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“La CVR debe indicar que la abdicación de la autoridad democrática incluyó las funciones propias de la administración de justicia...” (Conclusión 123 del Informe final de la CVR)

Gentilmente la revista Ideele me ha invitado a escribir este artículo para su número 300. Feliz aniversario a esta revista que vi forjar desde sus primeras ediciones cuando apenas era un modesto pero atrevido folleto; no es más modesta, pero sigue siendo atrevida y reflexiva. Me invitaron a hacer un breve balance de la justicia en nuestro país, lo que asumí con inicial entusiasmo pero que luego caí en cuenta que es una empresa imposible en tan corto espacio. Así que a continuación tan sólo algunos apuntes sobre cómo ha cambiado para bien la justicia en nuestro país en los últimos 25 años, un rápido viaje en el tiempo de quien comenzó a trabajar temas de justicia desde la sociedad civil a partir de la segunda mitad de la década de los noventas del siglo XX.

1. Sistema de justicia y no sólo Poder Judicial

La noción de “sistema de justicia” ya está cómoda y pacíficamente instalada en el medio judicial. Recuerdo la ocasión que un ex presidente del Poder Judicial acusó a quienes promovíamos este término mucho más holístico sobre la justicia, que pretendíamos “licuar” (desaparecer) al Poder Judicial como poder del Estado. Felizmente, ese absurdo temor se jubiló junto con esa generación de magistrados tradicionales.

2. El redescubrimiento de la justicia de paz por el Poder Judicial

Durante años y en forma casi solitaria, expertos como Javier de Belaúnde o Hans Jürgen Brandt pregonaron las virtudes de la justicia de paz, mal llamada “no letrada”, sin ser suficientemente escuchados por la judicatura. Lograron -eso sí- que esta justicia campesina e indígena que resolvía conflictos “en nombre de la paz comunal” (Brandt), fuese formalmente considerada dentro de la estructura judicial en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del año 1991.

Luego vendría un enorme esfuerzo de sociedad civil, cooperación internacional y algunas autoridades judiciales, para que la justicia de paz -modelo exitoso en la región andina de resolución de pequeñas causas- sea mejor comprendida y apoyada por el Poder Judicial. Eso se ha logrado en parte. Desde hace varios años ya existe una Oficina de apoyo a la justicia de paz y justicia indígena (ONAJUP)[1] que forma parte de la estructura judicial. Dicha oficina fue una propuesta formulada por sociedad civil en 1999 que tiempo después el Poder Judicial hizo suya.

Otro hito importante a destacar en este proceso de apertura intercultural de nuestro Poder Judicial, es la creación hace más de una década de la Comisión de justicia intercultural en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Dicha Comisión no sólo promovió el acuerdo plenario de las salas penales de la Corte Suprema N° 1-2009/CJ-116 del 13 de noviembre del 2009, sino que en general ha promovido una cultura judicial que toma en cuenta los diversos sistemas normativos y jurisdicciones indígenas existentes en nuestro país y que están reconocidos por el artículo 149° constitucional.

3. La lenta pero sostenida filtración de la meritocracia e independencia judicial

Las nociones de “carrera judicial” o “carrera fiscal” ya se han instalado también en nuestro medio, así como la certidumbre que la selección, designación, evaluación, ratificación y control disciplinario de jueces y fiscales, debe estar a cargo de un órgano constitucional autónomo, equidistante tanto del Poder Judicial y el Ministerio Público como del poder político del Ejecutivo y el Legislativo.

Pese al vergonzoso colapso del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debido a los CNM-audios en el 2018, pero gracias a la reglamentación de los procesos -con sus luces y sombras- y al paso de un puñado de profesionales correctos por dicho órgano, se lograron algunos avances a favor de la meritocracia y la independencia judicial y la autonomía fiscal. Logros que ahora la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha capitalizado a favor de un mejor ejercicio de estas funciones, destituyendo bajo estándares constitucionales e interamericanos a varios jueces y fiscales por corrupción (inclusive algunos supremos) o designando a buenos profesionales en los organismos electorales.

Asimismo, hoy en día pueden identificarse tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, algunos “bolsones” de independencia judicial y autonomía fiscal: jueces(as) y fiscales valientes y correctos que intentan cumplir su deber republicano de juzgar o investigar tanto a ciudadanos de a pie como a ex presidentes de la república, pese a desidias y amenazas internas y externas. Los hemos visto batallar en situaciones difíciles como los casos Alberto Fujimori o Grupo Colina y, más recientemente, en la trama de corrupción trasnacional “Odebrecht” o sosteniendo, inclusive, el sistema electoral en las últimas elecciones contra injustos ataques.

