Escrito por Omar Coronel Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021

La extrema derecha y extrema izquierda peruanas sueñan con que tienen el apoyo de la mayoría y su disposición para llevar a cabo masivas movilizaciones en defensa de la democracia (que es por naturaleza anticomunista para unos y anti-derechista para los otros). ¿Encuestas? Patrañas. Para los extremos las encuestas siempre están manipuladas por el enemigo, salvo que les den la razón. ¿Alguna evidencia de que hay amplios sectores dispuestos a movilizarse por su agenda? Como decimos en Perú, la fe es lo más lindo de la vida.

El 6 de junio pasado, Pedro Castillo, un profesor rural de izquierda, ganó las elecciones presidenciales peruanas a Keiko Fujimori, política experimentada de derecha, por un estrechísimo margen que hizo que la perdedora insistiera en que hubo fraude, aunque sin ninguna evidencia. Entre el 6 de junio y la proclamación de Castillo como presidente por el Jurado Nacional de Elecciones el 19 de julio, Fujimori y sus aliados usaron todas las estrategias legales posibles para impugnar las elecciones sin ningún éxito. Esas semanas de incertidumbre también hubo movilizaciones permanentes de uno y otro bando, con un bloque de extrema derecha pidiendo un golpe. Esto exacerbó la polarización social y política que había dejado la campaña electoral. Cuando Castillo asumió la presidencia el 28 de julio, en plena celebración del bicentenario de la independencia, dio un mensaje de calma a los mercados, anunciando que mantendría la estabilidad macroeconómica y que su propuesta de una Asamblea Constituyente pasaría por los canales institucionales. No obstante, al día siguiente hizo jurar a un primer ministro de extrema izquierda y a un gabinete de confrontación, lo que reactivó la incertidumbre económica y política. Mientras la extrema izquierda -liderada por Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, partido con el que postuló Castillo- parece estar ganando la batalla por el poder en la coalición del gobierno, la extrema derecha planifica marchas y la vacancia presidencial. En este artículo explicaré por qué considero que los cálculos de ambos extremos respecto al apoyo de “las masas” es erróneo.

La polarización es un juego de dos, si la extrema derecha decide vacar a Castillo por un motivo sin ninguna validez y en un momento en el que el gobierno está haciendo las cosas bien o en el que la pandemia hace más costosas las interrupciones, podría reconstruirse una coalición prodemocracia que más que defender al Gobierno defendería el orden constitucional, como ocurrió en noviembre de 2020 (aunque no veo que la masividad de noviembre pueda repetirse, muchos jóvenes de aquella coalición ahora son activos miembros de la oposición). De igual forma, si la extrema izquierda en el gobierno se embarca en un juego de confrontación, expulsa a la centro-izquierda de su gabinete, e intenta disolver el congreso arbitrariamente, es probable que se den protestas masivas contra el gobierno ya indiscutiblemente autoritario.

Fantasías de la extrema derecha

Vayamos por partes. En primer lugar, la extrema derecha fantasea con que, ahora sí, todo el Perú se dará cuenta de que siempre tuvo la razón: los comunistas/terroristas han tomado el gobierno y todo vale para sacarlos. Se muestran satisfechos en redes con cada problema del gobierno de Castillo. ¿Subió el precio del pollo? Estupendo, que ahora los pobres paguen su error. ¿Se demoran las vacunas? Fantástico, la gente merece sufrir por resentida. Rechazan las críticas al gobierno de sectores de centro y centro izquierda. “Asume tu voto, coju-digno” les dicen, haciendo referencia a uno de los eslóganes del antifujimorismo, “por justicia y dignidad, Fujimori nunca más”. Además de esto, no hay que olvidar que la extrema derecha peruana es sobre todo limeña, muy pituca o apitucada y profundamente racista. En estas elecciones, detrás del invento de que hubo un fraude en la sierra central y sur, que votó masivamente por Castillo, estaba la idea de que “esa gente” no sabe o no debe votar. Las redes se llenaron de mensajes de odio fantaseando con la eliminación de las zonas andinas e indígenas del país o haciendo campaña para no hacer turismo hacia esas zonas porque no lo merecen. Por todo esto es muy difícil que la minoritaria extrema derecha peruana logre formar una coalición amplia contra el gobierno. El centro y centro-izquierda difícilmente se van a movilizar junto a este bloque con preferencias normativas antidemocráticas. Este es el sector que apoyó el golpe parlamentario de Manuel Merino y el que generó una crisis innecesaria con la fantasía del fraude en la segunda vuelta presidencial. Es el sector que a voz en cuello o media voz llamó al golpe de estado desde el fin de la segunda vuelta. No olvidemos que en las seis semanas luego de las elecciones acosaron a funcionarios estatales, marcharon junto a grupúsculos fascistas (por ejemplo, “Los Combatientes” y “La Resistencia”), e inclusive llegaron a la violencia en un ridículo intento de tomar palacio. Una granada se dejó frente a la casa de la ministra de Defensa. La opinión pública no olvida eso.

