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Cuando una sociedad está sumergida en una crisis de envergadura, en que las discrepancias son mayores que los acuerdos, puede pensarse que una actitud constructiva conduce a no señalar responsabilidades para concentrarse en buscar consensos con el objetivo de resolver las dificultades. Esa podría ser una manera de encontrar salidas rápidas, pero también es verdad que una solución duradera solo es posible si se entiende qué condujo a lo que ahora vemos como una calamidad, incluso si después nos podría llegar a parecer que no lo fue tanto.

Explicar un fenómeno es conocer las causas por las que es como es y no de otra manera, en que también pudo haber sido. En principio, dadas las mismas causas ocurrirán los mismos efectos, de manera que, si no las conocemos ni intentamos modificarlas, casi con certeza volveremos a tener los mismos resultados. Más aún, uno tiende a establecer responsabilidades, incluso si prefiere no declararlas. Será mejor, entonces, tomar el toro por las astas para analizar lo ocurrido en las elecciones de este año.

Una acción es un evento realizado por un agente de manera intencional; en eso se distingue de un evento no intencional que es simplemente un acontecimiento físico. Verbigracia, la rotación de la luna es solo un evento físico; el que uno vote por cierto candidato es un evento físico y también una acción. Todas las acciones son eventos físicos, pero solo una fracción muy pequeña de eventos físicos son también acciones. Los eventos físicos que no son acciones solo tienen causas físicas. Las acciones tienen causas sociales y psicológicas, además de motivaciones y responsables. Así, por ejemplo, el resultado electoral de 2021 es un complejo entramado de acciones cuyas causas podríamos desear desenmarañar para poder entender mejor y, eventualmente, impedir que algo semejante vuelva a ocurrir.   

Las causas de un conjunto de acciones son procesos sociales y psicológicos, de los que podemos o no tener conciencia, y pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Los motivos, por otra parte, suelen ser estados mentales (creencias, deseos y afectos, conscientes o no) por los que uno actúa de una manera y no de otra. Las causas y los motivos pueden o no coincidir. Esto es, en ocasiones uno cree que actúa sobre la base de ciertos estados mentales, pero son otras las causas que tienen un rol más eficiente. Esas causas llevan nuestras vidas, individuales o colectivas, como un pequeño bote arrastrado por una corriente submarina difícil de controlar. De esa manera, supongamos, una persona o un grupo humano pueden creer que han votado por cierto candidato sobre la base de determinados estados mentales, cuando el verdadero rol causal está en otros estados mentales, como, imaginemos, ciertos prejuicios, miedos o traumas colectivos. Un ejemplo es el voto por el outsider.

Con frecuencia, en el Perú se produce una suerte de deriva que conduce a la gente a votar, en el último momento, por un candidato que no parece reunir ninguna de las virtudes que conscientemente exigiríamos de un gobernante. Si se pregunta al votante por qué lo eligió a él, este suele dar una respuesta errática o al azar. Es decir, no sabe por qué votó de esa manera o da una explicación en la que él mismo no cree. Pero el que una persona no sepa cuales fueron sus motivaciones –o el que esté engañada respecto de ellas– no significa que estas no tengan causas. En esos casos, haríamos bien en tratar de reconstruir las causas que fueron más eficientes, para entender lo qué pasó e intentar no repetir lo que puede llegar a ser un círculo autodestructivo.

La lasitud institucional y la desaparición de los partidos políticos son fenómenos asociados, porque estos son vistos como grupos mafiosos que aspiran a capturar el Estado en su beneficio. Si a esto se le suma la impunidad y la incapacidad del Estado por lograr que sus propias normas se cumplan, desde los niveles más altos hasta los más bajos, lo que se tiene es una incredulidad generalizada.

 Los responsables, por otra parte, son quienes, por su acción u omisión, hicieron posible un resultado considerado gravoso (o beneficioso) para alguien, lo que nos conduce a juzgar moralmente esas acciones y motivaciones, y exigirle que responda por ellas. De hecho, la etimología de “responsable” viene precisamente del latín re-spondere, esto es, el que puede responder o dar razón de lo que hace. Más allá de intercambiar acusaciones, es bueno discutir racionalmente sobre los posibles responsables, cuando hay una patología social que deseamos corregir. 

