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En educación tenemos enormes desafíos. Ya teníamos un sistema escolar deficiente y marcado fuertemente por la desigualdad, la segregación, el centralismo, la falta de pertinencia y de relevancia frente a la diversidad de contextos territoriales, sociales, culturales y lingüísticos, el maltrato de los docentes, la corrupción, y otros problemas. La pandemia ha sumado obstáculos, agravado algunos problemas y develado otros.

Teníamos estudiantes que abandonaban las escuelas sin terminar la educación secundaria, y ahora son más. Teníamos alumnos que accedían a pocas y malas oportunidades para el aprendizaje escolar, y ahora son muchos más. Teníamos muchos niños, niñas y adolescentes que no lograban lo esperado en lectura, matemática, ciencias y cívica, y ahora han aumentado. Teníamos problemas en el aprendizaje de la convivencia solidaria y la cohesión social, y ahora la situación es peor. Teníamos dificultades para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y esas dificultades han empeorado. La pandemia ha sido y es un desastre para la educación escolar: los más golpeados son los estudiantes, y entre ellos los pobres y los vulnerables.

Por todo ello -y más- se justifica declarar en emergencia el sistema educativo. Es necesario identificar los problemas más graves, aquellos que demandan una intervención inmediata y eficaz; y es clave que se formulen correctamente las políticas, acciones, medidas y criterios de financiamiento que se aplicarán en el período de vigencia de la emergencia, que por definición no puede ser muy largo. Se trata de una acción urgente para evitar más daños, cuidar a los afectados, recuperar a los excluidos, nivelar a los rezagados, asegurar el bienestar de todos y todas. Es necesario reactivar gradualmente el intercambio presencial en las aulas, pero no de manera aislada, sino como parte de una estrategia integral de movilización nacional por la continuidad de la educación escolar.

En el marco de la pandemia, cuya finalización es impredecible, el debate sobre regresar o no a las aulas de manera presencial o “semipresencial”, responde a una mirada incompleta y superficial del problema. La enseñanza y el aprendizaje tradicional en las aulas escolares, con sus posibilidades y también sus múltiples deficiencias y desigualdades, es solo una parte del complejo proceso educativo de las personas, que ocurre en muchos espacios y medios y a lo largo de toda la vida. La educación, es preciso recordarlo, nunca se detiene; involucra a la familia, a la comunidad, el espacio urbano o rural, los medios de comunicación, el internet, los dispositivos digitales, los libros y varias instituciones de la sociedad contemporánea. La educación escolar también se realiza en diversos espacios y por distintos medios.

Al menos por un tiempo, el local escolar deberá ser considerado como un recurso que complementa la actividad educativa realizada en otros espacios y por otros medios, al revés de lo que sucedía en el pasado. Más importante que el posible retorno seguro, gradual, parcial y flexible a los locales escolares, es el fortalecimiento del programa Aprendo en Casa y su conversión en una plataforma de educación a distancia interactiva, segura, permanente y amable, que enriquezca sus contenidos, amplíe y diversifique los medios de su propagación.

En abril de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria y la inmovilización de la población, se cerraron las escuelas, pero se abrieron nuevos canales de distribución de la enseñanza escolar por medio de internet, televisión y radio. El programa “Aprendo en Casa” activó a los docentes y estudiantes en espacios de comunicación alternativos a las aulas y se desarrollaron procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia. Sin duda, también surgieron nuevas dificultades y se evidenciaron nuevas barreras que generaron más exclusión y discriminaciones en el acceso a oportunidades para aprender.

La educación escolar pudo continuar gracias al compromiso de los docentes y al apoyo cotidiano de los padres de familia, la voluntad de los propios estudiantes, el esfuerzo extraordinario de equipos del MINEDU y la colaboración de los distintos estamentos del Estado, algunos medios de comunicación, empresas y diversas organizaciones de la sociedad. Se distribuyeron textos y materiales educativos en todo el país, y tabletas en gran parte del territorio nacional; en muchos lugares se generaron iniciativas de apoyo a los docentes y experiencias de voluntariado juvenil para ayudar a los estudiantes a continuar en su proceso escolar. Al mismo tiempo, en algunas localidades se reforzaron las actividades de educación comunitaria en torno a la cultura productiva y los saberes locales. Por todo el país surgieron ejemplos de creatividad y esmero de los profesores para superar las barreras, en base a la organización social y al uso de tecnologías apropiadas y de bajo costo.

