Escrito por Alonso Núñez del Prado Simons Revista Ideele N°301. Diciembre 2021

Sin restarles a las otras dos de legislar y fiscalizar, la representación es la primera y la más importante función de cada congresista y del Congreso. Nuestra democracia es representativa y los parlamentarios tienen la obligación de representarnos lo que significa que deberían hacer lo que nosotros queremos o nos han prometido. Por eso resulta tan relevante que los congresistas tengan planes y programas tanto a nivel de partido como a título individual. Podríamos decir que al elegirlos los hemos nombrado nuestros mandatarios, no en el sentido de mandar, sino en el de ser nuestros apoderados. Ellos están allí para defender nuestros intereses, para cumplir con sus ofrecimientos y también para consultarnos con frecuencia respecto de lo que queremos que hagan.

Lamentablemente, este concepto se ha distorsionado y a partir de la liberación del mandato imperativo los parlamentarios han asumido, equivocadamente, que pueden decidir conforme a su criterio y no a los deseos de sus electores. Han olvidado que la liberación del mandato imperativo existe para los casos excepcionales, como podría ser una objeción de conciencia, frente decisiones que impliquen escoger entre lo local y lo nacional o ante situaciones de fuerza mayor, pero de ninguna manera significa que tienen cinco años para hacer lo que les parezca. Están obligados a cumplir con el mandato que recibieron de sus electores y a consultarles cuando no haya compromiso. Para eso es que el Congreso tiene establecida la semana de representación en la que los parlamentarios deben consultar con sus bases.

Como no cumplen con sus obligaciones, su nivel de aprobación siempre es muy pobre. ¿Cómo es posible que hayan aprobado una ley que suspende las elecciones primarias para continuar como hasta ahora eligiendo a los candidatos a dedo o que ahora pretendan revertir la reforma universitaria por motivos inconfesables? Lo peor es que se los permitimos, cuando deberíamos estar en las calles exigiéndoles que cumplan con nosotros. Por desgracia, no hay otra manera de que nuestros políticos hagan lo que deben hacer. El pueblo, la sociedad civil tiene que presionarlos. Mientras eso no ocurre hacen lo que les da la gana. En buena parte allí radica uno de los grandes problemas de la democracia tal como está funcionando. Los políticos prefieren hacer lo que los grupos de poder les piden, por lo que con frecuencia cobran de muy diversas maneras, como por ejemplo mediante el financiamiento de sus campañas electorales. A nadie le parece bien que sea ‘la calle’ la que mande, pero parece que no hay otro camino frente a una clase política que busca ser elegida para luego comerciar y medrar con sus funciones.

Hace unos días leía un artículo en que el columnista se lamentaba del proceder del Congreso, pero lo aceptaba como hecho consumado. No tenemos por qué aceptar sus decisiones sólo porque los congresistas han sido elegidos. Ya hemos tenido experiencias exitosas, aunque la última costó la vida de dos jóvenes. En la primera se impidió la ‘repartija’ en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y en la segunda se obligó a renunciar a Merino. Parece que el actual Congreso se está buscando una tercera y que esté claro, no estoy defendiendo a Castillo, cuyo gobierno me parece un desastre, pero de ninguna manera justifica el proceder del Legislativo.

Soy consciente de que no podemos vivir en permanentes marchas de protesta, pero de alguna manera tenemos que parar a este Congreso que, con pocas excepciones, está actuando contra los intereses del Perú y de todos nosotros, incluyendo las generaciones futuras.

Nuestro sistema político necesita urgentes modificaciones y una tendría que ser la renovación del Congreso por tercios. De algo servirá que sepan que pueden perder su curul. También hay que restarles poder y gollerías. En los países más desarrollados, prácticamente, no las tienen y aunque siempre hay sinvergüenzas la mayoría trabaja sinceramente por el bien de su país. Los congresistas y los políticos en general son empleados nuestros que están a nuestro servicio y no como creen que han sido elegidos para hacer negocios y lucrar a costa de nuestros intereses. También sería indispensable establecer ciertas sanciones para casos como en los que aprueban leyes inconstitucionales. 

El gran problema es que quienes tienen que hacer los cambios son ellos mismos y salvo que los obliguemos no los van a realizar. Es improbable, por no decir imposible, que ellos se pongan sus propios límites.