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En el proceso de desarrollo de una cosa compleja hay muchas contradicciones,

y de ellas una es necesariamente la principal, cuya existencia y desarrollo determina

o incluye en la existencia y desarrollo de las demás contradicciones. (Mao).

Decía Lacan, se necesita al menos tres generaciones para producir un sujeto sicótico. En esa línea, destruir un sistema democrático, por muy débil, distorsionado y precario que fuera, como es el nuestro, exige tiempo, esfuerzo y dedicación. Así, contra las apariencias, no es casualidad ni algo circunstancial haber llegado a la lamentable situación en la que nos encontramos hoy.

En los últimos veinte años, nunca mostramos una confianza mínimamente aceptable hacia nuestras instituciones. Por el contrario, nuestros registros negativos siempre fueron altos y constantes y si en los últimos años las brechas con los demás países latinoamericanos disminuyeron, no fue porque hubiésemos mejorado sino porque los otros países empeoraron su situación.

Así es nuestra democracia: lejana y hasta contraria a cualquier atisbo de fortalecimiento de la ciudadanía. Pero, esto no es simplemente inoperancia, falta de habilidad o escasez de recursos. Es, adelantamos, un estado de cosas que fue convenientemente envuelto con ideología neo-liberal, para vender exitosamente la fantasía que permitió altas concentraciones de riqueza, decisiones extremadamente centralizadas en grupos tecnocráticos y, lo que es más, un estrepitoso fracaso en metas sociales, aquí y en toda Latinoamérica.

Seguir suponiendo que lo que estamos experimentando es una lucha entre el bien y el mal, entre la corrupción y la parte pura del país, “lima versus las regiones”, “el decadente mundo urbano” y “el emergente mundo rural” y demás, son etiquetas que pueden ser peligrosas en la medida que sigamos usándola y le hagamos perder sus sentidos prácticos, si alguna vez los tuvo. Aquí la cuestión es ubicar quiénes son los que realmente “cortan el jamón”, es decir, los que deciden dentro de los cada vez más estrechos marcos que imponen las estructuras políticas y económicas del país; incluso, probando golpes de Estado que buscan lanzar por el aire el ridículo porcentaje de estado de derecho que nos queda, como opción.

Es decir, nuestros problemas son resultado de la vigencia de modelos económicos y políticos que durante los últimos treinta años promovieron la individualización y el empresarialismo (“emprenderurismo”), persistieron en exclusiones históricas que trabaron la movilidad social y la movilización de recursos, incentivaron una gestión apolítica del Estado centrada en el MEF y, en general, dándole preeminencia a los objetivos económicos -dejando al margen los sociales- en el manejo de los asuntos públicos.

Es aquí donde podríamos empezar a preguntarnos ¿quién o quiénes fueron los que estuvieron actuando a ganador y enrumbando las cosas hacia sus privados intereses? Es la vieja pregunta que busca a los agentes de la historia. Si la hacen los colectivos sociales, ciertos grupos de personas o, también, algún individuo. Cómo diría en su momento Tucídides, es preguntarnos sobre las “verdaderas” causas de las cosas, más allá de los incidentes mismos, lo que deviene como algo que se ratifica sin mayores problemas en medio del mundo fake en que nos desenvolvemos.

En ese sentido, seguir suponiendo que lo que estamos experimentando es una lucha entre el bien y el mal, entre la corrupción y la parte pura del país, “lima versus las regiones”, “el decadente mundo urbano” y “el emergente mundo rural” y demás son etiquetas que pueden ser peligrosas en la medida que sigamos usándolas y le hagamos perder sus sentidos prácticos, si alguna vez los tuvo.

Aquí la cuestión es ubicar quiénes son los que realmente “cortan el jamón”, es decir, los que deciden dentro de los cada vez más estrechos marcos que imponen las estructuras políticas y económicas del país; incluso, probando golpes de Estado que buscan lanzar por el aire el ridículo porcentaje de estado de derecho que nos queda, como opción. Respondernos está en directa relación con las probabilidades de cambio que podríamos manejar en los estrechísimos cortos plazos que tenemos adelante.

En esa línea, habría que sopesar las potencialidades que podría tener la acción de los diferentes colectivos de ciudadanos para, en primer lugar, obligar a un cambio siquiera ligero de las reglas actuales, ya sea redactando una nueva Constitución o modificando algunos de los artículos de la que actualmente rige, sobre todo los que definen el régimen económico, especialmente la parte en que se sanciona la subsidiariedad del Estado (art. 60). Ese sería un objetivo político claro, directo y con implicancias.

