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-Siempre hay que tener un dinero guardado por si acaso.   Usted no sabe si un día Vizcarra se vuelve loco y cierra todo.

-¡Señor, cómo va a ser!   ¡Vizcarra nunca haría eso!

(Conversación en un taxi, mayo del 2019). 

Aunque los derechos humanos son irrenunciables, en circunstancias extremas, como una guerra o un desastre natural, es necesario un ejercicio de ponderación para supeditar los alcances de uno o varios derechos a la vigencia de otro que tiene importancia superior.

En marzo del año 2020, el gobierno peruano dispuso uno de los confinamientos más severos a nivel mundial con la intención de impedir la expansión del COVID 19.    Casi dos años después, es conveniente evaluar las repercusiones que tuvo el confinamiento en los derechos humanos de los habitantes del Perú.   

En primer lugar, la prohibición de ejercer el derecho al trabajo para la mayoría de la población tuvo consecuencias gravísimas.   Muy pocos eran quienes pudieron continuar trabajando por medios virtuales.   Para muchos, el largo confinamiento implicó la pérdida de sus ahorros y una seria crisis que elevó problemas como la desnutrición y la anemia en todos los grupos etáreos.   Es verdad que el gobierno dispuso la entrega de algunos bonos, pero estos tenían un monto muy pequeño y nunca llegaron a todos los más pobres.   Es más, el gobierno explícitamente dispuso que no se entregaría ninguna ayuda económica a los migrantes venezolanos que superan el millón de personas.  

En el Perú, además, la carencia de recursos económicos genera una extrema vulnerabilidad en caso de enfermedades o accidentes debido a las limitaciones del sistema de salud.     Pese a la cuarentena, el COVID 19 se expandió por todo el país y muchas familias empobrecidas no podían afrontar los gastos en oxígeno, medicinas o pagar por una cama, como se pedía en muchos hospitales.    Tampoco muchas personas podían afrontar los tratamientos por otros problemas de salud, lo que originó que se elevara considerablemente el número de fallecidos por diversas causas.    Muchas enfermedades se agravaron al prohibirse durante meses los chequeos y la atención en la mayor parte de servicios de salud.

Otras personas que vivieron situaciones extremas fueron especialmente afectados fueron quienes se encontraban fuera de su región cuando se produjo el estado de emergencia y no podían regresar debido a la prohibición del transporte interprovincial.   Tras varias semanas de privaciones, muchos tuvieron que volver caminando, en largas marchas de sacrificio frente a un Estado totalmente indiferente… pero que sí invirtió en el retorno de los peruanos en el extranjero, pagando inclusive la cuarentena en hoteles de Lima.     

De igual manera, el confinamiento ha generado un serio impacto en la salud mental de los ciudadanos, privados de trabajar y prohibidos de ver a sus seres queridos durante casi un año.   Problemas como la depresión y la violencia hacia mujeres y niños se incrementaron, especialmente entre los más pobres, donde el hacinamiento es mayor.    Las prohibiciones más severas hacia niños y adultos mayores causaron mucho daño emocional. 

Otro derecho seriamente afectado ha sido la educación.   Aunque desde el inicio se supo que niños y adolescentes eran los menos afectados por el COVID 19, el gobierno dispuso que las clases se transmitieran de manera virtual, como si todo el Perú tuviera acceso a internet, generando serios perjuicios a los niños de menos recursos y especialmente a quienes viven en las zonas rurales.      La mayoría de países priorizaron el retorno a clases en los procesos de desconfinamiento, muchas veces desde el año pasado.   En el Perú, los dos años sin asistir a clases tendrán graves consecuencias.  Por lo pronto, cientos de miles de niños han abandonado el colegio definitivamente y lo mismo ha ocurrido con muchos universitarios.       

A nivel de la libertad individual, miles de peruanos fueron detenidos durante el régimen de Vizcarra por estar en la calle durante el toque de queda, muchas veces porque no podían llegar a sus hogares.    Otras acciones que no tenían ninguna incidencia en el incremento de contagios como correr tabla en el mar, pasear por la playa o escuchar música en alto volumen en la casa también fueron motivos para ser detenido.  

Mientras otros países programaban medidas de desconfinamiento, especialmente para garantizar otros derechos, como la educación, la libertad de tránsito, la libertad de religión o la salud mental, en el Perú la flexibilización de las normas se hizo más en función de intereses comerciales que de derechos.   De esta manera, hasta ahora es más fácil acudir a un restaurante que a una iglesia o un museo.     