Las marchas de la extrema derecha contra el supuesto fraude no llegaron a ser masivas ni en su mejor momento. Las movilizaciones en apoyo a la candidatura a Keiko Fujimori o en contra de la “amenaza comunista” comenzaron el 29 de mayo. Desde ese sábado, todos los sábados llevaron a cabo movilizaciones hasta el 17 de julio. La mayoría de esas marchas fue descentralizada, pero con presencia minoritaria fuera de Lima, salvo algunas excepciones. El 12 de junio fue la mejor movilización de este bloque, que llegó a reunir a por lo menos 15 mil ciudadanos solo en el centro de Lima. Había y hay aún un sector importante de ciudadanos que cree que hubo fraude. De acuerdo al IEP, en una encuesta del 23 de julio, un 24% cree que Fujimori tiene razón al reclamar un fraude. Entonces, a pesar de hay alguna evidencia de que se facilitaban buses y carteles para las marchas, no fueron protestas prefabricadas (astroturf), sí existe un malestar real de un bloque que se manifestó en las calles. Sin embargo, nunca fue particularmente masivo. El último mitin de los creyentes del fraude antes de que Castillo sea proclamado tuvo alrededor de 300 personas, producto del desgaste, la mala imagen de los manifestantes violentos en su coalición, y la percepción de ineficacia.

Ahora hay nuevas marchas, ya de oposición, pero son también reducidas y probablemente van a seguir siéndolo mientras la extrema derecha las siga liderando. Los oradores de estas movilizaciones siguen siendo los mismos de las marchas contra el supuesto fraude: Lourdes Flores, Jorge Del Castillo, Juan Sheput, Ricardo Burga, etc. Es decir, los representantes de la política tradicional de centro derecha que se subieron sin remilgos al barco de la extrema derecha desde el fin de la segunda vuelta. Y distanciándose de ellos, pero muy activo en redes, está Rafael López Aliaga, candidato outsider de la extrema derecha que quedó en tercer lugar y quiere desplazar a Fujimori del liderazgo de las derechas peruanas. Estos liderazgos contribuyen a que sus marchas sigan siendo aún reducidas. A su perfil cada vez más antidemocrático se le suma la ineficacia: la estrategia legal contra el fraude que dirigió Lourdes Flores costó alrededor un millón de soles y terminó dándole 205 votos extra a Castillo; el almirante Jorge Montoya, rostro duro de la extrema derecha, fue humillado cuando lideró una comitiva que viajó a la sede en Washington, D.C., de la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar el fraude y no le abrieron la puerta. Entonces, no tienen ni por asomo la musculatura para poner contra las cuerdas al gobierno como, por ejemplo, sí tuvo la movilización masiva de noviembre contra Merino. Un sector importante del contramovimiento religioso conservador ha apoyado y apoya estas movilizaciones, pero parece que no está tan unificado como en las protestas por su propia agenda (es decir, como en las marchas provida o contra la “ideología de género”). En su fantasía, la extrema derecha está convencida de que eventualmente, más pronto que tarde, la gente a la que insulta cotidianamente se va a dar cuenta que estaba equivocada y que ellos siempre tuvieron la razón. Parece que a pesar de que rechacen de inválidas las críticas al gobierno de los “coju-dignos” de centro y centro-izquierda, al final esperan que se les unan en las calles para tumbar al gobierno “terrorista”.

