Escrito por Themis Castellanos Revista Ideele N°301. Diciembre 2021

Recientemente se han difundido los resultados de La crisis de la COVID-19 y la economía informal, estudio longitudinal desarrollado en 12 ciudades del mundo por la red de investigación por WIEGO. El objetivo de esta investigación, desarrollada en fases tanto en el 2020 como en el 2021, fue evaluar el impacto de la crisis de la COVID-19 en grupos específicos de personas trabajadoras en empleo informal y sus hogares. Se trabajó con una muestra de vendedores y vendedoras ambulantes, recicladores y recicladoras, vendedores y vendedoras de periódicos y trabajadoras domésticas.[1]

He tenido el privilegio de escuchar a trabadores y trabajadoras como parte del equipo de campo para Lima en ambas fases. En este artículo compartiré algunas de mis notas de campo y mis reflexiones sobre algunos de los resultados de la investigación para comentar las propuestas que rondan en el debate público, en un momento en que se requiere con urgencia construir una agenda consensuada para una “recuperación” económica.

A mediados de marzo del 2020 el gobierno peruano decretó medidas excepcionales para prevenir la propagación del COVID- 19, iniciándose una cuarentena que se prolongó hasta el 30 de junio del mismo año. A pesar que varios sectores de trabajadores comprendidos por el estudio fueron declarados esenciales, el 40% de la muestra declaró que dejó de trabajar acatando las disposiciones debido a la enfermedad o el miedo a contagiarse.[2]

“Nos ha cambiado la forma de vivir”, me comentó una señora trabajadora ambulante en julio de este año. Es importante enfatizar los grandes esfuerzos que significó este “dejar de trabajar” para sectores de la población que viven en condiciones de pobreza y dependen de sus ingresos del día a día. Entre las estrategias para enfrentar la falta de ingresos en un primer momento se encontró el uso de ahorros cuando los tenían, la venta de bienes del hogar (artefactos, ropa, etc.), la reducción del consumo de productos no alimentarios; así como la solicitud de préstamos, principalmente a fuentes informales de financiamiento y el atraso en pagos de alquileres, servicios y préstamos. En la segunda fase del estudio se ha hecho evidente el impacto de mediano plazo: se han dejado tratamientos o cuidados médicos y, dependiendo de los casos, ha habido un impacto en las trayectorias educativas de los hijos e hijas (desde la transferencia a colegios públicos o el abandono por completo de los estudios escolares o superiores).

No debemos conformarnos con recuperarnos económicamente. Puede que sea una primera reacción, instintiva, pero deberíamos aprovechar lo que esta crisis nos ha mostrado para aspirar a más. Debemos pensar en otra política, no limitarnos a tener mejores o políticas sociales , más eficientes. Debemos discutir sobre los mensajes políticos que están en nuestras normas y en nuestra agenda económica que deben cambiar: ¿son esenciales las actividades mas no quienes las realizan? ¿Cómo avanzamos a garantizar derechos básicos como la salud, el trabajo, la educación? ¿Quiénes “merecen” estar incluidos en nuestros sistemas de información?

Entre las medidas tomadas en la vida cotidiana se ha encontrado la reducción del consumo de alimentos de los adultos primero, de los niños en los casos más extremos. En el caso de las personas adultos mayores, que además tuvieron prohibido transitar por su edad, la posibilidad de dejar de trabajar recayó en sus redes familiares, cuando las tenían dispuestas. Ha habido mudanzas: a casas de familiares, a viviendas por alquileres más baratos (de una habitación), regreso a las provincias. Madres de familia que no podían llevar a sus hijos o hijas a trabajar porque no sabía que les esperaba en las calles pero tampoco tenían con quién o dónde dejarles.

Los resultados del estudio muestran que después de un año de iniciada la crisis sanitaria, el 91% de las personas que agotaron sus ahorros en junio del 2020 aún no tiene capacidad de ahorrar. De la muestra estudiada, el 59 % ha tomado préstamos y mayoritariamente con fuentes informales y el 52 % se ha atrasado en los pagos de alquiler y servicios. Por falta de ingresos, el 58% declaró que en sus hogares se pasó hambre y el 84% que en el último mes integrantes de la familia se saltaron una comida al día o se ha reducido la variedad de alimentos.

