Claro oscuro de una ley en ¿debate?

Escrito por Revista Ideele N°300. Octubre-Noviembre 2021

Hace poco la bancada de Perú Libre presentó una propuesta llamada “Ley que declara de necesidad pública e interés nacional de la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.

Más allá del cuestionamiento a su estructura, sustento técnico y redacción, que sin duda merece mejorar, la propuesta de ley nos deja una reiteración de los principios y planteamientos ya consagrados en la Ley de Radio y Televisión (Ley N.º 28278).

Principios de acceso y prestación del servicio sí, pero con co-regulación

La libre competencia, libertad de acceso, transparencia y el uso eficiente del espectro radioeléctrico son cuatro principios de acceso a los servicios de radiodifusión que se incorporaron en la Ley de Radio y Televisión, en el año 2004, con el fin de garantizar derechos y obligaciones entre las y los titulares del medio y las autoridades competentes en salvaguarda de los derechos de las y los ciudadanos. Como medidas se incorporaron los concursos públicos, que evitarían la discrecionalidad de la asignación de frecuencias; la presentación del proyecto de comunicación, de forma que la propuesta económica no sea el único mecanismo de valoración, y la publicidad de la disponibilidad de frecuencias.

La pregunta natural es qué impacto han tenido estas medidas. Las estaciones de radio y televisión a nivel nacional se han ido incrementando con el paso de los años. Sin embargo, más medios no representan más democratización de la comunicación con pluralidad y diversidad: las licencias comerciales se han incrementado y más rápido frente a las licencias educativas y comunitarias, no siempre en igualdad de condiciones.

Fuente: Consejo Consultivo de Radio y Televisión

Por su parte, la propuesta de ley de Perú Libre asume la radiodifusión como servicio público. Aquello es inexacto, pues en realidad es un servicio privado de un bien público (la información y comunicación). También señala, la importancia estratégica de la comunicación para la democracia, la necesidad de evitar la concentración y monopolización de medios, fomentar la promoción de diversas expresiones culturales, (andina, amazónica, indígena, afrodescendiente), invertir en producción cultural y educativa, incrementar contenidos de calidad e incentivar que las poblaciones desarrollen sus propias iniciativas de comunicación.

Los ciudadanos piden cada vez más una cobertura veraz y objetiva con mayor pluralidad de fuentes, con investigación periodística que trascienda la denuncia, con información y debate sobre temas relevantes. Se hace indispensable instalar mecanismos de transparencia para distinguir entre información y opinión, entre noticias verdaderas y fake news. Los mecanismos de autorregulación no han funcionado y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido más un Ministerio de “Transportes” que de “Comunicaciones”. Se necesita un Estado fuerte que haga cumplir la ley, no que censure, pero sí que identifique y sancione la vulneración de los principios y el cumplimiento de las normas que la ley ya plantea.

¿Quién podría estar en contra de lo anterior? Más aún, si la actual Ley de Radio y Televisión ya lo plantea. Lo que se requieres es de su cumplimiento mediante el fortaleciendo de medios educativos y comunitarios (actualmente representan el 25.37% y 1.13% respectivamente), brindándoles capacitación, promoción e infraestructura para fomentar la identidad regional, producciones propias y sostenibilidad económica. En ese sentido, el debate se debería centrar en cuál sería la entidad del Estado que, de manera independiente y autónoma, podría impulsar dicho fortalecimiento sin caer en proselitismo político que genere medios que le deban ya no la publicidad, sino la existencia al gobierno de turno.

Fuente: Consejo Consultivo de Radio y Televisión

La propuesta de ley recoge en la exposición de motivos los principios que deben expresarse en la prestación del servicio: la necesidad de información veraz e imparcial, el respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural, en pro de la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión de las y los ciudadanos, titulares del derecho.

¿Están cumpliendo hoy los medios con los estándares que toda democracia exige? ¿Hay un adecuado equilibrio entre libertad de empresa y libertad de expresión de los ciudadanos? Si analizamos el reciente proceso electoral, algunos medios estarían bastante lejos de ser equitativos y plurales, han ejercido la libertad de expresión desde sus intereses empresariales, en desmedro de la ética y la calidad de información.

Así, los ciudadanos piden cada vez más una cobertura veraz y objetiva con mayor pluralidad de fuentes, con investigación periodística que trascienda la denuncia, con información y debate sobre temas relevantes. Se hace indispensable instalar mecanismos de transparencia para distinguir entre información y opinión, entre noticias verdaderas y fake news. Los mecanismos de autorregulación no han funcionado y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido más un Ministerio de “Transportes” que de “Comunicaciones”. Se necesita un Estado fuerte que haga cumplir la ley, no que censure, pero sí que identifique y sancione la vulneración de los principios y el cumplimiento de las normas que la ley ya plantea.

Fuente: Sondeo de Opinión Ciudadana sobre televisión – Lima 2021 del Observatorio de Medios.

