Escrito por Stefano Corzo Vargas Revista Ideele N°301. Diciembre 2021

Mirar a Chile desde Perú siempre es una aventura compleja. Existe algún elemento irresuelto de nuestra idiosincrasia que no permite que un cotejo entre ambas naciones sea simplemente eso. Pero mirar a Chile desde Perú ahora, en pleno proceso electoral del país sureño, pues podría considerarse más como un ejercicio de clarividencia.

Las elecciones generales en Chile han llegado a su momento decisivo y, de manera similar a como ocurrió en nuestro país este mismo año, la segunda vuelta electoral se definirá entre dos opciones políticas ubicadas en las antípodas.

Por un lado, Gabriel Boric, diputado chileno de 35 años y candidato de la coalición Apruebo Dignidad —frente conformado por organizaciones políticas como el Partido Comunista de Chile y Convergencia Social (el partido del candidato Boric)— se ha posicionado como el representante de la izquierda chilena; mientras que José Antonio Kast, abogado, político y exdiputado de 55 años será su contrincante como representante del Partido Republicano, organización política de extrema derecha.

Los resultados de la primera vuelta (27,91 % de los votos para Kast y 25,83 % para Boric) demuestran que, como ocurrió en Perú entre Fujimori y Castillo en junio, la carrera por llegar a La Moneda será apretadísima y la final se definirá en cámara lenta.

Pero más allá de las coincidencias que podemos ver en los futuros resultados, destacan más aún aquellas coincidencias que podemos identificar en los discursos políticos de los candidatos; sobre todo, en aquellos que versan sobre temas como las protestas sociales, la situación de las agencias policiales y el control migratorio.

Para empezar, uno de los principales temas de debate durante las elecciones chilenas ha sido indiscutiblemente la delicada situación de La Araucanía. Está región, que sirve como punto de entrada a la macrozona sur del país, se ha convertido en el principal escenario del denominado conflicto mapuche que ha polarizado a la sociedad chilena. Los mapuches (anteriormente conocidos como araucanos) son el pueblo indígena más numeroso de Chile. A lo largo de las últimas décadas, ellos no han gozado los beneficios de vivir en el país que durante un tiempo era considerado como “la Suiza de América Latina”. Todo lo contrario, La Araucania es la región más pobre del país; pero eso no ha significado que algunas de las principales industrias de Chile (como la maderera) se instalen en sus territorios, afectando la vida de las comunidades que residen en estas zonas.

Los constantes reclamos de la comunidad mapuche y los intereses económicos por su territorio han desencadenado una espiral de violencia y enfrentamientos que han culminado en numerosas y continuas declaratorias de estado de excepción, efectivamente, militarizando la zona.

Este contexto ha posibilitado el surgimiento de un discurso sobre la presencia de “terrorismo” en La Araucanía. El candidato Kast ha sido feroz en referirse a la lucha que él emprenderá en contra del “terrorismo” y el narcotráfico en la zona. Incluso en su plan de gobierno —titulado “Atrévete Chile”— señala lo siguiente con respecto a la situación de la región: “En el contexto del conflicto en la Araucanía y Arauco, la persecución de delitos terroristas exige la utilización de agentes encubiertos, entregas vigiladas y de testigos protegidos”. Propuesta que evidentemente se contrapone a una serie de dispositivos legales internacionales.

Si bien no se puede negar la presencia del narcotráfico en la región —como también la presencia de grupos de resistencia indígena armados como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)— lo cierto es que prolongar o intensificar la militarización de la región solo profundizará aún más las desigualdades y los reclamos legítimos de la comunidad mapuche (en su gran mayoría pacífica) sin resolver los problemas estructurales de fondo.

En el Perú hemos sido testigos de centenas de situaciones similares con respecto a proyectos de inversión minera que terminan afectando los territorios y las vidas de las comunidades campesinas e indígenas que los habitan. Pero también hemos visto cómo, desde los espacios de poder, se busca distorsionar la opinión pública con respecto a los reclamos de estas comunidades.

Hace unos años se comenzó a proliferar en el Perú la idea de un “terrorismo antiminero” que había surgido en el contexto del conflicto del proyecto cuprífero de Tía María en Arequipa. No cabe duda que el discurso sobre el “terrorismo antiprogreso” que se ha comenzado a difundir en el contexto del conflicto mapuche en Chile le está intrínsicamente emparentado.

La situación de las agencias policiales en el país sureño también ha dado mucho que hablar. Sobre este punto, la comparación directa con nuestro país tendría que ser el debate surgido en torno a una posible (ahora inexistente) reforma en la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de los lamentables sucesos ocurridos en noviembre del año pasado, en el contexto de las protestas en contra del gobierno liliputiense de Manuel Merino.

En Chile, este debate surge sobre todo en torno a las protestas de octubre de 2019, aquellas que marcaron el punto de partida para el proceso constituyente que actualmente vive ese país, y donde la respuesta de las agencias policiales (específicamente de los Carabineros) a las manifestaciones fue brutal y ampliamente documentada.

Los candidatos de la segunda vuelta chilena también han tocado este tema, aunque como es de esperarse con matices bastante marcadas. Kast manifiesta lo siguiente en su programa político: “Respaldo efectivo a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), expresado en el restablecimiento de las facultades que les otorga la ley y en presupuestos, recursos humanos y tecnológicos.”

