Escrito por Ernesto de la Jara Revista Ideele N°300. Octubre-Noviembre 2021. Imagen: Andina.pe

Imposible imaginar tiempo atrás que se presentaría una pandemia como la del coronavirus, pero que la incertidumbre política del país sería vista por muchos como algo más grave y peligroso. Será porque en salud hemos ido de menos a más y hoy se tienen y se están aplicando vacunas, o, en cierta manera, se sabe qué hacer si se presenta la “tercera ola” o una nueva cepa.

En cambio, en nuestra política, a tres meses de nuevos Gobierno y Congreso, estamos en un punto en que cualquier cosa puede irrumpir, y los diversos escenarios que se disputan el futuro a codazos, si bien algunos son mejores que otros, ninguno genera todavía expectativas y mucho menos un cierto entusiasmo. El objetivo máximo actual es impedir que se impongan los peores.

Las grandes culpas del presidente Castillo

El Gobierno es sin duda la primera gran fuente de incertidumbre. Puede ser meritorio, simbólico y hasta poético que el Perú haya llegado al Bicentenario con un presidente que es profesor de un colegio ubicado en un distrito alejado de la capital, Chota, y que a la vez es campesino, rondero y dirigente sindical magisterial. Sin embargo, esto ha ocasionado que se cumpla uno de los miedos que había frente a Castillo desde que pasó a segunda vuelta. A saber, que estamos ante un presidente con una serie de limitaciones y carencias, en términos de conocimientos, experiencias y habilidades que exige el hecho de ser la más alta autoridad.

Era lógico que esto ocurriera frente a un salto personal inmenso y sin precedentes, como el que dio Castillo,  producto de un triunfo inesperado hasta para él mismo. Pero más allá de las causas y justificaciones, el hecho debe ser asumido como  un dato objetivo de la actual situación política, que hay reconocer como uno de los puntos de partida, sin que eso signifique discriminación, limeñismo o que creamos que los anteriores presidentes fueran dignos del cargo, por el solo hecho de tener lo que no tiene Castillo. Pasar de  profesor de primaria de un colegio de Chota-Cajamarca  a presidente, es una situación excepcional que exige desafíos mayores.

Pero lo que pudo haber sido diferente es la plena conciencia de él  mismo sobre esta situación, y, por tanto, su capacidad de decisión para rodearse bien, de tal manera que personas cercanas y de su confianza lo ayuden –en la línea de su pensamiento de izquierda– a salvar esas carencias y limitaciones, a fin de tomar buenas decisiones. Sin embargo, todo indica que “el profesor” es tremendamente desconfiado, y que para constituir su entorno más cercano en el que toma sus decisiones ha priorizado solo criterios de parentesco, “paisanazgo” (chotamos) o pertenencia laboral (profesores con los que ha trabajado o que son de su movimiento sindical).

A lo dicho anteriormente, se vinculan otras dos  criticas que se le pueden hacer a Castillo y su Gobierno en la línea de ocasionar incertidumbre. La primera se relaciona a sus pésimos nombramientos, salvo visibles excepciones. Por más que retrocedió, no se puede olvidar que nombró a Bellido como primer ministro, alguien sin nada que aportar y a la vez con todo tipo de cuestionamientos, al igual que varios ministros de su gabinete (Maraví en  Trabajo, por poner solo un caso ). Y hasta ahora son absolutamente cuestionables designaciones  como la del actual ministro del Interior (Barranzuela), ya como parte del segundo gabinete, por más que este sea mucho mejor que el anterior, o la  del presidente de Essalud, el jefe de Indecopi, el director de inteligencia, etc.

Esto significa que la dirección de sectores que son clave para el país ha sido encargada a personas sin el perfil profesional adecuado, en términos de conocimientos y experiencia, y encima acumulan cuestionamientos en cuanto a posiciones, investigaciones o sanciones. En el caso del ministro del Interior, El Comercio identificó que había tenido cerca de 150 sanciones en los años que perteneció a la Policía Nacional. Algo, sin duda, muy grave para la gobernabilidad .

