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El comunismo, ese nombre que encierra tantos miedos, fue condenado por la Iglesia Católica en el año 1891, cuando el papa León XIII señaló en la encíclica Rerum novarum fundadora de la doctrina social de la Iglesia, que los socialistas agitaban a los pueblos y obraban contra la justicia natural y la organización familiar. Este rechazo introdujo una nueva manera de hacer política de la mano con los gobiernos, particularmente autoritarios, interviniendo contra la libertad de creencias.

La Iglesia defendía sus privilegios capitalistas, criticando solamente los abusos y la avaricia de los potentados como causa de la pobreza y sufrimiento del proletariado. De tal forma quedó asociado el comunismo como invasor y perturbador del orden social, y la justicia contra opresores y revolucionarios, como el único medio para lograr la paz.

Después del triunfo de la facción comunista rusa en 1917 y en medio de la Gran guerra, la preocupación y desconfianza se incubaron en las coronas europeas. Washington no reconoció al nuevo gobierno, acusándolo de evadir las deudas del periodo zarista y el presidente Wilson envió más de cinco mil soldados para ayudar a las fuerzas antibolcheviques. Durante los crueles enfrentamientos raciales del Verano Rojo de Chicago el año 1919, que costaron la vida de 40 afroamericanos y los hogares de miles de personas, el joven J. Edgar Hoover (convencido de que los afroamericanos no tenían la capacidad intelectual para ser autores de las publicaciones que denunciaban y reclamaban los actos de racismo y violencia, ni la seguridad necesaria para enfrentarse a los hombres blancos que comenzaron las agresiones) simplemente adjudicó a Lenin y a la Internacional Comunista el que hubieran incitado a los ciudadanos negros a que se levantaran contra las autoridades. Cientos de extranjeros fueron deportados acusados de haber fomentado la subversión interna.

Ambas corrientes anticomunistas se asientan en el Perú cuando Augusto B. Leguía ocupa de facto y por segunda vez, la Presidencia de la República (1919-1930). Con la Iglesia Católica la colaboración fue inmediata, pues los eclesiásticos fueron los encargados de las mesas electorales para la Asamblea Constituyente a pocos días del golpe. Por esa razón, en 1923, previendo las próximas elecciones, obreros y estudiantes se unieron contra la Consagración del Estado al Corazón de Jesús liderada por el Arzobispo de Lima, Emilo Lissón, principal cabeza del nacionalcatolicismo peruano (Martínez 1994). Leguía canceló la ceremonia, pero en el afán de mejorar las relaciones con la Iglesia, pocos meses más tarde, recibió al cardenal Juan Benlloch y Vivó en representación del papa Pío XI y el rey de España Alfonso XIII. En los diversos discursos que se llevaron a cabo durante las visitas protocolares, se determinó que el Perú formaba parte de una comunidad religiosa y lingüística simbolizada por Cristo y la lengua de Cervantes.

Durante su mandato, ese hispanismo no se contradijo con las inversiones monopólicas norteamericanas que tomaron el control de los principales sectores productivos del país. La modernización del Estado y las obras de infraestructura fueron financiadas por préstamos de su banca. Y pronto, en 1924, mediante la Ley Rogers, Estados Unidos profesionalizó la carrera diplomática y creó una escuela para jóvenes de familias adineradas, que por influencia de la División de Inteligencia de Hoover, fueron educados bajo el miedo de la expansión del comunismo, el cual se acentuó tras el arribo de Iósif Stalin al poder (1922-1953) y tras haber convertido a la Internacional Comunista que agrupaba a los partidos comunistas del mundo en un movimiento dogmático, centrado en la Unión Soviética y el culto a su líder.

A poco de concluir el mandato de Benavides, Ravines se declaró decepcionado de la Unión Soviética y empezó a criticar al comunismo, hecho que le valió la expulsión del partido en 1942. Pero sus ataques anticomunistas no se limitaron al sistema soviético sino a sus políticas en América Latina; distorsionaba los hechos que habían ocurrido y llamaba a los militantes “agentes despiadados”, “estafadores del pueblo”, “traidores al servicio del extranjero”.

Pero en Lima y distintas ciudades del Perú, el indigenismo y la literatura vanguardista ponían en entredicho esos valores. Revistas literarias, culturales y políticas rebosaban en el país y en la región, con su propia interpretación del socialismo y del marxismo. Víctor Raúl Haya de la Torre fundó las universidades populares Manuel González Prada; José Carlos Mariátegui, las revistas Amauta y Labor. Haya fue desterrado y en México fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, con sedes en distintos países de la región proponiendo la unión antiimperialista del continente.