Fantasías de la extrema izquierda

La extrema izquierda no se salva de fantasías y parece confiar con la misma vehemencia que sus pares extremistas en que el pueblo va a defender su gobierno. En su lectura parecen creer que en el Perú existen grandes y musculosos movimientos sociales o que, en su defecto, se pueden fortalecer rápidamente con apoyo del gobierno. Es decir, tienen en mente al partido de movimientos de Evo Morales en Bolivia. Sin embargo, como muy bien han señalado tanto Maritza Paredes como Rodrigo Barrenechea, no hay condiciones para pensar en que la experiencia boliviana se pueda replicar con el gobierno de Castillo. Bolivia tiene una de las sociedades civiles más organizadas de América Latina, con robustos sindicatos y organizaciones indígenas locales que por décadas acumularon fuerza. Estas organizaciones formaron el Movimiento al Socialismo (MAS) y llegaron al poder luego de experiencias en gobiernos locales y una fallida candidatura presidencial que los entrenó en la lógica de las alianzas y consensos, como bien explica Santiago Anria en su excelente libro y en este podcast (donde además hace algunas comparaciones con Perú). El MAS es un caso no único pero muy singular de construcción partidaria exitosa. El Frente Amplio chileno está intentando aprender de ese modelo -aunque en su caso con organizaciones predominantemente urbanas- con muchas dificultades aún, a pesar de la fortaleza que tienen las organizaciones y movimientos sociales en Chile.

En Perú, si bien tenemos muchas organizaciones que en estos 20 años han facilitado miles de protestas locales -somos uno de los tres países con mayor participación en protestas de la región según LAPOP-, se trata de organizaciones parroquiales, muchas muy débiles y desarticuladas. Son organizaciones orientadas a temas locales, muchas adversas a la politización, desconfiadas de partidos, lo cual ha favorecido que sea muy difícil agregarlas provincial o regionalmente salvo excepciones momentáneas. Ya ni hablemos de articulaciones nacionales. Siempre hay excepciones, como el movimiento de derechos humanos (donde ubico a los colectivos NoAKeiko, por ejemplo) o el movimiento indígena amazónico. En contraste, la gran mayoría de sindicatos -empezando por los organizados en la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP)-, organizaciones agrarias, o movimientos de minorías son bastante débiles si los pensamos en perspectiva comparada. Débiles y muy desarticulados entre sí.

¿Puede el gobierno de Castillo cambiar esto fortaleciendo organizaciones sociales y gobernando con ellas? Esto es complicado por al menos tres razones. En primer lugar, la opción del gobierno por una estrategia confrontacional desde el inicio traiciona el apoyo de importantes sectores movilizados de centro-izquierda al que Perú Libre parece mirar con desconfianza y hasta desprecio. Lo que ha hecho el gobierno al nombrar a un primer ministro homófobo y con declaraciones condescendientes con el movimiento terrorista y partido comunista Sendero Luminoso (PCP-SL), y a varios ministros con una hoja de vida problemática o nula experiencia para asumir el cargo es debilitar su alianza con partidos y organizaciones sociales cuya identidad está anclada en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Lo que ahora los une es solo el temor de que la extrema derecha gane más poder o arrebate el gobierno. Pero se ha ido disolviendo el entusiasmo que había despertado en las últimas semanas. Luego de esos nombramientos es más costoso (en términos de sacrificios de convicciones) que estos sectores salgan a defender al gobierno. A diferencia de las movilizaciones contra el congreso que se oponían a la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski antes del fallido indulto al dictador Alberto Fujimori, estas movilizaciones se verían para muchos como la defensa a un gobierno de tintes autoritarios. Por ejemplo, el colectivo NoAKeiko, uno de los que más ha movilizado en la última década, fue muy claro al manifestar su rechazo al gabinete.