Así como no se puede dejar de mencionar al Gobierno como fuente de incertidumbre política, sería desquiciado no darle el gran espacio que se merece a quienes contribuyen en gran proporción con dicha incertidumbre.  Se trata de una oposición muy poderosa pues  comprende a la gran mayoría de sectores políticos (los que en conjunto pueden llegar a controlar   el Congreso), económicos y mediáticos.

La  segunda crítica, vinculada  a quién es Castillo y cómo llega de manera inesperada al poder, es la falta de un programa de Gobierno, de orientación, de prioridades, de un plan mínimo, y, en consecuencia, el país es víctima de medidas y anuncios improvisados, marchas y contra marchas, contradicciones entre los diferentes integrantes del gobierno y, sobre todo,  de la acumulación de respuestas pendientes frente a los graves problemas que el país arrastra históricamente y que se han agudizado con la pandemia. Es una mezcla de improvisación y de inacción. 

Son estos los problemas reales, y no que se nos esté llevando a un modelo comunista, tipo Cuba o Venezuela, como se decía durante la campaña y que algunos insisten en hacer creer. Así, por ejemplo, la renegociación del contrato en torno al gas de  Camisea, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la instalación de mesas de negociación frente a determinados conflictos sociales es lo más concreto que se ha lanzado hasta ahora, pero todo ello está todavía a nivel de diagnóstico y debate sobre lo que habría que hacer; siendo, además,  medidas, que podrían haber sido asumidas por muchos de los otros grupos políticos que participaron de las elecciones.

Ni siquiera se está haciendo cuestión de Estado por la reforma constitucional, un poco para evitar la confrontación, pero también porque no se ha identificado lo que se desea hacer de manera urgente y que la actual Constitución no lo permite.   

Es por eso que a nivel de Gobierno lo que sería ideal que ocurra es que en términos de nombramientos prime la línea de Pedro Francke, Mirta Vásquez, Aníbal Torres, Julio Velarde etc.  y se escojan dos o tres prioridades en cuanto a cambios a ejecutarse en el marco de la Constitución.

Por momentos parece que hacia eso se inclina el Gobierno, como cuando rompió con Cerrón  al reemplazar a Bellido por Mirta Vásquez, poniendo fin a una situación que era inaceptable y que dejaba muy mal  a Castillo, como era el hecho de que Cerrón viniera  actuando como si él fuera el presidente de la República, desautorizando y contradiciendo muchas veces al verdadero. Es por eso que dicha ruptura en el  “oficialismo”, lejos de verse como una crisis, debe  interpretarse como algo positivo, una oportunidad, que marca un antes y un después a favor de Castillo.

Es cierto que Cerrón  es el secretario general del partido con el que  Castillo ganó las elecciones y, por tanto, es normal que tanto él como su organización deberían tener una participación en el Gobierno. Pero también lo es que la gente que votó por Castillo no lo hizo  porque adhiriera a  las ideas de dicho partido, concretadas en el poco leído Ideario, o como expresión de respaldo a Cerrón. Sin Castillo y el tipo de sentimiento e identificación que generó en la gente, Perú Libre podría haber hasta desaparecido. Por lo demás, ser el partido de Gobierno no puede significar la pretensión de ser “el Gobierno” y querer sustituir al presidente elegido.

Sin embargo, cuando el Gobierno parece haber agarrado un mejor rumbo como el descrito, el propio Castillo da señales en sentido contario. Escoge a Mirta Vásquez como premier pero pone – como se ha dicho- en Interior a Barranzuela (exabogado de Cerrón y de Perú Libre),  y anuncia el nombramiento, como su asesor, de alguien como Belmont , medida frente a la que tuvo que retroceder, por el rechazo interno y externo que, como era previsible, generó.