Mariátegui, en un acto de clara independencia con la Internacional, solo para comunistas, fundó el Partido Socialista el año 1928. Hasta ese año, América Latina no figuraba en la política exterior soviética, concentrada en sus continentes fronterizos, sobre todo el europeo. Pero el temor de Leguía, azuzado por los hispanistas, llegó a su límite: encarceló a Mariátegui y deportó a muchos otros como hizo con Haya años atrás. Sin saberlo, generó un intercambio de intelectuales y artistas deportados que teniendo a México como centro, visitaban Europa, en particular la Unión Soviética. Uno de ellos era el joven Eudocio Ravines, integrante del partido Socialista. Cuando el año 1930 muere Mariátegui, Ravines lo reemplaza y cambia el nombre del Partido a Comunista. Más allá de las intenciones de Ravines, en ese momento el verdadero protagonista del anticomunismo era el Partido Aprista, fundado el mismo año por los jóvenes socialistas que regresaban gracias a la breve amnistía de Miguel Sánchez Cerro, el militar que derrocó a Leguía (1930-1933).

Debido a la dependencia y la deuda externa que Perú había desarrollado con la banca y los empresarios norteamericanos, la crisis de 1929 afectó profundamente al país. Las protestas en distintas regiones eran constantes y un joven aprista intentó matar a Sánchez Cerro el año 1932. De inmediato Haya de la Torre fue detenido por difundir principios comunistas y por incitar al cambio revolucionario de la forma de gobierno. Sobrepasado por la movilización estudiantil, decretó cerrar las universidades del país. En Trujillo, estudiantes y militantes apristas se organizaron junto con campesinos de las grandes haciendas y tomaron la ciudad. Hasta ahora no se sabe el número preciso de muertos, pero la turba asesinó a varios policías, el ejército bombardeó la ciudad y fusiló a más de cuarenta insurgentes. Como resultado, el Congreso Constituyente de 1933 aprobó una nueva Constitución que en su artículo 53° declaró que el Estado no reconocería la existencia legal de los “partidos políticos de organización internacional”, añadiendo que los inscritos en ellos no podrían “desempeñar ninguna función política”.

De esa manera, se contó con una ley específica para proscribir al partido Aprista. Como venganza, Sánchez Cerro fue asesinado por un militante. En su reemplazo el congreso designó al Mariscal Oscar Benavides. Hubo una breve amnistía para los presos, pero el APRA pasó a la clandestinidad. Desde ahí, sus militantes apoyaron a Luis Antonio Eguiguren, quien ganó las elecciones, pero el congreso consideró que por ser votos apristas eran ilegales, se anuló el proceso y Benavides gobernó hasta finalizar el periodo (1933-1939).

El impacto del fascismo en el Perú no sólo tomó cuerpo en la Unión Revolucionaria, sino que consolidó el vínculo entre el anticomunismo y el hispanismo del nacionalcatolicismo en la cultura limeña. Un ejemplo fue el debate producido tras la reapertura de la universidad de San Marcos en 1935, cuando se propone un Instituto de Lingüística Americana al interior de la Academia de Idiomas para la enseñanza del quechua, lengua que se había estudiado e investigado en las décadas anteriores. A cargo de la Academia se nombró a Ippolito Galante, un filólogo de una poderosa familia italiana. Publicó una traducción del Ollantay (1938) y posteriormente del Manuscrito de Huarochirí (1942) al latín y del latín al castellano.

Durante la inauguración de la Cátedra del quechua, Galante, pensando en el quechua como lengua clásica, sugirió que era necesario estimular la producción de traducciones y de creaciones artísticas. Rápidamente se formó un debate. Mientras que los indigenistas celebraban que finalmente se reconocería al quechua como lengua culta, los hispanistas consideraron imposible equiparar una lengua rudimentaria, un “idioma moribundo y bárbaro” con las lenguas clásicas. Para los hispanistas el quechua fomentaba el separatismo político y un indianismo destructor de la cultura actual, totalmente hispanista.

En aquellos años se consideraba que la promoción de lenguas indígenas, como en España, alejaba del monolingüismo nacionalista y promovía una suerte de “Babel republicana”, en la que las lenguas minoritarias provocaban la disolución de la nación y de la civilización cristiana. Debido al rechazo hispanista, Galante retornó a Italia, donde se dedicó al estudio del latín como parte de la expansión de la Italia fascista en diversos países. Solo en el Perú el anticomunismo rechazó a un aliado de Mussolini por razones filológicas.  