Mención especial merece el puñado de jueces y juezas que, en pleno auge del férreo control que Montesinos ejercía sobre el sistema de justicia en los noventas del siglo XX, fundaron la asociación “Jueces por la justicia y la democracia” (Jusdem). Entre ellos, destacan dos mujeres: la ex fiscal Ana Cecilia Magallanes y la jueza Antonia Saquicuray, quienes en 1995 en forma pionera y con coraje inaplicaron la ley de autoamnistía, por resultar incompatible no sólo con la Constitución sino también con la Convención Americana de Derechos Humanos. Años después la Corte interamericana no sólo les daría la razón, sino que proscribiría de las Américas las amnistías de graves crímenes contra los derechos humanos.

4. La adecuación constitucional de la justicia militar

Otro logro de la justicia en los últimos 25 años es la adecuación constitucional de la justicia militar policial en el Perú. Al inicio del siglo XXI teníamos una justicia militar “pre-constitucional” -como la calificaría en ese entonces la Defensoría del Pueblo-, que además había sido instrumentalizada en la década del noventa del siglo XX por el régimen de Fujimori y Montesinos como fuente de impunidad en materia de derechos humanos.

Luego de varias batallas judiciales ante el Tribunal Constitucional (TC) desde el 2003 hasta el 2009, libradas por la Defensoría del Pueblo, colegios de abogados y organizaciones de sociedad civil, pese a la incomprensión y oposición legislativa de sucesivos Parlamentos, finalmente hoy tenemos una justicia castrense más acorde al marco constitucional que hace dos décadas, aunque aún falta terminar de ajustar un engranaje clave en su funcionamiento: que todos los jueces y fiscales militares dejen de ser -a la vez- oficiales militares en situación de actividad.

5. La consolidación de la justicia constitucional

Un logro notable en la justicia de nuestro país es la consolidación de la justicia constitucional y de su cabeza el Tribunal Constitucional (TC). Tan importante es el papel que ahora cumple el TC no sólo en la protección de los derechos fundamentales sino también en la defensa de la Constitución, que el poder político a través de sucesivos Parlamentos ha intentado maniatarlo con la elección de candidatos tan cuestionables que luego se vieron obligados a dejar sin efecto tales nombramientos.

Sin embargo, uno de los grandes peligros que hoy se cierne sobre la justicia en el Perú es que se nombren a nuevos(as) magistrados(as) del TC a imagen y semejanza de los grupos políticos hoy presentes en el Parlamento. Sería un retroceso terrible no sólo para la justicia sino para la democracia pues el TC ha logrado en dos décadas lo que se esperó casi dos siglos que hiciera la Corte Suprema: que la Constitución sea interpretada y aplicada como una norma y no como una declaración de buenos principios.

6. La internacionalización de la justicia

Finalmente, otro aspecto a destacar es la instalación del sistema interamericano de derechos humanos como parte del sistema de justicia en el Perú. Gracias a la destacada labor de la Comisión y la Corte interamericanas en la protección de los derechos humanos en nuestro país y el continente, hoy en día tirios y troyanos invocan los estándares interamericanos y tanto el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o la Junta Nacional de Justicia los han incorporado en sus decisiones. Baste recordar que el adecuado juzgamiento en democracia del terrorismo o la adecuación constitucional de la justicia militar, son sólo algunos de los valiosos legados del sistema interamericano a favor del estado de derecho en nuestro país.

Balance provisional

Pese a logros y frustraciones, pese a la corrupción judicial resilente, pese a todo, si miramos atrás creo que tenemos una mejor justicia que hace 25 años o, siquiera, menos mala que antes. Muchas cosas por mejorar sin duda, en especial, impartir una justicia más rápida y eficiente al ciudadano y ciudadana de a pie, lo que el jurista colombiano Rodrigo Uprimny llama la “justicia rutinaria” y que hay que encontrar la fórmula para rescatarla del marasmo procesal en la que se encuentra en algunas Cortes de justicia del país. Pero al menos ahora en algunas ocasiones podemos decir, con esperanza, frente a abusos del poder o autoridades corruptas, que “hay jueces en Berlín”.

[1] https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ONAJUP/s_onajup/as_lineas_trabajo/