Inclusión digital sí, pero integral

El proyecto de ley también plantea definiciones y propuestas referidas a las telecomunicaciones, acceso y uso de las TIC relacionadas a la ley N° 30228, que modifica la ley para la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones.

No cabe duda que la inclusión digital es un objetivo de especial relevancia que, en la actual coyuntura de pandemia, reduce o amplia la exclusión social. Su amplitud y naturaleza hace que merezca una discusión diferenciada para analizar y encontrar alternativas integrales. La experiencia nos dice que no basta solo con una infraestructura de telecomunicaciones, si esta no va acompañada de la mejora en la conectividad (acceso, calidad y alcance de la red internet y telefonía), la alfabetización en nuevas competencias digitales para consumir y producir contenidos, la tenencia de dispositivos a bajo costo (el computador, teléfonos, laptop, dispositivos en general), el uso gratuito de internet, los servicios públicos digitales (telemedicina, educación virtual, emprendimientos y negocios, etc), la gestión del conocimiento y seguridad en el acceso a datos, el uso de redes y plataformas virtuales, y otros aspectos.

En el anterior gobierno de Sagasti, debido al contexto de emergencia generado por la pandemia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsó un Plan de Conectividad Digital para cerrar la brecha existente (Plan Todos Conectados). Este debe ser evaluado y continuado como parte de una política de Estado.

Desde una perspectiva ciudadana, la inclusión digital debe servir para mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, así como para tener una postura crítica frente al uso de las TICS en el desarrollo. Se hizo bien en el debate anterior de la Ley de Radio y Televisión separar la discusión de la Ley de Radiodifusión de las Telecomunicaciones. Son dos sectores de naturaleza distinta.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La democratización de los medios sí, pero sin intervencionismo

La preocupación central de la presente propuesta de ley se encuentra en el artículo N° 4.

En la propuesta de ley se detalla que en caso de emergencia (¿la Pandemia de COVID- 19 no califica acaso como emergencia nacional?), el Poder Ejecutivo puede asumir y dictar medidas para la prestación directa del servicio de radiodifusión y telecomunicaciones.

Este artículo vulnera directamente el artículo IV de la actual Ley de Radio y Televisión, que plantea el respeto irrestricto a las libertades de información, opinión y expresión, en concordancia con la Constitución Política del Perú. Allí se señala que, en todo momento, incluso en estado de emergencia, se mantiene la plena vigencia de los mencionados derechos sin ninguna forma de censura, “bajo responsabilidad”.

En la norma actual tenemos también el artículo N° 6, que señala que, en situación de emergencia y desastres naturales, los medios deben participar mediante la difusión de campañas, colaborando con las autoridades para la protección de la vida humana, el orden público y la seguridad.

¿Cuál ha sido el comportamiento de los medios en esta pandemia? Ciertamente esperábamos más de algunos medios masivos de alcance nacional. Los medios regionales y digitales son los que han contribuido de manera más sostenida. Se necesita que el Estado exija a los medios comerciales de alcance nacional una mayor contribución en el marco de la responsabilidad social que debe iniciar con una programación educativa, solidaria y de calidad.

Es necesario dejar claro que “el bien mayor a cualquier precio no es un buen bien”, como señalaba Javier Darío Restrepo. La democratización de los medios es un objetivo lícito, pero nunca bajo intervención

La comunicación como derecho: Agenda para empezar el debate en serio

La comunicación es un proceso de relación dialógica, participativa y democrática que asume a los ciudadanos como el centro y eje del desarrollo, involucrándolos en las decisiones que afectan su futuro. En esta línea, el derecho a la comunicación amplía el derecho a la información (no lo centra en ejercicio de los medios, pero lo incorpora) y lo ubica como un bien público.

Nadie quiere volver a lo ocurrido en décadas pasadas y, por ello, requerimos un amplio debate sobre estos temas, en el marco de una política pública de comunicación entre todos los involucrados.               

Tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República deberían incorporar a las y los ciudadanos en la discusión de las propuestas, convocar audiencias públicas para analizar la Ley de Radio y Televisión, realizando un balance de su cumplimiento. Es necesario poner todo bajo discusión: los principios de acceso y prestación del servicio; los concursos públicos; el horario familiar; los códigos de ética y la autorregulación; el fortalecimiento de los medios comunitarios y educativos; la franja educativa; la ley de medios públicos; el rol del Consejo Consultivo de radio y televisión; la concentración de medios y la propiedad cruzada, así como las sanciones y los mecanismos para ponerlos en práctica. Y es que, ¿acaso no son las y los ciudadanos los beneficiarios finales de estos servicios?

Con esa idea, varias instituciones de la sociedad civil plantean una agenda de ocho puntos por el derecho a la comunicación.

Elaboración: Coordinadora de Derechos Humanos

Recordemos que la comunicación es un derecho humano. La titularidad de dicho derecho es de las y los ciudadanos, no de los periodistas, los medios o el gobierno de turno. Los medios reflejan lo que somos, pero también lo que podemos ser.

Sobre el autor o autora

Marisol Castañeda
Presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria.

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