Sin embargo, habiendo transcurrido más de un año y medio desde la suspensión de actividades en las aulas escolares, tanto el Ministerio de Educación como organizaciones especializadas y expertos coinciden en señalar que los esfuerzos desplegados para la enseñanza a distancia, la educación familiar y la comunitaria, no han logrado evitar una profundización de las deficiencias y un aumento de las desigualdades en el acceso, en la calidad de los procesos y el nivel de los resultados de la educación escolar. Si bien carecemos de mediciones y estimaciones cuantitativas confiables, la información agregada que proviene de docentes y autoridades regionales confirma que estamos frente a un aumento de la exclusión y el atraso escolar, una reducción de oportunidades y de logros de aprendizaje, y un empeoramiento de las desigualdades educativas preexistentes.

El retorno seguro, progresivo y flexible a las aulas escolares es un camino necesario, pero no es suficiente, ni es el único. Se debe avanzar en la modalidad semipresencial, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan; pero es inviable en el corto plazo para muchas escuelas -dadas las condiciones de la infraestructura escolar y otras debilidades- y allí donde sea factible la reapertura no podrá implementarse en formas iguales ni similares a las que prevalecían antes del inicio de la pandemia. La situación crítica de la gran mayoría de los locales escolares ya era un grave problema desde antes de la emergencia sanitaria; ahora han quedado en mayor evidencia, además, las debilidades organizativas, la escasez de personal administrativo y de servicio y las múltiples carencias en cuanto a equipamiento y recursos de las instituciones educativas estatales.

También existen problemas externos al sistema educativo que limitan las posibilidades de retorno presencial de los estudiantes a los locales escolares: en primer lugar, la precariedad y las deficiencias de los servicios de la salud pública peruana, que es incapaz de garantizar una atención preventiva, la detección oportuna de casos y brotes de la epidemia, el seguimiento de contactos, el cerco epidemiológico, y el tratamiento eficaz y satisfactorio de todos los enfermos que podrían aparecer en las escuelas y sus entornos como consecuencia de una tercera ola de la pandemia. El riesgo de colapso del sistema persiste.

Un segundo factor estructural ajeno al sistema educativo que genera graves riesgos de contagio para los escolares y docentes en áreas urbanas es la pésima calidad del transporte público en las ciudades. En los casos de Lima y otras ciudades medianas o grandes el problema se agrava porque muchos estudiantes están matriculados en instituciones educativas ubicadas en lugares distantes de sus domicilios, y en consecuencia tendrían que hacer uso del transporte público para trasladarse hasta sus escuelas, de ida y de regreso, exponiéndose diariamente al contagio. Tanto las deficiencias del transporte público como las de los servicios de salud, responden a condiciones estructurales del país, que no se podrán mejorar en el corto plazo; es poco lo que se puede hacer al respecto durante el período de vigencia de la declaración de emergencia de la educación.

Por lo dicho, la estrategia urgente del Estado para enfrentar la aguda situación de los aprendizajes escolares y los derechos integrales de los niños, niñas y adolescentes, no se puede focalizar únicamente en el retorno a las aulas. Es necesario adoptar -al menos para la emergencia, pero ojalá de manera permanente-, un nuevo enfoque que implica movilizar todas las voluntades, activar todas las capacidades y aprovechar todos los recursos disponibles hoy en día en el sistema educativo, en el Estado y en la sociedad, en el sector público y el sector privado, en las comunidades, en los hogares, en las organizaciones no gubernamentales, en las iglesias y en las fuerzas militares, y en la cooperación internacional. Se requiere de un liderazgo fuerte, motivador y eficaz para convocar al país a realizar el plan de emergencia educativa todos juntos, como una campaña extraordinaria y sostenida, aprovechando al máximo las energías y capacidades humanas, todos los espacios y los medios existentes en el Perú, para educar y educarnos.

El retorno seguro, progresivo y flexible a las aulas escolares es un camino necesario, pero no es suficiente, ni es el único. Se debe avanzar en la modalidad semipresencial, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan; pero es inviable en el corto plazo para muchas escuelas -dadas las condiciones de la infraestructura escolar y otras debilidades- y allí donde sea factible la reapertura no podrá implementarse en formas iguales ni similares a las que prevalecían antes del inicio de la pandemia.

