Escrito por Inés Ruiz Alvarado Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021

Extracto del libro “Pájaros de medianoche” (Editorial Planeta, 2021).

En 1990, los peruanos no se imaginaban que, tras elegir a Alberto Fujimori de presidente, comenzarían a vivir diez largos años de un régimen que utilizó diferentes estrategias para cometer una serie de delitos que atentaron en contra de los derechos humanos y por los que hoy en día Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años en prisión. Fujimori huyó del Perú en noviembre del año 2000, en medio de una serie de escándalos de corrupción, y viajó a Japón, donde las autoridades le otorgaron la ciudadanía japonesa. Cuando Fujimori dejó su refugio, en setiembre de 2005, para dirigirse a Chile con el fin de lanzar su retorno político en las elecciones presidenciales, fue arrestado. Tras su extradición de Chile, afrontó un juicio público por ser autor mediato de una serie de violaciones a los derechos humanos. Fue acusado de homicidio agravado y lesiones graves en los casos de la masacre de Barrios Altos (1991), la matanza de la Cantuta (1992) y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, luego del autogolpe de 1992 (Burt, 2009).

Estos delitos no solo se dieron dentro de la sociedad civil, sino en todas las instituciones del Estado. Una de las políticas que originaría posteriormente una división de opiniones dentro de la sociedad peruana fue la que se utilizó para combatir a Sendero Luminoso de la mano de Vladimiro Montesinos. Las estrategias de erradicación del terrorismo fueron implementadas en un tiempo en el que el Perú llevaba años de conflicto interno con Sendero Luminoso (más de 70 000 víctimas). Tras la captura de Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992 y de los principales cabecillas de Sendero Luminoso, el país afianzó su confianza en Alberto Fujimori, quien fue visto por gran parte de la población como el único presidente capaz de devolverle la paz al Perú y de derrotar al terrorismo. Sin embargo, este plan de captura en contra de Sendero Luminoso se venía dando desde mucho antes de la llegada de Fujimori al poder.

El 5 de abril de 1992, Fujimori quebró el orden constitucional con un golpe de Estado. En su mensaje a la nación, anunció que, “ante la inoperancia del Parlamento, que obstruye sistemáticamente las facultades del Gobierno, y el alto nivel de corrupción al que ha llegado el Poder Judicial, demostrado por la inexplicable liberación de terroristas y narcotraficantes”, procedía a la disolución “temporal” del Poder Legislativo, la suspensión de la Constitución y de la actividad política, y la “reorganización” del Poder Judicial. Tras la captura de Abimael Guzmán, Fujimori y sus aliados utilizaron la aceptación por parte de la población para justificar el autogolpe y el sistema represivo que se implementó tras la captura (Burt, 2009, pp. 271-272). Según Burt (2009), el autogolpe marcó un reordenamiento del poder político. Así, la centralización del poder pasó a manos del Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Luego del autogolpe, y a pesar de que el régimen, bajo la presión internacional, aceptó restablecer las instituciones democráticas y anunciar nuevas elecciones para poner en marcha una nueva Constitución, no se dio una real transición a la democracia, sino más bien un repliegue táctico destinado a preservar la nueva estructura de poder bajo el Poder Ejecutivo y lograr el control total de las decisiones (pp. 271-272). Dentro de este esfuerzo por mejorar su imagen tras el autogolpe, Fujimori inicia un diálogo con diferentes organismos encargados de trabajar en la búsqueda de mejoras para la situación de las mujeres en el Perú. Cabe señalar que ya en 1991 Fujimori había iniciado el Programa Nacional de Población 1991-1995, que tuvo como meta la reducción de la tasa de fecundidad por mujer a 3.3 hijos. Utilizando una retórica popular de desarrollo internacional y emancipación de la mujer, Fujimori estableció leyes a favor de las mujeres. En ese contexto, se gestan en 1996 Promudeh, la imposición de una cuota del 30 % de inclusión de mujeres en las listas de partidos políticos y una tendencia a emplear a mujeres en importantes puestos del Gobierno. Esto pudo parecer o ser interpretado como una mejora del rol de las mujeres en la sociedad; sin embargo, y como explicaré posteriormente, Fujimori jugaba a satisfacer las demandas nacionales, internacionales y de movimientos feministas. Buscaba enviar el mensaje al mundo de que él era el responsable de encaminar al Perú hacia la modernidad. Se sentía en la plenitud de su poder y contaba con una gran representación parlamentaria que utilizaba para imponer sus criterios y proyectos personales.

