Escrito por Anthony Medina Rivas Plata Imagen: Andina.pe Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021

Un asunto poco discutido en torno a los problemas que enfrenta el nuevo gobierno de José Pedro Castillo Terrones es el efecto de no haber tenido un proceso regular de transferencia debido a su proclamación tardía luego de su victoria en la segunda vuelta electoral del pasado 06 de junio; algo sin precedentes en la historia de las elecciones en el Perú.

Sin duda se equivocaban quienes pensaban que, luego de las elecciones, los perdedores cerrarían rápidamente la fase de negación e invocarían al pueblo peruano a reconciliarse en nombre de una agenda mínima de unidad nacional frente a la pandemia del COVID-19. Por el contrario, luego de las elecciones más desiguales y reñidas de las últimas décadas, vino un interminable y agotador proceso de nulidades e impugnaciones electorales que sólo agudizaron más la confrontación y radicalización existente entre sectores opuestos de la sociedad peruana; generándole al Presidente Electo un desgaste de origen que, a diferencia de todos los anteriores, no sólo no le permitió tener un breve período de ‘luna de miel’ con la sociedad y los medios de comunicación, sino que ni siquiera se le permitió conformar un proceso de transición ordenado y coherente, con los efectos que venimos sintiendo hasta el día de hoy.

En ese sentido, Pedro Castillo es el primer Presidente de la historia contemporánea del Perú en no haber tenido un proceso de transferencia antes de asumir su mandato; como producto de las diversas maniobras dilatorias presentadas durante casi 40 días por el equipo legal de Fuerza Popular. Dichas nulidades e impugnaciones, cabe señalar, fueron reconocidas por el propio abogado del partido, Julio César Castiglioni, como inútiles para poder revertir el resultado final de las elecciones, y que la demora del proceso de transferencia ‘no era su problema’, como él mismo declaró en una entrevista. Es importante señalar esto, ya que parece que no terminamos de entender la importancia de la llamada ‘comisión de transferencia’: ese breve interín entre el fin de la segunda vuelta electoral y la asunción de mando de un nuevo Presidente el 28 de julio.

En primer lugar, debemos entender que una buena transferencia siempre contribuye a la sostenibilidad de corto plazo de todo gobierno entrante, mientras que una mala transferencia genera problemas que pueden extenderse hasta el muy largo plazo. Un ejemplo de buena transferencia fue la del año 2006, siendo que en su momento Alan García agradeció públicamente a Alejandro Toledo el ‘haber dejado todo en orden’ al momento de hacer entrega de la información requerida por el nuevo gobierno aprista 2006-2011; mientras que tanto Ollanta Humala como Pedro Pablo Kuczynski tuvieron entre un mes y un mes y medio para la conformación de sus respectivas comisiones de transferencia.

Debemos entender que una buena transferencia siempre contribuye a la sostenibilidad de corto plazo de todo gobierno entrante, mientras que una mala transferencia genera problemas que pueden extenderse hasta el muy largo plazo. Un ejemplo de buena transferencia fue la del año 2006, siendo que en su momento Alan García agradeció públicamente a Alejandro Toledo el ‘haber dejado todo en orden’ al momento de hacer entrega de la información requerida por el nuevo gobierno aprista 2006-2011; mientras que tanto Ollanta Humala como Pedro Pablo Kuczynski tuvieron entre un mes y un mes y medio para la conformación de sus respectivas comisiones de transferencia.

De igual manera, uno de los principales problemas que enfrentó la lucha antiterrorista en el Perú se debió precisamente a una mala transferencia. Gustavo Gorriti cuenta en su clásico libro sobre Sendero Luminoso que, en 1980, el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez dejó totalmente vacíos los archivos del Ministerio del Interior con el aparente objetivo de evitar que una posterior auditoría por parte de los civiles entrantes pueda meter en aprietos a más de un general saliente vinculado a actos de corrupción o similares.

El nuevo Ministro del Interior del segundo belaundismo, José María de la Jara, tuvo que lidiar con la emergente amenaza terrorista literalmente de cero en una época en la que disponer de un teléfono fijo en casa era un lujo que sólo podían tener unos pocos privilegiados; por lo que muchas de las malas interpretaciones iniciales del fenómeno senderista (abigeos, comunismo internacional, nueva guerrilla foquista, etc.) se debieron precisamente a no disponer de ningún tipo de información sobre lo que se venía produciendo en lo más profundo de nuestros Andes. Algunos de los efectos de esa mala transferencia los seguimos sintiendo hasta el día de hoy.

Quienes tienen alguna experiencia en comisiones de transferencia saben bien que, en una democracia sin partidos, éstas sirven no sólo como ejercicio burocrático para el procesamiento y generación de documentos de gestión para el nuevo gobierno; sino sobre todo como sistema de control de daños a la hora de separar la paja del trigo cuando llegan los viejos y nuevos colaboradores de campaña a solicitar algún tipo de retribución gubernamental como producto de sus servicios.