El primer componente de la estrategia sería la movilización excepcional de todas las voluntades, un factor subjetivo que es crucial para dotar de energía humana y eficacia a la acción de emergencia. Las capacidades y los recursos disponibles, por sí solos, son inútiles o muy poco efectivos cuando no existen el deseo y el compromiso afectivo y ético de los involucrados con la realización plena de los objetivos asumidos en conjunto. No basta con saber cómo hacer, y tener los medios para realizar bien una tarea desafiante; es indispensable querer hacerlo con dedicación y esmero para lograr un buen resultado. Tales voluntades individuales y sociales se despliegan en situaciones especiales, ya sea para la superación de desastres o para la consecución de objetivos muy relevantes, cuando son convocadas y motivadas por liderazgos claros y confiables.

Frente a la emergencia educativa, la primera fuente de energía -pero no la única- es la voluntad de los actores directos y protagónicos de la enseñanza y el aprendizaje: los estudiantes, los docentes y las familias. La autoestima de los niños, niñas y adolescentes, su motivación por aprender, la convicción de que pueden lograr sus metas y su disposición a cooperar, es de la mayor importancia. El compromiso personal y profesional de los docentes con la calidad y con los resultados de su tarea colectiva como educadores es esencial. El deseo de las familias de que sus hijos se eduquen y su seguridad de que pueden lograr lo que se propongan, así como su disposición a apoyarlos en el proceso, también es fundamental. El compromiso de estos primeros actores se puede lograr mediante aquello que Juan Carlos Tedesco llamaba “políticas de subjetividad”.

Otras voluntades que pueden y deben ser movilizadas para enfrentar la emergencia educativa son los jóvenes, organizados en brigadas de apoyo a los estudiantes, en coordinación con docentes y directivos de las escuelas; los líderes y las organizaciones de las comunidades; los gobiernos locales, con el liderazgo de sus alcaldes; las empresas y organizaciones no gubernamentales, con sus recursos y la participación de su personal; las iglesias y los destacamentos de las fuerzas militares presentes en los territorios; la cooperación económica y técnica de organismos internacionales, entre otros. La emergencia educativa debería dar lugar a una gran movilización nacional, con el liderazgo del Ministerio de Educación y un frente amplio de aliados.

El segundo componente de la estrategia para la emergencia sería la activación de todas las capacidades disponibles, dentro y fuera de las escuelas. El nuevo enfoque tiene que definir a la educación como una tarea de todos, con todos y para todos, como la democracia misma. Y en la primera línea están las capacidades de los propios estudiantes, a quienes es necesario empoderar como aprendices autónomos y solidarios, que se auto educan colectivamente, mediante la cooperación y el acompañamiento mutuo. Cada grupo de aula o sección escolar se puede convertir en un sujeto colectivo, un organismo vivo que construye saberes, que cuida la continuidad educativa, el desarrollo integral y el bienestar de cada uno de sus integrantes, con el liderazgo de un docente tutor.

Están también las capacidades de los docentes y directivos de las instituciones educativas, que pueden responder a la convocatoria nacional motivadora y comprometedora, para convertir a cada escuela en un ayni educativo, en una comunidad que realiza el trabajo de enseñar y aprender, en un sujeto colectivo que coopera para ofrecer a todos sus estudiantes un trabajo articulado y de buena calidad, orientado al logro de los objetivos del currículo y las metas del proyecto institucional. La escuela no puede seguir siendo vista como un local contenedor de alumnos, al cual asisten los profesores para realizar la tarea rutinaria de enseñar. La gran mayoría de los docentes responderían con entusiasmo a una convocatoria extraordinaria, que respete su condición de profesionales y los invite a actuar como tales, asegurando el reconocimiento social y laboral que merecen por liderar la recuperación educativa.

Entre otras capacidades institucionales adicionales que se pueden activar destacan dos. En primer lugar, las Facultades y Escuelas Superiores de Educación, con sus docentes y estudiantes de últimos años, podrían asumir un rol activo de acompañamiento pedagógico a redes de escuelas pequeñas o vulnerables, en áreas urbanas y rurales, haciéndose responsables de promover mejoras, apoyar la implementación de innovaciones, contribuir a la solución de problemas y dificultades, apoyar a los docentes en el aula y complementar su labor con la atención diversificada a niños con necesidades especiales o con dificultades para el aprendizaje. En segundo lugar, muchos colegios privados consolidados y de buena calidad también podrían dedicar una parte de sus capacidades para hacerse cargo -como las Facultades y Escuelas Superiores- del acompañamiento y el apoyo a redes de escuelas pequeñas y vulnerables en zonas urbanas y rurales. De este modo, en la emergencia educativa, estas instituciones formadoras de docentes y colegios privados comprometidos con el país podrían complementar las tareas de supervisión y apoyo técnico de las UGEL, que no cuentan con todas las capacidades y recursos necesarios para llegar con eficiencia y eficacia a algunas de las instituciones educativas que corresponden a su jurisdicción.