Es un error, no obstante, suponer que todo proceso social tiene responsables; o, en todo caso, la responsabilidad es un continuo. Nadie tiene la culpa, por ejemplo, de la ley de la oferta y la demanda, ni de que el capitalismo sea el sistema económico prioritario en el mundo occidental. Nunca hubo un grupo de personas que se sentara a diseñar esos fenómenos y que pueda responder por sus decisiones. Es menos claro, sin embargo, si hubo responsables de la revolución rusa de octubre de 1917; probablemente fueron muchos y con diferentes grados de responsabilidad (lo que incluye a zares, aristócratas y revolucionarios) que es casi imposible precisarlos. Es un poco más fácil detallar las responsabilidades en el golpe de Estado peruano de 1968 y es más claro aún quiénes fueron los responsables del autogolpe de octubre de 1992. En todos los casos, sin embargo, hay una suerte de dialéctica que involucra motivaciones individuales y colectivas, pero también estructuras sociales y psicológicas que pueden cobrar cierta independencia de los individuos, como las mareas o las corrientes submarinas.   

Un ejemplo de este complejo fenómeno es el proceso electoral peruano de 2021, que tiene causas de corto, mediano y largo plazo, así como agentes con distintos grados de responsabilidad. La primera elección tuvo como ganadores a dos partidos, opuestos en el espectro político, que sumados no llegaban al 27%. Para la segunda elección se polarizaron aún más los electores, culpándose mutuamente de un posible desenlace catastrófico. Cada grupo de votantes reconocía, correctamente, la ruina a la que conduciría una victoria de su adversario político, pero veía con menos facilidad las fatalidades del propio.  

La mayoría de los votantes (el 73%), no hubiera querido a ninguno de los dos candidatos, pero no pudo evitar enfrentarse a una desafortunada disyuntiva. El grupo político que realizó un autogolpe hace 29 años y que pulverizó la libertad de prensa y las instituciones, para permanecer ilegalmente en el poder, se presentó como defensor de la libertad y la democracia, precisando que habían cambiado. El otro partido político –que no tenía pensado llegar a la segunda vuelta y que, por tanto, no tenía idea de lo que haría de encontrarse en ese trance, pues ni siquiera tenía un plan de gobierno– fue tan parco que permitió que cada uno le atribuyera sus temores o esperanzas más arraigadas. Finalmente, ganó con menos de 45,000 votos de ventaja el candidato que se había preparado menos para el cargo, contra casi todos los medios formales de prensa, una avalancha de noticias falsas y una campaña multimillonaria de desinformación. Es decir, ganó el candidato más débil que lo tenía todo en contra.

Las atribuciones de responsabilidad que emergieron en medios y redes sociales, durante la campaña para la segunda vuelta, nos permitieron a los peruanos vernos frente a un espejo. Es decir, hicieron posible que fuéramos más conscientes de lo que pensamos unos de otros y de nosotros mismos, así como también de las verdaderas causas que se movieron para producir tan sorprendentes resultados. Los partidarios de la candidata desplegaron un abanico de insultos racistas, clasistas y hasta geográficos. Se usó de la manera más irresponsable y desinformada las palabras “comunista”, “marxista”, “terrorista” y “caviar” para acusar, sin tener claro de qué exactamente se acusaba, a cualquiera que no hiciera campaña por la candidata de derecha. En el extremo del absurdo, para apoyar a la candidata se vio costosas pantallas electrónicas y marchas de camionetas 4×4 en los distritos más ricos de la capital, lo que dejó un cierto aroma de prepotencia. El otro candidato hizo una campaña ligeramente más inteligente. Mientras todos los aspirantes a la presidencia aparecían haciendo el ridículo en shows de farándula televisiva, el ganador nunca lo hizo. Apareció pocas veces en los medios formales, cuya credibilidad estaba por los suelos ante el votante, y prácticamente se limitó a posicionar una frase mágica muy bien pensada: “no más pobres en un país rico”.

Después de las elecciones, los votantes de derecha consideraron responsables de la supuesta desgracia a los votantes de distritos acomodados que no apoyaron a su candidata, incluso si optaron por el voto en blanco. A ellos, en una extraordinaria autodescalificación colectiva, denominaron “dignos” o “cojudignos”. Es decir, explícitamente dijeron que quienes prefirieron no votar por esa candidata, motivados por principios morales, no solo fueron tontos e ingenuos sino tuvieron la culpa del infortunio nacional. Afirmaron cínicamente, por tanto, que los valores éticos son tonterías que solo un ingenuo puede creer, pues lo que verdaderamente importa es los resultados económicos y la supuesta defensa de una democracia que, en todo caso, ese grupo político nunca respetó.