Si bien el perfil político de los ministros es indiscutible, haciendo normal que estos tengan que provenir de dentro de alguno de los círculos de confianza del Presidente Electo o del partido (con todas las limitaciones académicas y profesionales que esto puede implicar); quienes conforman ‘la memoria institucional’ que le da auténtica continuidad al proceso de gobierno son los viceministros, secretarios generales, directores y afines. Estos puestos son incluso más difíciles de asignar que los de los ministros, debido a que requieren un perfil técnico y de gestión muy alto, así como una trayectoria profesional lo más libre posible de conflictos de intereses.

Dado que el proceso de transferencia duró sólo ocho días, no hubo el tiempo suficiente para que los equipos de trabajo conformados puedan dar resultados concretos, a la vez que tampoco hubo tiempo para filtrar a varios malos elementos que siempre buscan colarse en la gestión de todo gobierno electo. Debido a los diversos escándalos generados por haber colocado a personas cuestionadas o poco preparadas en algunos altos cargos del Estado, el gobierno se ha vuelto reacio al momento de realizar las designaciones de buena parte de sus cuadros viceministeriales, con el retraso que esto genera en la formulación e implementación de las políticas públicas. Esta inexperiencia necesariamente exigía un proceso de aprendizaje que debió haberse dado (al menos parcialmente) durante el proceso de transferencia.

Dado que el proceso de transferencia duró sólo ocho días, no hubo el tiempo suficiente para que los equipos de trabajo conformados puedan dar resultados concretos, a la vez que tampoco hubo tiempo para filtrar a varios malos elementos que siempre buscan colarse en la gestión de todo gobierno electo. Debido a los diversos escándalos generados por haber colocado a personas cuestionadas o poco preparadas en algunos altos cargos del Estado, el gobierno se ha vuelto reacio al momento de realizar las designaciones de buena parte de sus cuadros viceministeriales, con el retraso que esto genera en la formulación e implementación de las políticas públicas. Esta inexperiencia necesariamente exigía un proceso de aprendizaje que debió haberse dado (al menos parcialmente) durante el proceso de transferencia.

Dado que las trabas al proceso de transferencia generaron la principal falla de origen con la que empieza la gestión de Castillo; ahora se entiende un poco más el dilema que enfrentan partidos como Perú Libre que llegan por primera vez a ocupar el gobierno central. Haciendo una comparación, los partidos políticos peruanos del siglo XX no sólo eran vehículos para la toma del poder a través de elecciones, sino que eran también centros de información a donde sus militantes iban a analizar la coyuntura nacional e internacional; a la vez que recibían línea ideológica sobre dichos temas en sus escuelas de formación.

Con todos los defectos que ampliamente conocemos de ellos, los partidos históricos/tradicionales formaban cuadros que podían insertarse en cualquier sector del Estado, desde los más ‘tecnocráticos’ como el Banco Central, hasta los más ‘de base’ como proyectos de construcción de carreteras o irrigaciones con participación campesina. Poco de eso existe el día de hoy, siendo los partidos políticos actuales desde agencias de empleo estable para gente con poco éxito en el sector privado (en el mejor de los casos) hasta franquicias para la multiplicación de dividendos de lobbies de todo pelaje u organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos (en el peor de ellos).

Salvo honrosas y personales excepciones, la norma hoy es la de ‘partidos casino’ y ‘partidos cascarón’ que dependen casi en su totalidad de invitados sin muchos escrúpulos ideológicos y que compran su puesto en la lista dependiendo de la cotización registrada por el mercado de encuestadoras en un momento determinado, cambiando de camiseta o cargo de postulación en cada nuevo período electoral. Todo esto genera un círculo vicioso difícil de revertir: Sabemos que todo gobierno requiere cuadros políticos con experiencia técnica ocupando cargos públicos, pero como en cada período electoral aparecen nuevos partidos políticos, no existen incentivos para que profesionales con amplia capacidad técnica se animen a militar en alguno de ellos; ya que después de todo, no vale la pena ‘quemarse’ por un partido si dentro de cinco años el elenco político será totalmente distinto al de hoy.

Como consecuencia de esto se genera lo que se suele llamar ‘el dilema del practicante’: tenemos políticos sin experiencia de gobierno porque nunca han gobernado, a la vez que se les prohíbe gobernar debido a su falta de experiencia. ¿Si la izquierda popular (hoy circunstancialmente representada por Pedro Castillo y Perú Libre) nunca ha ocupado el Gobierno Central, de dónde va a sacar cuadros políticos con capacidad técnica para copar el Estado y que además sean leales al proyecto político que fue electo en las urnas? Por eso es absurdo decir cosas como que ‘Cerrón ya ha cooptado el Estado’, o, peor aún, que ‘Cerrón ha vacado de facto a Castillo’; cuando en este momento ningún partido político existente en el Perú, ni tradicional ni nuevo, tiene la capacidad para poder lograr colocar por sí solo ni a la mitad de sus cuadros en puestos clave del Estado sin generar algún tipo de escándalo mediático.

Dado que se hizo poco o nada durante la transferencia, el gobierno avanza a tumbos como lo hubiera hecho cualquier otro que lograra ganar las elecciones bajo condiciones similares. En el actual entorno desfavorable y con presiones golpistas al acecho, se hace más urgente que nunca terminar ese aprendizaje y cubrir los puestos faltantes con gente capaz que pueda terminar de darle coherencia interna a las políticas del gobierno.