Ética y Derecho: una deuda pendiente

Escrito por Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021

La visión del Derecho en la sociedad no solo debería estar enfocada en el cumplimiento de normativas y procesos en la búsqueda de la tan anhelada justicia, sino que debe estar enmarcada en el espíritu ético que significará el conducir del proceso y de nuestro modus operandi. Desde la época romana, la relación de la ética y el derecho constituye el dúo teleológico que traspasa el tiempo y el espacio, ya que se trata de un tópico que es necesario desarrollar desde el sentido jurídico. Como lo hemos sabido, desde la riqueza del pensamiento Kantiano, con su legado del “imperativo categórico”, sólo el deber por el deber es absolutamente bueno y no es bueno por lo que efectúe, sino que es bueno por sí mismo. 

En ese sentido, para comprender la ética en el ámbito jurídico, no solo basta con la valoración de las parafernalias y la rectitud en la deontología jurídica, sino que debe sobrepasar nuestra reflexión ética, la misma que debe diferenciar la ética personal, teórica y profesional.

Sin embargo, la ética se ha confundido con la aprehensión de reglas morales o códigos deontológicos institucionales que muchas veces no son valorados en la praxis jurídica, tal como se ha evidenciado en las múltiples tensiones que experimentan los abogados, ya sea en el ámbito público y/o privado. Hemos sido testigos de actos que evidencian la doble moral reinante en el proceso de justicia, que juramos respetar y salvaguardar, ya sea por los sonados casos de corrupción en distintos niveles del poder. Imposible olvidar los “CNM Audios” o el caso de “Los cuellos blancos del puerto”; o por qué no tomar en cuenta los recientes audios de Vladimiro Montesinos y sus intromisiones en el reciente proceso electoral democrático. En ese sentido, las maniobras legales, con argumentos ampliamente jurídicos, de congresistas para la selección express de magistrados del Tribunal Constitucional o el blindaje a los jueces de la corrupción. Todas estas acciones son muestra clara de nuestra débil practica en la ética profesional que desmantela y desacredita la institucionalidad de la justicia.

Sin abrirme del tema, y con la intención de validar la ausencia de una ética vinculante en el mundo profesional, es preciso aterrizar en el tema que socaba todo proceso democrático y de progreso en nuestra sociedad. Quiroz (2013) en su libro Historia de la corrupción en el Perú nos precisa sobre las razones históricas de la incapacidad de algunos empleados públicos en actuar de manera diligente, transparente e íntegra; algo que, en sus palabras sostiene “desde la época colonial, los funcionarios no remunerados o mal pagados se beneficiaban con la corrupción para complementar así sus ingresos, a menudo con la complicidad implícita o explícita de la más alta dirigencia política” (p. 528). El mismo autor señala que la corrupción es un fenómeno insidioso, globalizado que abarca actividades tanto del ámbito público como privado; añade que la corrupción se ve envuelta en escándalos financieros y políticos, como el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras trasgresiones como las que llevan al financiamiento ilegal de partidos políticos, movimientos o facciones.

Si bien lo señalado por Quiroz (2013) parece no haber cambiado desde la época de la colonia, considero que el problema de la crisis ética y moral en nuestro país tiene un alcance mayor que no solamente se vincula a trabajadores profesionales mal remunerados, con insuficientes incentivos y deficiente seguridad social en el trabajo, sino que también a la postergada formación de ciudadanos éticos que la educación, en sus distintos niveles, no ha podido conquistar.

Por ello, el proyecto ilustrado de la renovación y el progreso ha convertido al ser humano en una abstracción, como fruto de la preeminencia de la razón abstracta y desencarnada, propia de ese proyecto. Esta abstracción no hace sino abolir los valores y conceptos básicos de la ética aristotélica que consideran la vulnerabilidad del ser humano dentro de sus consideraciones sobre la vida buena (eudaimonía). La inconmensurabilidad de lo empírico en la ética kantiana fomentará un conflicto permanente entre lo que el ser humano “es” y lo que “debe ser”, ya que la naturaleza de los conceptos éticos es funcional, el deber ser está implícito en el ser.

Sin embargo, para lograr tal fin ético en el campo profesional, especialmente en quienes practicamos en el ámbito jurídico, es fundamental redoblar esfuerzos en el espacio educativo y sus múltiples campos metodológicos y pedagógicos, con la finalidad de incluir en su currículo y/o programa la formación de ciudadanos éticos, que no solo pase por acciones sociales.  Por ejemplo, en el mundo universitario y particularmente en la formación de futuros abogados y abogadas es siempre útil producir espacios de debate, pensamiento crítico, reflexión y dinámicas de juego de roles desde donde se confronte a los estudiantes a escenarios hipotéticos y reales que contengan dilemas éticos a los que, eventualmente, estos se verán enfrentados.

Actividades como esas y otras ponen en juego la capacidad de discernimiento, las mismas que les hace confrontarse con la realidad, logrando generar en el individuo la templanza y solidez necesaria para reflexionar en temas de justicia y el bien común. Por ello, incorporar cursos de ética profesional en la formación universitaria es un paso importante para algunas facultades[1] de Derecho en nuestro país. Sin embargo, y con criterio, un curso de ética no subyace el tema de la corrupción o la ausencia de ética en el modo de proceder.

Ahora bien, si regresamos a nuestras clases de derecho romano, la principal tarea de la jurisprudencia romana habría sido la de identificar y establecer los principios orientadores del derecho, dirigidos a buscar la justicia y hacer de ella algo real. Para lograr esto, algunos prudentes como Neracio llegaron a la conclusión de que era necesario apoyar el derecho en la ética para que conservara su integridad. Afirmaciones que desde nuestra profesión está unida a una labor pedagógica y de promoción de los derechos humanos, la misma que nos hace adentrarnos y estudiar nuestra Constitución y las instituciones que aquí se regulan con el fin de hacer más digerible su contenido para quienes no conocen sus derechos o los alcances de las instituciones públicas, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de derecho y sus instituciones.

