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Estamos a pocos días de finalizar 2021, año del Bicentenario, y llegamos al desenlace de una crisis múltiple de orden política, social, económica y climática, que en los últimos cinco años se manifiesta con una enorme inestabilidad de Gobierno, expresada en que hayamos tenido hasta cuatro presidentes (Pedro P. Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti), los dos últimos de tipo interino para cubrir la vacancia del presidente titular y el primero de estos (Merino) golpista y usurpador.

A esto se agregan los primeros meses del nuevo Gobierno, presidido por Pedro Castillo y surgido de las elecciones en segunda vuelta (6 de junio), que al momento de redactar estas líneas estaba cuestionado por un sector de derecha intolerante y golpista, enfrentado al presidente Castillo hasta el extremo de pedir su vacancia. Felizmente no fue admitida a debate, pero la tensión va a seguir. Es en este contexto que debemos describir la problemática de la educación en el país, que podemos abordar desde tres aspectos: la demanda de retorno a las aulas y cómo hacer el trabajo didáctico en ellas, la situación de los docentes y, finalmente, la universidad.

Retorno a las aulas

Al cabo de veinte meses de pandemia, a medida que avanzaba la vacunación contra el SARS-CoV2, causante de la Covid-19, se fue reduciendo el temor de la población a enviar sus niñas o niños a la escuela, y rápido se fue gestando una gran movilización de diversos colectivos por las redes sociales y en las calles, para exigir el pronto retorno a las aulas.

Así, se ha llegado a un consenso sobre el retorno ordenado, gradual y voluntario a la presencialidad para la recuperación de los principales aprendizajes en vista que durante el largo encierro y aislamiento social, las oportunidades de aprender se redujeron y fueron desiguales por razones de conectividad. (CNE, 2021).

El derecho a la educación no está garantizado para todos, aunque lo diga la Constitución Política del Perú (1993) en el artículo 17: “…el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.” Lo de “rendimiento satisfactorio” es una condición desatinada pues no todos los hogares peruanos tienen recursos suficientes para cuidar la salud, alimentarse bien y estar en capacidad de aprender, aunque – paradójicamente – tengamos destacada gastronomía.

Existe consenso acerca de que no debemos retornar a lo que eran las aulas antes de la pandemia. Las aulas tipo auditorio, apropiadas para una enseñanza frontal, en la práctica dejaron de existir. Se deberán reacondicionar acorde con la nueva realidad de considerar múltiples espacios de aprendizaje. Pero algo esencial será la actitud de los docentes, muchos de los cuales se prepararon para una educación limitada a la transmisión y no incentivadora de la producción de ideas, investigación y debate. Esto debería hacerse desde edades tempranas para así educar con sentido crítico.

Además, la pandemia con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud para mitigarla, fue afectando la salud mental de niños y adolescentes con cuadros de ansiedad y depresión u otros trastornos, que pueden ser severos en relación al desarrollo de la vida (Naciones Unidas, 2021). El Perú es de los últimos países en haberse dispuesto el retorno a las aulas, como lo manifestó el ministro de educación Carlos Gallardo, el 22 de noviembre (https://canaln.pe/peru/carlos-gallardo-somos-ultimos-america-retornar-aulas-n441085).

Según cifras de UNICEF (2021) hasta octubre solo había  regresado el 4.4 % de los estudiantes, comparado con Chile (88%) y Argentina (94%). Con datos más recientes (2 de diciembre) del Sistema de Alerta para el Retorno Seguro, del Ministerio de Educación (SARES), han abierto 18,006 instituciones educativas, que solo representan el 16,2% del total nacional. Ese porcentaje se descompone en 10.9% en la sierra, 5.8% en la amazonía y apenas el 1.3% en la costa. Se puede observar que la sierra representa el 60% del total de centros educativos abiertos. Véase: https://sares.minedu.gob.pe

Se espera que para marzo del próximo año se concrete el retorno al 100%, para lo cual debemos avanzar en la implementación de condiciones sanitarias en las instituciones educativas del país. El ministro de Educación en unas declaraciones al diario Expreso (6 de diciembre), dijo que hay 135 centros educativos sin agua y 134 sin desagüe de un total de dos mil en Lima. Además, hay 356 que están en riesgo, 55 sin energía eléctrica y un 70% a nivel nacional con observaciones de Defensa Civil. Véase: https://www.expreso.com.pe/politica/carlos-gallardo-vamos-a-evitar-irregularidades-con-empresas

