La verdad efectiva de las cosas

Escrito por Imagen: Andina.pe Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021

La derecha arremete contra el presidente Castillo, imponiendo con algo de éxito la idea de que personifica el inicio de todos los males. La cual, por cierto, es falsa. Y lo es  porque lo que busca “denunciar” como “comunista” no es nada ajeno ni lejano a las premisas que, por ejemplo, usaron los europeos para su reconstrucción, luego de la segunda guerra mundial.

El Estado de bienestar -entendido como una entidad que busca componer equilibrios sociales y políticos porque, como dijo Keynes, no son atributos del sistema-, se impuso casi “naturalmente” entonces, producto del derrumbe de las “grandes historias nacionales” que habían impulsado los proyectos nacionales. Pero la regulación de las relaciones sociales -que abarcaba los sistemas de cuidados, atención a las remuneraciones laborales, procesos educativos de calidad, jubilación digna, etc.- tanto como las interestatales que caracterizaron al walfare state no fue, contra lo que habitualmente se cree, algo pensado o planificado; por el contrario, tomó forma en la constante combinación de las propuestas socialdemócratas y democristianas.

En pocas palabras, hay que subrayar esto, fue un producto esencialmente político que debía evitar la vuelta de la catástrofe. Ya sabemos, entonces, cómo fue delineándose el ideal del “nunca más”.        

Fue así porque hubo la lucidez suficiente como para persuadirse que las democracias sólo podían recuperarse abordando frontalmente la cuestión de la “condición de las personas”. Como Thomas Carlyle había expresado ciento cincuenta años antes, según nos recordó Tony Judt: “si algo no se hace, ese algo se hará por sí solo algún día, y de una manera que no agradará a nadie”.

Lamentablemente, [el presidente Castillo] al escoger sus “batallas” prefirió enfilar contra genéricos molinos de viento –“los caviares”, “los corruptos” y demás- mientras que la derecha -económica, política y social- aprovechaba todas las circunstancias a su alcance para buscar quitarle los poquísimos basamentos desde los cuales podía organizar su estabilidad para el cambio. Es decir, buscó imponerse con una “victoria” ideológica sin intentar impactar positivamente en las expectativas de las personas, los ciudadanos, quienes debían darle la legitimidad que necesitaba.

Es falsa también porque a lo largo de estos veinte años nuestra democracia evidenció, cada vez con mayor nitidez, todas las ineficiencias, errores y limitaciones que se le achacan al recién instalado gobierno, sin que en esas ocasiones se diera el atronador griterío que tenemos ahora desde los grandes medios de comunicación.

Salvo, tal vez, en los meses previos al inicio de la administración del expresidente Humala (¿se acuerdan?) en el 2011, durante la primera vuelta electoral del 2006 y también, ironías de la vida, el tiempo transcurrido entre Semana Santa y el anuncio del impresionante paquetazo económico en 1990, cuando la derecha peruana se persuadió que Fujimori padre era, finalmente, uno de los suyos, cuando sólo semanas atrás organizaba marchas y caravanas automovilísticas contra el “peligro amarillo”.

En suma, la derecha peruana siempre ha sentido que puede expresar abiertamente su racismo y sentido excluyente, cada vez que la ocasión lo amerita. A propósito, podemos tener nuestras opiniones propias sobre la performance pública de personas como el profesor Héctor Béjar. Lo que es inaceptable es la estigmatización por supuestas condiciones atribuidas a su persona y por declaraciones extraídas de contexto si no groseramente manipuladas, no por la evaluación del desempeño en sus funciones: a Héctor Béjar lo obligaron a renunciar a la Cancillería porque sus enemigos lo consideran “comunista” y no por lo que hiciera en su cargo público que, dicho sea de paso, simplemente no podía hacerlo con dos semanas en Torre Tagle y sin haber expuesto su plan de trabajo ante el Congreso, cuya mayoría de integrantes impulsó alegremente su retiro.

Sobre ello, y como paréntesis, ¿tendremos algún día una ley que criminalice explícitamente la apología del racismo? Porque, a decir verdad, hace tanto daño como el terrorismo y, por añadidura, la doctrina lo considera una indudable expresión de odio. En esto, consideremos que la Unión Europea tiene una norma sobre la materia desde 1996.