La opinión que tiene el peruano promedio es que el Perú es un país rico con gente pobre, donde la riqueza se queda en pocas manos o se va al extranjero, dado que el Estado ha sido capturado por diversas formas de corrupción que benefician a pocas personas. Por eso la frase que Pedro Castillo repitió durante su campaña fue tan exitosa. Esa percepción puede representar correctamente la realidad o no, pero la percepción de la realidad es parte de la realidad y también crea realidad. La corrupción de las últimas décadas, y en particular durante el gobierno fujimorista, tuvo un efecto nefasto en la confianza que el Estado debe generar en los ciudadanos. A eso se sumó el proyecto neoliberal surgido en los años 90, que se propuso privatizar buena parte de los servicios básicos del Estado.

También se blandió como argumento, contra el ganador, que este representa un autoritarismo de izquierda y la posibilidad de que se conculquen las libertades, algo que ya había ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori, solo que dentro de un modelo de derecha. Una forma de impudor se autodesenmascaró, pues emergió una explícita amoralidad, disfrazada de pragmatismo, que nos permite entender ciertas cosas: para muchos votantes por Fujimori, los principios morales son banalidades, lo que importa es las cifras económicas, siempre que lo beneficien a uno, incluso si perjudican a otros. En ese momento quedó claro por qué Castillo ganó las elecciones y cuáles son las causas profundas que, como placas tectónicas, se desplazan debajo de la vida política peruana. Es casi seguro que un cinismo amoral semejante también se estuviera dando en el partido del candidato ganador, pero en ese momento no fue tan obvio como en el caso de la candidata.

 Pues bien, ¿qué estructuras sociales y psicológicas se movieron en todo este proceso? Entre las causas de largo plazo están, por supuesto, problemas ancestrales no resueltos, como la frustración ante la pobreza, la desigualdad económica, la fragilidad de las instituciones, la diferencia de acceso a las oportunidades de desarrollo, la discriminación contra los peruanos menos occidentalizados, el racismo y el centralismo. Un elemento estructural de gran importancia, que es tanto causa como efecto de las antes mencionadas, es la existencia de un Estado débil que no cumple con sus responsabilidades básicas –a nivel nacional y regional– y que, por tanto, genera desconfianza en el ciudadano.

Durante la colonia, el Estado estaba diseñado para beneficiar a una minoría a expensas de la mayoría, aunque con un alto nivel de corrupción incluso al interior de esa pequeña minoría. A lo largo de la República eso no cambió significativamente, excepto que la minoría ya no estaba conformada solo por los descendientes del poder colonial pues se le sumó muchos grupos de inmigrantes.

En los últimos 50 años, de manera casi coincidente con “el desborde popular y la crisis del Estado” y con el rebose de economía informal, se produjo una mayor movilidad social y redistribución de la riqueza, lo que modificó ligeramente la estructura de las élites. En ciencias sociales la expresión “élites” alude a los grupos sociales que tienen más acceso a oportunidades –sobre todo a mejor educación y, en consecuencia, trabajo mejor remunerado– y que, por tanto, tienen cierto liderazgo en la sociedad. Aunque la recomposición de la propiedad generó una mayor movilidad social y modificaciones en las élites, lo que no cambió fue la percepción del Estado como ineficiente, corrupto y no confiable. La lasitud institucional y la desaparición de los partidos políticos son fenómenos asociados, porque estos son vistos como grupos mafiosos que aspiran a capturar el Estado en su beneficio. Si a esto se le suma la impunidad y la incapacidad del Estado por lograr que sus propias normas se cumplan, desde los niveles más altos hasta los más bajos, lo que se tiene es una incredulidad generalizada.

Así, entonces, una causa estructural principal y de largo plazo de la situación política actual es que el Estado es débil, poco operativo, permeable a la corrupción y genera desconfianza. Como se sabe desde Thomas Hobbes, en circunstancias como esa, el contrato social es tan frágil que el ciudadano no siente que deba seguir las reglas que el propio Estado establece. Eso va desde pasarse una luz roja, sobornar al policía de la esquina, evadir impuestos o recibir coimas millonarias, sin demasiado dolor de conciencia. En otras palabras, si el ciudadano considera que el Estado no cumple con él, pues él tampoco se sentirá obligado a cumplir con el Estado. En esos casos, se rompe el principio de reciprocidad que es necesario en toda comunidad humana –sea esta grande o pequeña– y que se ha estudiado incluso en el comportamiento social de primates no humanos. Somos criaturas cooperativas, pero lo que mantiene la cooperación es la reciprocidad. Si alguien percibe que su contribución no es retribuida equitativamente, simplemente deja de aportar, de manera que el grupo empieza a desestabilizarse. Por eso la desconfianza en el Estado es tan dañina para una sociedad.