Se trabaja por el derecho a trabajar

“Trabajar con miedo no es igual. No es un trabajar tranquilo.”

Sr. Reciclador, 2 de julio, 2020.

En este contexto, para mediados del 2020 en el trabajo de campo, la demanda de los y las trabajadores que más se recolectó fue que se les permitiera trabajar. Más que el apoyo económico a través de los bonos o el apoyo alimentario, la demanda urgente era que les permitieran salir a trabajar. Este regreso a trabajar se logró paulatinamente pero incluso un año después, no ha alcanzado los niveles pre pandemia. Para los y las trabajadores que desarrollan actividades en la vía pública, las calles que encontraron al volver a trabajar estaban más hostiles que nunca: más competencia, menos clientes, el miedo al contagio y el temor de no poder trabajar ese día y de perder lo poco que tenían de mercancía, su limitado capital en manos del serenazgo de las municipalidades, de la policía. Las narraciones sobre estas primeras salidas son, particularmente, duras:

“Nos juntamos para avanzar. Estamos asustadas. Vienen los municipales, vienen los policías con caballos. Cada una se protege como puede.”

Sra. Vendedora ambulante. 13 de junio, 2020

Uno de los resultados del estudio señala que han sido los y las comerciantes en vía pública y los y las canillitas los sectores más afectados en sus ingresos los cuales han caído 26 % y 23 %, respectivamente, con respecto a antes de la crisis sanitaria (febrero de 2020). Se ha encontrado que para los y las vendedores ambulantes están trabajando en jornadas más cortas y en promedio dos días menos a la semana. La cantidad de tiempo y días de trabajo obviamente afecta directamente sus ingresos.

El rol de las municipalidades

“Lo que queremos es que nos lleven a un lugar donde trabajar. Las autoridades municipales no están tomando ese punto, ese apoyo.”

Vendedora ambulante, 30 de junio, 2020.

Los resultados del estudio muestran que entre los y las ambulantes, el 48% ha sido desalojado de su lugar de trabajo, el 44% ha sufrido el acoso de la policía o de las fuerzas del orden para movilizarse, el 35% la confiscación de mercadería o equipo por la policía o las fuerzas del orden.

A diferencia de antes de la pandemia, no había solo multas ni confiscaciones, sino la destrucción de la mercadería. Los desalojos incluyeron violencia y desgarraron las redes de las organizaciones que hicieron más difícil las coordinaciones para el orden en la calle, la limpieza y otras medidas sanitarias y de cuidado. De todas las entrevistas que realicé no encontré un solo trabajador o trabajadora que me pudiera mencionar alguna acción o actividad desde la municipalidad para organizarlos, capacitarlos en cuidados sanitarios y regulara su actividad. Las municipalidades solo se dedicaron a la represión, a expulsar y contener a los y las ambulantes y a realizar campañas de limpieza de pistas, veredas y bancas, restringiendo su uso y circulación las cuales han mostrado no ser necesarias. Extendieron el uso de la violencia y la corrupción por favorecer a ciertos grupos de ambulantes. No registré ninguna iniciativa creativa desde los gobiernos locales por mejorar las condiciones de trabajo en sus espacios públicos y eso incluye brindar la información de medidas sanitarias y de salud.

¿Qué clase de recuperación queremos?

A pesar de la inestabilidad política y social, existe un consenso sobre la necesidad de recuperación económica. Las cifras macroeconómicas compartidas por el gobierno parecen ser promisorias: hay una recuperación de la economía peruana en este año (10,5%) y el próximo (4,8%). Sin embargo, ¿se trata de recuperar lo que teníamos? ¿Se trata de aspirar solo a una recuperación económica?

Lo que teníamos y logramos en crecimiento económico produjo una economía con altos porcentajes informalidad y de precariedad laboral que funcionaba gracias a, precisamente, producir desigualdades y reproducir condiciones de pobreza. Solamente en Lima Metropolitana el 58 % del empleo es informal, del cual el 24 % se concentra en el sector comercio, sólo después del sector servicios. Es decir, sin protección social, sin un sistema de cuidados, sin seguro médico, sin que su información actualizada se encuentre en sistema de información que permita operativizar cualquier programa social. Y estas condiciones se agudizan cuando se interseccionan el sexo, la edad, el nivel educativo, contar o no con redes familiares. No debemos conformarnos con recuperarnos económicamente. Puede que sea una primera reacción, instintiva, pero deberíamos aprovechar lo que esta crisis nos ha mostrado para aspirar a más. Debemos pensar en otra política, no limitarnos a tener mejores o políticas sociales , más eficientes. Debemos discutir sobre los mensajes políticos que están en nuestras normas y en nuestra agenda económica que deben cambiar: ¿son esenciales las actividades mas no quienes las realizan? ¿Cómo avanzamos a garantizar derechos básicos como la salud, el trabajo, la educación? ¿Quiénes “merecen” estar incluidos en nuestros sistemas de información?

