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El pasado 4 de julio de 2021 se instaló en Chile la Convención Constitucional, dando así inicio al proceso de deliberación constitucional tan demandado por la sociedad chilena. El proceso constituyente chileno ha sido definido como un momento histórico por dos razones: se desarrolla en una coyuntura histórica de cambio político y social, resultado de una sociedad que demanda la actualización de las instituciones democráticas; y es la primera vez en la historia que se elaborará una constitución mediante un órgano constituyente electo por la ciudadanía.

Si bien Chile ha sido considerado una de las democracias más estables en América Latina, desde la década de 2010 se vino forjando una crisis de confianza y legitimidad en las instituciones políticas, que se expresó en bajos indicadores de apoyo a los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno, y las principales instituciones públicas del país, así como también una baja sostenida en la participación electoral.

Durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) se desarrollaron reformas importantes enfocadas en abordar la crisis social y política que vivía el país, entre las que destaca el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía, donde durante el año 2016 participaron más de 200.000 mil personas en una metodología de democracia deliberativa (Convergencia Deliberativa) abordando los desafíos del país. Sin embargo, las fuerzas políticas representadas en el Congreso no avanzaron en un acuerdo para establecer la sede constituyente para deliberar un nuevo texto constitucional, y con el cambio de gobierno en marzo de 2018, el nuevo Presidente, Sebastián Piñera, decidió suspender el proceso.

Al no resolverse las principales demandas de cambio de la sociedad, en octubre de 2019 las movilizaciones sociales impulsadas por los estudiantes que evadieron el pago del transporte público denunciando alzas que afectaban las precarias condiciones económicas de la mayoría del país, derivó en lo que se ha denominado el “estallido social”. Luego de semanas de movilizaciones sostenidas y actos de violencia, 11 de los 17 partidos políticos representados en el Congreso, elaboraron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el cual delineó un itinerario de cambio constitucional.

En octubre de 2020, y en medio de la pandemia, se desarrolló el Plebiscito por la nueva Constitución, donde un 78% de quienes participaron se manifestaron a favor del cambio constitucional, mediante una Convención Constitucional. Esta Convención representa una innovación democrática, en cuanto incorpora la regla de paridad para su elección, y 17 escaños reservados para los 10 pueblos originarios de Chile, dentro de los 155 escaños de los que se compone dicho órgano.

El discurso inaugural de Elisa Loncon sobresalió por su estatura, sentido histórico y proyección de futuro. Un discurso plurilingüe y que incluye a todos los sectores de la sociedad en su saludo. Puso énfasis en el pluralismo, la democracia y la participación. Un discurso que reconoce la historia, que visibiliza a quienes han sido excluidos y que propone una nueva relación social que nos incluya a todos. En tiempos de crisis de legitimidad y confianza, la posibilidad de fortalecer la democracia mediante la inclusión de nuevos actores es una oportunidad que debe comprometer no sólo a Convencionales, si no a toda la sociedad.

La elección de las y los convencionales constituyentes se llevó a cabo el 15 y 16 de mayo de 2021, y dadas las nuevas reglas electorales (paridad, escaños reservados para pueblos originarios, y listas de independientes) resultó incorporando a actores sociales que no se veían representados en el Congreso u otras instancias de representación política. Como resultado, de los 155 Convencionales 77 son mujeres y 78 hombres, 17 de los 155 son representantes de los 10 pueblos originarios de Chile, y no existe ningún grupo social o político con mayoría, por lo que el diálogo será el camino para la construcción de acuerdos.

Es así, que en el día de su instalación, la Convención eligió como presidenta a la Dra. Elisa Loncon, mujer mapuche y académica universitaria. Que una mujer mapuche presida la Convención Constitucional es una buena noticia para Chile. Es el resultado de un proceso de cambio social y político que se da en un contexto democrático, y muestra de la madurez de nuestra sociedad para mirar su historia y desde ahí construir el futuro. A pesar de los temores de diversos sectores, recelosos de la posibilidad de renovar el pacto político y social de Chile mediante un proceso constituyente democrático y participativo, se instaló un órgano constituyente que surge de las demandas de cambio de la sociedad, de un acuerdo político amplio de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, y de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

El discurso inaugural de Elisa Loncon sobresalió por su estatura, sentido histórico y proyección de futuro. Un discurso plurilingüe y que incluye a todos los sectores de la sociedad en su saludo. Puso énfasis en el pluralismo, la democracia y la participación. Un discurso que reconoce la historia, que visibiliza a quienes han sido excluidos y que propone una nueva relación social que nos incluya a todos. En tiempos de crisis de legitimidad y confianza, la posibilidad de fortalecer la democracia mediante la inclusión de nuevos actores es una oportunidad que debe comprometer no sólo a Convencionales, si no a toda la sociedad.

