grupo, encabezado por un representante de la USIL-universidad de Raul Diez Canseco, dirigente de Acción Popular- claramente a favor de los planes del fujimorismo, sacó un pronunciamiento llamándolo a “actuar con justicia” y que en “caso contrario presentar su inmediata declinación al cargo”.

Cabe mencionar que una vez que los integrantes del JNE son elegidos adquieren total autonomía y libertad de conciencia frente a los que lo eligieron. De ahí que todo pronunciamiento en ese sentido sea irregular.

Pero esta voluntad de influir, o hacer que se inhiban los miembros del Jurado, ha recurrido abiertamente a actos de vandalismo.  En varias ocasiones, grupos de personas han  ido a donde viven algunos de ellos, comenzando por Salas Arena, buscando amedrentarlos. El jefe de la ONPE acaba de denunciar que en el  Club Regatas fue agredido físicamente por un socio. Todo este tipo de actos constituyen delitos relacionados con la integridad física y el normal desenvolvimiento de las elecciones, lo que debe ser investigado y sancionado por el sistema de justicia.

También están los que simplemente pretenden desconocer la autoridad que la propia Constitución otorga al JNE respecto a decidir sobre los resultados finales de las elecciones y  proclamar al ganador. Acá entran todos lo que llaman a celebrar nuevas elecciones al margen de lo que resuelva el jurado, o a desconocer la autoridad de Castillo, en caso que sea proclamado. El exalmirante Montoya, virtual congresista , es uno de los que está en esta posición, que coincide con la carta enviada por una serie de miembros de las Fuerzas Armadas en retiro llamando a que en cualquier caso los miembros en actividad desconozcan la autoridad de Castillo.  (Es muy revelador que varios de ellos están entre los que firmaron la humillante “ carta de sujeción “ ante Fujimori y Montesinos).  Actitudes como estas significa un claro desconocimiento de la voluntad popular expresada   luego de un proceso electoral, y, por tanto, de un gobierno legítimo, lo que puede llegar a ser interpretado como intentos de un golpe y constituir delito de sedición. Por algo es que el propio presidente ha enviado la referida carta al Ministerio Público.

De igual manera, se ha interpretado como muy mala señal que Montesinos haya podido estar llamando por teléfono, estando encarcelado en un centro de reclusión de máxima seguridad, cuya seguridad depende, precisamente, de la Marina.

Para que prospere la campaña de terror que se generó beatificando a Keiko y demonizando a Castillo, para que haya  un sector que crea que efectivamente ha habido fraude, y para que el JNE no genere la  confianza que se merece, ha sido decisiva la posición asumida por la gran cantidad de medios de comunicación, especialmente por los que constituyen  el grupo de El Comercio, dada su importancia y llegada.   Han habido innumerables pronunciamientos sobre la falta  de imparcialidad y sesgo, como el caso del Consejo de la Prensa Peruano o la CIDH.

Hay un hecho que expresa de lo que han sido capaces estos medios por más ridículo que parezca. En América TV- también del grupo de El Comercio- se presentó a un criptólogo, como una manera de demostrar el fraude.

La última carta sacada de la manga – sin contar la escena en la que aparece  una Keiko implorando  a Dios, con crucifijo en mano – es el  pedido de una auditoria internacional que se lleve cabo por la OEA. Auditoria que, según Keiko, debería ser solicitada  por el propio presidente.  Pero como ya muchos han dicho, en contra de esta posibilidad , el fraude se prueba en un plazo perentorio y no se busca de manera indefinida, y menos a solicitud del presidente, que debe mantener su total neutralidad, como de hecho ha ocurrido.

En contra de estas  estrategias inconstitucionales y malévolas, para llegar al 28 de julio sin resultados, juegan varios elementos de mucho peso.  En primer lugar, la verdad: ya está claro que la nulidades son leguleyadas sin ningún fundamento, por lo que no ha habido fraude,  lo que determina que los resultados de la ONPE a favor de Castillo sean válidas-  más allá de los peligros que de hecho generan su triunfo- sean válidos.  También, la voluntad del presidente del JNE y de varios de sus miembros de cumplir con su función contra viento y marea; y la gran cantidad de pronunciamientos que ha habido a favor del proceso electoral: la OEA, el Departamento de Estado, la CIDH; la Unión Europea, diversos países y embajadas, etc.

Así también, el hecho de que cada vez sean más los que no acompañan al fujimorismo y a sus aliados en esta parte de impulsar un fraude-golpe. Según la última encuesta de Ipsos, dos tercera partes desaprueba el comportamiento de Keiko, y solo un tercio lo aprueba.  No es verdad, entonces, como se nos quiere hacer creer, que el Perú esté dividido en  dos mitades iguales frente a cómo se debe concluir estas elecciones.

Las Fuerzas Armadas vienen teniendo un comportamiento democrático frente los llamados  que vienen de algunos sectores golpistas, desde el retiro.  

Hay un gran sector del país que está activamente vigilante frente a este tipo de maniobras inconstitucionales. El mismo que se expresa en marchas por todo el país. Es un verdadero mérito que no haya caído en una provocación verdaderamente indignante y sin precedentes.

Sin embargo, no hay que olvidar que del lado de quienes no están dispuestos a reconocer los resultados electorales hay sectores muy poderosos (grupos económicos, partidos políticos, medios de comunicación ), que no quieren admitir ninguna posibilidad del más mínimo cambio en cuanto a privilegios, que saben que tienen cuentas con la justicia que les puede significar años de cárcel , que no están dispuestos a que el presidente del Perú sea un profesor de primaria de una escuela de Chota, campesino, rondero, dirigente magisterial.

Obviamente, Castillo como presidente representa – pese a las buenas señales que está dando- objetivamente muchos peligros, frente a los que hay que estar preparados. Pero ha ganado pese a la millonaria y nauseabunda campaña que se hizo contra él y a favor de Keiko. Lo democrático es aceptar los resultados, cumplir las leyes, respetar las instituciones y canalizar la oposición – cuando aparezca una verdadera razón – por las vías institucionales. Lo otro es fraude-golpe, que debe ser detenido ahora, y luego ser investigado y sancionado.