De otro lado, existe consenso acerca de que no debemos retornar a lo que eran las aulas antes de la pandemia. Las aulas tipo auditorio, apropiadas para una enseñanza frontal, en la práctica dejaron de existir. Se deberán reacondicionar acorde con la nueva realidad de considerar múltiples espacios de aprendizaje. Pero algo esencial será la actitud de los docentes, muchos de los cuales se prepararon para una educación limitada a la transmisión y no incentivadora de la producción de ideas, investigación y debate. Esto debería hacerse desde edades tempranas para así educar con sentido crítico.

Es algo positivo que el presupuesto para Educación el 2022 crezca 7.9% y que sea mayor al de los últimos tres años, según informó Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas. El monto es de 35, 758 millones de soles, de los cuales 2,745 millones serán para el retorno a la presencialidad y 1,432 millones para desarrollo profesional docente. (Diario El Peruano: 31.08.2021)

Didáctica híbrida

Se llama didáctica híbrida a la que combina presencialidad con sesiones no presenciales, dentro de un esquema muy flexible que dé prioridad al trabajo en equipos. Para ello, deberíamos seguir las siguientes pautas:

1. Diagnóstico.- Se debe investigar las condiciones de cada centro educativo en infraestructura, personal y materiales para, primero, garantizar todo lo concerniente a la bioseguridad: agua, desagüe, jabón líquido, toallas desechables y mascarillas.
2. Situación de las aulas físicas y entorno.- Hay que revisar el aforo de las aulas, según recomendaciones del Ministerio de Educación, acorde a lo que indiquen las autoridades sanitarias y la información epidemiológica. Esto puede significar atender, por ejemplo, al 50% del aula física. Así, mientras unos asisten a la escuela, los otros siguen la sesión por televisión, radio o Internet. Otra opción es atender presencialmente a un sector del aula, en tanto que al restante otro docente lo atiende de forma no presencial.
3. Diseño didáctico.- Esto se debe diseñar cuidadosamente y, en lo posible, considerando la voluntad de los usuarios. Es necesario que quienes van a las aulas en los días que les corresponda, estén organizados en equipos de trabajo (niños mayores, adolescentes y universitarios) con la intención de hacerlos partícipes de cogestionar el trabajo educativo. Por cierto que con los niños más pequeños, el personal docente puede ser más directivo, pero siempre tomando en cuenta la opinión e iniciativa del estudiante. Así, los equipos no deben formarse por orden de lista o decisión docente, sino por afinidad según lo decidan los mismos estudiantes.
4. Aplicación.-  El personal directivo y los docentes deberán cooperar en el monitoreo del trabajo didáctico, observar el funcionamiento y corregir lo que se deba modificar. En esto podrían participar también los estudiantes de las escuelas de educación de las universidades, como práctica. Todos deben movilizarse para la recuperación de los aprendizajes.
5. Tecnología.- Habrá que acordar el tipo de tecnología a usar, según la disponibilidad y los requerimientos de capacitación docente. Mucho se va a aprender desde la misma práctica; se recomienda trabajar un estudio piloto según posibilidades, para probar el funcionamiento de la didáctica híbrida o educación en semipresencialidad.

Los docentes

La problemática del profesorado es de larga data y no se ha sabido abordar como corresponde, en la medida que la educación no fue una prioridad dentro de las políticas que propuso e implementó el Ministerio de Educación durante diferentes  gobiernos.

Suele cuestionarse las deficiencias en la formación del personal docente, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad al respecto. La formación inicial del profesorado ha sido y es deficiente, está limitada a la educación formal, al sistema educativo, excluyendo la vasta educación no formal, que está fuera del Sector Educación: en las municipalidades, las cooperativas, las empresas, las instituciones de promoción del desarrollo, y diversas organizaciones sociales de la comunidad.