De esta forma, el 5 de setiembre de 1995, a través de la Ley N.º 26530, se incluye la AQV como método de planificación familiar. Fujimori decidió modificar la Ley de Población y enviar al Poder Ejecutivo el Proyecto de Ley N.º 155/95 CR, que legalizaba la esterilización voluntaria, modificando el Art. 6 del Título Preliminar del Decreto Legislativo N.º 346, de la Ley Nacional de Población, en el cual se excluía este método como parte de la planificación familiar. Las llamadas “campañas de esterilización quirúrgicas voluntarias” fueron incluidas dentro del marco de las campañas de planificación familiar, junto con el apoyo financiero internacional de la USAID y el UNFPA. Esta fue una decisión drástica por parte del Estado peruano que intentaba reducir el ritmo de crecimiento natural de la población y mantenerlo a un nivel no mayor al 2 % anual. El régimen calificaba el comportamiento reproductivo como de “alto riesgo, debido a la alta fecundidad, relacionada con altas tasas de enfermedad y muerte”.

Historia cronológica de la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV)

La evidencia de las prácticas contrarias al consentimiento informado y a la adecuada prestación del servicio de salud en la aplicación de la AQV se recogió por primera vez en el año 1996, gracias a la investigadora Giulia Tamayo, del Centro Flora Tristán y Cladem Perú ( Jara, 2011). En su informe, Tamayo presentó documentos que evidenciaban el registro de metas establecidas en la provincia de Huancabamba. En ese mismo informe, además, resaltó las metas anuales establecidas por el Minsa. De 395 esterilizaciones anuales, Tamayo encontró que, para el mes de setiembre de 1996, ya se habían realizado 169, es decir, el 42 % del total previsto ( Jara, 2011). Cabe señalar que las denuncias que presentó Tamayo tenían que ver principalmente con la metodología con la que se estaban practicando la AQV. Así, ella encontró lo siguiente: primero, las prácticas eran coercitivas. Tamayo encontró casos de mujeres que no solo habían sido mal informadas, debido al aprovechamiento por parte de los representantes del Minsa de su condición de analfabetas o quechua hablantes, sino que también habían sido coaccionadas, por medio de un intercambio de favores y amenazas, de no recibir alimentos o medicinas si rechazaban operarse. Además, se aprovechaba el desconocimiento de los habitantes de estas comunidades sobre los temas de salud reproductiva con el objetivo de que los trabajadores de salud cumplieran con las metas impuestas por el Gobierno, dejando completamente de lado su responsabilidad con la ciudadanía. En el documento titulado Informe final de la comisión especial 2001- 2002 se recogen testimonios como este: “Dentro del syllabus que el profesor nos entregó, coloca como parte de la nota captar personas que se realicen las AQV, con el 3 % del peso de la nota final” (Chávez Chuchón, 2002, p. 32).

Segundo, hubo incumplimiento de brindar la información contenida en los manuales de consejería que repartía el Minsa. Estos manuales dictaban que el paciente debía de recibir al menos dos sesiones de consejería y resaltaban que el método era irreversible. Además, se estipulaba que los trabajadores de salud debían dar a los pacientes un plazo de reflexión de 48 horas, y que la autorización debía ser firmada por la paciente y por la pareja (más tarde se eliminaría la obligatoriedad de la firma del cónyuge). Cuando se trataba de analfabetos, se registraba la huella digital del paciente. Este Manual de normas y procedimientos para actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria recién se aprobó y publicó en enero de 1998, es decir, dos años después de haberse iniciado las campañas de esterilizaciones.

