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La breve gestión de Iber Maravi en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo nos permite parafrasear el título de un conocido artículo de Theda Skocpol. A pesar de su breve gestión (fue nombrado el 29 de julio, puso su cargo a disposición el 31 de agosto y renunció el 06 de octubre del presente año) será recordado tanto por los sectores de la ultra derecha como por los gremios sindicales, aunque claro que por diferentes razones.

Explicar las denuncias recibidas por supuestos hechos ocurridos décadas atrás resulta ahora un ejercicio innecesario y en buena cuenta ya el propio Maraví ha respondido ampliamente en el Congreso de la República. Resulta más importante entender el rol cumplido por Maraví, los límites encontrados y los logros que puede registrar.

Un ministerio invisible

La cartera de Trabajo es una de las que recibe menos presupuesto en una tendencia que se extiende varias décadas atrás. Por esa razón tampoco dispone de mucho personal ni puede ofrecer remuneraciones atractivas para mantener cuadros técnicos de primer nivel en instancias intermedias. Es un ministerio que ha sido sistemáticamente precarizado por la lógica estatal de las tres últimas décadas.

Esta situación no era motivo de preocupación en tanto el debate político -antes de la pandemia- había invisibilizado los problemas y especialmente los conflictos laborales. El MTPE solamente aparecía en los medios cuando ocurría una tragedia como la muerte de cuatro trabajadores el 15 de noviembre de 2016 en el cine UVK del centro comercial Larcomar; o la muerte de dos trabajadores en el incendio de las Galerías Nicolini el 22 de junio de 2017 o la muerte de dos jóvenes el 15 de diciembre de 2020 por un cortocircuito en un local de McDonalds en Pueblo Libre. Los tres casos ocurrieron en la capital del país.

La gestión de Maraví supuso una mirada política en el tema laboral: colocó al Estado en el debate laboral desde una posición “política”, de poder, y no sólo como un intermediario técnico, es decir neutral. En cualquier sociedad democrática se entiende que el tema laboral supone intereses sociales diferentes en una distribución desigual de poder y por tanto el Estado no puede jugar a la imparcialidad. Maraví le dio ubicación e iniciativa al MTPE. Se coloca la precariedad laboral como un tema central así como la protección de la acción sindical en la agenda del Ministerio. Una consecuencia directa de esto es que las huelgas dejan de verse como procesos administrativos y pasan a ser lo que realmente son: conflictos laborales que ponen en riesgo a los trabajadores y sus familias, por lo que el Estado debe hacer todos los esfuerzos para brindar garantías al lado más débil de la relación laboral.

En todos estos casos resultaba clamorosa la inoperancia del MTPE y de SUNAFIL para prevenir las violaciones del marco legal que hubieran impedido la muerte de los trabajadores y trabajadoras.

La indiferencia se puede explicar tanto por la inercia política (path dependence) del Ministerio de Trabajo con respecto al legado neoliberal establecido en 1992, que lo ha limitado a mantenerse en la mínima administración del tema laboral, negando conflictos de manera sistemática. Un buen ejemplo de esto es el control que se tiene sobre el ejercicio del derecho constitucional de huelga. La práctica común de los funcionarios del MTPE hasta la gestión de Maraví consistía en declarar improcedentes las declaratorias de huelgas aduciendo errores formales. Por norma, a un sindicato se le exigen diversos actos, como asambleas y votaciones, así como documentos que registren dichos actos para poder realizar una huelga legal. El funcionario observa desde un error de tipeo, la ausencia de un apellido o incluso la numeración de las páginas para declarar “improcedente” la huelga y obligar al sindicato a repetir todo el trámite.

En las últimas décadas los funcionarios del MTPE han venido asumiendo la desconfianza sistemática frente a cualquier acto que realicen los sindicatos. Se amparan en una observancia “literal” de la norma para rechazar documentos presentados y exigir “pruebas” antes de acceder a un registro sindical o la procedencia de una huelga.

