Escrito por

El golpe de timón del presidente Castillo, al aceptar la renuncia de su Premier y, a renglón seguido, no ratificar en su cargo al ministro de Trabajo, tiene una gran importancia, que ya ha sido resaltada. Sin embargo, no está demás subrayar algunos aspectos.

En primer lugar, ha tenido la virtud de asentar el convencimiento de que el actual gobierno, a diferencia de los anteriores en las últimas tres décadas, es de izquierda y serlo no justifica a nadie a entorpecerlo de mala manera o hacerlo imposible. En esa línea, las primeras opiniones sobre los cambios ministeriales estimaron que los y las peruanos nos habíamos dado la ocasión para mostrar la responsabilidad política que significa dialogar, apoyar o, dado el caso, formar oposición bajo esa premisa, es decir, que tenemos un gobierno de izquierda.

Esto es confirmado con la designación de Mirtha Vásquez, en la PCM y Gisela Ortiz, en MINCUL, dos personas ampliamente legitimadas por su quehacer a favor de los derechos humanos y, en el caso de la primera, además, por su destacadísimo rol cuando le tocó presidir el Congreso en momentos realmente complicados. Es decir, al presidente Castillo, con Vásquez, Ortiz y demás ministras como imagen y semejanza de su gobierno, le cabe ahora la responsabilidad de demostrarnos que la izquierda debe conducir al país porque sabe hacerlo.   

En segundo lugar, la democracia, aun cuando sea muy frágil y deslegitimada como la nuestra, cuando funciona es un sistema que no sólo busca la mayor y más diversa representación en la mesa de negociaciones que organiza sino, también, depura tarde o temprano a quienes no aceptan las reglas acordadas. Ya vimos lo que acontece con aquellos que, bajo el relato de la “justicia histórica”, plantearon un juego de imposiciones en el que haber ganado las elecciones con el 19% de los votos válidos era argumento suficiente para suponer que podían hacer casi lo que les viniera en ganas.

La realidad, sin ambages, ha mostrado que cualquier radicalismo que no supone a otros y otras con quien se debe dialogar, es decir, no considerar que se debe actuar de acuerdo con reglas democráticas, simplemente terminará políticamente demolido. Temprano o tarde. Así viene sucediendo con ese espacio que el gobierno izquierdista del presidente Castillo ha debido depurar, para hacerse viable. Así también viene sucediendo con expresiones de derecha cada vez más fantasmales, como el fujimorismo, y así sucederá con esa derecha confesional y militarista que circula por el Congreso de la República.

En tercer lugar, este mismo mensaje debería ser parte del análisis de una derecha que ha venido buscando espacios con posiciones intransigentes, mostrándose con los enviados de una derecha tan descarada como la española Vox y planteando una estrategia política que tiene como base una cacería de ministros. Es esa misma derecha que durante décadas no ha tenido mejor idea que excluir a todo aquello que perciben, desde sus consideraciones y solo desde ellas, mínima o lejanamente como senderismo o emerretismo.

La realidad, sin ambages, ha mostrado que cualquier radicalismo que no supone a otros y otras con quien se debe dialogar, es decir, no considerar que se debe actuar de acuerdo con reglas democráticas, simplemente terminará políticamente demolido. Temprano o tarde. Así viene sucediendo con ese espacio que el gobierno izquierdista del presidente Castillo ha debido depurar, para hacerse viable. Así también viene sucediendo con expresiones de derecha cada vez más fantasmales, como el fujimorismo, y así sucederá con esa derecha confesional y militarista que circula por el Congreso de la República.

Se dirá, desde una óptica tecnocrática, que los “costos” de estos procesos de prueba y error son altos y deben evitarse en beneficio de un “buen gobierno” entendido como la respuesta eficiente de “los que saben” y no del manejo de los intereses de los y las ciudadanas. En efecto, son altos y deben asumirse como lecciones para darnos cada vez más legitimidad en tanto aumenta la confianza entre gobernados y gobernantes. Además, ninguna democracia se construyó sin riesgos, pero lo que no puede permitirse es considerar que, debido a los probables altos costos, cerremos las compuertas a una participación cada vez más amplia.

En cuarto lugar, la realidad muestra que las clasificaciones territoriales que supuestamente definen las simpatías políticas-electorales es por demás falaz. Lima, donde obtuvo altísimas votaciones las expresiones de derecha, no es precisamente la antípoda de un “pueblo” imaginado como regional-provinciano, que votó marcadamente a favor de la candidatura de Pedro Castillo.

