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Miles de venezolanos, desde hace años, cruzan la frontera de nuestro país en busca de oportunidades de vida y, en algunos casos, de sobrevivencia. Mientras eso sucede, el Estado se ensaya diversas medidas disuasivas, para evitar el colapso.

Tumbes es lo más parecido a la puerta de ingreso a la tierra prometida para miles de migrantes venezolanos que diariamente intentan pasar la frontera peruana desde Ecuador. El flujo se intensificó durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Durante su corto mandato,  se creó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), un documento que otorgaba la residencia temporal a los ciudadanos venezolanos que llegaban al país, y se impulsó el Grupo de Lima, un bloque regional integrado por 14 países que buscaban posibles caminos para el fin de la crisis económica en Venezuela y la salida de Nicolás Maduro del poder.

En contraste, las políticas migratorias impulsadas durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti provocaron que la llegada de  venezolanos al país fuera descendiendo poco a poco. El 26 de enero de 2020 no hubo dudas de que la política de puertas abiertas, iniciada en el país el último quinquenio, había quedado en el olvido. Esa fecha, el Estado peruano, en coordinación con su par ecuatoriano, decidió enviar tropas a la frontera de Aguas Verdes – Huaquillas. El objetivo era controlar el cruce irregular de venezolanos de un país al otro. Las cifras demuestran que si bien el ingreso de migrantes disminuyó a aproximadamente la mitad, este nunca se detuvo. Y es que la frontera es extensa, y nunca habrá suficientes efectivos para poder controlarla.

“Llevo dos semanas en Tumbes, quiero juntar un poco de dinero para irme a Ica donde me han ofrecido trabajo”, dice Rodolfo, un carpintero de 22 años. Él salió de Venezuela en 2019, vivió en Colombia y Ecuador, pero en ninguno de los dos territorios le fue bien, así que decidió probar suerte en Perú. Burló el resguardo militar: llegó a Tumbes caminando entre matorrales.

La frontera es ancha, pero no ajena. Hay personas que se han apropiado de ella. Se los conoce como “coyotes”, al igual que quienes se encuentran en la frontera de México con Estados Unidos, y trabajan haciendo entrar de manera ilegal a los migrantes. No tienen una tarifa única y no todos trabajan igual. Existen denuncias de personas a las que les cobraron primero 100 dólares, pero luego les fueron pidiendo más dinero durante el camino, cuando ya estaban lejos de tierras conocidas. En algunos casos les llegaron a robar todo.

No pueden salir del país mientras su pedido aún no haya sido resuelto, a pesar de que se trate de una emergencia. Con dejar el territorio no solo arriesgan el refugio sino que se enfrentan a una multa que para el 2020 era de 4.30 soles por cada día en la que se encontraron en el territorio de manera irregular. Por otro lado, en calidad de solicitantes de refugio solo pueden acceder a servicios de salud en casos de emergencia y pagando por la atención.

Los coyotes practican el tráfico ilícito de migrantes. En otras palabras, son delincuentes. Pero no andan escondidos, todo lo contrario, su presencia es pública y visible. Se sabe que esperan a sus clientes en la entrada de Zarumilla, al término de Papayal, ambos distritos pertenecientes a la provincia de Tumbes. Sin embargo, no es fácil detenerlos y, mucho menos, procesarlos. Para ello se necesitan denuncias y cargos.

“Lo que hacen los conocidos coyotes es un delito, porque están cobrando para llevar a migrantes de un sitio a otro de manera ilegal, pero es el migrante el que tiene que declarar que le han cobrado. Son pocos quienes quieren decirlo. Cuando nosotros intervenimos un vehículo que transporta migrantes, es evidente que hay alguien que los está guiando. Solo cuando no les quieren devolver su dinero, al no cumplirse el objetivo del traslado,  algunos se animan a denunciarlos y recién ahí podemos intervenir”, señala el general Luis Gamarra Chávarry, jefe del Frente Policial Tumbes.

Cinco años después

Han pasado más de cinco años desde que la  frontera con Ecuador empezó a atiborrarse de caminantes venezolanos que, presionados por la situación económica de su país, buscaban encontrar un medio de subsistencia en el Perú. A veces cruzaban familias enteras, muchas otras lo hacían de manera individual, con el objetivo de allanar el camino de sus parientes o para hacer en el país un poco de dinero para enviar a los suyos y que ellos allá pudieran sobrellevar  mejor las condiciones duras.

La situación de los venezolanos no es exactamente la misma de esos días. Los brotes de xenofobia que en algún momento alcanzaron las primeras planas de periódicos regionales ya, prácticamente, no se presentan. El migrante venezolano se ha hecho parte de la sociedad tumbesina.