Peor aún. En el momento que el gabinete de Vásquez está peleando la cuestión de confianza, a partir de un discurso en los que plantea una serie de cambios pero sin excluir a  los diversos sectores políticos y económicos del país, el presidente Castillo pide en paralelo trabajar conjuntamente con el Congreso una ley  para nacionalizar el gas de Camisea. Cuando él mismo había dicho- contra Bellido- que en lo de Camisea habría una “renegociación” con el consorcio a cargo del gas y no una expropiación, algo que, por lo demás, diversos sectores vienen reclamando. Es cierto que no pronunció esta palabra sino que primero usó la de estatización, a modo un poco de lapsus, pasando a la de nacionalización; pero en las actuales circunstancias todos esos términos se prestan a confusiones.

Es más, tanto acá como en su gira internacional, prometió que no se harían expropiaciones en  general y llamó a la inversión privada a confiar en el Gobierno. Evidentemente estamos ante un “Castillo contra Castillo” y en el peor momento. Al punto que se vuelve a especular sobre una supuesta voluntad de  cerrar el Congreso, luego que le nieguen la investidura a dos gabinetes, algo que, por ser provocado a través de maniobras, sería inconstitucional, además de suicida, ya que no solo no cuenta en absoluto con la fuerza social  para ello (tiene un nivel de aprobación de solo 42 %, según Ipsos) sino que antes podría ser vacado.

Me inclino a creer que es una especie de “síndrome de plazuela”, en el sentido que cada vez que habla ante una plaza dice cualquier cosa, con tal que suene popular. Realmente es poco creíble que, en verdad, se esté pensando en expropiar o estatizar Camisea, pero resulta un grave error caer en una ambigüedad que inmediatamente ha sido utilizada por los más recalcitrantes enemigos del gobierno. Algunos señalan, incluso, que ha sido el motivo de que el dólar vuelva a subir.  Tal como era de esperar, el punto ha tenido que aclararse, el mismo ministro de Economía tuvo que salir a explicar que nacionalizar es apuntar a beneficiar a todos los peruanos y que nos es lo mismo que expropiar. Vale, pero el daño ya estaba hecho.

¿Cuál sería la reacción de la calle frente a los diversos escenarios planteados? Es cierto que el nivel de desaprobación del presidente Castillo es alto (48 %, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos), pero es bastante menor que el del Congreso (58 % de desaprobación según la misma encuesta). Este dato puede ser determinante para que, por un instinto de sobrevivencia, ambos poderes se abstengan de intentar medidas radicales mutuas y más bien hagan un esfuerzo para, de manera conjunta, hacer méritos para calmar los ánimos, ya de por si bastante exacerbados, los que en cualquier momento pueden derivar en el famoso y ya recurrente “que se vayan todos”.

Lo peor que haría el gobierno es creer  que se ha equivocado  y que lo que le conviene – a fin de sobrevivir – sería volver  a los brazos de Cerrón y asumir una línea de ultra izquierda en el marco del trasnochado e inviable “Ideario “ de Perú Libre.  Sin embargo, tampoco conviene que se mantenga la improvisación, las marchas y contramarchas, el desgobierno, etc; puede aguantarse unos meses, pero sería liquidador para el Perú si esto continua de manera indefinida, sobre todo por las circunstancias en que se encuentra.

No menciono adrede el tema de la relación entre el Gobierno (especialmente en el caso de Castillo) y el Movadef (Sendero Luminoso),  porque creo que ha sido una cuestión más inflada que real (ya está claro que no todos los dirigentes de la huelga del  2017 eran del Movadef) , sin negar que hubo nombramientos que, por el tipo de declaraciones o dudas que generaban al respecto bastaba para no hacer ( Bellido y Maraví, por ejemplo). En todo caso, estamos en una coyuntura en que el tema ha desaparecido, lo cual sería incomprensible si tuviéramos realmente un presidente cercano al terrorismo.

