Escrito por Félix Jiménez Jaimes Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021

Después de la caída del muro de Berlín (1989), el neoliberalismo –doctrina que se había desarrollado a contrapelo del llamado socialismo real–, se impone en casi todos los países del mundo. En realidad, con la crisis del sistema de Bretton Woods, la estanflación de los años 1970 y la crisis de la deuda externa que se inicia en 1982, había concluido el compromiso del Estado con la democracia de velar por los equilibrios macroeconómicos y resolver las injusticias sociales generadas por el funcionamiento de los mercados en los países de democracias constitucionales. Por lo tanto, las políticas neoliberales se imponen desde los años 1979-1980 como salida a estas crisis, y su aplicación se extiende a los países de la periferia, siguiendo el recetario del Consenso Washington de 1989. Pero con las tres décadas de aplicación de las políticas neoliberales volvieron los problemas del pasado. La distribución del ingreso se hizo más desigual, originando la proliferación de conflictos sociales y políticos. Los mercados desregulados generaron asimetrías de poder que causaron la crisis internacional de 2008-2009 que aún no termina de resolverse, y que revela el fin de la ideología neoliberal que, entre otras cosas, contrapone y privilegia el mercado frente al Estado, abogando por su total neutralidad económica.

La crisis de las ideologías y del constitucionalismo liberal

La caída del muro de Berlín (1989) puso fin a la ideología del colectivismo estatista que servía de sustento a los partidos de izquierda que defendían el voluntarismo colectivo frente al voluntarismo individualista de los neoliberales. Con la crisis terminal de la economía estatal como sistema, se impuso la ideología de los mercados desregulados. Pero, tanto en los países que abandonaron el colectivismo estatista como en las democracias constitucionales, la moda neoliberal en la política aceleró la degradación de los valores, normas, e instituciones concebidas por el liberalismo decimonónico. La caída del Estado denominado socialista mostraba al mismo tiempo la crisis del Estado constitucional democrático que se había mantenido larvada durante los años de la guerra fría.

En el mundo de hoy, entonces, ya no son relevantes las ideologías que compitieron entre sí durante casi un siglo. A la degradación del colectivismo estatista, le siguió la degradación del constitucionalismo liberal y de la democracia representativa. El objetivo de la división de poderes (limitación mutua) pierde sentido cuando el poder ejecutivo anula la capacidad fiscalizadora del legislativo mediante el control absoluto de su bancada y sus aliados; y, cuando el poder judicial violenta su objetivo decimonónico de constituirse en instrumento de garantía de los derechos del sujeto individual. Siguiendo a Eloy García, podemos decir que, cuando la judicatura traspasa los límites de la legalidad positiva y se abre a la interpretación, adquiere la capacidad de imponer reglas informales a los que reclaman justicia, y se somete a los poderes políticos y económicos. Tampoco funciona el objetivo de la representación democrática; los elegidos adquieren vida propia al margen del pueblo o de sus electores. Las campañas electorales han sustituido el debate ideológico y programático por el marketing, y la conformación de oligarquías políticas vinculadas a los poderes económicos, afecta la esencia misma de la democracia y el ejercicio de las libertades.

Para el neoliberalismo “fuera del mercado” no hay salvación posible.  La libertad económica de los individuos es la única causa de la prosperidad; por lo tanto, no hay problema social que no lo resuelva el mercado si la libertad económica no es interferida por el Estado.  El Estado no debe limitar, sino facilitar, el poder económico. No hay interés común ni voluntad general, y la sociedad es solo una suma de individuos. En consecuencia, el neoliberalismo socava definitivamente los fundamentos de la democracia que el liberalismo decimonónico había construido. Se degradan así los principios del Estado de Derecho, la propia naturaleza de los derechos del hombre y de su libertad, la legalidad y la juridicidad del poder, la representación democrática y los procesos electorales libres.  En ausencia de interés común, el predominio de los intereses individuales anula el significado de la política como lazo de conexión social e instrumento de justicia.