Finalmente, el tercer punto es que las condiciones higiénicas en las que se daban los procedimientos no cumplían con las mínimas normas de sanidad:

Se programó las ligaduras dos veces por semana. Así se operó a toda mujer que acudía a la posta. Las operaciones se hicieron en el mismo centro de salud en condiciones no higiénicas. Muchas mujeres acusaron infecciones, a cada una le entregaron víveres. Las mandaban a sus casas caminando después de la operación. (Chávez Chuchón, 2002, pp. 42-43)

Es así que muchas mujeres en el postoperatorio, al ser mal orientadas, presentaron complicaciones. Hemos observado en la población andina constantes referencias a nerviosismo, angustia, dolor de cabeza, agresividad, depresión, secuelas que los pacientes adjudican a la ligadura de trompas y que se han prolongado varios meses después (Tamayo, 1999, p. 113)

Ante estos descubrimientos, en el mes de julio de 1996 aparecen en el diario La República noticias sobre las esterilizaciones. Una de ellas informaba que “la esterilización masiva empezó con regalos en Salud y el IPSS no sabe nada de esterilización; Gobierno empieza en provincias un plan masivo de esterilizaciones, con información de Puno, Oyón y Sayán” (citado en Jara, 2011, p. 3). Un video filmado el 28 de octubre de 1996 por el mismo Centro de Salud de Huaytará —que buscaba registrar el procedimiento y resaltar el buen trabajo que estaban llevando a cabo— muestra al personal practicando la esterilización a Juana Ochoa. Tal filmación fue un elemento clave de denuncia, ya que, contrariamente a lo que se buscaba, muestra a la mujer quejándose de dolor. Más tarde se supo que, durante la intervención filmada, le habían perforado el intestino grueso. Juana Ochoa murió 38 horas después ( Jara, 2011, p. 2).

A pesar de las denuncias realizadas entre 1996 y 1999, fueron pocos los cambios que se dieron en las directrices de los procedimientos de las campañas. Solo algunos medios de comunicación registraron los hechos. Los que más los denunciaron fueron los organismos no gubernamentales, en su mayoría feministas y de derechos humanos. Estos fueron los encargados de comunicar a los medios de comunicación del país lo que estaba sucediendo23. Sin embargo, las denuncias solo tuvieron el respaldo de algunos de los medios de comunicación, ya que muchos de ellos —tanto la prensa escrita como los canales de televisión y radio— estaban tomados por el régimen fujimorista

La manipulación mediática fue una las estrategias de Fujimori y de su asesor Montesinos. Ellos utilizaban los medios —no solo los populares, sino también la prensa amarilla— para elaborar un discurso en contra de los que se oponían a su política de gobierno. La Iglesia, el principal oponente de las campañas de esterilización, fue atacada con titulares como “Promovida por el gobierno de Fujimori: Iglesia peruana considera inmoral campaña de control de natalidad” (La República, 27 de enero de 2000).

Pese a los comunicados de denuncia publicados en medios de prensa por parte de las ONG feministas, el Estado únicamente relacionó los problemas de las campañas con el “entusiasmo de algunos funcionarios” ( Jara, 2011, p. 3). Además, más adelante, en 1998, Marino Costa Bauer, titular del Minsa, declaró ante sesión conjunta de las comisiones de Salud y de la Mujer del Congreso el rechazo a la existencia de una campaña masiva de esterilizaciones que recurría a la coacción o al engaño. Sin embargo, en sus declaraciones no esclarece las denuncias acerca de las metas a cumplir respecto de la captación de pacientes ( Jara, 2011, p. 3).

Huancabamba: Informe Serums

El Informe Serums, que llegó a mis manos en 2013 y al que pude acceder gracias a Josefa Ramírez, fundadora de la organización IAMAMC, evidencia cómo se llevaban a cabo los procedimientos durante la aplicación de AQV en Huancabamba. Solo existe una copia de este informe y fue entregada por el mismo doctor que lo realizó, cuando aún no se tenía conocimiento de los malos procedimientos. El informe fue redactado por el doctor Roxy Juan Polo Bardales en el año 1997 y cubre los procedimientos quirúrgicos de esterilización que se dieron entre 1996 y 1997. Actualmente, el doctor Polo Bardales trabaja como médico en una clínica de Piura. En 1996 formaba parte del equipo Serums (Servicio Rural Urbano Marginal de Salud) y llegó a Huancabamba con la finalidad de mejorar la atención en salud. El profesional serumista, al describir la labor de mediador entre el Minsa y la comunidad, dice que debió “realizar actividades preventivo-promocionales sin dejar de lado la labor de asistencia médica frente a la enfermedad” (Polo Bardales, 1997).