La formación docente es muy heterogénea y está segmentada según los niveles del sistema educativo. Además oculta, o deja de lado, la necesidad de un trabajo interdisciplinar, como debería ser la educación. La formación profesional de los educadores requiere de un enfoque multidisciplinar, interdisciplinar y hasta transdisciplinar. Multidisciplinar cuando varias disciplinas concurren de manera conjunta, la interdisciplinar es en caso que la intervención se haga desde disciplinas separadas pero en forma coordinada, y lo transdisciplinar es cuando ciertas disciplinas se fusionan y actúan como nueva disciplina. Esto sucede, por ejemplo, en la psicopedagogía, la biofísica, bioestadística, etc. Son disciplinas que se han “transdisciplinado”.

Esta visión interdisciplinar y transdisciplinar, tan importante para comprender la realidad, no existe entre los educadores. Al contrario, se les ha encasillado en diversas “especialidades” que hace perder la perspectiva unitaria. Tampoco hay desarrollo de habilidades blandas como son el trabajo en equipo, el sentido crítico, valores, etc. Así, todo lo que se pueda obtener en la educación inicial poco a poco se va perdiendo conforme se avanza en la secundaria, dando prioridad al dominio cognitivo y obviando, o descuidando, los dominios afectivo y procedimental.

Además de todo lo anterior, el maltrato socioeconómico al personal docente lo afectó gravemente en autoestima, a tal punto de identificarse con trabajadores no calificados; vale decir, como no profesionales o semiprofesionales. Esto se debe revertir, y un paso en ese derrotero ha sido la colegiación, que se efectivizó de manera masiva en forma muy tardía (2005) y – paradójicamente – ha revelado poco profesionalismo, porque están divididos en dos y hasta en tres colegios, si se considera a la asociación colegio profesional de profesores del Perú, creada por RM 4147-68-ED, el 17 de febrero de 1968, más de veinte años antes de la creación formal del Colegio de Profesores, por la ley 25231 (8 de junio de 1990) y modificado por la ley 28198 ( 29 de marzo de 2004), aunque solo uno de los tres tenga la legalidad.

La profesión docente en el Perú no se inició el 6 de julio de 1822, con la escuela de preceptores fundada por el General San Martín, como nos hicieron creer. Estos no eran profesionales; recién fue reconocida como profesión el 23 de febrero de 1861, en el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, cuando se estableció el primer estatuto magisterial que por eso lo declaró carrera pública. (Valcárcel, 1975: p.171)

Desde el plano sindical, el magisterio se encuentra dividido a partir de la huelga de las bases del SUTEP, liderada por Pedro Castillo el año 2017, quien la dirigió desmarcándose de la dirigencia del gremio. Nadie imaginaba que cuatro años después sería elegido presidente de la república y que el sector descontento con la dirigencia del SUTEP, ahora sería reconocido oficialmente  como  FENATEP.

Esta situación resintió al sector del SUTEP y lo hizo tomar distancia frente al gobierno y el actual ministro Carlos Gallardo. Desde la renuencia a retornar a las aulas, que se mantenía hace varios meses, ahora el SUTEP parece aceptar, pero poniendo condiciones. Difícil trabajo de negociación que corresponde al ministro y sus asesores con la dirigencia de ambos gremios, cuando se debe cautelar también el derecho de niñas, niños, adolescentes y adultos a recibir una mejor educación de acuerdo a las nuevas circunstancias.

El último incidente serio ha sido la filtración de la Prueba Única Nacional (PUN) para docentes, del 13 de noviembre, que está en proceso de investigación, y sobre la cual el Congreso de la República interpeló al ministro. El profesor Gallardo declaró en esa interpelación (7 de diciembre), que el Ministerio de Educación aún no decide nada hasta que se sepan los resultados y se deslinde responsabilidades, para anular de forma parcial o total esa prueba.

Universidad problema

El Perú ha desarrollado un proceso de privatización de la educación superior, a partir del año 1996, con el DL 882, ley de promoción de la inversión privada en educación. Desde entonces hasta 2014 pasaron de ser 25 universidades privadas a 92, como lo dice Rodolfo Benitez, investigador al respecto (2021, p2), usando datos de la Sunedu. En el año 2000, las universidades públicas concentraban casi el 60% (59.8%) de los estudiantes universitarios, que se redujo a 16.2% el año 2019. Al mismo tiempo existieron presiones para crear nuevas universidades, tantas que fue necesario disponer por ley la moratoria de universidades hasta tres veces. La primera durante el gobierno de Ollanta Humala, siendo ministra de educación  Patricia Salas. Fue la ley 29971, del 22 de diciembre de 2012, que establecía la moratoria por cinco años. Casi al mismo tiempo se recomendó que se debía preparar una nueva ley universitaria para dar una solución integral.