En esa línea, también es muy bueno recordar el final del “gobierno de lujo”, presidido por PPK, el único que soportó la distinción de nuestra rancia derecha: en dos años fue carcomido por la corrupción, los malos manejos y las insuperables contradicciones ñoñas dentro de ella misma. 

Entonces, seamos claros, estamos ante el resultado de un proceso democrático fallido y no en la inauguración de un mal gobierno a priori, solo por el hecho de ser de izquierda.

Aun así, una debida valoración no debe suponer solamente los aspectos formales de un modelo democrático como si adquirieran sentido por sí mismos. Para bien o para mal, las democracias funcionan en gran medida si los ciudadanos que están inmersos en sus reglas y procedimientos se sienten relativamente satisfechos. En esa línea, sabemos lo que pasa cuando los ciudadanos sienten que son puestos de lado: se indignan por ese “olvido” y eso fue lo que vimos en junio, durante la segunda vuelta electoral.

Sin embargo, frecuentemente obviamos que esa indignación hace que se vuelvan contra la tradición y los supuestos valores que puede conllevar la democracia y toman forma, para decirlo en términos religiosos, como herejías, apostasías y falsos mesianismos.

Allí está el otro lado del desafío político actual.  Tenemos la libertad de construir nuestras burbujas con nuestros propios pánicos, aversiones y traumas para así generar el aliciente subjetivo necesario que la sociedad no nos provee. En otras palabras, siempre vamos a alimentar el relato autocomplaciente y solo dándonos mínimos elementos de control impediremos que el deseo personal termine inundando nuestros actos.

Posiblemente ésta sea la enorme lección que nos deja la famosa “marea roja” que inundó la política de América Latina entre 1999, cuando Hugo Chávez asume por primera vez la presidencia de Venezuela, hasta el 2016, cuando Fidel Castro muere en La Habana, a los 90 años. Una izquierda que gobernó a través de “hombres fuertes” no va más, salvo para circunstancias muy específicas y limitadas en el tiempo, en gran medida por el poco o nulo esfuerzo que se hizo para institucionalizar la democracia, entendida como mecanismos de control, balance y vías efectivas de participación ciudadana.

La verdad está afuera, sigue ahí afuera

Contra lo que propugna la derecha, la definición ideológica no es mala sino imprescindible para ordenar las cosas y conducirlas hacia objetivos establecidos. Sin embargo, entre nosotros, la realidad externa sigue allí, impermeable a la burbuja ideológica con la que ha buscado domarla el flamante gobierno del presidente Castillo.

En esa línea, sabíamos que el mandatario iniciaba su gestión en una situación políticamente más débil que la de sus antecesores, lo cual indicaba que debía prestarse extremo cuidado a su posición de arranque. Aun así, mantenía la ventaja táctica de decidir dónde y cuándo plantear las “batallas” iniciales y así ganar tal vez pocos, pero decisivos y necesarios espacios de maniobra en la primera semana.

Lamentablemente, al escoger sus “batallas” prefirió enfilar contra genéricos molinos de viento –“los caviares”, “los corruptos” y demás- mientras que la derecha -económica, política y social- aprovechaba todas las circunstancias a su alcance para buscar quitarle los poquísimos basamentos desde los cuales podía organizar su estabilidad para el cambio. Es decir, buscó imponerse con una “victoria” ideológica sin intentar impactar positivamente en las expectativas de las personas, los ciudadanos, quienes debían darle la legitimidad que necesitaba.

En otras palabras, se condujo en términos principistas, buscando que sus actos reflejaran una “justicia” que, como podríamos deducir de su recuento histórico en el Mensaje a la Nación de 28 de julio, los peruanos y peruanas esperábamos por siglos: “Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos”.

Si somos indulgentes, no estuvieron mal las formulaciones metafóricas. Se suponía que, bajo nuevos acuerdos, empezaríamos a superar las pulsiones de manada y los lazos tribales nepotistas que nos caracterizan como país, para aprender a vivir juntos por igual. Pero, metros más allá de los buenos deseos, tenemos el territorio en el que habitan los peruanos y peruanas de carne y hueso, informales, sin aspirar a la salud y, en el mejor de los casos, a una educación menos que mediocre, que reciben cotidianamente golpes en nombre de la derecha como de la izquierda y demás lados del espectro político. 