Además de un diagnóstico de la población huancabambina que incluye referencias históricas y situación demográfica, económica, social y cultural, el documento contiene información acerca del sistema de servicios de salud de Huancabamba. En el informe, el doctor Polo Bardales describe la crítica situación en la que se encontraba la provincia de Huancabamba en términos de asistencia de salud. Así, identifica que la provincia únicamente contaba con 20 establecimientos de salud, además del Centro de Salud de Huancabamba. Asimismo, no olvida mencionar que una minoría de la población huancabambina estaba asegurada con el IPSS25, el cual prestaba servicios de consulta externa a cargo de un médico y un obstetra serumista. Afirma también que, en Huancabamba, el IPSS fue implementado con mobiliario, equipos e instrumental médico-quirúrgico gracias al Programa de Fortalecimiento de los Establecimientos de Salud, el apoyo internacional y el Programa de Salud Básica Para Todos (Polo Bardales, 1997)

Cuando identifica problemas en la oferta de salud, el doctor Polo Bardales menciona que los recursos humanos en algunos establecimientos no contaban con “los conocimientos y habilidades para garantizar una buena oferta en relación con la demanda, lo que genera demanda insatisfecha” (Polo Bardales, 1997). De la misma forma, también resalta que los equipos eran insuficientes, subrayando al mismo tiempo la mala relación entre el personal de servicio y el usuario: “Esto [la mala relación entre médico y paciente] lleva a disminuir la demanda o a quedar en demanda insatisfecha” (Polo Bardales, 1997).

Acerca del objetivo, este es planteado claramente: disminuir los índices de morbimortalidad general y materno-perinatal en el ámbito jurisdiccional del Centro de Salud de Huancabamba (Polo Bardales, 1997). El informe incluye un trabajo retrospectivo de estudio: Ciento ochenta y seis historias clínicas correspondientes a los pacientes sometidos a oclusión tubaria según el registro del servicio de Ginecología, Obstetricia y Planificación Familiar del Hospital, comprendidas entre marzo de 1996 y abril de 1997. Se excluyeron 48 historias por faltarles información y/o por no ser halladas. (Polo Bardales, 1997)

El informe que presenta el doctor Polo Bardales contradice las investigaciones de Tamayo, realizadas en el mismo año durante el mes de setiembre. Recordemos que Tamayo encuentra que solo en el mes de setiembre de 1996, en la provincia de Huancabamba, se habían realizado 169 esterilizaciones quirúrgicas. El informe del serumista, por el contrario, señala que entre 1996 y 1997 se practicaron 186 operaciones de esterilización. No obstante, cabe resaltar que, según la entrevista que sostuve con una obstetra que participó durante las campañas, el registro de mujeres esterilizadas en el Centro de Salud de Huancabamba —el documento con el cual podríamos cotejar el número de esterilizaciones que allí se dieron— ha desaparecido. Es por ello que este Informe Serums constituye una prueba sustancial de los procedimientos que allí se realizaron.

Técnica quirúrgica utilizada

El informe señala dos tipos de técnicas utilizadas para la cirugía de esterilización: la técnica de la fimbriectomía, desarrollada en 1935, que “incluye la colocación de una doble ligadura de seda cerca del extremo del oviducto y extirpación del extremo fimbrial” (Polo Bardales, 1997). En segundo lugar, menciona la técnica de Pomeroy, que fue aplicada al 39.78 % de las pacientes; “esta técnica se realiza tomando la trompa en su tercio medio, se perfora en un lugar avascular en el mesosalpinx adyacente al oviducto, separándose este en cerca de 2.5 centímetros y ligándose en forma proximal y distal con seda 0”.

La técnica más utilizada (60.22 %) fue la de fimbriectomía. El motivo, según explica el doctor Polo Bardales, pudo deberse “probablemente a la decisión personal del cirujano en el acto operatorio y/o limitaciones en cuanto a capacitación de los profesionales de cirujanos” (Polo Bardales, 1997)

En cuanto al tiempo de hospitalización, señala que el 96.77 % de las pacientes fueron hospitalizadas solo un día; el 1.08 %, dos días; el 0.54 %, tres días; y el 1.61 %, cuatro o más días.

En referencia a las complicaciones, Polo Bardales (1997) indica lo siguiente:

Las complicaciones en forma general representaron el 2.69 %, siendo este porcentaje un poco elevado comparado con lo encontrado en otros estudios en los que se alcanzó el 0.5 % y 0.6 % (9.2). No se encontró mortabilidad, coincidiendo con la escasa mortabilidad en este procedimiento de otros autores (26).