¿Por qué en el Perú se respaldaron las medidas tan desproporcionadas y represivas?  Una minoría tenía una percepción ideológica.    Creyeron que estábamos ante una nueva era: la pandemia sería una “venganza de la naturaleza” por los daños causados por la humanidad y el castigo sería la aniquilación del capitalismo.   “El mundo no volverá a ser cómo era”, repetían.   Para esta perspectiva apocalíptica, ya no tenía mayor sentido pensar en ir al cine, a la iglesia, al museo o a la peluquería.   Todo ello había quedado atrás para construir una nueva sociedad.

La mayor parte de la población simplemente creía que las normas de Vizcarra eran indispensables para salvarse de morir.   Existía también una noción de corte religioso basada en el “sacrificio”, asumiendo que podrían sobrevivir si pasaban a vivir con austeridad y resignación. 

Vizcarra además ofrecía una esperanza basada en la unidad nacional y el patriotismo, como valores que permitirían vencer la pandemia.    Banderas, himnos y soldados eran símbolos permanentes de la lucha contra el coronavirus.   También Vizcarra estableció un nuevo enemigo para el país, que ya no eran los terroristas o los delincuentes, sino los “peruanos irresponsables”.  

Estas personas eran las responsables de la propagación del virus con su mala conducta (ir a la playa, salir de noche, salir los domingos, reunirse con amigos) y de esta manera, la epidemia no tenía ya una explicación biológica sino moral: se debía a los irresponsables. Como ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad, frente al “enemigo” se perdió toda sensibilidad. Si los detenían, era por su culpa.   Si los golpeaban en una detención, también.  Recuerdo haber leído con espanto cómo, cuando la epidemia causó miles de muertos en Piura, muchos limeños escribían que era “por su culpa”, porque irresponsablemente seguro salían a tomar.    La misma reacción generó la absurda muerte de doce chicas en una discoteca de Los Olivos, producida en uno de los tantos operativos policiales.    

A un año de la vacancia de Vizcarra, continúan suspendidos el derecho a no ser detenido y la inviolabilidad de domicilio, aunque bajo los gobiernos de Sagasti y Castillo, la actuación represiva de las fuerzas policiales hacia la población ha disminuido ostensiblemente. 

La salud física, la salud mental, la vida familiar, la educación, los niveles de ingreso, la desigualdad,  todo ello que ya estaba bastante mal a inicios del año 2020 ahora está en escombros.   ¿Era previsible que esto sucedería?   Por supuesto.    Restringir masivamente los derechos fundamentales no podía llevar a buen camino en un país con tantos niveles de pobreza y desigualdad.    Otorgar tanto poder a un mandatario era sumamente peligroso. 

La sociedad peruana retrocedió ostensiblemente en todo lo que se había avanzado en ciudadanía al aceptar una especie de “despotismo ilustrado”, donde el gobernante tomaba medidas radicales sin que le importaran los efectos en la población.    El régimen de Vizcarra trató a los peruanos como seres incapaces de tomar decisiones sobre su vida cotidiana.  

Y con el aislamiento, la sociedad quedó profundamente erosionada.  Cuando el intercambio de ideas con amigos, familiares o conocidos termina reservándose a una pantalla de celular, es muy fácil que florezcan pensamientos maniqueos.   Cuando las personas pierden la posibilidad de dialogar cara a cara se empobrece mucho la capacidad crítica.   

A casi dos años de las normas de cuarentena, el retroceso en la consciencia de derechos ha sido muy fuerte y queda la pregunta sobre cómo fue posible que las entidades que defienden los derechos humanos no advirtieran sobre lo que estaba sucediendo.

Quizás asociaban violaciones a los derechos humanos con un régimen abiertamente autoritario o creyeron que toda violación a los derechos humanos es intencional.    Quizás también creyeron en el discurso de Vizcarra sobre el sacrificio o el patriotismo.   O quizás creyeron que venía una nueva era, donde muchos derechos se volverían relativos.

La principal lección es que las vulneraciones a los derechos humanos deben denunciarse siempre, aunque no sea popular o se vaya contracorriente.    Igualmente, deben establecerse límites para la intervención del Estado en los derechos, tenga cualquier justificación.    Los límites deben ser precisados por el Congreso, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, pero el riesgo de otorgar tanto poder a un mandatario es que efectivamente puede emplearlo de manera desproporcionada y muy perjudicial.