En segundo lugar, hay también división en las organizaciones de izquierda. Uno de los puntos rescatables del nuevo gabinete de ministros es el nombramiento de Víctor Mayta como ministro de Agricultura. Mayta es secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC) y muy reconocido por las principales organizaciones agrarias del país (CONVEAGRO, CNA, CCP, CUNARC-P y APEAR) como se muestra en este comunicado. Su elección ha sido un buen ejemplo de la voluntad de Castillo de gobernar con las organizaciones sociales. Sin embargo, hay otros sectores donde esta representación es más complicada. Un ejemplo claro es el sindicato de trabajadores de la educación, gremio que fue una de las principales bases sociales de Castillo en las elecciones. Castillo se convirtió en líder de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (FENATEP) en 2017. Este sindicato se opone a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), gremio que desde 1972 representa a los maestros con una clara hegemonía del Partido Comunista del Perú Patria Roja (PCP-PR). Hace décadas hay un descontento de un importante sector de maestros contra la dirigencia del SUTEP. Por ello, desde 2003, este sector formó otra organización, el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP (CONARE-SUTEP). Este comité, que reunió a diversos grupos opuestos al SUTEP del PCP-PR, fue desprestigiado en medios por tener a varios dirigentes vinculados a lo que fue Sendero Luminoso. Sin embargo, como bien explica Gerardo Saravia en este artículo, este sector es bastante diverso y con críticas válidas a la dirección del SUTEP del PCP-PR. En 2017, se cambiaron de nombre al FENATEP y eligieron a Castillo como secretario general, en parte, porque no tenía ninguna acusación de filosenderista. Por ello, no sorprende que el ministro de Trabajo de Castillo haya otorgado la inscripción al FENATEP. Sin embargo, el SUTEP ya ha alzado su voz de protesta, a pesar de que el PCP-PR es parte de la coalición del gobierno. Durante la campaña, tanto el SUTEP como el FENATEP apoyaron a Castilllo, pero ahora el denunciado paralelismo probablemente limite este apoyo.

Las rondas campesinas también están lejos de estar articuladas en una sola organización. La Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), que es la principal organización de ronderos del país, parece respaldar el gabinete. Pero el secretario de la Confederación de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú (CONARC-Perú) lo ha rechazado. Finalmente, la CGTP hasta ahora se ha mostrado cautelosa en su posición. Pero la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, asociada a la CGTP, anunció protestas al enterarse de quién sería el primer ministro. El presidente debería tomar en cuenta que las organizaciones de izquierda en Perú son bastante diversas, desarticuladas y a veces enfrentadas.

Finalmente, inclusive si pensamos en una movilización sin divisiones, como las que se dieron frente a la amenaza del golpe luego de la primera vuelta, no vemos protestas masivas. Si bien se logró superar en números a las marchas contra el supuesto fraude, no fue por mucho. Fueron movilizaciones que oscilaron entre los 10 mil y 25 mil asistentes en Lima. Fueron más descentralizadas que las anticomunistas y mucho más numerosas en el sur, pero no fueron aplastantes. Las marchas NoAKeiko del 2016 y 2011 fueron superiores. No hay punto de comparación con las masivas marchas de noviembre de 2020 contra Merino, cuando en seis días se movilizaron alrededor de 2.7 millones de peruanos. La extrema izquierda debe recordar que sacó 19% del voto válido en primera vuelta y que ganó las elecciones por solo 44 mil votos. En sus primeras elecciones, Hugo Chávez y Evo Morales ganaron en primera vuelta, con 56.2% y 53.7% respectivamente. Inclusive Rafael Correa, que como Castillo tuvo que ir a segunda vuelta, ganó esta con 56.7% y comenzó su gobierno con una popularidad del por encima del 70% (Cedatos-Gallup). Castillo ganó con 50.1% y comienza con 39% de aprobación (Datum). La Asamblea Constituyente, propuesta que une a la extrema y centro izquierda, solo es una prioridad para el 5% según Datum y 11% según IPSOS. La encuesta del IEP de finales de julio encuentra que 23% quiere una nueva constitución, pero aún es bastante bajo. Insistir en esa lucha -peor si hace sin respetar las reglas del juego- no va a galvanizar las masas como parecen fantasear en el gobierno. Esto no es el Ecuador del verano del 2007 ni el Chile de 2020 que politizó la desigualdad tras una década de movilizaciones masivas. El descontento por la desigualdad acrecentada por la pandemia tiene sectores muy heterogéneos que no parecen sentirse representados por ese partido de radicales improvisados que cada vez parecen más arbitrarios.

