El conflicto por el proyecto minero Tía María ha llegado a un nivel inaceptable. El miércoles 24 de abril pasado, en la provincia de Islay, durante una protesta murió uno de los manifestantes, según la necropsia, por proyectil similar a arma de fuego, mientras que en ese mismo operativo al menos dos civiles han sido gravemente heridos también por municiones similares y contamos más de una veintena de lesionados, entre los que están también víctimas policiales.

Cuando el ministro José Luis Pérez Guadalupe asumió el cargo en febrero, todavía estaba fresca la sangre del conflicto de Pichanaki, en esa ocasión mandó un mensaje claro: los excesos policiales no se pueden repetir jamás. Los policías son profesionales y deben usar armamento no letal.

Sin embargo, hay evidencias de que la policía utilizó armas letales para repeler la protesta en Islay. Una de ellas es la necropsia del agricultor fallecido y otra son los videos difundidos por Islay TV (ver ). Ante esta situación, el ministro del Interior ha reaccionado rápidamente separando a los jefes policiales de la zona y también indicando que se investigará y sancionará a los efectivos que desacataron la orden de no portar armas de fuego.

La muerte del agricultor en el conflicto por Tía María se suma a los 40 muertos en conflictos sociales durante el gobierno de Ollanta Humala y muestra un problema estructural: nuestra PNP no está preparada para hacer uso debido de la fuerza letal en medio de protestas sociales.

La solución a este problema estructural no se alcanza negando la realidad, como intentó hacer el Estado peruano en una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aquí), sino reconociendo el problema y tomando medidas.

Una de las medidas que está impulsando el propio Estado es la regulación del uso de la fuerza policial, mediante una norma con rango de ley (ver aquí). Lo cual es positivo, pero el proyecto necesita de varios ajustes para tener un producto acabado. Entre esos ajustes está que la propuesta solo tiene un inciso sobre la actuación policial en casos de protestas sociales (ver aquí comentarios a dicho proyecto). Otras medidas avanzadas son la compra de armamento no letal y la redacción de un protocolo de actuación para la policía.

Es evidente que estas acciones deben estar articuladas a fin de que contemos con políticas públicas que apunten a frenar los abusos policiales, dotando a los efectivos de conocimientos, habilidades y competencias necesarias, así como de equipamiento (armas no letales, chalecos), mecanismos internos de control, etc. Y se establezca un canal regular de información para cuando el sistema de justicia deba intervenir para investigar y sancionar delitos.

Además del dolor y la frustración por una muerte que pudo evitarse, el caso de Islay nos coloca frente a un escenario político, en el que las autoridades -tanto del Ejecutivo como del Congreso- deben tomar medidas efectivas para enfrentar el problema estructural identificado y poner fin a una situación que no solo acaba con civiles sino también con la propia institucionalidad policial.