Puede sostenerse que hay tres fuerzas principales que mantienen el equilibro de los grupos sociales: la tendencia individual a la autoconservación, el reconocimiento de que el bien del grupo es el bien del individuo y el deseo de evitar conflictos innecesarios. Pero esas fuerzas suelen estar en tensión, pues es usual que algunos subgrupos tengan más ventajas que otros, incluso privilegios que no proceden de su mérito sino del azar como, por ejemplo, el haber nacido en una zona y no en otra. Los menos afortunados aceptarán las inequidades en el acceso a oportunidades si perciben que no son tantas como para amenazar el bienestar grupal, si consideran que el conflicto podría tener consecuencias desfavorables o si creen que, eventualmente, ellos mismos podrían llegar a gozar de estas. Pero si las inequidades se hacen extremas y el acceso a las oportunidades resulta mínimo, los individuos no querrán ser parte de ese grupo. En caso que no puedan salir de él, lo boicotearán.

Así, para que esas fuerzas se mantengan en suficiente equilibrio (el interés personal, el bien del grupo y la evitación de conflicto innecesario) los individuos tienen que tener la percepción que se da cierta proporción que, en el fondo, los beneficia, incluso si no tanto como ellos quisieran. Las reglas que mantienen el equilibrio de un grupo son el equivalente de las normas de un Estado. Si algunos ciudadanos creen que esas reglas los desfavorecen más de lo que favorecen al grupo como tal, simplemente no las van a seguir. Si la percepción de desproporción se vuelve extrema, el grupo se disolverá. Si la mayoría de individuos tiene una sensación de gran desproporción, lo más probable es que surjan episodios violentos. Nótese que no se trata de que haya una real desproporción en el acceso a las oportunidades, sino de que los ciudadanos lo vean de esa manera.

Podrá objetarse que en todas las épocas y sociedades las élites buscan su propio interés y que los cambios no suelen provenir de ellas sino de procesos sociales complejos, que normalmente incluyen reivindicaciones sociales de grupos subordinados. Es verdad, pero no todas las élites viven tan desconectadas del país que deben liderar, lo que no es solo una herencia colonial sino también un proceso republicano. Es, por tanto, una terrible ironía que, precisamente el año del bicentenario, aparezcan en fila todas las furias y las penas que nos agobian. 

Todos los grupos y sociedades humanas tienen diversas formas de desigualdades. Probablemente no sea realista eliminarlas, pero sí lo es hacer que esas inevitables inequidades dependan fundamentalmente del mérito individual y no del azar, ni, peor aún, de la prepotencia o la corrupción. También es realista esperar que haya cierto equilibrio entre las injusticias de partida en relación al acceso a las oportunidades y la posibilidad de remontar las diferencias con mayor esfuerzo personal. Aquí también la percepción es fundamental. Si los ciudadanos creen que las diferencias de acceso a las oportunidades son superables con un esfuerzo personal adicional, quizá se esmeren en ello. Pero si piensan que no se pueden remontar porque dependen de estructuras injustas o, peor, corruptas, van a desarrollar una actitud de desaliento que puede convertirse en resentimiento, agresividad o incluso violencia. Por eso es tan importante que el Estado genere la impresión que mantiene un orden justo y que ofrece a los ciudadanos los instrumentos necesarios para vencer las a veces inevitables inequidades iniciales. Por supuesto, no solo es necesario que el Estado genere esa percepción sino también que esta sea realista, porque si no rápidamente se desvelará su verdadera naturaleza y eso será aún peor.  

Si el Estado es visto como un sistema copado por grupos de poder para mantener sus privilegios, donde las diferencias no dependen del talento ni del esfuerzo sino de la astucia para burlar las normas, el Estado será visto como un enemigo. Quizá en países donde ya hay equilibrios sociales y económicos equitativos tenga sentido reducir el Estado al mínimo y dejar que los grupos privados compitan entre sí con pocas reglas claras. Pero en sociedades donde las diferencias de acceso a oportunidades son reales y ancestrales, el Estado debe tener un rol activo para reducirlas. Sin duda debe haber libertad de competencia en el mercado, pero el Estado debe supervisarlo para asegurar reglas claras que permitan reducir las inequidades estructurales. El Estado, asimismo, debe ser suficientemente fuerte como para reducir al mínimo la corrupción, pues un Estado débil es presa fácil de las fuerzas políticas y económicas que, con frecuencia, terminan aliándose.       