¿Se pueden volver realidad estas fantasías?

La polarización hace que ambos extremos se regalen argumentos en contra, lo que incrementa el distanciamiento de los centros. Entercarse con un premier que tiene una más que sospechosa tibieza con Sendero Luminoso le regala a la extrema derecha el argumento de que, como advirtieron, gobierna el terrorismo. Lo mismo el poner ministros sin ninguna experiencia en la cartera que manejan o, peor aún, con antecedentes delictivos. Regalan banderas a la extrema derecha al seguir impidiendo que la prensa cubra los eventos de palacio o permitir que sus congresistas reafirmen que no han descartado disolver el congreso. Del otro lado, pedir la vacancia de Castillo desde el inicio, bajo cualquier argumento, confirma sus preferencias antidemocráticas. El hecho de que la mayoría de los medios televisivos y de prensa escrita sigan bochornosamente inclinados hacia un anticastillismo militante le confirma a la extrema izquierda que la confrontación es el único camino viable. Y, a su vez, todas estas prácticas limitan el apoyo callejero que tendrían estos extremos. Los reducen a sus núcleos duros mientras los sectores de centro se repliegan.

¿Es posible que estas fantasías se vuelvan realidad? ¿Pueden “las masas” despertar y llevar a cabo un levantamiento anticomunista o en defensa del gobierno -que-quiere-ser- popular? Las predicciones en Perú son un juego suicida, nada es imposible. La polarización es un juego de dos, si la extrema derecha decide vacar a Castillo por un motivo sin ninguna validez y en un momento en el que el gobierno está haciendo las cosas bien o en el que la pandemia hace más costosas las interrupciones, podría reconstruirse una coalición prodemocracia que más que defender al Gobierno defendería el orden constitucional, como ocurrió en noviembre de 2020 (aunque no veo que la masividad de noviembre pueda repetirse, muchos jóvenes de aquella coalición ahora son activos miembros de la oposición). De igual forma, si la extrema izquierda en el gobierno se embarca en un juego de confrontación, expulsa a la centro-izquierda de su gabinete, e intenta disolver el congreso arbitrariamente, es probable que se den protestas masivas contra el gobierno ya indiscutiblemente autoritario. Esto es más difícil; que se unan las izquierdas es menos complicado que la centro-izquierda marche al lado de las derechas, más aún si están liderados por la extrema derecha, como bien saben los bolivianos. Los detonantes pueden variar, pero las decisiones de los extremos que generen un shock moral en los centros pueden reducir los costos de participar en una movilización en defensa de Castillo o en favor de la vacancia. No es imposible. Pero en este artículo me animo a decir que es poco probable.

Otra historia es el posible impacto electoral. Los extremos sí pueden capitalizar votos para las elecciones regionales y municipales de octubre del 2022, sobre todo en un contexto de mayor fragmentación partidaria. La extrema derecha no parece tener la capacidad de liderar una coalición más amplia que le ayude a generar el movimiento anticomunista masivo con el que sueña, pero sí puede tener la capacidad para ganar gobiernos regionales o alcaldías en la costa norte y, particularmente, en Lima. Con la fragmentación existente, un porcentaje alrededor del 20% podría bastar y Renovación Popular -el partido de Rafael López Aliaga- no está lejos de eso en la capital. La extrema izquierda que lidera la coalición en el gobierno podría capitalizar su radicalismo también si el gobierno no se desgasta (o divide) y su consecuencia se traduce en algunos resultados concretos para su electorado, sobre todo en sus bastiones del centro y sur del país. Este debe ser un llamado de atención para los partidos de centro-derecha y centro-izquierda que hasta ahora operan como aliados que siguen el liderazgo de los extremos. Con organizaciones tan fragmentadas, los extremos pueden no sacar suficiente gente a las calles, pero sí a las urnas.