Una oposición al acecho

Así como no se puede dejar de mencionar al Gobierno como fuente de incertidumbre política, sería desquiciado no darle el gran espacio que se merece a quienes contribuyen en gran proporción con dicha incertidumbre.  Se trata de una oposición muy poderosa pues  comprende a la gran mayoría de sectores políticos (los que en conjunto pueden llegar a controlar   el Congreso), económicos y mediáticos.

A nivel del Congreso, la posibilidad de una vacancia presidencial por incapacidad moral  permanente ha estado presente prácticamente desde que Castillo asumió la presidencia. Congresistas como Alva (presidenta del Congreso), Montoya o Williams se han referido a esta posibilidad  de una u otra manera, sea diciendo que es una  exigencia de la calle o que no se puede descartar porque es una alternativa prevista en la Constitución.

Y se vienen dando pasos concretos en esa dirección. No es gratuito, por ejemplo, que se hayan abierto una serie de comisiones especiales para investigar irregularidades a las que se pretende vincular al presidente de la República. Una de ellas es la que se ha creado para continuar investigando si hubo o no fraude en las elecciones de la segunda vuelta, lo cual ha motivado hasta que el Jurado Nacional de Elecciones interponga ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial, al ser aquél el organismo que de acuerdo Constitucional debe resolver las controversias en materia electoral, habiéndose ya pronunciado contra toda posibilidad de fraude.

La modificación de la Constitución que acaba de concretar el Congreso – a través de una ley aprobada por insistencia, ante el rechazo del Ejecutivo-  para restringir la cuestión de confianza en varias hipótesis (ya no procederá por ahora respecto a propuestas del Ejecutivo sobre modificaciones de la Constitución o respecto aatribuciones del Congreso ), haciéndola pasar por un ley de interpretación constitucional, está encaminada a protegerse del intento de  una posible disolución, dejando en cambio la vacancia como una alternativa  que depende únicamente del requisito de contar  con 87 votos, lo que ha generado un desequilibrio de poderes. El Gobierno planteó limitar las dos figuras al mismo tiempo, pero el Congreso rechazó la propuesta.

El Ejecutivo  ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad, pero mientras tanto rigen dichas restricciones. La modificación es importantísima, porque hasta ahora lo que viene frenando a los congresistas respecto al intento de  una vacancia presidencial, es que no quieren arriesgar sus curules con una posible disolución. De seguro ahora intentarán aprobar otra ley que establezca que si el presidente del Congreso asume interinamente la presidencia de la Republica, debido a la doble vacancia del presidente y vicepresidente (Boluarte), lo que correspondería sería  convocar solo a elecciones presidenciales y no generales, como está dispuesto ahora. De esa manera, ellos mantendrían sus curules, y sus organizaciones políticas tendrían la oportunidad de disputarse otra vez la presidencia que no ganaron la última vez.

A consolidar todas estas leyes claramente constitucionales ayudará el hecho de que la correlación de fuerzas en el TC haya variado con la muerte de Carlos Ramos, lo cual hace mas difícil que las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el Gobierno contra este tipo de normas alcance los 5 votos que se requieren. En todo caso, en febrero habrá un nuevo TC, con  6 nuevos miembros, que serán elegidos – por lo menos la mayor parte – a imagen y semejanza de la mayoría que controla el Congreso.  

Respecto a la posición de los grupos económicos, es representativo de sus posiciones lo que se expresa en los chats publicados por el portal de periodismo El Foco, en los que aparecen importantes empresarios vinculados a la Sociedad Nacional de Industrias revelando la financiación de paros de transportistas, con los objetivos que ello supone (caos y desabastecimiento). A ello se suma, por ejemplo, la elevada suma de plata que se viene sacando del país.

En cuanto a la prensa concentrada, y a una serie de medios de comunicación, salta a la vista que continúan con un sesgo encaminado  a resaltar todo lo malo del Gobierno,  como si fuera el único sector políticamente problemático y sin reconocer ningún cambio positivo. Por ejemplo, se han reforzado las unidades de investigación para encontrar inmediatamente los cuestionamientos que se puedan hacer a los que van siendo nombrados en cargos públicos, lo que es en sí mismo positivo, porque eso permite que todos critiquemos y exijamos las rectificaciones correspondientes; lo cuestionable está en que ese nivel de fiscalización solo se  tiene frente al oficialismo y no frente a todos.

