¿Qué puede esperar para el 2015, el sufrido peruano y peruana que bajando de la custer se da cuenta que le falta la billetera o el que mira agazapado frente a la televisión un tiroteo que no es ficción en algún distrito de la ciudad? ¿Qué puede esperar la dueña de un pequeño capital, que se convirtió en el sueño destrozado de una tiendita de abarrotes, cuando llegaron los extorsionadores a pedir su parte? ¿Qué puede esperar la madre de tres hijas, cuyo hogar es un campo de batalla, que deja eventualmente para visitar una posta médica, por obra y gracia de su marido?

La violencia delincuencial cobra cotidianamente miles de víctimas en el país y nos golpea con la fuerza suficiente como para aparecer desde hace varios años en las encuestas como uno de los tres principales problemas del Perú. Según datos de la PNP, las denuncias de delitos no han dejado de crecer desde el 2008. Y si bien es cierto que en el Perú matamos menos que en el resto de América (“solo” 6.61 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2013, según el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC), lo cierto es que se nos va la vida sufriendo robos, hurtos y lesiones, que son los tres delitos más denunciados. Y qué decir de la violencia familiar, que significa que en casa suceden cosas peores que en la calle. En Lima y el Callao, violencia familiar fue la falta más reportada: el año pasado se registraron 28 607 denuncias.

Estos y otros datos de la “realidad” (como la desconfianza en la policía, el sistema de justicia y en los otros peruanos) despiertan en nosotros el miedo. El temor juega su batalla: seguimos peleando contra el fantasma de nuestro victimario o rogando porque no aparezca el verdugo al doblar por una calle oscura. Uno de cada tres peruanos acusamos haber sido víctima de un delito y, peor aún, nueve de cada diez vivimos con temor, a veces pavor, de ser violentados.

¿Qué rayos hace el gobierno?
Ante una situación cómo esta, que es terreno fértil para propuestas populistas y de falsa mano dura, es legítimo que las personas se pregunten con vehemencia ¿qué rayos hace el gobierno?

Más allá de heroicas batallas cotidianas que he visto librar a policías (que quiérase o no son parte del sector interior liderado por el ministro y el presidente), el gobierno ha continuado durante este año su andar errático, en zigzag. En resumen, en el 2014 el devano continuó. Bastar nombrar el cambio radical entre un ministro que fue defensor de derechos humanos a otro que está involucrado en un proceso judicial por matar y coactar la libertad de información expresión, con el asesinato de un periodista. O recordar las tremendas inseguridades de Ollanta Humala cuando en señal abierta Rosana Cueva y Augusto Álvarez lo apretaron un poco con preguntas sobre el tema y él no supo qué responder.

El cambio de ministro fue un golpe de timón a mediados de año. El sexto del Ejecutivo nacionalista. Daniel Urresti empata muy bien con el sentir popular, que quiere un ministro que prefiera las calles al escritorio. Por eso está en el pico de la popularidad, con un promedio de 40 puntos de aprobación. Su éxito en este campo se debe a su estilo proactivo: da la impresión de estar en todas partes, multiplicándose para llegar ahí donde la PNP ha hecho un operativo o conseguido una captura importante. Su accidentada relación con la prensa, no aminora su exposición mediática, sino todo lo contrario. El ministro es buscado constantemente por periodistas para recoger sus declaraciones, muchas veces disparatas, y por eso más suculentas.

El estilo Urresti es perfecto para enfrentar el componente más subjetivo del problema de la inseguridad y la violencia: la percepción y el miedo. Ahí se centra principalmente su trabajo, pero descuida problemas de fondo y carece de planes y miradas programáticas. Incluso, a pesar de que el ministro destaca en el rubro percepciones, la delincuencia y la inseguridad siguen siendo el primer motivo para desaprobar al gobierno de Humala.

Lo hecho por el Ejecutivo durante el 2014 no da para creer que la situación va a mejorar y que se revertirán los indicadores objetivos ni mucho menos el miedo generalizado

Sobre los problemas de fondo, veamos solo dos aristas del monstruo: corrupción y educación policial. El primero es un mal endémico, que sigue vivito, coleando y desacreditando día a día a nuestra Policía Nacional del Perú. Mientras que con la educación de oficiales y suboficiales nos jugamos el futuro de la PNP, pero también el de la seguridad de los próximos años.

A inicios del 2014, en la gestión del ministro Albán, se trabajó un borrador de Plan de lucha contra la corrupción policial, que si bien no era un producto acabado, servía de punto de partida para generar políticas y fortalecer estructuras que sancionaran a efectivos corruptos. El debate de este plan simplemente se archivó en la gestión Urresti y se optó por algo diferente. Situación similar hemos visto con el Tribunal de Disciplina Policial. Este órgano es una pequeña revolución, ya que está diseñado para romper con el falso espíritu de cuerpo que hace que un PNP no investigue a otro PNP. Para eso está compuesto únicamente por civiles y fue fortalecido por Albán, nombrando, por ejemplo, como presidente de una sala al exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia. El tribunal ha conseguido durante este año sancionar a generales, coroneles y ordenar que grandes investigaciones disciplinarias que eran cerradas casi de oficio sean reabiertas. Lamentablemente Urresti no le ha dado al tribunal la importancia que le corresponde, desdeñando de ese modo un órgano de lucha contra la corrupción policial.