Mientras tanto, Haya de la Torre y el Partido Aprista permanecieron en la clandestinidad durante el resto del gobierno de Benavides y el primer periodo de Manuel Prado y Ugarteche, (1939-1945). La Segunda Guerra Mundial y sus ideologías tuvieron impacto en las elecciones de 1939, en las que se evidenció claramente la contienda entre ideas democráticas y fascistas en torno a dos candidaturas: la de José Quesada, respaldada por la Unión Revolucionaria que aliaba terratenientes con la pequeña burguesía fascista, y la de Manuel Prado, respaldada por la Concentración General de Partidos, que reunía los demás partidos contrarios al fascismo incluyendo al Partido Comunista. Todavía dirigido por Eudocio Ravines, dado que la Unión Soviética se había sumado al bloque aliado, sus militantes pudieron disfrutar de posiciones en el Congreso y los sindicatos.

A poco de concluir el mandato de Benavides, Ravines se declaró decepcionado de la Unión Soviética y empezó a criticar al comunismo, hecho que le valió la expulsión del partido en 1942. Pero sus ataques anticomunistas no se limitaron al sistema soviético sino a sus políticas en América Latina; distorsionaba los hechos que habían ocurrido y llamaba a los militantes “agentes despiadados”, “estafadores del pueblo”, “traidores al servicio del extranjero”. Mientras tanto, bajo la iniciativa de Haya se organizó, inicialmente en Arequipa y luego en el resto del país, el Frente Democrático Nacional. Con otras denominaciones, el APRA y el Partido Comunista pudieron participar. El PAP ordenó a sus militantes inscribirse en él sin perder por ello su calidad de apristas y en compensación pudieron integrar listas parlamentarias. Fue de ese modo el Frente Democrático Nacional obtuvo una amplia victoria, José Luis Bustamante y Rivero fue elegido Presidente de la República (1945-1948) y el Partido Aprista obtuvo mayoría en las Cámaras de Senadores y Diputados.

El gobierno del presidente Bustamante y Rivero estuvo signado por la confrontación del poder Ejecutivo con el poder Legislativo. La política económica aprista, que participaba de la coalición de Gobierno, de control de precios y subsidios propiciaron inflación, desabasto y carestía. Se establecieron “estanquillos” controlados por el gobierno con artículos de primera necesidad y se importaron alimentos básicos. A pesar de las demandas de los trabajadores y las consecuentes huelgas, se mantuvo la apertura democrática y se permitió la formación de sindicatos, movilizaciones estudiantiles y los partidos políticos pudieron actuar en la legalidad.

En 1947, cuando fue asesinado el director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland por militantes apristas, el presidente nombró al general Odría ministro de Gobierno y Policía encargado de la seguridad del orden público. En este contexto, el 3 de octubre de 1948, militantes apristas intentaron un golpe de Estado que fue sangrientamente combatido. Sin afán anticomunista, Bustamante tuvo que proscribir nuevamente al Partido Aprista y ordenar la detención de sus líderes. De inmediato, el general Manuel Odría reavivó la disputa histórica entre los militares y los apristas de los años treinta y encontró en el anticomunismo extranjerizante y subversivo el pretexto para encabezar un golpe de Estado y proteger al país de la Unión Soviética.

Odría condujo un gobierno de facto (1948-1956) con el beneplácito de los exportadores, quienes aprovecharon el golpe para olvidar sus deudas con el gobierno caído y proteger sus intereses bajo el liderazgo del magnate y rector de la economía peruana Pedro Beltrán, quien se entusiasmó con el estilo ampuloso e iracundo de Ravines y le otorgó la dirección de La Prensa. En el diario dio rienda a sus enfoques conspirativos, a sus denuncias con testimonios y evidencias imprecisas de la “infiltración” del enemigo.

Aunque la dictadura de Odría prometió eliminar todo brote comunista y totalitario y salvar al país y al continente de los peligros de las doctrinas de odio, desorden y agitación, Ravines siguió denunciando de manera cada vez más obsesiva a funcionarios públicos. Odría lo exilió en México en 1951. Regresó con Prado en 1956 y continuó denunciando la complicidad de los políticos tradicionales que no querían seguir la política norteamericana para enfrentar la infiltración comunista, ahora bajo la égida de la Revolución Cubana (1959) y su acercamiento a la Unión Soviética (1960). Se quedó en Perú hasta que el gobierno de Juan Velasco Alvarado lo mandó al destierro. Desde la prensa extranjera, Ravines continuó con sus críticas obsesivas. En represalia, el gobierno le quitó su ciudadanía y falleció en México, poco antes de que Sendero Luminoso cambiara para siempre la historia del anticomunismo en el Perú.

Referencias

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Viana, Israel. ¿Estaba Lenin detrás de los disturbios raciales que arrasaron Chicago en 1919?, Dario ABC, Sevilla, 01/09/2020