Según su tiempo de permanencia, en Tumbes se pueden reconocer tres tipos de migrantes venezolanos: están los caminantes, que llegan desde Ecuador y usan a la provincia solo como tránsito, pues su destino es otro. También se encuentran quienes llegan a Tumbes sin recursos, ya sea porque les robaron o sencillamente se les acabó. Ellos se quedan en territorio tumbesino de manera transitoria, mientras logran juntar algún dinero para poder proseguir su ruta. Por último, se encuentran los que se establecen.

“Hace dos o tres años solo estaban quienes se encontraban de tránsito y aquellos que se quedaban de manera provisional, pero ahora ya hay quienes han echado raíces y tienen el norte claro de quedarse por acá. Ya la población venezolana es parte de la foto. Por ejemplo, en el colegio hay cada vez más estudiantes venezolanos. En lugares como Puerto Pizarro, Zorritos y Aguas Verdes ya hay población venezolana que se han hecho parte de la vida urbana y que han cambiado la perspectiva a la población tumbesina  en ciertos temas, como en lo gastronómico y en el cuidado personal”, explica Rodrigo Valderrama coordinador de la Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) en Tumbes.

A pesar de ello, las condiciones de los migrantes no han mejorado en lo esencial. La posibilidad de tener un trabajo formal que les permita una estabilidad económica, social y emocional sigue siendo esquiva. Las trabas burocráticas que pone el Estado, sumado al desconocimiento de los funcionarios sobre los derechos de los migrantes, hacen que el camino a la formalización sea un verdadero vía crucis.

La frontera es ancha, pero no ajena. Hay personas que se han apropiado de ella. Se los conoce como “coyotes”, al igual que quienes se encuentran en la frontera de México con Estados Unidos, y trabajan haciendo entrar de manera ilegal a los migrantes. No tienen una tarifa única y no todos trabajan igual. Existen denuncias de personas a las que les cobraron primero 100 dólares, pero luego les fueron pidiendo más dinero durante el camino, cuando ya estaban lejos de tierras conocidas. En algunos casos les llegaron a robar todo.

Los venezolanos tienen en Perú dos opciones para regularizar su calidad migratoria: el sistema migratorio y el sistema de refugio. Dentro del sistema migratorio, se encuentran las visas de entrada y las calidades migratorias, que dependen de la actividad que la persona realice en el país. El problema con ellas es que pueden ser bastante costosas para los migrantes que, en la mayoría de casos, viven del día a día. Es por eso que la creación en el 2017 del PTP, que permitía residir y trabajar de manera regular en el Perú por un año, fue tan bien acogida por la comunidad migrante. El trámite era menos costoso y los requisitos para acceder a este, mínimos. La idea del PTP era que, antes de que venza, la persona -ya en una mejor situación de la que llegó- tramite una de las calidades migratorias permanentes y obtenga así su carné de extranjería. La dura realidad es que muchos cumplían el año en la misma situación. Hubo varias prórrogas hasta que, en diciembre de 2018, el PTP finalizó.

La otra opción para el migrante venezolano es recurrir al sistema de refugio. Este no tiene ningún costo y concede los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra calidad migratoria. Solicitar el refugio fue la opción a la que recurrió gran parte de los venezolanos después de que el PTP fue eliminado y para otra gran parte que quiso ingresar al territorio después de que el Estado ponga como condición -exclusivamente para venezolanos- portar un pasaporte. Solicitar el refugio les abría las puertas sin necesidad de presentar otro tipo de documentación.

Todo ello ha puesto al Perú como el país con más solicitudes de refugio recibidas a nivel mundial. Solicitudes que, simplemente, lo han sobrepasado: se estima que solo ha respondido el 1% de ellas. Hasta junio de 2020 unas  496 095 solicitudes aún no tenían respuesta. Los venezolanos son, en su mayoría, solicitantes de refugio.

Aquello los deja en una situación delicada. No pueden salir del país mientras su pedido aún no haya sido resuelto, a pesar de que se trate de una emergencia. Con dejar el territorio no solo arriesgan el refugio sino que se enfrentan a una multa que para el 2020 era de 4.30 soles por cada día en la que se encontraron en el territorio de manera irregular. Por otro lado, en calidad de solicitantes de refugio solo pueden acceder a servicios de salud en casos de emergencia y pagando por la atención.