Cumplido el plazo de moratoria se debatió al respecto el año 2017, y el 25 de abril de 2018 salió la ley n° 30759, ampliando la moratoria por dos años más en lo concerniente a la creación y autorización de funcionamiento de universidades públicas y privadas, igualmente suspender la creación de filiales. Nuevamente, al terminar el plazo, se amplió a un año más cuando entró en vigencia la ley n° 31193, del 15 de mayo de 2021. Seguro que dentro de unos meses seguirá este punto en discusión, al cumplirse el mencionado plazo.

La Reforma Universitaria de 2014 (Ley N° 30220) significó asegurar la rectoría del Estado en la universidad peruana,  mediante  la  Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a fin de que se pueda regular y garantizar una educación universitaria de calidad para todos los peruanos. Así, mediante el DS N° 016-2015-MINEDU, del 25 de setiembre de 2015, se normó la política de aseguramiento de la calidad en la educación superior.

Las universidades no podían seguir siendo un lugar donde ciertos grupos de personas solo buscan sus intereses económicos o beneficios de poder;  hacer universidad no es como construir un restaurante, o edificar una fábrica de grados y títulos. En la educación superior se contribuye a la formación de personas y al futuro del país. Por eso, de acuerdo a ley, se pidió que todas las universidades cumplan condiciones básicas de calidad (CBC) para el servicio educativo, a fin de ser licenciadas y autorizar su funcionamiento. Según información oficial de Sunedu, hay 92 universidades licenciadas y dos escuelas de posgrado. De otro lado, se ha denegado licenciamiento a un total de 49 universidades y dos escuelas de posgrado.(Sunedu.gob.pe)

En estos días desde el Congreso de la República se ha puesto en riesgo todo lo avanzado en la reforma universitaria. La Comisión de Educación aprobó dos proyectos de ley, uno para ampliar el plazo de licenciamiento a las universidades que habían sido denegadas, y otro sobre la composición del Consejo Directivo de la Sunedu, incluyendo a dos representantes de universidades públicas y dos de las privadas. De esta manera, la mitad de los ocho miembros estaría en poder de los rectores; esto, en cierto modo, es un retorno a los viejos tiempos de la ANR y está siendo fuertemente criticado por diversos académicos de prestigio y un amplio sector de la opinión pública.

En un comunicado que se publicó el lunes 13 de diciembre, los rectores de dieciséis universidades se pronunciaron en defensa de la calidad educativa en las universidades. Resulta sintomático que de esa cantidad, solo dos sean de universidades públicas. Lamentable y vergonzoso. Casi al mismo tiempo se está convocando para el miércoles 15 a una marcha por la Defensa de la Educación, en vista de las maniobras que se hacen desde el Congreso para vulnerar la ley universitaria y la Sunedu. Los que apoyan la contrarreforma, por su lado, están convocando a otra manifestación el jueves 16, en defensa de la “autonomía universitaria“, algo que realmente nunca estuvo en cuestión.

Todo este desencuentro sucede en plena pandemia, cuando ya en las próximas semanas, luego de las fiestas de fin de año, habrá que reflexionar, discutir y diseñar una propuesta de atención semipresencial a miles de universitarios, ansiosos por regresar a las aulas físicas. Muchos estudiantes, especialmente de las universidades públicas, no pudieron ser atendidos de manera adecuada por dificultades de conectividad. La  Universidad es formación permanente para toda la vida, va más allá de las aulas. Debemos pasar de transmitir contenidos a preparar en habilidades y actitudes, en contextos de cambios veloces.  Hay que abandonar el esquema de transmisión, porque la información no se ha detenido en el tiempo; más bien se ha incrementado y debemos buscarla investigando.

Referencias

Benitez, Rodolfo (2021).   La Educación Superior Universitaria en el Perú. Documento de política

pública. PUCP. Lima, abril de 2021. Educacion-Superior-Universitaria-en-Peru-pospandemia-R.Benites.pdf

Delgado, Kenneth (2019). Historia de la Educación. Lima. Editorial San Marcos.

Valcárcel, Carlos D. (1975). Breve Historia de la Educación Peruana. Lima. Editorial Educación.