Una pregunta pertinente sería ¿por qué la ética es tan incómoda en el momento de actuar y/o poner en práctica nuestro quehacer profesional? Si revisamos nuestra historia, encontraremos que, desde la época colonial, las relaciones sociales y del actuar ético se construyeron basadas en la violencia, la imposición de creencias, así como el despojo material y humano. Por ello, es clave que las instituciones públicas o las empresas privadas jueguen un rol pedagógico en la formación de los futuros profesionales y para los egresados de centros de formación superior, porque desde estos espacios es donde se tiene un acercamiento a situaciones reales de trabajo, con los dilemas propios del campo en el que se desempeñan y los retos que todo este proceso supone. Sin embargo, estos espacios formativos deben coadyuvar en el fortalecimiento de habilidades sociales y personales que son útiles para los beneficiarios de estas modalidades y que, de manera transversal, deben formar profesionales éticos e íntegros.

Por otro lado, es preciso señalar que el Derecho no es una ciencia exacta y es interpretada de acuerdo con el momento y las circunstancias, un ejemplo de ello es la interpretación de las normas para la resolución de controversias, las modificatorias normativas, los procesos de codificación, entre otros. En ese sentido, es necesario que quienes nos acercamos al mundo del Derecho lo hagamos de manera crítica, percibiendo lo heterogéneo de los discursos que sostienen nuestra disciplina y propiciando siempre a configurar espacios de diálogo y de promoción pedagógica de los derechos. Ahora, desde esa perspectiva ética, la justicia entendida como imparcialidad, en el sentido de Rawls, precisión que acoto con la intención de no desdoblar el termino ético del quehacer de justicia en el derecho, ya que, lo importante es pensar nuestro presente a través de ejercicios reflexivos que nos brindan el conocimiento interdisciplinario. En otras palabras, es fundamental propiciar el ejercicio del pensamiento crítico, no la repetición mecánica de ideas de los principales filósofos o juristas de la historia, ejercicio que pasa por el cuestionamiento de la realidad que vivimos, sino también por analizar los problemas políticos, sociales y coyunturales que nos afectan desde múltiples enfoques.

Finalmente, esa labor pedagógica está acompañada de otra labor igual de importante y es el rol de contribuir a la transformación de nuestro mundo, esto exige, imperiosamente, nutrirnos continuamente de conocimiento, actualizar nuestras formas de aprendizaje-enseñanza, pero sin dejar de lado la capacidad reflexiva que nos adentra al sueño de disponer nuestra profesión al servicio del bien común y la conquista de la justicia para todos y todas, principalmente pensando en aquellos que viven en condición de vulnerabilidad.

Como diría el P. Pedro Arrupe SJ, quien fue superior general de la Compañía de Jesús, “Debemos ser agentes de transformación en nuestra sociedad, trabajando activamente por cambiar las estructuras injustas”, ya que en nuestro continente y en nuestro país la desigualdad social que no cede hace crecer la interrogante sobre la validez del modelo actual que dificulta el igual acceso a las oportunidades. Por ello, es indispensable luchar contra toda forma de corrupción que pretenda desbaratar nuestra institucionalidad y la posibilidad de soñar con un Perú mejor para que, de cara al Bicentenario, podamos ser una tierra de posibilidades desde dónde alcancemos a hacer real el sueño inconcluso e impreso en el Artículo 1º de nuestra Constitución Política: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

Referencias bibliográficas

De Castro, R. (2016). El jurista romano y su labor de concreción de la justicia. Universidad de Sevilla. Persona y Derecho/ VOL. 74 / 2016/1 / 117-164. Recuperado de file:///C:/Users/Propietario/Downloads/4158-Texto%20del%20art%C3%ADculo-32417-1-10-20161231.pdf

García, S. (2002). Ética y Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/756/45.pdf

Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú (1.a ed.). IEP. https://documentos.memoriayciudadania.org/api/files/1499767039892xjbm50f79l67uobb227ggy14i.pdf


[1] La Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya recientemente ha publicado el primer número de la revista La Voz Jurídica, en el artículo: “La enseñanza ética del derecho y la reforma del sistema de justicia: el rol de las universidades y los colegios de abogados” (p. 161-189), Eduardo Vega Luna, ex director de la Escuela de Derecho y ex ministro de Justicia y DD. HH., profundiza en el rol de la academia en la formación de futuros profesionales del Derecho; además, hace un importante estudio de las facultades de Derecho que han apostado por integrar a sus currículas el curso de Ética Profesional y evalúa el rol que ocupan los colegios de abogados del país por hacer cumplir con efectividad las disposiciones del código de ética del abogado. Para profundizar sobre este tema y otros vinculados a la temática de este primer número pueden descargar la revista en el siguiente enlace: https://www.uarm.edu.pe/Archivo/e7e5ef29243ffc1c

Sobre el autor o autora

Pável Labán Martínez
Egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Coordinador de la plataforma La Voz Jurídica y coordinador del primer número Revista Académica "La Voz Jurídica" que tiene como tema central la reforma del Sistema de Justicia y la lucha contra la corrupción. Asimismo, se ha especializado en el área de Derecho Humanos, particularmente en los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Además, ha participado en la Cátedra en Derechos Humanos y Ciudadanía de la Organización de Estados Iberoamericanos - Perú, subvencionado por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) y realizado estudios de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

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