Estado, estructuras de poder y mercado

El liberalismo y el neoliberalismo parten de una base doctrinaria común: defienden el ámbito privado y la neutralidad del Estado.  Para defenderse del poder del Estado proponen la ausencia de sus intervenciones en los asuntos de la economía y el mercado. Este temor al Estado proviene de la previa existencia de Estados como estructuras despóticas de poder que correspondían al antiguo régimen de las monarquías absolutistas. Pasado el tiempo, este miedo al Estado que correspondía a la tradición liberal, reaparece con el totalitarismo del llamado socialismo real que se derrumba en 1989.

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Ciertamente, el Estado es una estructura de poder, pero no es la única que existe en nuestras sociedades. Liberales y neoliberales olvidan que, en el mercado, en tanto institución social, también se constituyen estructuras de poder que afectan el ejercicio de la libertad y de la democracia representativa.

Crisis de las ideologías

La crisis de las ideologías ha revelado, entonces, la necesidad de replantear la concepción de la libertad, de la democracia y del mercado.  La libertad no solo debe definirse como ausencia de interferencia del Estado. Por su parte, la democracia requiere de nuevos mecanismos de control de los electores a sus representantes; y, para que el mercado se constituya en un mecanismo institucional que sirva al ejercicio de la libertad y del progreso social, debe replantear su conexión con el Estado.

Con la crisis de las ideologías, los partidos políticos pierden identidad porque ya no tienen referentes doctrinarios. Pero esta crisis no cuestiona el ideario democrático ni tampoco pone en duda el papel del mercado. Quizá por esta razón ahora es difícil encontrar agrupaciones de izquierda que se reclamen partidarias de la dictadura del proletariado, que rechacen la práctica democrática y que aboguen por la desaparición de la institución del mercado. En todo esto, aunque de modo general, las organizaciones de izquierda coinciden con las organizaciones denominadas de derecha.

La pérdida de identidad de las organizaciones de izquierda, sin embargo, es menos dramática porque puede ser reconstruida con una relectura del pensamiento republicano sobre la libertad, la democracia, el Estado y el mercado, a partir de los valores fundacionales que heredó de la tradición republicana: la emancipación social, el énfasis en lo público y la virtud cívica (Pocock, Dunn, Skinner, Pettit, Viroli, entre otros). Estos valores fueron empobrecidos durante los siglos XIX y XX con la hegemonía del pensamiento liberal (y neoliberal), que despolitizó y privatizó la vida pública, y propició la generación de asimetrías de poder, afectando la democracia y la libertad.

La libertad como no-dominación

La concepción republicana de la libertad es distinta de la concepción liberal porque considera al individuo como un ser social que no puede existir totalmente solo. La autonomía individual que reclaman los liberales priva al hombre de la sociabilidad para supuestamente preservar su libertad. El hombre dedicado solo a la realización de sus intereses materiales, carece de interés por su comunidad. El republicanismo es contrario a esta doctrina, que conduce a la tiranía de los individuos y que antepone lo económico a lo político.

Los liberales defienden una idea de libertad totalmente formal, «como simple isonomía frente a la ley y como ausencia de interferencia». Esta libertad sin obstáculos ha terminado convertida –como apunta Eloy García– «en un mero instrumento de goce material y no en un fin en sí mismo al servicio de los grandes valores humanos». Para el republicanismo la libertad es ausencia de dominación. Las personas no pueden ser libres si no disponen de condiciones materiales de existencia. Para garantizar esta libertad, según Polanyi, debe haber un diseño institucional o una regulación política-jurídica, y también económica. «Si un Estado está comprometido con el progreso de la causa de la libertad como no-dominación entre sus ciudadanos –dice Pettit–, no puede menos que adoptar una política que promueva la independencia socioeconómica».

La pertenencia en comunidad implica armonizar la libertad y la autonomía con la búsqueda del bien común. Pero, para el republicanismo, como nos recuerda Casassas, la vida social no es un espacio políticamente neutral; «no es un espacio sin relaciones de poder, en donde los actores sociales se limitan a la firma de contratos, libre y voluntariamente». Por lo tanto, la libertad no es exógena a la vida social. Se alcanza y se mantiene por medios políticos, construyendo lo que Adam Smith denominaba cortafuegos con el fin de impedir la dominación social.