Cabe señalar que el anexo número 26 que señala el informe no se encuentra en el documento.

Respecto de la autorización del paciente para la intervención quirúrgica de esterilización, se explica esto en el documento:

 La mayoría de las historias clínicas presentaban la autorización para realizar la intervención quirúrgica (94 %), hecho remarcable teniendo en cuenta la responsabilidad legal que implica. Todo paciente que va a ser intervenido debe de ser informado previamente de los beneficios y riesgos que conlleva dicha intervención. (Polo Bardales, 1997)

Inmediatamente después, señala los anexos 5, 21 y 22; sin embargo, estos anexos no se encuentran adjuntos al documento.

 Acerca de los motivos que justifican estas campañas, el doctor Polo Bardales argumenta la multipariedad o el factor económico, el cual se señala como de “alto riesgo reproductivo”, a lo que se agrega que “lo encontrado es compatible con nuestra situación como país en vías de desarrollo”. Finalmente, refiriéndose a la autorización, apunta: “Hubo dos casos en que la indicación fue por enfermedad, y un caso por catarata congénita” (Polo Bardales, 1997).

El público objetivo para la realización de estas campañas fue determinado de acuerdo con la multipariedad y se concentró en mujeres que tenían más de cuatro hijos; sin embargo, como el mismo informe señala, la cirugía se aplicó a 38 mujeres que no cumplían con estas condiciones. El doctor Polo Bardales no especifica los motivos de las cirugías a mujeres que no estaban dentro del objetivo de la campaña. Se deduce que el dato “Sin registro” refiere a aquel grupo que no estaba contemplado en los objetivos de la campaña; sin embargo, no explica ni detalla este número de registro, así como tampoco se explaya en los motivos por los cuales existieron errores en las operaciones. En conclusión, no consta con verdadero detalle qué fue lo que ocurrió con estas mujeres y qué medidas se tomaron para su recuperación. Además, se operó a mujeres que tenían solo dos y tres hijos.

Del mismo modo, el informe tampoco detalla el rubro “no se indica”, con lo que se puede deducir que seis mujeres intervenidas pueden haber estado dentro del rubro de tres o menor número de hijos.

El informe del médico serumista en el año 1997 constituye una evidencia clara de los procedimientos que se realizaron en la población huancabambina. Existen varios puntos en el informe que requieren atención. Por ejemplo, la mención de las complicaciones que se dieron durante las operaciones (dos de cinco pacientes con lesión intestinal, además de casos de daños en la pared del útero y vejiga). La presencia de complicaciones confirma que muchos de los serumistas o especialistas en salud no estaban capacitados para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas. Se hace patente, además, la justificación de estas campañas, construida sobre el argumento de que el Perú era un país en vías de desarrollo en comparación con otros países de América Latina, como México y Chile, “donde existe libertad en el uso de la anticoncepción definitiva, siendo el número de hijos deseados menor que el nuestro, con tres o cuatro” (Polo Bardales, 1997). Es evidente que no se cumplió con las directrices que supuestamente el Minsa ordenaba, y un buen ejemplo de ello es que se haya esterilizado a mujeres que no se encontraban en el rubro de multipariedad (11 de las 186 mujeres no dieron su autorización, y cinco mujeres presentaron complicaciones durante la cirugía).

 Hay que tener en cuenta que el informe no coincide con el de Tamayo en cuanto al número de mujeres esterilizadas en Huancabamba en el año 1996. Preocupan, de todas maneras, los múltiples errores en la aplicación de las cirugías en el universo de pacientes del doctor Polo Bardales (186 personas), más aún si el informe de Tamayo es correcto (169 mujeres en el mes de setiembre), pues entonces nos encontramos con que el error era mucho mayor.