La opinión que tiene el peruano promedio es que el Perú es un país rico con gente pobre, donde la riqueza se queda en pocas manos o se va al extranjero, dado que el Estado ha sido capturado por diversas formas de corrupción que benefician a pocas personas. Por eso la frase que Pedro Castillo repitió durante su campaña fue tan exitosa. Esa percepción puede representar correctamente la realidad o no, pero la percepción de la realidad es parte de la realidad y también crea realidad. La corrupción de las últimas décadas, y en particular durante el gobierno fujimorista, tuvo un efecto nefasto en la confianza que el Estado debe generar en los ciudadanos. A eso se sumó el proyecto neoliberal surgido en los años 90, que se propuso privatizar buena parte de los servicios básicos del Estado. Eso tuvo consecuencias positivas y negativas, pues, aunque algunos servicios fueron mejorados al ser privatizados, solo tuvieron acceso a ellos quienes podían pagarlos.

Los sectores más pobres tuvieron que resignarse a recibir los servicios precarios del Estado, lo que generó la sensación real de que hay demasiadas diferencias de acceso a los derechos más básicos, más allá de que el índice Gini hubiera mejorado en los últimos años. El ejemplo paradigmático de esto es el sistema de salud pública, que colapsó durante la pandemia, convirtiendo al Perú en el país con mayor letalidad del mundo, en proporción a su población. Así, pues, desde mi punto de vista, una causa principal estructural de largo plazo de muchos de los problemas actuales en el Perú y, en particular, de los deplorables resultados de las últimas elecciones, es la debilidad del Estado y la desconfianza que eso produce.

Los partidarios más radicales de Perú Libre, suelen afirmar que la principal causa de los problemas nacionales es que hace 500 años llegó un grupo de españoles y conquistó un imperio, estableciéndose un sistema de injusticias protegido por el Estado que nunca llegó a revertirse. El fenómeno es mucho más complejo, sin embargo. Si bien es cierto que eso ocurrió y que se instaló un sistema racista y clasista atravesado por la corrupción, el Perú ha pasado por muchos cambios desde entonces. Lo primero es el mestizaje. Casi todos los peruanos somos producto de la mezcla entre conquistados y conquistadores, víctimas y victimarios, de manera que no sería acertado dividir a los actuales peruanos en descendientes exclusivos de uno de esos dos grupos. No solo nuestros genes están mezclados sino también nuestras costumbres, nuestros hábitos y tradiciones y, de manera paradigmática y sabrosa, nuestra gastronomía. Más aún, las élites, que durante la colonia eran blancas y españolas, ya no lo son. Ahora son, en general, mestizas.

Con mucha dificultad logramos neutralizar a los movimientos terroristas del siglo XX, pero nunca controlamos sus causas. Es como una fiebre que se aplacó con paños de agua fría pero cuya infección nunca se trató. Pues bien, dado que la infección sigue presente, seguirá generando consecuencias. Durante la segunda vuelta electoral, expresiones de estas causas emergieron con toda su crudeza, con comportamiento discriminador y racista contra los posibles votantes por Castillo. Eso, por supuesto, no hizo más que agudizar el conflicto y favorecer su triunfo.

Durante los últimos 70 años, representantes del mestizaje nacional se situaron en la cúspide del poder político. La desgracia, empero, es que muchos de ellos cometieron algunos de los latrocinios más grandes de nuestra historia. Es penoso, por ejemplo, que cuando políticos étnica y culturalmente mestizos llegaron al poder, fueron tan corruptos o más que la antigua aristocracia blanca. Así se produjo un lamentable proceso: hastiados de observar la tradicional corrupción de las élites, cuando el pueblo accedió finalmente al poder no tuvo la capacidad de modificar esas estructuras y las repitió. Las élites tradicionales no lograron liderar adecuadamente. Las élites que las fueron reemplazando tampoco.