El Estado Constitucional y la democracia republicana

Si bien el ideario democrático no es teóricamente cuestionado, con la crisis de ideologías la lógica de la política ha sido sustituida por la lógica del poder en el Estado Constitucional. «La lucha por el liderazgo, la dominación y la consecución de un séquito –dice Eloy García– ha reemplazado a las ideas entendidas como instrumento de transformación desde la razón y la ilusión utópica de una realidad construida en la convivencia colectiva. Y es que sin ideología el Estado Constitucional-representativo fundado en la confrontación política de los partidos, se ve privado de toda su sustancia y reducido a una mera estructura formal de poder destinada a imponer una voluntad a los gobernados».

El desplazamiento de la política por la lógica del poder, ha afectado la esencia de la democracia: «los partidos desprovistos de ideología se convierten solo en estructuras de poder». La práctica de la dominación prescinde de la política como «forma de organizar la convivencia colectiva del hombre en comunidad, y anula su carácter de ciudadano». El obrar político del ciudadano se reduce al momento de elegir a sus representantes y cuando los grupos de poder privados asumen el control mediático de la sociedad, se anula en la práctica la libertad de los electores.

Se trata entonces de restituir a la democracia constitucional la virtud cívica: «piedra angular de la vida en común en una sociedad civil plural, diferenciada». Esta restitución debe ser acompañada del perfeccionamiento de los controles democráticos que permitan evitar, lo que Antonio Rivera llama, «la patológica oligarquización del Estado o la usurpación del espacio político por una minoría». Nuevos mecanismos de control constitucional de los representantes elegidos por el pueblo y la limitación recíproca de los poderes, incluido el poder económico, harán posible el retorno de la política como lazo de conexión social; el retorno de la virtud cívica o del deber de participar en la esfera política.

Libertad y Estado republicano democrático no son excluyentes. El Estado democrático debe garantizar los derechos sociales de los ciudadanos y su independencia económica como requisito de su independencia política. Pero se trata de un Estado democráticamente controlado, contestable, que rinde cuentas, y que promueve la participación ciudadana.

La defensa de la libertad y los derechos de las personas, así como la construcción de una democracia republicana, deben ser dos de los elementos constitutivos de la nueva izquierda. La libertad es ausencia de dominación en «presencia de otras gentes, no ausencia de dominación lograda merced al retiro de la vida ciudadana»; por lo tanto, supone luchar por la generación de las condiciones materiales para su ejercicio. La democracia republicana, por su parte, es concebida no sólo por la manera en que se instaura (la voluntad general del pueblo), sino también por la manera en que se practica: la división y limitación recíproca de los poderes y la preservación de la pluralidad, pero también la posibilidad que tiene el pueblo –de acuerdo con Pettit– de disputar las decisiones del gobierno. Para que el gobierno sea del pueblo y para el pueblo, se debe «fomentar la virtud cívica, la ciudadanía activa, los espacios de expresión, de cuidados y control o supervisión sobre los distintos órganos de gobierno, especialmente los representativos y elegidos».

La concepción republicana del mercado

El otro elemento constitutivo de la identidad de la nueva izquierda es la concepción del mercado como institución social que puede diseñarse para lograr la expansión de la libertad y democracia republicanas. Gran parte de la izquierda cometió el error de «cederle» la institución del mercado a la derecha liberal. El neoliberalismo exacerbó este prejuicio de la izquierda al contraponer el mercado al Estado y la economía a la política. Para los neoliberales «la economía domina la vida social y la rentabilidad privada domina la economía». Proponen que el mercado y las empresas privadas operen sin restricciones, con lo cual facilitan la constitución de poderes económicos que limitan la libertad y la democracia: no rinden cuentas a nadie y transforman las democracias en plutocracias.

La nueva izquierda tiene que rescatar al mercado del ámbito neoliberal y restituirle, de acuerdo al pensamiento republicano, su carácter de institución social y su capacidad de mecanismo de inclusión social. Como institución social el mercado «permite un amplio rango de diseño institucional». Puede, por ejemplo, como señala David Casassas, introducirse «medidas de política para reforzar la esfera de la existencia social autónoma y de la independencia material de todos los individuos de la sociedad, sin erosionar su posición social como actores económicos libres que son capaces de hacer contratos libre y voluntariamente».