Año 1998 hasta hoy

Durante el año 1998, se llevó a cabo el mayor número de denuncias. Trece organizaciones de mujeres y feministas enviaron una carta abierta al presidente Alberto Fujimori demandando la eliminación de metas demográficas y del uso de la aplicación de AQV como método, la revisión del manual de procedimientos para estas intervenciones y el cambio del Minsa ( Jara, 2011, p. 5). Como prueba de las metas trazadas por el Gobierno, el diario El Comercio es el único que publica, en el mes de febrero del mismo año (1998), una fotografía de la Subregión de Salud de Huancavelica en la que se evidencian las cuotas de captación de pacientes de AQV, precisando que no habrá pago por ello por ser de carácter obligatorio ( Jara, 2011, p. 5). La respuesta a esta carta por parte del Minsa fue la Resolución Ministerial N.° 076-98-SA/E del mes de marzo de 1998, en la que solo se dan algunos cambios en los manuales de AQV y de consejería, como la inclusión del plazo de 72 horas de reflexión para los que opten por el método (Jara, 2011, p. 4). Al mes siguiente, en abril de 1998, el Colegio Médico recomendó al Minsa suspender las AQV por un plazo de 90 días para su revisión y evaluación; sin embargo, este pedido no fue atendido y ese mismo mes el viceministro Alejandro Aguinaga reconoció algunos errores en la aplicación de las AQV —de 145 000 intervenciones, 230 fueron denunciadas y cinco culminaron en decesos— y aseguró que los médicos implicados habían sido sancionados (Jara, 2011, p. 4).

Al año siguiente, en 1999, y tras varios informes y comunicados presentados por parte de organizaciones feministas en los que se exhortaba a los representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial a la investigación adecuada de las muertes de mujeres debido a las esterilizaciones, se presentaron recomendaciones ante las Naciones Unidas en las que se instaba a revisar el Manual de normas de procedimientos para actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (Jara, 2011, p. 5). Pese a ello, la investigación realizada por el Minsa a causa de la avalancha de denuncias rechaza la existencia de un programa de esterilización masiva de carácter coercitivo. Sin embargo, reconoce, en algunos casos, la existencia de metas, insuficiente información, falta de condiciones para realizar las intervenciones quirúrgicas apropiadas y ausencia de un seguimiento postoperatorio (Jara, 2011, p. 4)

Durante 1998 y 2003, organizaciones feministas como Demus, Cladem, Aprodeh, Cejil y CRR se encargaron de hacer seguimientos a las denuncias. En 1999 se publica el reporte Nada Personal, investigación del Cladem, y se presenta la primera demanda por la muerte de María Mamérita Mestanza, quien falleció días después de la intervención quirúrgica. En 2001 se abre la investigación encargada por la Subcomisión dirigida por el Congresista Héctor Chávez Chuchón. En 2002, el congresista presenta la Denuncia Constitucional N.º 151 contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, por el delito de genocidio y otros. También lo presentó, a la par, ante la Fiscalía de la Nación. En el año 2003, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, el Estado peruano llega a un acuerdo de indemnización con la familia de una de las mujeres víctimas: Mamérita Mestanza Chávez, comprometiéndose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar y sancionar a los responsables:

El Estado peruano admitió responsabilidad internacional por los hechos descritos y se comprometió a adoptar medidas de reparación material y moral por el daño sufrido e impulsar una exhaustiva investigación, tendiente a la sanción de los responsables en el fuero común, así como a adoptar medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.´

A pesar de que el Estado peruano reconoció su responsabilidad respecto de las campañas de esterilización y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables ante la CIDH y que al siguiente año se conformó la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Amaef ) en Cusco, durante más de ocho años no hubo ningún proceso penal de carácter general o específico que respaldara las denuncias presentadas desde la sociedad civil y la Defensoría por los delitos de genocidio y de lesa humanidad formuladas contra Alberto Fujimori y sus tres exministros de Salud, ya que, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), dichos delitos no calificaron como tales35. El Ministerio Público, en el año 2009, archivó definitivamente las denuncias por las esterilizaciones de miles de mujeres. El cierre del caso demostró la impunidad de los responsables de este hecho, que implicó la violación de los derechos humanos de mujeres —especialmente pobres y de las zonas rurales y urbanas marginales— desde una política pública estatal como la de aplicación de AQV.

En 2011, el Perú se enfrentó a su pasado histórico e hizo un ejercicio de memoria durante las elecciones presidenciales. En plena segunda vuelta electoral, los candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, y Ollanta Humala, jugaron sus mejores cartas para persuadir a un dividido y confundido país. Al llegar a la segunda vuelta y durante el debate de 2011, Humala cuestionó a Keiko por llevar en su equipo de campaña a Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y principal ejecutor de las campañas de esterilización en 1996. Durante el debate, Keiko no supo cómo defenderse: “Con referencia a las esterilizaciones, el doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado y no se le ha encontrado culpable de ninguna manera”. Ollanta Humala le recordó a los televidentes que Keiko Fujimori fue primera dama de la dictadura por seis años: “Cuando usted fue la primera dama, se esterilizaron a más de 300 000 mujeres indígenas. Usted no era una niña”.