El punto, en todo caso, es que sería superficial y equivocado suponer que en el Perú sigue habiendo dos repúblicas, la de criollos y la de indios, donde la primera oprime a la segunda. Lo que sigue ocurriendo es que las élites, más allá de su conformación étnica y cultural, tienen acceso a oportunidades inaccesibles para los grupos populares y no han logrado entender suficientemente al país como para ejercer un buen liderazgo. Así, el Estado simplemente no es capaz de asegurar derechos básicos para todos (sobre todo en educación y salud). No hemos encontrado un sistema suficientemente meritocrático que permita salir de la pobreza más rápidamente a quien su esfuerzo y talento se lo debería permitir; sigue habiendo racismo y clasismo –cada vez menos, gracias a nuestra tendencia natural a mezclarnos– y seguimos teniendo élites –en general y con importantes excepciones– frívolas, poco ilustradas y miopes para entender la realidad nacional.

Podrá objetarse que en todas las épocas y sociedades las élites buscan su propio interés y que los cambios no suelen provenir de ellas sino de procesos sociales complejos, que normalmente incluyen reivindicaciones sociales de grupos subordinados. Es verdad, pero no todas las élites viven tan desconectadas del país que deben liderar, lo que no es solo una herencia colonial sino también un proceso republicano. Es, por tanto, una terrible ironía que, precisamente el año del bicentenario, aparezcan en fila todas las furias y las penas[1] que nos agobian. 

 Viendo las cosas de esa manera, no es raro que en estas elecciones haya ganado Pedro Castillo, lo extraño es que un equivalente a él no hubiese ganado antes. Quizá lo evitó las victorias electorales de candidatos que se veían más progresistas, más dispuestos a hacer reformas y menos occidentales (lo que se suele llamar el outsider o el antisistema), como el propio Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. La victoria del primer Alan García estaba en esa dirección, pero su gobierno fue tan malo que generó un trauma indeleble en relación a todo lo que volviera a sonar a reforma. Ese trauma, sumado a la dictadura velasquista y a la tragedia originada por Sendero Luminoso, generó en el Perú un temor a alguna versión de izquierda moderada, algo que no se da en otros países de la región. Por otra parte, no es que el elector vote por quien considera semejante a él (de hecho, Alberto Fujimori no es semejante al 99.9% de peruanos, en casi ningún sentido) es más bien que el elector vota contra quien considera representa un grupo humano o un sistema que considera ha sido dañino para él. De otra manera no se puede explicar la victoria de Kuczynski en 2016 y la del propio Castillo este año.

Las causas de largo plazo, anteriormente mencionadas, han estado presentes también en procesos sangrientos, como los diversos brotes terroristas. Esas causas siguen presentes y, en tanto no se resuelvan, seguirán produciendo efectos, de uno u otro tipo, sean políticos o violentos. Con mucha dificultad logramos neutralizar a los movimientos terroristas del siglo XX, pero nunca controlamos sus causas. Es como una fiebre que se aplacó con paños de agua fría pero cuya infección nunca se trató. Pues bien, dado que la infección sigue presente, seguirá generando consecuencias. Durante la segunda vuelta electoral, expresiones de estas causas emergieron con toda su crudeza, con comportamiento discriminador y racista contra los posibles votantes por Castillo. Eso, por supuesto, no hizo más que agudizar el conflicto y favorecer su triunfo.

Las causas de mediano plazo tienen que ver con que los últimos gobiernos no solo no han resuelto los problemas estructurales sino los han agravado. Es cierto que, en términos generales, ha habido crecimiento económico e incluso ha mejorado el índice Gini, pero los sectores C y D no perciben que eso los beneficie y, sobre todo, no sienten que el Estado los ampare. Adicionalmente está el comportamiento de los agentes políticos en los últimos 5 años. La derrota electoral del fujimorismo en el año 2016 lo condujo, de manera irracional y autodestructiva, a boicotear todo lo que hiciera el gobierno entonces elegido, a pesar que ideológicamente eran muy cercanos y que Kuczynski hizo todo lo posible por evitar una colisión. Al tener mayoría en el Congreso, el fujimorismo logró bloquear al gobierno y vacar a su presidente, con justificaciones que son por lo menos discutibles. Ahí empezó una tormenta política que aún no termina, 3 años y 5 presidentes después, pues la crisis actual es consecuencia directa de la desatada por el fujimorismo hace 5 años. Los contrafácticos históricos son ejercicios interesantes aunque problemáticos, sin embargo, es razonable suponer que si el fujimorismo hubiese apoyado al gobierno de Kuczynski, el Perú se habría ahorrado innecesarios problemas y hoy tendríamos un gobierno mucho más moderado.