¿Qué podemos colocar como argumento para lo anterior? A estas alturas, es muy rala la defensa que puede hacerse del mercado como asignador de recursos. Por eso, la vuelta de Keynes por todo lo alto. La creciente legitimidad que ha adquirido el Estado de bienestar, en versión corregida y aumentada, es la ratificación de lo formulado por el economista inglés: el libre mercado carece de mecanismos de auto-equilibrio. Por eso también el renovado protagonismo adquirido por el “molino satánico” de Polanyi.

Sin embargo, más allá de lo razonable, surge la inquietud: ¿podría reformar la Constitución un gobierno de Pedro Castillo, con el espacio político que actualmente posee? Básicamente, este quedó definido con el 19% de los votos que obtuvo en abril, más algunos agregados que podrían sumarle, en términos reales, entre el 25 y 30% de respaldo fuerte. A ello, pongamos un 30% más que depositarán sus expectativas, más que su convencimiento, durante los primeros meses del próximo gobierno.

En la línea planteada, el gobierno de Pedro Castillo, ¿tiene posibilidades de gestar una reforma del aparato estatal, de manera tal que responda más fielmente a la voluntad política de la autoridad elegida y menos a objetivos de grupos privatizados? La captura del Estado y la autonomización de grupos que actúan con objetivos propios, especialmente en el ámbito de la seguridad, la disminución de la corrupción y la eficiencia social, son espacios que deben ser intervenidos desde los marcos estrictamente democráticos, para lograr mejores posiciones en busca de un buen gobierno.

Hay una tercera interrogante que consideramos importante. Bajo el supuesto que los dos aspectos anteriores se dieran, ¿podría el gobierno de Pedro Castillo financiar los cambios urgentes que necesita el gobierno democrático, con el actual esquema tributario a todas luces regresivo e injusto?

Finalmente, veamos otro factor importante, para gobernar en las condiciones actuales. ¿Tiene Castillo las connotaciones de un “big man” que, entre nosotros, siempre queda asociado a un momento populista? Hagamos un recuento. La larga tradición populista -de derecha e izquierda- de América Latina nos ofrece una inmensa galería de hombres fuertes que definieron situaciones como la que atravesamos actualmente: Arturo Alessandri, José María Velasco Ibarra, Juan Domingo Perón, Jorge Eliécer Gaitán, Marco Pérez Jiménez. Recientemente, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros.

El escenario deseado hubiera sido que podamos responder afirmativamente, con confianza y expectativa, las tres primeras preguntas previas y tomar plena conciencia que las deficiencias que puede tener el gobernante no debieran usarse para debilitarlo aún más, en circunstancias en que todos los peruanos y peruanas, tirios y troyanos, tienen su futuro pendiente de un hilo.

No ha sido así porque el ejercicio del poder de la derecha peruana que se expresa a través del fujimorismo, como vimos a lo largo de la década de los 90 y en las jornadas electorales del 2011 y 2016 es, como indicó en su oportunidad su lideresa Martha Chávez[1], traducir el resultado electoral en una patente de corso que elimina la posibilidad de la discrepancia y la representación de las minorías. En esa manera de entender las cosas, como se comprenderá, es imposible suponer que las elecciones puedan perderse ante los que no están “a su altura”, en su imaginario sistema clasificatorio.

En suma, la democracia para el fujimorismo no es un asunto en el que todos y todas estemos sentados en la mesa con voz y voto, sino de la posibilidad que pueda ofrecer los números para aplastar al adversario. Por eso lo vemos ahora en su patética y dolosa escenificación de “contar” voto a voto esperando que en algún momento se produzca el milagro cocinado por sus abogados, que lo salve de esa especialidad de ganar siempre la carrera por el segundo lugar.

Pero, será difícil que comprenda que el problema no es ONPE ni el JNE, sino algo más complicado que podemos llamar su cultura política, donde los peruanos y peruanas somos categorizados siguiendo la lógica de la guerra y no de la política. 

Si hubiese querido ser una sólida expresión política, el acto imposible que debió esperarse del fujimorismo -ingenuamente, es cierto- sería parecido a lo que sugirió a Jenny Erpenbeck su profesora de teatro, Ruth Berghaus, una y otra vez en el transcurso de los muchos ensayos que compartieron: las dificultades no se eluden, ni se superan ni se dejan de lado, sino se reconocen y se convierten en algo útil[2].

Así, su reto debió haber sido ponerse al hombro los problemas en los que estamos inmersos todos los peruanos y peruanas, legitimando su acción política en el corto plazo, y dejara de creer que el mejor escenario es eliminando al que no les gusta. Esto último, además de abominable es imposible y hace un daño incalculable a todos, incluyendo al que lo perpetra.

[1]https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/CA634CD992A7380105257816005A64BF/$FILE/SLO-1994-4A.pdf

[2] Jenny Erpenbeck (2020): Not a novel. A memoir in pieces. New Directions.