 Me atrevería a afirmar que Ollanta Humala situó la balanza a su favor al recordarle al país que el padre de Keiko, Alberto Fujimori, fue el responsable directo de las campañas de esterilización masiva. Humala, además, durante el debate, se comprometió a reparar a las víctimas, colocando el tema como uno urgente en su nueva agenda presidencial de “inclusión social”.

Más adelante, Keiko Fujimori pidió disculpas en el último mitin que realizó en el departamento de San Martín:

Si es que ha habido excesos por parte de algunos profesionales, yo los rechazo tajantemente, yo por supuesto que ofrezco mis disculpas (…), en todo caso, a esta señora (…) si es que se le ha practicado la esterilización en contra de su voluntad, pero por supuesto lo rechazo y lo condeno.

El 10 de abril de 2011, Ollanta Humala ganó las elecciones presidenciales con un ajustado 52 % frente a al 47.4 % de su rival, Keiko Fujimori. La investigación del caso de las esterilizaciones se mantuvo cerrada hasta el 26 de octubre de 2011, cuando se realizó la junta entre los miembros de la CIDH, el Estado peruano y las representantes de Mamérita Mestanza Chávez, en el marco del 143.° Periodo Ordinario de Sesiones. Durante esta reunión, el Estado dispuso la reapertura de las investigaciones por la esterilización forzada de Mamérita Mestanza Chávez y las demás mujeres que en aquella época fueron víctimas de esta política. Además, reconoció que estos hechos constituyen delitos de lesa humanidad. La investigación fue encargada a la Fiscalía Supraprovincial Penal y al fiscal de la nación José Antonio Bardales.

De este modo, en el mes de noviembre de 2012, el Juzgado Nacional decidió reabrir la investigación de las mujeres afectadas por las campañas de esterilizaciones. El proceso de las esterilizaciones volvió a generar noticia en el Perú como consecuencia de la presión que ejercieron sobre el Estado peruano la CIDH y los organismos feministas y de derechos humanos durante estos años. De esa manera, se reabrió el caso considerando los delitos como de lesa humanidad y ya no como delitos comunes37. El proceso fue reabierto contra Alejandro Aguinaga —congresista entre 2011 y 2016, y ministro de Salud durante las campañas de esterilización— y ocho exfuncionarios del Minsa, entre ellos Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Jorge Parra Vergara y Ulises Parra Aguilar, además de otros involucrados.

Es probable que el presidente Ollanta Humala haya sido el único en volcar un interés serio en el asunto de la reparación a las víctimas de las esterilizaciones. En los primeros meses de su mandato, Humala solicitó un informe de reparación a las víctimas que nunca fue publicado a pesar de estar listo desde el mes de abril de 201238. El informe, a cargo de un equipo de psicólogas, antropólogos y especialistas en temas de derechos reproductivos, contenía un estudio detallado con las recomendaciones para la reparación de las víctimas. Sin embargo, al cambiarse a la ministra de Promudeh, Aída García Naranjo, del Partido Socialista del Perú, por Ana Jara Velásquez, del Partido Nacionalista Peruano —partido al que pertenecía el presidente Humala—, el informe no fue presentado a la sociedad civil.

Entre 2012 y 2016, el caso se abrió y cerró dos veces: en noviembre de 2012, la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima reabrió el caso; en enero de 2014, la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial archivó los casos; en mayo de 2015, el caso fue reabierto, y luego archivado definitivamente por la fiscal Marcelita Gutiérrez en diciembre de 2016. Cabe mencionar que Humala creó un registro único de víctimas, el Reviesfo, el 4 de diciembre de 2015.

El 6 de febrero de 2021 marcó un hecho trascendental en la historia de las esterilizaciones: por primera vez, después de 25 años, las víctimas son incluidas en la Ley Integral de Reparaciones-PIR.