El tercer componente de la estrategia para la emergencia educativa sería el aprovechamiento de todos los recursos disponibles para desarrollar las tareas de enseñar y aprender. Es recién en este componente donde aparece el uso educativo de las aulas y demás instalaciones de los locales escolares, que es solo una parte de los recursos de infraestructura, equipos y materiales aprovechables para los fines de la educación. En el nuevo enfoque, el local escolar es uno más de los espacios y recursos que pueden ser utilizados para la realización del proyecto educativo institucional y para que los estudiantes desarrollen las competencias y los valores previstos en el currículo nacional. La idea de “retornar” a las aulas, como en el pasado, se cambiaría ahora por disponer el mejor aprovechamiento posible del local escolar para los propósitos educativos, tomando en cuenta la salud de los estudiantes y de la población, así como las condiciones sanitarias del local y del contexto territorial.

Como se ha dicho, la mayoría de los locales escolares actualmente presentan serias deficiencias y carencias y deben ser reparados o completados con la instalación de servicios esenciales; están recibiendo mantenimiento y kits sanitarios, pero muchos aún arrastran problemas. Por su tamaño, condiciones materiales y también de accesibilidad, la situación de los locales escolares en el país es muy heterogénea; por ello, el Ministerio de Educación no puede tomar decisiones universales en lo que respecta a su uso. Esa decisión debe ser tomada en cada territorio y en cada institución educativa, en función de estándares e indicadores que ya están establecidos. Además, en el caso de cada local corresponde establecer qué se puede usar, cómo, con qué aforo, por cuánto tiempo, con qué precauciones; anticipando escenarios y peligros y previendo las acciones a realizar en caso de presentarse casos, brotes o situaciones no previstas.

Al menos por un tiempo, el local escolar deberá ser considerado como un recurso que complementa la actividad educativa realizada en otros espacios y por otros medios, al revés de lo que sucedía en el pasado. Más importante que el posible retorno seguro, gradual, parcial y flexible a los locales escolares, es el fortalecimiento del programa Aprendo en Casa y su conversión en una plataforma de educación a distancia interactiva, segura, permanente y amable, que enriquezca sus contenidos, amplíe y diversifique los medios de su propagación. Se debe seguir ampliando y mejorando la conectividad de internet, continuar la distribución de dispositivos digitales para el aprendizaje, fortalecer las capacidades de docentes, estudiantes y familias y promover su aprovechamiento educativo. Es necesario asignar un canal de televisión y una red radial de alcance nacional de manera exclusiva para este programa escolar a distancia; aumentar la existencia de centros de servicios digitales en los barrios y en lugares estratégicos de las zonas rurales; extender el servicio gratuito de internet en parques y otros lugares públicos, como ya viene sucediendo en algunos distritos. Estas y otras medidas podrían potenciar el alcance y la efectividad del programa Aprendo en Casa.

Además, existen muchos otros recursos educativos disponibles en las ciudades, en los centros poblados, en la comunidad rural, que pueden y deben ser aprovechados en la emergencia por los estudiantes, los equipos docentes, las familias, los educadores voluntarios y todos aquellos que quieran contribuir a los aprendizajes escolares, al desarrollo personal y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. El nuevo Programa “Aprendo en Comunidad” iniciado por el MINEDU involucra a actores locales en procesos educativos pertinentes, vinculados tanto a aprendizajes escolares como al desarrollo educativo complementario, para aprender a ejercer la ciudadanía en la comunidad y en el país. Se trata de una propuesta aún incipiente, pero con un gran potencial para contribuir a la movilización nacional de respuesta a la emergencia educativa, canalizando y propiciando aprendizajes contextualizados.

Por supuesto, además de la emergencia, es importante y necesario comprometer las voluntades de manera permanente, aumentar las capacidades, multiplicar los recursos y transformar el sistema educativo, para lograr atender y hacer realidad el derecho de todos y todas a aprender con calidad, inclusión, equidad, pertinencia, sin exclusiones y a lo largo de toda la vida; solo así se podrá conquistar la ciudadanía plena y universal que promete el Proyecto Educativo Nacional al 2036. La reforma de la educación también debe comenzar ahora, pero es un proceso que se realizará en el mediano y largo plazo, en tanto que la emergencia educativa demanda acciones urgentes e inmediatas, que permitan lograr resultados este mismo año y el próximo, para que ningún estudiante se quede afuera y para que nadie se quede atrás.