En cuanto a las causas de corto plazo, la mira debe ser puesta en el proceso electoral mismo. La derecha presentó muchos y muy malos candidatos. En general, desconectados de la población y varios con posibles antecedes de corrupción. Un candidato hacía declaraciones que permitían dudar de su cordura, otro era sospechoso de vínculos con el narcotráfico, un tercero tenía acusaciones por homicidio y la candidata Fujimori llevaba a cuestas el peso del gobierno de su padre y el comportamiento poco democrático del partido que ella misma lideró. La cereza sobre el helado fue que las élites se decantaron por un candidato, inteligente y preparado, pero que tenía como asesor a un personaje de la farándula que decía comunicarse con alienígenas que lo aconsejaban políticamente.

A pesar de su mediocridad, los partidos de derecha pulverizaron al centro y a la centroizquierda –por considerar que tenían las mayores posibilidades de ganar–, gracias a su capital económico y al apoyo de la prensa, acusándolos falsamente de prosenderistas, extremistas y partidarios de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Un candidato de derecha se dedicó a repetir que la prensa es corrupta, utilizando el término vulgar “mermelera”. Dado que la prensa, en general, apoyó a la derecha y que ese candidato de la derecha la descalificó, estaba favoreciendo al candidato que no aparecía en ella. El ganador de las elecciones fue, entonces, quien nunca se presentó en programas de farándula –algo inconcebible para los demás–, hizo mínima propaganda, casi no dio entrevistas, fue víctima de guerra sucia mediática y tuvo a la prensa en contra. ¿Por qué ganó? Precisamente por eso y por el hastío que la población tiene por lo que el fujimorismo representa. La población prefirió saltar al vacío antes que volver a caer en manos de una megamafia profesional.

Ahora bien, sería ideal que Pedro Castillo pudiera hacer un buen gobierno. Él más que nadie podría modificar la imagen negativa que el peruano promedio tiene del Estado y de la política. Él también tendría la oportunidad de reducir las causas de largo plazo que, atravesando la historia del Perú, amenazan la democracia. Un maestro rural serio y honesto que haga un gobierno de centro izquierda, que simbolice el acceso al poder de quienes nunca lo tuvieron y que fortalezca al Estado neutralizando a los grupos de poder que quisieran controlarlo, sería el presidente perfecto para el Perú de hoy. ¿Pero, podrá hacerlo? En este momento no parece factible. El hecho de no tener experiencia de gobierno sino de oposición lo conduce a tomar decisiones equivocadas, sobre todo en la selección de personas en puestos clave.

El tener en su partido a personas de posiciones extremistas y retrasadas 60 años, agrava las cosas. Más aún, en este momento Perú Libre está dividido entre moderados y radicales, sin que se pueda saber cuál será el resultado de esa tensión. No es claro cuál es la agenda del presidente, si tiene una, porque él jamás pensó que ganaría las elecciones. Tampoco es clara la agenda de la derecha en el Congreso. Si va solo por la vacancia, se puede generar un conflicto de impredecibles consecuencias. Si apoya a Castillo en lo digno de ser apoyado y le permite tomar distancia de los radicales de Perú Libre, podría colaborar para que el presidente termine su mandato de manera aceptable. Pero es difícil que eso ocurra. La derecha no aprendió nada de lo ocurrido con Kuczynski y está empecinada en hacer caer al gobierno de Castillo. Además, en verdad, tiene que hacer muy poco para que eso ocurra, bastaría con que lo deje a merced de Perú Libre.

Hay una extrema desconfianza y una enorme brecha ideológica entre el ejecutivo y el Congreso, que hace la gestión casi imposible. Adicionalmente, importantes miembros del equipo de Castillo dan la impresión de no tener interés en gobernar por la vía democrática, sea porque ideológicamente no creen en la por ellos denominada “democracia burguesa” o porque piensan que con este Congreso es imposible tratar. Exactamente lo mismo se puede observar en el fujimorismo y en buena parte de la derecha, respecto de la democracia y del poder ejecutivo. Para concertar se necesita un mínimo de confianza en el interlocutor y eso es precisamente lo que no hay entre la ultraderecha y la ultraizquierda, como era fácil de predecir. Dado que el centro político es muy reducido en el Congreso, hasta el mínimo acuerdo parece inviable.  

Sería verdaderamente penoso que el gobierno de Castillo fracasara. Eso ocurriría si terminara su período administrando mediocremente la pobreza o, peor todavía, si no terminara y fuera vacado, con razón o sin ella. El fracaso de Castillo se debería a sus malas decisiones, a un pobre equipo técnico, a las posiciones extremistas de los miembros del partido que lo llevó al poder y al boicot declarado de los grupos de derecha. También sería deplorable constatar nuevamente que la clase política no entiende la historia del Perú ni lo que se está jugando en estos meses y años.