Todo lo anterior hizo del MTPE una instancia limitada a la promoción pequeños programas de empleo e inocuo vocero del tema laboral. Recuérdese que las leyes de promoción del empleo juvenil denominadas “Ley Pulpin” -derogada por la movilización sindical juvenil- y Ley Pulpin 2.0 -que no avanzó más allá de proyecto de ley-, fueron elaboradas sin el conocimiento del Ministerio de Trabajo.

Los ministros anteriores como Cáceres, el aprendiz Ruggiero o Palacios se presentaban como “técnicos expertos” en materia laboral y por tanto operadores imparciales en las relaciones laborales. En general, nos habíamos acostumbrado a varias prácticas poco democráticas. Por ejemplo, que la designación del ministro de trabajo pase por encima de la más mínima consulta con las centrales sindicales. O que los vínculos con los sectores empresariales no signifiquen conflicto de intereses. A pesar que en diferentes gestiones se denunciaron serios conflictos de intereses con viceministros, asesores y altos funcionarios.

Un ministerio con voz

Ahora queda claro que el primer Gabinete del actual Gobierno fue el resultado de acuerdos entre el grupo de Pedro Castillo y el grupo de Vladimir Cerrón. Maraví venía del grupo de Castillo, pues era un docente que efectivamente estuvo cerca de los sindicatos alternos al SUTEP. Ciertamente, para la ultra derecha local, el SUTEP, los SUTE regionales, Conare, Fenate, Movadef, Sendero y el comunismo es lo mismo. El macartismo peruano mantiene el legado de intolerancia e ignorancia propias de estas prácticas.

Desde antes de instalado el Gobierno, la estrategia de la derecha tiene como objetivo impedir que Castillo complete su mandato, por lo que una de las maneras de debilitarlo es desestabilizando el gabinete ministerial. Lo hizo entonces, lo hace ahora.

En este escenario tenemos la gestión corta y muy discutida del ministro Maraví. Las discutibles denuncias que recibió aluden a una supuesta participación en Sendero Luminoso y vínculos con miembros de la organización terrorista. La respuesta del ministro en la presentación del Congreso absolvió los cuestionamientos resaltando las inconsistencias de dichas denuncias. Además de la excepcionalidad que supone cuestionar una gestión ministerial por hechos ajenos a la cartera ministerial.

Pero más allá de la campaña macartista, Maraví representó en primer lugar, un cambio sustancial frente a las gestiones anteriores. Se trataba de un ministro realmente cercano al sector laboral y al sindicalismo. Es cierto que desde el sindicalismo limeño Maraví resultaba inicialmente una incógnita, pues había desarrollado su labor gremial fuera de los espacios tradicionales como el SUTEP o la CGTP. En este punto, no deja de ser significativo que tanto el presidente Castillo como Maraví y otros ministros provengan de una experiencia gremial alterna a la institucionalidad sindical “oficial” en el país. Se trata de experiencias diversas que ilustran las diferentes variedades de acción colectiva organizada que se desarrollan en espacios subnacionales.

En segundo lugar, la gestión de Maraví supuso una mirada política en el tema laboral: colocó al Estado en el debate laboral desde una posición “política”, de poder, y no sólo como un intermediario técnico, es decir neutral. En cualquier sociedad democrática se entiende que el tema laboral supone intereses sociales diferentes en una distribución desigual de poder y por tanto el Estado no puede jugar a la imparcialidad.

Maraví le dio ubicación e iniciativa al MTPE. Se coloca la precariedad laboral como un tema central así como la protección de la acción sindical en la agenda del Ministerio. Una consecuencia directa de esto es que las huelgas dejan de verse como procesos administrativos y pasan a ser lo que realmente son: conflictos laborales que ponen en riesgo a los trabajadores y sus familias, por lo que el Estado debe hacer todos los esfuerzos para brindar garantías al lado más débil de la relación laboral.