La instalación de la Convención Constitucional no estuvo exenta de interrupciones, con un receso inicial por solicitud de algunos Convencionales dadas las manifestaciones en calles aledañas al Congreso Nacional, disturbios en otros sectores de la ciudad, y el actuar policial. Sin embargo, las dificultades se abordaron en el marco institucional, y la Convención se instaló e inició las labores encomendadas por la ciudadanía.

A ocho semanas de la instalación de la Convención Constitucional, se institucionaliza y formaliza el órgano constituyente de Chile. A pesar de las dificultades iniciales, hoy la Convención cuenta con una mesa ampliada con 7 nuevas vicepresidencias, 8 comisiones transitorias, y un amplio despliegue de audiencias públicas.

Con esta estructura provisoria, la Convención se encuentra trabajando arduamente en definir las normas y las formas para la redacción del texto constitucional. El aspecto más relevante para destacar es que la inclusión ha sido el principio y el mecanismo definido por los y las convencionales para dar legitimidad al proceso.

En su discurso inaugural, la presidenta Elisa Loncon se comprometió a ampliar la mesa a nuevas vicepresidencias. Es así como a fines de julio se aprobó esta iniciativa. La definición del mecanismo de elección de estas nuevas vicepresidencias mostró una tensión entre aquellos que buscaban incluir a las minorías políticas y generar una mesa integral, con paridad, territorialidad y representación de los pueblos originarios; y aquellos que no estaban dispuestos a incluir a las minorías políticas, y que proponían repetir la “votación papal” implementada para la elección de presidenta y vicepresidente. La votación del pleno de la Convención ratificó el mecanismo inclusivo propuesto por la mesa: que estos siete nuevos cargos sean electos a través de patrocinios. También fue aprobada la rotación de la Mesa, y la posibilidad de revocación de los cargos.

Con este mecanismo de elección, se constituyó una mesa ampliada e integrada, que representa a las diversas fuerzas políticas y sociales que integran la Convención, y de las cuales ninguna logra por si misma la mayoría, ni tampoco tiene capacidad de veto, lo que genera un auspicioso escenario de necesario dialogo y construcción de acuerdos.

Al mismo tiempo, se han establecido ocho comisiones provisorias, encargadas de definir las normas de funcionamiento de la Convención, y también las formas, los principios que han ido primando en el debate constitucional: la inclusión, la transparencia, el reconocimiento de la diversidad territorial, la participación ciudadana. Es así como se establecieron las comisiones: a) de reglamento, b) de participación popular y equidad territorial, c) de descentralización, equidad y justicia territorial, e) de ética, f) de presupuesto y administración interior, g) de verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición, h) de comunicaciones, información y transparencia, i) de participación y consulta indígena. La integración de dichas comisiones fue definida por el sistema de patrocinios, y cada una de ellas cuenta con dos coordinadores electos.

Las comisiones ya establecidas han comenzado su trabajo con la clara señal de incluir los planteamientos de la ciudadanía mediante el mecanismo de audiencias públicas. Los amplios consensos y ambiente de colaboración en el trabajo de las comisiones han venido a contraponer las versiones de conflicto y tensión inicial. Es así como ya se ha instalado un Comité de Asignaciones Externo, compuesto por funcionarios públicos y un representante de los pueblos originarios, y se ha incorporado de manera provisoria el Reglamento de ética de la Cámara de Diputados para el funcionamiento de la Convención. La comisión de reglamento se ha subdivido en diversas subcomisiones, y la comisión de descentralización ya ha anunciado que comenzarán a sesionar en diversos territorios del país.

La mesa directiva ha liderado un importante trabajo de firma de convenios con diversas instituciones públicas; Senado, Cámara de Diputados, Contraloría General de la República, Consejo por la Transparencia, Universidades públicas, lo que demuestra la delimitación de funciones y la colaboración entre instituciones y poderes públicos.

La instalación ha buscado inclusión y legitimidad. Esperemos que esto sea la antesala de un trabajo de dialogo para la redacción del texto constitucional.