Castillo: cumplimiento de plan de Gobierno y ofertas electorales

Escrito por Revista Ideele N°300. Octubre-Noviembre 2021

Tratando de ponerme en un apuro, me preguntaron qué opinaba de la obligación del Gobierno de Castillo de cumplir con su plan de Gobierno. Respondí con tres interrogantes relacionadas entre sí: ¿Cuál plan de Gobierno? ¿El Ideario preparado por Cerrón presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones? ¿El plan Bicentenario de la segunda vuelta?

Lo primero que hay que decir es que ninguno de los dos es un plan de Gobierno en el mejor sentido de la palabra y la explicación es bastante obvia: Castillo, ni Perú libre pensaron que podían ganar las elecciones. Un ideario no puede ser un plan y el Bicentenario está lleno de generalidades, aunque de ambos se pueden extraer ciertos compromisos que se hizo con los electores.

El más importante de los ofrecimientos es el de una nueva Constitución por la vía de una asamblea constituyente y más allá de las interpretaciones que se pueda dar a los artículos 32 y 206[1] de nuestra carta magna hay que tener claro que tendría que hacerse dentro del marco vigente, salvo que previamente se hicieran cambios constitucionales.

En consecuencia, creo que el Gobierno de Castillo tiene la obligación de cumplir con sus ofrecimientos, pero tiene que estar atenuados por la realidad y todos sabemos que no cuenta con los votos suficientes en el Parlamento para hacer los cambios necesarios para convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva.

Entonces, lo que corresponde es que lo intente sabiendo que está condenado al fracaso o lo que sería más sensato, reconozca de una vez por todas ante la ciudadanía que la cantidad de votos con que fueron elegidos y el número de representantes que tienen en el Congreso no le permiten cumplir con este ofrecimiento. Nadie puede exigirle que cumpla algo imposible.

El resultado de la votación solo puede interpretarse como que el pueblo no le ha delegado la facultad para cumplir con ese ofrecimiento. En vez de seguir insistiendo y creando inestabilidad convendría que reconocieran lo que todos sabemos: no pueden convocar a una asamblea para redactar una nueva constitución.  

En realidad, un plan de Gobierno tiene que tener en cuenta dos escenarios: el primero, es que la votación le dé mayoría en el Congreso al Gobierno elegido, el segundo, cuando no obtenga mayoría. Es obvio que hay cosas que se pueden hacer desde el Ejecutivo y otras que requieren de la participación del Legislativo. Un plan de Gobierno serio tiene que contemplar las dos posibilidades. No obstante, si profundizamos en estos dos escenarios se pueden desprender varios otros, por ejemplo, que no se obtenga mayoría parlamentaria, pero se pueda conseguir alianzas que permitan gobernar con mayoría en el Congreso. Algo de esto ocurrió en el Gobierno de Toledo. Sin embargo, conviene recordar que las alianzas implican concesiones y habrá casos en que se tengan que incorporar ofrecimientos del partido con que se pactó y excluir ofertas que éste no acepta.

El breve Gobierno de Kuczynski que tuvo que enfrentar un Congreso con mayoría total del fujimorismo opositor es una muestra que se parece a la situación de Castillo, salvo por el hecho de que éste enfrenta una oposición dividida. En el pasado más lejano, también le ocurrió algo parecido a Belaunde durante su primer Gobierno. La oposición –en que su unieron apristas y odriistas– hizo imposible que pudiera cumplir con sus planes. El problema fue que tanto Belaunde como Kuczynski no acabaron su mandato y podría ocurrirle también a Castillo.

Otra dificultad que puede presentarse es que el Gobierno elegido sea capturado por los grupos de poder, como ocurrió con el segundo de Alan García, y cambie sus planes no cumpliendo con sus ofrecimientos, porque sus aliados se lo exigen. Los planes de Gobierno no pueden ser camisas de fuerza, pero si un Gobierno decide cambiarlos tiene que tener la entereza de hacérselo saber a sus electores y en casos importantes requiere de la aprobación de éstos. Más allá de si era conveniente o no, García había ofrecido retornar a la Constitución de 1979 y queda claro que si lo habría propuesto en el Congreso hubiera podido conseguirlo, ya que el humalismo lo hubiera apoyado, mas prefirió callar y no cumplir con lo que había ofrecido. Podían haber optado por hacerle saber al pueblo, en especial a sus electores, que habían cambiado de parecer y consideraban mejor continuar con la Constitución de 1993, pero un mal concepto de ‘conveniencia política’ los llevó a mentirnos a todos.  

Lo expuesto muestra que nuestro sistema político está mal diseñado, ya que no ha permitido gobiernos con mayorías opositoras en el Congreso. La reforma política es indispensable, pero por desgracia tenemos al gato de despensero: los políticos prefieren que las cosas sigan como hasta ahora. Y en estos casos el único camino es la presión de la sociedad civil. Hay que hacerles entender a los congresistas que su función principal es la de representarnos, lo que significa hacer lo que les encargamos y no lo que les parece. La no sujeción al mandato imperativo establecido en el artículo 93 de la Constitución vigente es de aplicación excepcional. No puede entenderse que los congresistas una vez elegidos pueden hacer lo que les parezca, tienen que consultar con las bases (para eso existe la semana de representación en el Reglamento del Congreso). La liberación del mandato imperativo sólo aplica para casos de objeciones de consciencia o cuando se tiene que decidir entre lo nacional y lo local y quizá para algún caso más.

El Gobierno de Castillo necesita un plan de Gobierno que cuente con las simpatías y aprobación de la mayor parte de la población y aunque sea difícil todavía está a tiempo de diseñarlo. La ventaja de gobernar con un plan es que los objetivos quedan claros y los esfuerzos pueden encaminarse en lograrlos, mientras que si se gobierna sin éste –como ocurrió con Humala– uno se pasa el Gobierno tapando huecos, arrinconado por los medios, enfrentando el corto plazo y olvidando el mediano y el largo que son más importantes.


[1] https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/informacioninstitucional/escuelaelectoral/Martes%20Electorales%20-%20Exposiciones/ee2010/mar_02feb10.pdf

Sobre el autor o autora

Alonso Núñez del Prado Simons
Magíster en Derecho de la Integración y en Derecho Constitucional. Master of Business Administration (MBA), graduado en Lingüística y Literatura, Filosofía. Fundador y director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Profesor universitario, árbitro de la Cámara de Comercio y conferencista. Presidente y director de varias entidades del sistema asegurador.

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