Después de que la fiscal Marcelita Gutiérrez decidiera archivar la acusación planteada por las esterilizaciones y se cerrara el caso el 7 de diciembre de 2016, y luego de un aparente silencio por parte de las víctimas de las esterilizaciones, en el año 2021 ocurrió un hito histórico para el caso de las esterilizaciones y la búsqueda la justicia por parte de las víctimas. Esto ocurrió gracias a que en el año 2018 la Fiscalía presentó una nueva acusación y, a pesar de que los acusados intentaron nuevamente archivar el caso, el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud el día 27 de octubre de 2019. A partir de entonces se decidió la apertura o el archivamiento del proceso judicial y se estableció una nueva fecha para la audiencia: el día 11 de enero de 2021. No obstante, debido al confinamiento en el Perú por la COVID-19, se postergó la audiencia. Es así que la fecha se cambió para el 11 de enero de 2021. Y tras una larga espera por parte de las víctimas, por fin se reabrió el caso.

La cita para la audiencia se realizó a través de la plataforma digital Zoom y, a diferencia de otras audiencias del caso, fue difundida por el canal del Poder Judicial a nivel nacional. Durante la audiencia, grande fue la sorpresa para las víctimas cuando el juez Rafael Martin Martínez decidió anular la audiencia sin fijar una nueva fecha. Según el juez, “no se habían conseguido los intérpretes específicos para las variantes idiomáticas quechuas de las afectadas indígenas”

Esto hecho creó indignación entre las víctimas y los organismos que acompañan la causa. Al día siguiente, en redes sociales se inició un nuevo movimiento de parte de los grupos que tras largos años han acompañado a las víctimas. En Facebook, el grupo Somos 2074 y Muchas Más convocó a diferentes organizaciones, así como a la ciudadanía en general, para exigir al juez Rafael Martin fijar una nueva fecha para la continuación del caso. El 16 de enero publicaron en la página del Facebook una nota de prensa firmada por la Asociación de Mujeres Afectadas por la Esterilizaciones Forzadas (Amaef ), Gref y Somos 2074 y Muchas Más.

El 18 de enero la página le exige al juez Rafael Martin fijar una fecha para continuar con el caso de las denuncias. Esta publicación fue compartida 31 veces.

Conforme pasaron los días, el llamado a la acción de parte de las redes sociales exigió establecer un nuevo día y hora para la audiencia. Desde la página Somos 2074 y Muchas Más, el día 21 de enero se convocó a un “banderolazo” frente al Poder Judicial, el parque Kennedy (Lima), el Palacio de Justicia, el Real Plaza Salaverry y la plaza Mayor de Barranco, el Palacio de Justicia (Cusco). Debido al confinamiento por la COVID-19, asistieron a estas convocatorias algunas activistas y representantes de organizaciones como Demus. Nuevamente, participaron jóvenes organizaciones y activistas como Somos 2074 y Muchas Más, Gref y Paro Internacional de MujeresPerú. Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco), Amaef y Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas realizaron “banderolazos” en el Palacio de Justicia, el Real Plaza Salaverry, el parque Kennedy y la plaza Mayor de Barranco y el Palacio de Justicia (Cusco). Seguido de eso, la página organizó foros virtuales con diferentes representantes de organizaciones feministas y activistas defensoras de los derechos humanos. Este foro, titulado “Deuda histórica: esterilizaciones forzadas y derecho a reparación integral”, fue compartido 55 veces y se realizó el 18 de enero.

Puede que esta presión mediática originara que el juez estableciera una nueva fecha para la audiencia. El 1 de marzo de 2021 se decidió en la audiencia si Fujimori y sus exministros y otros miembros cómplices del Gobierno deberían ser juzgados por el caso de las esterilizaciones forzadas. Junto a ello, el día 8 de febrero de 2021, el presidente Sagasti modificó la Ley de Reparaciones de Víctimas de Violencia Sexual-PIR e incluyó a las víctimas de las esterilizaciones.

Esta reparación cambia el rumbo de estos 25 años de búsqueda de justicia por parte de las víctimas. Si bien esta modificación de la ley se consiguió gracias a la excongresista Tania Pariona y fue sustentada por la titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, las alertas creadas desde la página Somos 2074 y Muchas Más, que exigieron al presidente del Perú modificar la Ley PIR, podrían haber impulsado la presión en redes y la atención por parte de la ciudadanía para que se logre esta modificación. La estrategia utilizada por Somos 2074 y Muchas Más consistió en publicar alertas en la página conforme se iba acercando la fecha de la revisión de la ley, que, finalmente, se consiguió.