Al parecer, más significativo es que seamos el país latinoamericano con mayor cantidad de partidos políticos, después de Brasil, aunque marquemos un magrísimo 7% de confiabilidad en ellos, según el último Latinobarómetro.   Pero, aún más, a estas alturas deberíamos haber empezado a respondernos sobre cómo pese a tener una cantidad sobredimensionada de partidos políticos, la democracia peruana ha permitido -es cierto que también gran parte de ellas en la actualidad- que se intensifiquen las desigualdades y centremos parte sustancial del debate político en aspectos que la profundizan como el abordaje criminalizado de la inmigración, una identidad nacional definida por el terruqueo o integraciones territoriales en base a esquemas cada vez más concentradores y centralizadores.

Sin duda, este resultado parece reflejar una baja conexión entre las identidades políticas y la condición socioeconómica de la ciudadanía peruana que, sin embargo, es el criterio central desde el cual todavía se organizan las encuestas de opinión en el país. En su lugar, lo que parece expresarse sin ser registrado adecuadamente es un panorama de intereses múltiples y cruzados, en el que se evidencian diversas identidades muchas veces encarnadas en un solo sujeto. Por eso, no debiera ser complicado suponer las enormes dificultades que muestran gran parte de los dirigentes políticos y los analistas de la situación del país para comprender y asimilar claves diferenciadoras como el género o la pertenencia generacional en la acción política.    

Plantear el debate que los radicalismos no quiere

En la línea propuesta, la vigencia del terruqueo, al parecer, un dato constante en la política peruana aportado desde las canteras de la derecha, guarda más de un punto en común con los simpatizantes y practicantes del radicalismo verbal proveniente del otro extremo del espectro político del país, entre ellos, levantar falacias desde sentidos comunes, apelando a la distorsión de los hechos y, de esa manera, evitar debatir cuestiones sustanciales.

Por ejemplo, un efecto profundamente negativo que promueve el terruqueo, y que la izquierda peruana actual debería prestarle mayor atención es, para decirlo de algún modo, garantizar la interrupción de muchos procesos de comprensión del país que le permitió a la izquierda de entonces proponerse como una legítima opción en tanto presentaba mejores argumentos que sus oponentes para justificar su opción de poder. Muy poco o nada de lo que se avanzó fue posteriormente retomado para organizar el debate actual.

Entre ellos, tenemos la reforma agraria, tan comentada estos días en que el gobierno del presidente Castillo ha propuesto una segunda versión de este proceso, pero sin presentar como argumento una evaluación de los resultados que se obtuvieron hace cincuenta años. ¿Por qué debiera ser importante este señalamiento? Por lo mucho que se supone tuvo relación con el desenlace violentista que se expandió por las zonas rurales durante los años 80 del anterior siglo, restando concluir con los pendientes que posiblemente dejó. Pero, esto no será posible si no sabemos cuáles son los objetivos que deberían retomarse.

En esa línea, sería bueno para el país, que la izquierda peruana colocara el debate sobre este tema desde las posiciones que había desarrollado a fines de los años 70. Hoy, como hace cincuenta años, en la base del problema de la agricultura andina, la mayor productora de alimentos del país, como bien lo señaló en su momento José María Caballero, está la escasez natural de tierras útiles, agrícolamente explotables, por las limitaciones de la fisiografía, el clima y los suelos que se traduce en bajos rendimientos por hectárea y productividad del trabajo.

A lo dicho, debe agregarse que la violencia política destruyó las redes políticas, sociales y económicas locales. En efecto, un resultado de la violencia fue que el segundo grupo ocupacional más golpeado por el PCP-SL, luego de los campesinos, estuvo conformado por las diversas autoridades locales y dirigentes sociales que existían en las zonas donde el conflicto armado interno tuvo lugar (alcaldes, regidores, subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz, dirigentes locales, etc.). De acuerdo con los testimonios recibidos, aproximadamente 1680 personas, es decir, el 21% de las víctimas fatales provocadas por el PCP-SL reportadas a la CVR fueron autoridades de este tipo. Esto constituyó, según la CVR, “un duro golpe a la capacidad de intermediación política de las zonas afectadas por el conflicto armado interno. Es evidente que toda una generación de representantes e intermediarios políticos locales ha sido eliminada intencionalmente por el PCP-SL en su estrategia de generar un vacío de poder que pueda ser posteriormente llenado por sus propios cuadros”.