En la articulación y reproducción del orden social el mercado tiene importancia fundamental porque permite asignar determinados bienes y recursos de modo descentralizado. Este papel es totalmente compatible con el objetivo de mejorar las condiciones de vida al que todo ser humano aspira y que este mejoramiento –como señalaba Adam Smith y reitera David Casassas– ocurra en una comunidad plural, diversa y socialmente no fracturada. En otras palabras, el mercado puede permitir la extensión de la libertad y la inclusión social, cuando la sociedad está constituida por individuos libres e iguales, cuando esta sociedad es una comunidad sin dominación social. Este papel del mercado, de acuerdo al pensamiento republicano, se construye políticamente. El Estado tiene el papel de eliminar las fuentes institucionales y sociales de poderes económicos que ponen en riesgo la libertad y derechos de los individuos, y erosionan la esencia de la democracia.

El Estado como creador de mercado

En sociedades atrasadas donde existen poblaciones y regiones no integradas a la economía de mercado «moderna», donde la «comunidad política territorializada» no ha terminado de construirse, el Estado tiene que asumir su papel de creador de mercados para articular la economía con la geografía y la demografía. En las sociedades desarticuladas y atrasadas, las decisiones descentralizadas de inversión se orientan solo hacia aquellas áreas donde los mercados están desarrollados. La asignación de recursos tiene un problema de orientación; y si el Estado no elimina las restricciones para que esta asignación se extienda a lo largo y ancho de toda la nación, el carácter fracturado y desarticulado de la sociedad se reproduce en el tiempo.

 El pensamiento liberal y neoliberal no tienen una explicación de cómo se crean los mercados. Tratan de las fallas del mercado, suponiéndolo dado. De acuerdo al pensamiento republicano y a los aportes de K. Polanyi, «la economía de mercado es una forma de organizar la producción y distribución de bienes que exige una organización social y política adecuada a su estructura de funcionamiento. En este sentido es un sistema político-económico cuyo diseño y construcción debe permitir asegurar a cada ciudadano su independencia material y por lo tanto su libertad individual y colectiva». Entonces, el sistema de mercado también puede constituirse en el mecanismo institucional de articulación de la economía con la geografía y demografía en sociedades fracturadas como la peruana. «Para extender la libertad y hacer de los pobres y desposeídos ciudadanos igualmente libres se requiere un Estado fuerte pero democráticamente controlado, contestable y participado».

El sistema de mercado es un mecanismo institucional que hace posible el avance o retroceso de la libertad. Es posible entonces construirlo para que sea compatible con la libertad y la democracia republicanas. El objetivo de una sociedad libre y justa, no implica la supresión del mercado sino, como recuerda Polanyi, su regulación y adecuación a dicho objetivo. El papel del Estado tiene que ser el de limitar la generación de poderes económicos que «interfieren arbitrariamente en la vida de los demás, o que les permite definir políticamente el funcionamiento o normas de la sociedad».

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Mientras el liberalismo combate el intervencionismo del Estado y postula su neutralidad económica, el republicanismo le otorga un papel promotor de la libertad y la democracia y no lo contrapone al mercado. El Estado republicano debe asegurar el ejercicio pleno de la libertad, dotando de condiciones materiales de existencia a todos los que carecen de ellas, promover la virtud cívica y el ejercicio de la ciudadanía, e incorporar mecanismos constitucionales de evaluación y control de los gobernantes elegidos por el pueblo para impedir que gobiernen en función de los intereses de minorías económicas.  Debe, además, promover el desarrollo de mercados y ejercer al mismo tiempo una tarea regulatoria para evitar la acumulación de poder económico. El mercado como institución social puede diseñarse para lograr la expansión de la libertad y democracia. Con el republicanismo, entonces, cambiará el modo de hacer política porque se recuperará su carácter de instrumento de justicia social. Así, una nueva izquierda practicante de un nuevo modo de hacer política, no puede ser estatista ni anti-mercado.