Los resultados del estudio desarrollado por WIEGO plantea cinco recomendaciones de las cuales voy a tomarme la libertad de reproducir:

1. Implementar una política nacional con enfoque territorial que incluya a diferentes niveles del Estado, generada por una Comisión de Alto Nivel del Gobierno central. Las metas de formalización a nivel municipal deben ser parte de esta política.
2. Proveer créditos de monto adecuado y con condiciones accesibles, acordes con la severidad del impacto de la crisis. Esto sería más efectivo que otorgar bonos y serviría para cancelar deudas inmanejables con prestamistas, recuperar capital de trabajo, reanudar la educación de menores de edad, recuperar la salud alimentaria y reactivar el negocio. El apoyo a empresas, subvencionado por el Gobierno durante la crisis, ha ignorado a la mayoría trabajadora del país, las personas autoempleadas en empleo informal.
3. Crear un registro de trabajadoras/es autoempleados en empleo informal, que sea obligatorio, pero con incentivos que pueden ser créditos –pero también asesoría en sus proyectos de reubicación y formalización–, y acceso a guarderías y hogares de personas mayores.
4. Regular y ordenar el uso de espacios públicos de la periferia de Lima con lógicas de mercado y de formalización, con miras a incluir el trabajo de las personas vendedoras de vía pública, recicladoras, canillitas y otras, quienes sirven o abastecen a la población vulnerable. La persecución y la confiscación injustificada de mercadería generan inestabilidad en la capacidad de afrontar gastos y desvalijan el capital.
5. Rescatar al sector de trabajadoras del hogar: 120 mil perdieron su empleo a diciembre de 2020.

A manera de reflexión final, quisiera señalar que, en el ámbito de la economía informal, los trabajadores y trabajadoras del comercio en la vía pública representan el grupo más numeroso, y están estimadas en 500 mil (comerciantes de puesto fijo, de “paraditas” y ambulantes) (ENAHO 2019). Este es un sector de trabajadores que reúne diversas características para desarrollar un piloto de cualquier estrategia que tenga como objetivo la formalización, entendida como mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, porque su actividad representa un territorio en el cual pueden confluir las competencias de los diferentes niveles de gobierno, permitiendo que su impacto sea visible, monitoreable y medible. Segundo, porque son los y las comerciantes ambulantes y de mercados quienes dinamizan nuestra economía; nuestras paraditas y mercados son los lugares donde las dinámicas formales e informales de nuestra economía se engranan, se retroalimentan.

[1] Las cifras que se comparten en este artículo corresponden a los resultados del estudio realizado por WIEGO que se encuentra disponible en https://www.wiego.org/es/estudio-sobre-la-crisis-de-la-covid-19-y-la-economia-informal. Las 12 ciudades donde se realizó el estudio son Accra (Ghana), Ahmedabad (India), Bangkok (Tailandia), Ciudad de México (México), Dakar (Senegal), Dar es Salaam (Tanzania), Delhi (India), Durban (Sudáfrica), Lima (Perú), Nueva York (EE.UU.), Pleven (Bulgaria) y Tirupur (India).

[2] De la muestra trabajada pudieron tramitar su permiso como trabajadores esenciales durante la cuarentena más estricta los vendedores y vendedoras de periódicos y aquellos vendedores ambulantes que trabajaban en la cadena de alimentos (adquisición, producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución para venta al público). Las trabajadoras domésticas que no perdieron su trabajo simplemente siguieron trabajando porque sus empleadores fueron privados. Se reporta para este sector que “seguir trabajando” significó la vulneración de sus derechos laborales y una sobrecarga laboral. Solo en algunos casos reportaron tramitar permisos para transitar como cuidadoras.