Igual en cuanto a la corrupción. Se sigue al milímetro el caso de los Dinámicos del Centro, que se relaciona con Perú Libre y la financiación irregular de su última campaña, lo cual puede terminar afectando al presidente Castillo, pero no se toca los innumerables casos de corrupción que enfrentan los otros sectores políticos, comenzando por el fujimorismo (Odebrecht).

Es muy elocuente también que el poder mediático no haya “celebrado” como correspondía la ruptura de Castillo con Cerrón, Bellido y Perú libre, y el nombramiento de una premier como Mirtha Vásquez, cuando lo que se venía criticando era la usurpación de funciones por parte de Cerrón. Esta omisión es relevante porque lo que conviene es que Castillo sienta claramente las ventajas que trae optar por una vía de izquierda democrática.

En los hechos esto significa que tenemos una oposición que no reconoce en realidad quién ha ganado y quién ha perdido las elecciones y que, sobre la base del mal comienzo que ha tenido el Gobierno, esté dispuesta patear el tablero, sin emportar lo que este haga.

El mejor escenario en cuanto a la oposición es que cambie de actitud, y que sin abandonar una posición  crítica y fiscalizadora, esté dispuesta a llegar a acuerdos mínimos con el Gobierno, si es que este obviamente se mantiene  en el marco de las reglas  de juego contenidas en la Constitución.

Sin embargo, hasta ahora no hay señales de que algo así pueda ocurrir, y que más bien nos encaminamos a lo que varios han llamado como “un choque de poderes”, lo cual es sumamente perjudicial para el país porque impide concentrar esfuerzos en superar la pandemia y sus efectos, especialmente en el ámbito económico. Este choque se puede  dar  en el momento en que uno de los poderes crea que puede ganar reduciendo riesgos (opción que se perfila más por el lado del Congreso), o, por el contrario, si cualquiera de ellos se convence que debe golpear primero para subsistir (una visión que por ahora se presenta más por el lado del Ejecutivo).

Si uno de los poderes sobreviviera a este choque frontal, de hecho trataría de consolidar su poder y de crear las condiciones para conjurar que la situación anterior pudiera repetirse. Eso implicaría la imposición de una línea ultra radical de derecha (si triunfara el Congreso), o ultra radical de izquierda (si gana el Gobierno). En ambos casos se impondría para ello un régimen totalitario,  con limitación de  derechos y libertades.

“La calle” como amenaza y barrera de contención

¿Cuál sería la reacción de la calle frente a los diversos escenarios planteados? Es cierto que el nivel de desaprobación del presidente Castillo es alto (48 %, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos), pero es bastante menor que el del Congreso (58 % de desaprobación según la misma encuesta). Este dato puede ser determinante para que, por un instinto de sobrevivencia, ambos poderes se abstengan de intentar medidas radicales mutuas y más bien hagan un esfuerzo para, de manera conjunta, hacer méritos para calmar los ánimos, ya de por si bastante exacerbados, los que en cualquier momento pueden derivar en el famoso y ya recurrente “que se vayan todos”.

Conclusión: un Gobierno (producto de elecciones legítimas),  que, pese a todo (balance negativo), ha dado un paso en la dirección correcta (ruptura con Cerrón, cambio de gabinete, respeto de la Constitución ), el mismo que no ha sido correspondido ni apreciado por la oposición, que sigue buscando la oportunidad de la vacancia, lo cual hace que la disolución del Congreso no haya sido descartada por el Gobierno  Ese choque de poderes puede terminar en la imposición de regímenes totalitarios de ultraderecha o ultraizquierda. La política de espaldas a una población que vive circunstancias dramáticas, y que puede reaccionar para “que se vayan todos”. 

Incertidumbre, precario equilibrio, al filo del abismo.