Además de la exacerbación de la diversificación, el neoliberalismo ha dado un nuevo impulso a la diferenciación campesina, en tanto se ha incrementado el empobrecimiento de esta población debido al acceso cada vez menor a los recursos, obligándolos a buscar otras oportunidades de empleo e ingresos en condiciones muy precarias. En esta línea, la pluriactividad sería un mecanismo de sobrevivencia de los campesinos más pobres, en tanto aquellos que tienen mayores recursos –como educación y mejores tierras– logran insertarse en actividades como la microempresa y el comercio.

De otro lado, estuvo la destrucción de infraestructura. En 1988 la Comisión Especial del Senado encargada de investigar sobre las causas de la violencia política y la pacificación[1], presidida por el senador Enrique Bernales, concluyó que los costos económicos ocasionados por los grupos subversivos a nivel nacional ascendían aproximadamente a US$ 9’184,584.648, y que la magnitud del daño era equivalente al 66% del total de la deuda externa (de ese año) y al 45% del PBI.

De acuerdo a otros estimados[2], entre 1980 y 1988 la subversión habría ocasionado la pérdida de dos mil millones de dólares solo en la destrucción de torres de electricidad de alta tensión. Otro estudio, editado por el Instituto Constitución y Sociedad en el año 1993, llegó a estimar en US$ 21,000 millones de dólares las pérdidas económicas para el país durante el periodo 1980-1992[3].

En todo caso, transcurridos más de cuatro décadas, no tenemos estimados de estas pérdidas en los espacios locales, sea en infraestructura agrícola (riego y cultivos) pecuaria (ganado) y otros.

Agregado a ello, están los impactos de la liberalización de los mercados, profundizando la pluriactividad de los hogares campesinos, en otras palabras, el involucramiento de estas unidades en una variedad de actividades no agrícolas productivas y de servicios en el ámbito rural, que se explica como una adecuación ante los márgenes cada vez más estrechos para la reproducción de su economía.

Además de la exacerbación de la diversificación, el neoliberalismo ha dado un nuevo impulso a la diferenciación campesina, en tanto se ha incrementado el empobrecimiento de esta población debido al acceso cada vez menor a los recursos, obligándolos a buscar otras oportunidades de empleo e ingresos en condiciones muy precarias. En esta línea, la pluriactividad sería un mecanismo de sobrevivencia de los campesinos más pobres, en tanto aquellos que tienen mayores recursos –como educación y mejores tierras– logran insertarse en actividades como la microempresa y el comercio.

En efecto, el censo agropecuario del 2012 muestra que el 80% de las unidades agrícolas en el Perú tienen menos de cinco hectáreas, y un gran número de ellas hacen una agricultura de bajos insumos/baja producción. Además, los precios de sus productos son tendencialmente cada vez más bajos. La combinación de estos factores hace que la economía familiar campesina tenga actualmente como su principal ingreso lo que sus miembros puedan obtener en actividades ajenas a la parcela o el hato.

Así, en términos generales, en los hogares campesinos los ingresos no-agropecuarios superan a los que provienen de las actividades agropecuarias.De esta manera, economías ilegalizadas como la coca, la pequeña minería, la tala, el contrabando y otras, así como los servicios que pueden ofrecerse desde las ciudades -de donde la población rural obtiene buena parte de sus ingresos- están íntimamente ligadas con esta situación de la pequeña economía agraria de la Sierra peruana. Por eso, agregando otro factor importante de la actual coyuntura política peruana, la incompetencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, no se reduce a lo observable que pueden ser algunos de sus antecedentes profesionales. Es también, por lo que hemos querido afirmar en este artículo, el simplismo y reduccionismo de su comprensión de un tema tan complejo como los cultivos de coca que, en buena cuenta, está profundamente arraigado a dinámicas estructurales de las economías agrarias del país. Puntualmente, no expresa, ni mucho menos, los principios de una posición que se espera de un gobierno de izquierda

[1] ComisiónEspecial delSenado sobre las causas de la violenciay alternativas depacificación en el Perú: Violencia y Pacificación. Senado de la República, CAJ, DESCO.Lima, 1989.

[2] DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo: Violencia política en el Perú 1980 – 1988. Tomo I y II. Lima, 1989.

[3] Jaime Carbajal Pérez y Percy Uriarte Otoya: Economía y violencia. Instituto Constitución y Sociedad. Lima, 1993.