Durante la campaña electoral se acusó al presidente Castillo de azuzar el odio de clase. No lo hizo porque no era necesario, ya hay un conflicto de clases que no necesitar ser agudizado. Lo que tiene que hacer la derecha es tomar conciencia de cuáles son las causas de ese conflicto y resolverlas, no hacer como si no existieran y, peor aún, dar la impresión de que sabe que existen, pero que quiere ocultarlas.

La responsabilidad está, entonces, repartida. Una gran parte la tienen los más radicales miembros de Perú Libre, que quieren resolver problemas del siglo XXI con soluciones que ya se demostraron fallidas a mediados del siglo XX. Otra buena porción la tiene el fujimorismo, porque, en vez de desaparecer decorosamente en el año 2001, dejando espacio para que surgiera una centroderecha honesta e ilustrada, se empeñó en volver al poder a expensas de la estabilidad del país. Interesa poco si su motivación para intentar el retorno fue crematística o, como dicen algunos, limpiar el apellido Fujimori. Lo segundo es un capricho familiar que a los peruanos no nos concierne. Así, la impresión que uno tiene es que ni la ultraderecha ni la ultraizquierda realmente creen en la democracia, sino la han utilizado para llegar al poder, con objetivos alejados del bien común.

Pero una de las mayores responsabilidades la tienen los partidos de derecha, sus electores y las élites, por no hacer un esfuerzo para entender al país o, peor aún, por entenderlo, pero manteniendo hábitos, prejuicios y expectativas desfasados. Esos grupos no se dan cuenta de que es imposible que el Perú prospere con una élite que no lidera con criterio, honestidad y compromiso, y que más bien da la imagen (sea o no cierta) de que solo le interesa el lucro. Durante la campaña electoral se acusó al presidente Castillo de azuzar el odio de clase. No lo hizo porque no era necesario, ya hay un conflicto de clases que no necesitar ser agudizado. Lo que tiene que hacer la derecha es tomar conciencia de cuáles son las causas de ese conflicto y resolverlas, no hacer como si no existieran y, peor aún, dar la impresión de que sabe que existen, pero que quiere ocultarlas. Un ejemplo de este tipo de comportamiento se dio cuando, en 2003, se presentó el informe de la Comisión de la verdad y la reconciliación, en que la mayor parte de grupos de derecha boicoteó sin argumentos su interpretación de lo ocurrido, a pesar de haber podido proponer una interpretación alternativa para compararlas entre sí, creando el diálogo nacional que era necesario.

A diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestra historia, al día de hoy la ultraizquierda y la ultraderecha no saben dialogar y no tienen interés en hacerlo, porque perdieron la fe en ello sin haberlo intentado lo suficiente. La política, por tanto, ha dejado de ser un espacio de generación de alianzas e intercambio de razones para convertirse en un campo de batalla, donde el que tenga más fuerza terminará imponiéndose. Se ha transformado, pues, en antipolítica. En estas condiciones, quien tiene todas las posibilidades de perder es el presidente Castillo, si no se empodera frente a sus propios partidarios y busca alianzas con el poco centro que queda.               

Tenemos, entonces, un partido de gobierno, una derecha y una élite desastrosas, en el sentido actual y en su etimología. El adjetivo “desastroso” tiene la etimología de carente de estrellas[2], esto es, sin iluminación y sin guía. El castellano antiguo también usaba “desastrado”, con el mismo significado. Hasta hace relativamente poco tiempo los marinos navegaban siguiendo las estrellas; cuando estas no se podían ver, sus posibilidades de perderse o de naufragar aumentaban. Si los grupos que lideran han perdido las estrellas, es poco lo que se puede esperar del resto de la población.

La historia nos ha dado una nueva oportunidad. O bien abrimos las heridas sociales nunca cicatrizadas, para observar directamente las causas de nuestros problemas estructurales, extraemos la infección y suturamos, o seguimos engañándonos haciendo de cuenta que las lesiones son superficiales, les ponemos vendas y esperamos que se curen solas. Pero es difícil que eso ocurra, lo más probable es que vuelvan a presentarse con nuevos e impredecibles síntomas.

[1] Francisco de Quevedo: “Hay en mi corazón furias y penas”.

[2] Mi amigo Daniel Salas me hizo notar esta interesante etimología.