Los migrantes venezolanos que llegan al país se caracterizan por ser calificados, jóvenes y con un alto nivel de estudios. Según datos del INEI al 2019, el 57% de los venezolanos residentes en el país contaba con educación universitaria o superior técnica, pero solo el 2.9% había convalidado sus títulos. Es decir, tan solo una mínima parte de ellos podía ejercer su profesión en territorio peruano.

Fue recién durante la pandemia de la COVID-19, ante la evidente falta de profesionales de la salud, que el país miró a la comunidad venezolana y se dispusieron una serie de facilidades para incorporarlos a la primera línea mientras dure la emergencia sanitaria. En febrero del 2021 ya habían 5 mil 630 migrantes venezolanos prestando servicios en el sector salud.

“Hasta inicios de 2021 la SUNEDU había reconocido 6 mil títulos profesionales de venezolanos. La mayoría de ellos eran de profesionales de la salud y respondían a la pandemia. Los venezolanos se enfrentan a dos  dificultades centrales a la hora de querer convalidar sus títulos. En primer lugar, el trámite tiene un costo elevado, a pesar de que se haya reducido desde hace unos años, cuesta alrededor de 300 soles. Por otro lado, no cuentan con los documentos apostillados que son requeridos por la SUNEDU. Uno esperaría que, como profesional, a la hora de hacer su proyecto migratorio considere llevar todos los documentos para convalidar sus títulos, sin embargo, la migración venezolana es forzada, por lo que muchos no priorizan esto a la hora de partir. Conscientes de esta situación, la SUNEDU ha cambiado la normativa y ahora solo se requiere ofrecer datos que corroboren que el título es válido. Esto se hace si tienes comunicación con las entidades de educación del país de origen. Pasa que en Venezuela, en medio de la crisis, es complejo entablar una comunicación con estos centros de educación superior, muchos han cerrado o no cuentan con la base de datos que desde SUNEDU se solicita. Entonces, es imposible  corroborar la validez del certificado académico”, explica Marta Castro, coordinadora de Investigación en Equilibrium CenDE.

Nuevas formas de lucha

La Ley de Migraciones estipula que la migración irregular no puede considerarse un crimen. En ese sentido, la Policía de Tumbes no puede expulsar a quienes ingresan irregularmente burlando el resguardo militar de la frontera.

Ante ello, la PNP ha apostado por desincentivar el ingreso de migrantes al país haciendo de la primera ciudad peruana que conocen una de las más hostiles. Parte de su rutina diaria, para combatir la migración irregular, es intervenir buses de transporte y hoteles, servicios que la mayoría de los venezolanos buscan. La informalidad y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad impuestos por la pandemia se convierten en la excusa para impedir que las empresas atiendan a los migrantes recién llegados.

“Ahora estamos haciendo un trabajo más completo. Antes, la Policía y el Ejército intervenían a los migrantes y ahí quedaba la cosa, ahora estamos atacando por otro lado, porque no podemos detener a los migrantes. Se está clausurando temporalmente a las empresas de transportes y los alojamientos. La multa no es por tráfico de personas, sino por no cumplir con requisitos para transportar pasajeros, más allá de que sean migrantes o no”, señala el jefe del Frente Policial de Tumbes.

La empresa de transportes Primavera, con rutas por todo el norte y la selva del Perú, era multada todas las semanas, pero sus buses seguían transitando, luego de pagar la penalidad. Ahora la han clausurado, luego de verificar que no cumplía con algunos requisitos como, por ejemplo,  que la totalidad de sus pasajeros porten mascarillas. Lo mismo con los hostales, la Policía verifica que cuenten con certificado de sanidad vigente, si se registra o no a los huéspedes, o si  cuentan con  licencia de funcionamiento actualizada.

“Es atacar por otras aristas. Por un tema de derechos humanos no podemos detener a personas. Además, se trata de empresas que quieren aprovecharse de esta situación irregular”, justifica el general Gamarra Chávarry.

Así como muchos venezolanos llegan, otros se van. La crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 los hizo extremadamente vulnerables: perdieron sus trabajos, fueron desalojados, muchos empezaron a dormir en las calles expuestos al virus que el mundo recién estaba conociendo.

No se sabe con precisión cuántos venezolanos fueron los que cruzaron la frontera, esta vez para salir. Las primeras cifras del fenómeno son de marzo de 2021, cuando existía ya una “cuarentena flexible” y varios sectores económicos se habían vuelto a reactivar. Un informe de ACNUR y Plan International apunta que ese mes salieron del territorio peruano 91 personas.

De Venezuela se fueron en busca de mejores condiciones de vida, salud y trabajo. No encontraron nada de eso. Sienten que tocaron la puerta, pero que nadie les abrió.