Tal vez haya que abrir más los ojos, para traducir esta demanda en una acción de justicia realmente sentida, sin que importe tanto el color del envoltorio. Posiblemente ésta sea la enorme lección que nos deja la famosa “marea roja” que inundó la política de América Latina entre 1999, cuando Hugo Chávez asume por primera vez la presidencia de Venezuela, hasta el 2016, cuando Fidel Castro muere en La Habana, a los 90 años. Una izquierda que gobernó a través de “hombres fuertes” no va más, salvo para circunstancias muy específicas y limitadas en el tiempo, en gran medida por el poco o nulo esfuerzo que se hizo para institucionalizar la democracia, entendida como mecanismos de control, balance y vías efectivas de participación ciudadana. 

¿Qué nos importa la revolución?

Así, un aspecto puntual de la noción imperante de institucionalidad remite a la efectividad de la decisión política que es intermediada por la burocracia, el medio fundamental para materializar la voluntad del gobernante. A diferencia de los hombres fuertes de la izquierda latinoamericana, esta fórmula simple pero imprescindible para gobernar, fue problematizada y leída de forma coherente a sus visiones por la tecnocracia que aún hegemoniza las decisiones en nuestra región latinoamericana: la enorme debilidad institucional explica la ineficiencia que causa el desperdicio de recursos, la captura del aparato estatal por grupos de interés y la amplia exposición a factores exógenos. A renglón seguido, como resultado, está el desencanto y la molestia de los ciudadanos.

¿Qué vuelven a “descubrir” estos espacios multilaterales que promueven el desarrollo tecnocrático, desde los ODS? Primero, que la política importa, porque las desigualdades en la región han arraigado una formulación de políticas a favor de intereses privados y no del interés público. En segundo lugar, incluso cuando las políticas públicas sean correctas, su implementación a menudo sigue siendo superficial y no logran traducirse en resultados que espera la población ni la generación de los cambios que se necesitan. Las causas pueden ser normas informales que contrarrestan las instituciones formales, una capacidad administrativa débil, una resistencia a la implementación efectiva, soluciones copiadas de otro país sin tener en cuenta el contexto, la falta de funcionarios o de liderazgo adecuadamente capacitado.

Es decir, estos importantes nudos -y otros más, seguramente-, que necesitan resolverse para obtener reales resultados desde la decisión política, no pueden atacarse con el simple expediente de la buena y justa voluntad. Tampoco eligiendo por “cupos” a los que van a acompañar al presidente de la República en el gobierno del país. Menos aún, cuando se cree que los resultados se van a obtener con ministros, viceministros y directores generales que sintonizan con el conductor del Ejecutivo -sin importar sus cualidades- cuando detrás de ellos hay un mar de personas vinculadas laboralmente al Estado por decenas de tipos de contratos, sin mayor identificación con los que gobiernan y que son los que dan la cara a los ciudadanos cotidianamente.

A estas alturas, en suma, el gobierno del presidente Castillo debiera estar convencido que la fantasía a la que nos invitó a participar – una sociedad peruana entendida como un todo orgánico, que puede mantenerse unida gracias a las fuerzas de la solidaridad y la cooperación que nos es alcanzada por una visión de izquierda- no arraigó. Simplemente, el discurso oficial no persuade ni hace que los peruanos y peruanas supongamos que cambiar las cosas produce un beneficio si no inmediato al menos de corto plazo y es, por tanto, un costo que debiéramos asumir. En su lugar, ante el fracaso de armar una fantasía que amortigüe el impacto de la realidad, ha dejado expuesta la posible pesadilla de su falta de decisiones. Esto es lo que debe revertirse, para seguir soñando con una izquierda que enrumbe al país a cotas más altas de justicia social.

Sobre el autor o autora

Eduardo Toche
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO. Coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO “Neoliberalismo, desarrollo y políticas públicas”, Perú

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