Esta posición tiene resonancia en Perú, sobre todo con las opiniones de la candidata Fujimori, cuando en el debate organizado en Chota, Cajamarca afirmaba que: “Nuestra Policía se ha visto afectada en los últimos meses y en los últimos años. Ellos han sido víctimas de constantes campañas de humillación. Por eso, a ellos les expreso mi respeto y les diré que les daremos todo el respaldo institucional que se merecen.” 

El 2020 significó un año de cuestionamiento global a la policía como institución. Al asesinato de George Floyd por parte de agentes policiales del estado de Minneapolis en los Estados Unidos les siguieron fuertes cuestionamientos a las policías de Francia, Nigeria, Colombia, Chile y Perú, solo por mencionar los casos más destacables. En todos los contextos anteriormente mencionados, el principal reclamo de la ciudadanía llamaba por una reforma o refundación de las agencias policiales.

En contraste, la respuesta de la derecha y los sectores conservadores fue muy parecida a la de Kast o Fujimori: defender a la policía a toda costa, hacer odios sordos a las torres de acusaciones (y evidencia) que existía en su contra y, bajo ninguna circunstancia, permitir que el debate sobre una reforma se introduzca en el espacio público. 

La comparación del lado de los candidatos de la izquierda peruana y chilena, sin embargo, no presenta tantos paralelos. Boric, en su plan de gobierno “Apruebo Dignidad”, establece una temporalidad específica para el proceso de reforma y no se atemoriza de utilizar palabras gruesas como “refundación”. Con respecto a su plan para la policía, señala lo siguiente: “La implementación de la refundación será gradual, estimando un plazo de 10 años en el que se tomará como base a las policías ya existentes. Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) atravesarán un proceso de reforma, basado en reeducación general para una adaptación paulatina y armónica”. En el caso de Castillo, nunca hubo ni un atisbo siquiera de que este tema era algo sobre lo cual el actual presidente había reflexionado. A la luz de los hechos durante los primeros meses de su gobierno, eso ha quedado plenamente confirmado.

Un tema final que indiscutiblemente marco la campaña electoral peruana —y viene haciendo lo mismo en las elecciones chilenas— fue la posición de los candidatos con respecto a la presencia masiva de migrantes y refugiados provenientes desde Venezuela en el territorio nacional.

La cantidad de ciudadanos venezolanos en Chile ciertamente es menor a Perú: medio millón frente a más de un millón trescientos mil migrantes y refugiados. Pero esta diferencia considerable no ha sido obstáculo para que el debate sobre la migración durante las elecciones chilenas se torne polarizador.

Como podríamos esperar, el candidato de la derecha Kast propone soluciones de “mano dura”, la misma “mano dura” con la cual Fujimori se llenaba la boca durante la campaña en Perú. Las propuestas de Kast sobre el tema migratoria son propias del libreto de Donald Trump: por un lado, el candidato del Partido Republicano propone crear una zanja en la frontera de Colchane —una comuna al norte de Chile que bordea con Bolivia y que se ha convertido en uno de los principales pases migratorios irregulares hacía el país. Y, entre otras joyas, también plantea: “Crear una Unidad Especializada de la Policia de Investigaciones que replique el modelo de la Unidad de Inmigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, con el objeto de buscar activamente a los inmigrantes ilegales en territorio nacional (de Arica a Punta Arenas) y proceder a su expulsión de Chile en el más breve plazo.”

Al parecer, la derecha latinoamericana se está quedando sin ideas propias.

Boric, por el contrario, apuesta por un proceso de regularización y registro nacional similar a aquellos desarrollados en Perú o Colombia: “Como respuesta a la crisis migratoria y al crecimiento de la migración irregular proponemos realizar un empadronamiento de las personas que se encuentran en situación de irregularidad para iniciar una evaluación de cada caso, atendiendo las necesidades y capacidades de los mercados de trabajo locales y los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de refugio y protección de la infancia.”

Pero los discursos securitistas no son una propiedad exclusiva de la derecha. Durante la campaña electoral peruana, el actual presidente Castillo intentó movilizar los sentimientos encontrados de un sector de la población que rechazaba el ingreso masivo de migrantes venezolanos, principalmente por las asociaciones perniciosas que se han intentado establecer entre las olas migratorias hacía el país y el incremento de ciertos indicadores delictivos. Así, Castillo hizo énfasis en múltiples ocasiones de su promesa de “expulsar a todos los delincuentes extranjeros en el plazo de 72 horas” luego de asumir la presidencia. Incluso lo volvió a mencionar durante su discurso de asunción. Pero como ya todos sabemos, esta “promesa” (junto a muchas otras) se cayó por su propio peso en el camino.

El discurso securitista y los usos políticos del éxodo venezolano no se limitan a los procesos electorales de Perú y Chile. En la reciente contienda electoral ecuatoriana, por ejemplo, también sorprendió la manera en cómo se movilizaron supuestos mensajes desde la comunidad de migrantes venezolanos allá para advertir a los electores ecuatorianos sobre los posibles peligros de votar por la izquierda.

Sea cual sea el resultado de las elecciones chilenas este 19 de diciembre, no cabe duda de que los discursos securitistas se seguirán diseminando en la región. La ola expansiva que significó la presidencia de Donald Trump llegó a Latinoamérica para quedarse y su libreto —relleno de fake news, creación de enemigos internos, desconocimiento de resultados electorales y murallas— le ha caído a nuestra derecha de maravilla.