Republicanismo y construcción de la Nación

La universalización de la libertad republicana supone la inclusión ciudadana de la mayoría pobre y excluida económica, social y políticamente. Esta exclusión es dramática en países poco integrados o desarticulados como Perú, que responde a un solo Estado, pero no constituye una sola Nación. Las elites empresariales y políticas que detentaron el poder de este Estado, perpetuaron la desigualdad de ingresos y de acceso a servicios sociales básicos manteniendo alejada de la modernidad a la población de la sierra y de la selva del país.  Con ello reprodujeron su desarticulación económica, social y política impidiendo la construcción de una Nación o comunidad política de ciudadanos libres y con iguales derechos.

La práctica de una democracia republicana en nuestro país debe, por lo tanto, contribuir también a la construcción de la Nación, generándole condiciones materiales de existencia a los pueblos excluidos de la sierra y de la selva, respetando sus derechos y evitando daños al medio ambiente. Este es el requisito para el ejercicio pleno de su libertad y el fortalecimiento de la democracia. Ahora bien, la ausencia o poco desarrollo de los mercados internos, es la otra cara de la perpetuación de la desigualdad y desarticulación del país. Cuando no hay mercados o estos están poco desarrollados –decimos parafraseando al Marx republicano–, las poblaciones pobres y excluidas no llevan en el bolsillo su conexión con la sociedad.

El mercado como institución social puede tener un papel integrador y, por lo tanto, contribuir, con su expansión y desarrollo a la construcción de una Nación integrada social y políticamente, con igualdad de oportunidades y de acceso a la justicia, educación, salud y servicios básicos. Su diseño institucional debe ser compatible con un orden republicano donde los hombres son libres porque tienen las condiciones materiales para serlo, y con un Estado que promueve activamente el desarrollo de los mercados y que los regula para impedir la acumulación de poder económico que es el origen de la exclusión social y política.

Republicanismo y globalización económica

Nuestro país llegó a la era de la globalización económica sin terminar de construir la Nación. La acumulación desregulada de capital y de grandes fortunas que caracteriza a esta globalización, ha acentuado la miseria y exclusión social de centenares de millones de personas, convirtiéndose así en una seria amenaza no sólo a la libertad de estas personas, sino también a la autodeterminación soberana de muchos países del llamado tercer mundo.

El modelo económico neoliberal difundido con esta globalización ha acentuado en nuestro país el extractivismo político y económico. La economía funciona con impulsos externos y con actividades primarias que no respetan la ecología y, por lo tanto, los derechos de los pueblos indígenas. No es endógeno ni contribuye a la articulación del país. Su carácter no inclusivo exacerba la crisis de la democracia representativa porque incrementa la desigualdad y los conflictos sociales, al mismo tiempo que perpetúa la exclusión y la ausencia de condiciones materiales de la libertad de dichos pueblos. Tampoco promueve el desarrollo y expansión de mercados internos; su carácter especializado es contrario a la industrialización y la diversificación productiva.

La libertad y la ciudadanía republicanas son incompatibles con las relaciones de dominación y la dependencia material. La desigualdad resultante de la constitución de poderes económicos, atenta contra la libertad y la democracia. De la misma manera, la soberanía de un Estado es incompatible con la dependencia económica de poderes extranjeros. Sin el uso autónomo de sus recursos naturales para el desarrollo nacional, no hay ejercicio pleno de su soberanía. La convivencia democrática en el concierto internacional, en condiciones de igualdad, y con una economía abierta, supone la existencia de Estados soberanos con condiciones materiales que les permite interactuar libremente.

Entonces, en consonancia con el pensamiento republicano, el carácter nacional de la transformación que requiere nuestro país, tiene que ser una reacción de autodeterminación nacional frente a las presiones de la globalización para desmantelar todos los estándares regulatorios (abaratamiento del costo del trabajo y flexibilización laboral, liberalización total del comercio y de los flujos de capital internacional, estímulos tributarios al capital extranjero, etc.). La autodeterminación nacional, el ejercicio soberano de las políticas económicas y el fortalecimiento de la democracia son incompatibles con esta globalización que especializa y no diversifica el aparato productivo del país.

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«Las grandes desigualdades sociales –dice Raventós—son las causas de la falta de libertad. Por esta razón el republicanismo democrático promueve mecanismos institucionales para que la ciudadanía tenga la existencia material, fundamento de la libertad plenamente garantizada». Esto es válido tanto para la libertad del individuo como para la autodeterminación de las naciones.