En tercer lugar, tenemos una decisión esperada por los trabajadores del sector público. El desistimiento del Estado en los procesos de inconstitucionalidad presentadas por el anterior Gobierno a las leyes de eliminación de CAS y de negociación colectiva. Lo cual supone nuevamente tomar posición frente a una clara violación de los derechos laborales y libertad sindical de los trabajadores estatales.

En cuarto lugar tenemos la propuesta de una agenda laboral de diecinueve puntos que recogían las principales demandas de los gremios sindicales. La “Agenda 19”, es justo reconocerlo, resultó la propuesta más integral y seria que ha tenido el Ministerio de Trabajo en muchos años, para enfrentar los reales problemas del trabajo y las relaciones laborales.

Los gremios tanto empresariales como laborales lo entendieron así, por eso, la CONFIEP y la SNI presentaron observaciones a la agenda apenas se presentó. En el tema laboral, una diferencia sustancial en el debate es los distintos énfasis que empresarios y trabajadores dan a la informalidad y la precariedad laboral. Puede parecer un detalle pero en tanto supone acciones políticas diferentes resulta significativo.

Los empresarios insisten en que el principal problema es la informalidad laboral y entienden por eso la existencia de empresas sin licencias y trabajadores sin contratos laborales. Para los gremios sindicales, el énfasis se encuentra en la precariedad laboral, es decir, la situación de bajas remuneraciones y malas condiciones de trabajo. Lo cual muchas veces se agrava por la inobservancia de la legislación laboral. El ministro Maraví puso énfasis en la precariedad laboral y en las dificultades para el ejercicio de la libertad sindical.

Finalmente, debemos reconocer que tomó la decisión de eliminar el uso abusivo de la suspensión perfecta de labores que se venía dando en el marco de la crisis sanitaria. un tema que parecía el inicio de un enconado debate en el Congreso afortunadamente se resolvió con una sensata decisión ministerial.

¿Una golondrina roja no hace verano?

Por estas razones, su gestión se encontraba asediada por dos frentes. La ultra derecha lo acosaba por su aparente extremismo juvenil y la derecha empresarial por su agenda “prosindical”. Con los dos flancos abiertos y la amenaza de una censura, la situación del ministro era más que complicada. A pesar que las organizaciones sindicales de manera sensata salieron a las calles para expresar su apoyo al ministro, el propio Castillo decidió pedirle su renuncia.

¿Era inevitable la salida del ministro Maraví? Todo parece indicar que no. Es cierto que mientras las denuncias macartistas se empezaban a desinflar, las presiones empresariales empezaban a tomar cuerpo. Incluso así, el Gobierno pudo apostar por mantener al ministro, resistir las presiones de la CONFIEP y sus voceros mediáticos y consolidar el apoyo sindical. Lamentablemente, optó por perder al ministro y el apoyo sindical. La lógica institucional de un ministerio de trabajo que apague conflictos antes que promoverlos resulta un legado muy difícil de desprenderse.

El desenlace muestra también la debilidad sindical para movilizar un apoyo organizado de manera eficaz e imaginativa. La nueva ministra de trabajo Betssy Chávez ha señalado que mantiene la “agenda 19” en el MTPE, sin embargo en el mensaje de la presidenta del Consejo de Ministros se alude solamente a la capacitación laboral y una mayor presencia virtual de SUNAFIL en las regiones del país. Bastante poco para mantener el entusiasmo.

Como he señalado en otros espacios, el Gobierno de Castillo tiene serios problemas para construir alianzas que modifiquen la actual correlación de fuerzas políticas. Con una oposición golpista, la sensatez no basta. Un Ministerio de Trabajo audaz y políticamente colocado del lado de los trabajadores podría ser un instrumento eficaz para consolidar respaldo real y desestabilizar a las fuerzas antidemocráticas. Maraví fue una oportunidad para esto y el Gobierno la dejó pasar.