El accionar de Urresti ha sido diferente. Cuando ha tomado noticia de un probable acto de corrupción, lo ha acusado ante cámaras y determinado su culpabilidad. De esta manera ha enviado positivos mensajes de tolerancia cero frente a la corrupción, incluso sin respeto del debido proceso para los acusados ni otras garantías que la gente de a pie no desea para policías corruptos. En resumen: el actual ministro ha preferido la casuística por encima de las estructuras, lo cual tiene consecuencias a mediano y largo plazo.

En cuanto a educación policial, la cosa no está mejor. El presidente anunció 30000 policías más al final de su gobierno, pero ¿esos policías representarán un aporte a la seguridad o un riesgo, en la medida que estarán debidamente capacitados para ejercer su función? No olvidemos que ser policía es una profesión, que requiere años de formación y que un efectivo significa sacar a la calle a una persona armada, con todo el riesgo que eso significa. Ya hemos visto las consecuencias desastrosas de tener suboficiales mal formados. Me refiero al asesinato de una mecánico en un violento desalojo en Cajamarca, en el cual participaron efectivos que habían pasado solo año y medio en la escuela, cuando la ley ordena que para este caso la educación policial de pregrado dure tres años.

Las condiciones en las que se forman nuestros suboficiales son muy malas. La Defensoría del Pueblo se dio el trabajo de visitar 19 escuelas a nivel nacional y constató que 10 estaban en estado regular, 7 en malas y solo 2 en buen estado. Las carencias eran de todo tipo: en las cuadras, comedor, cocina, servicios de agua y desagüe, tópico, etc. En esas condiciones ¿se pueden formar buenos policías? Y solo estamos hablando de la parte logística. En cuanto a contenidos, el IDL hizo una investigación sobre el plan de estudios de la Escuela de Oficiales (EO-PNP) y nos dimos cuenta que la protección de derechos no era un asunto transversal en los cinco años que deben pasar los cadetes en este centro de estudio. Derechos Humanos se enseña solo en una materia y se pierde la oportunidad de conjugar la actuación policial y el respeto de derechos ciudadanos en varios de las otros cursos, sobre todo en los cursos prácticos como uso de armas o de técnicas de intervención, etc. Además, pensar la relación de la PNP con la población, con miras a tener una policía comunitaria tampoco es prioridad en una escuela cercada, sin relación con los vecindarios.

Para no cerrar este breve recuento solo con noticias negativas, debemos decir que este año ha sido también un año de grandes capturas y operativos. Las detenciones de personas intocables durante el gobierno de Alan García, como Rodolfo Orellana y su red, o de gente vinculada al gobierno de Ancash o al municipio de Chiclayo, sin contar las grandes incautaciones de droga, algunas deslucidas por el ministro en su afán de figurar.

Vaticino para el 2015
Proyectar lo que puede ser el 2015 es una tarea complicada, pues el contexto es volátil. Por eso, solo voy a dar algunas ideas generales –quizá obvias- sin llegar a un vaticinio.

Lo primero es que la inseguridad va a seguir siendo un problema capital para el 2015, lo hecho por el Ejecutivo durante el 2014 no da para creer que la situación va a mejorar y que se revertirán los indicadores objetivos ni mucho menos el miedo generalizado.

Esta situación se adereza en año preelectoral, en el que se desarrollará buena parte de la campaña. Siendo uno de los principales problemas de la población, es evidente que los candidatos van a tratar de capitalizar el temor, que forma parte de nuestras emociones, y convertirlo en caudal político para ganar votos. En las elecciones municipales y regionales 2014 quedó demostrado que tener un discurso a favor de la seguridad no equivale a tener ideas de lo que se debe hacer y planes para llegar a los objetivos. Muchos candidatos a la presidencia ofrecerán el oro y el moro, pero si eso no se ve reflejado en sus planes de gobierno, será evidente que es solo retórica.

Además, debido que las políticas de seguridad son un flanco débil del gobierno es previsible que la oposición y sus candidatos critiquen con especialidad intensidad lo que se ha dejado de hacer y aprovechen los desatinos del ministro Urresti para golpear. No va a ser difícil encontrar problemas. Imagino que un sector de la oposición, la más irresponsable, va a buscar tres pies al gato.

Finalmente, la popularidad del ministro Urresti lo coloca como un candidato posible del nacionalismo a la presidencia. Si bien él ha negado la posibilidad, no extrañaría que haya debate y tensiones al interior del partido sobre quién será su cara conocida para 2016-2021. No olvidemos que se necesita a una persona conocida y apreciada por la población. Urresti cumple con esos dos requisitos. No cumple con otros. Pero eso si eso no le importa al nacionalismo hoy, ¿porqué habría de importarle para las presidenciales?