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Iniciada la gestión del gobierno entrante, un “apu” de la comunidad Achuar vino a Lima a reclamar a las nuevas autoridades servicios básicos para su comunidad. Su territorio está atravesado por un gran tubo que transporta petróleo. Ellos, afirma el apu, son los cuidadores del tubo pero los beneficios del recurso que el tubo transporta no han logrado mejorar sus condiciones de vida. No tienen agua, ni saneamiento y mucho menos una posta que pueda garantizar su derecho a acceder a salud en medio de una pandemia.

La realidad que describe el Apu no es aislada. El modelo de desarrollo económico que generó crecimiento en las últimas décadas no ha logrado efectivamente otorgar servicios básicos a las comunidades circundantes a los proyectos extractivos en minería y petróleo. Por el contrario, se han acrecentado brechas de desigualdad que generan fracturas en nuestro ya heterogéneo y diverso país. Un factor importante detrás de este crecimiento sin desarrollo son las élites que no siempre están dispuestas a poner de su parte. Estas provienen de sectores productivos con bajos niveles de innovación tecnológica y alta concentración de mercado. A propósito de la reciente participación de James Robinson en el Seminario Anual del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) retomamos la discusión sobre la necesidad de construir instituciones económicas inclusivas en el país para caminar hacia el desarrollo y el reciente pedido de delegación de facultades en materia tributaria por parte del Ejecutivo.

Las élites pueden ser definidas como aquellos grupos que tienen un control basto y desproporcionado de recursos con los cuales obtienen ventajas respecto al resto de la población (Khan, 2012)^[1]. En las últimas décadas el crecimiento económico en el mundo ha estado liderado por el desarrollo de nuevas tecnologías. Como resultado de ello, de las 10 personas más ricas del mundo, 9 han generado sus riquezas a partir del sector innovación y tecnología. Estos son los casos de Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Larry Page (Google) y Mark Zuckerberg (Facebook) quienes lideran el top 10 reseñado por el “Bloomberg Billionaires Index”.

Estos millonarios tecnológicos tienen más de una característica en común, además del rubro que comparten, el país en el que desarrollan sus actividades es Estados Unidos. Este país ha tenido históricamente instituciones fuertes en el combate de la concentración de mercado a través de instrumentos legales como la Ley Sherman. Detrás de este tipo de leyes está la noción de que la concentración de poder de mercado impide la innovación y la “destrucción creativa”, clave para el desarrollo de nuevas tecnologías que garanticen un crecimiento sostenido (Schumpeter, 1942)^[2]. A través de esta ley, incluso, se obligó a Bill Gates en 1998 a desmembrar Microsoft y ser vendida como unidades separadas para evitar una posición de dominio monopólica que afecte el precio final de los consumidores. Si bien es cierto que la élite norteamericana no está exenta de excesos que generan brechas de desigualdad. Las instituciones que permiten combatir monopolios y promover desarrollo tecnológico son denominadas instituciones económicas inclusivas bajo el marco propuesto por Acemoglu y Robinson en su famosa investigación sobre los factores que permiten el fracaso o éxito de los países.

Los sectores en los que concentran fortunas los multimillonarios peruanos son sectores compuestos por instituciones económicas extractivas. Es decir, con normas y acuerdos que incentivan que las riquezas se concentren en pocas manos y hacen dificultoso que el crecimiento económico de las naciones alcance de forma más amplia a toda la población. Este tipo de instituciones construyen sociedades desiguales, conflictivas y poco democráticas.

Las fortunas de los ricos peruanos no se asemejan a las de los multimillonarios del top ten descrito por Bloomberg. Sin embargo, sí han logrado acumular suficientes riquezas para concentrar poder económico. Forbes incluye a cinco peruanos en su lista de multimillonarios para el año 2021. Esos son Carlos Rodriguez- Pastor (finanzas e inversiones);  Vito Rodriguez Rodriguez (leche procesada); Ana María Brescia (finanzas y minería); Eduardo Hochschild (metales y minería) y Eduardo Belmont Anderson (productos cosméticos). A diferencia del top 10 de multimillonarios del mundo, ninguno de nuestros millonarios opera en el sector de innovación y tecnología. El origen de las fortunas de nuestros millonarios proviene principalmente de dos sectores: finanzas y minería en constante articulación con intereses multinacionales.

Los sectores productivos en los que acumulan riquezas nuestros multimillonarios son sectores en los que no se desarrollan economías competitivas. El sector intermediación financiera es un ejemplo claro de un mercado con altos niveles de concentración. Son cuatro los principales bancos que llegan a concentrar el 84% del mercado financiero según datos de la propia Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, institución encargada de regular el sistema financiero en el país. Este tipo de estructura de mercado es denominada oligopólica y no permite que nuevos competidores dinamicen el mercado permitiendo precios más atractivos para los usuarios. 

El siguiente sector es el minero. La histórica económica del Perú está atravesada por ciclos de auges económicos ligados a actividades extractivas, con altos niveles de acumulación de divisas y balances casi siempre poco auspiciosos respecto al impacto de esta bonanza económica en la mejora de condiciones de las comunidades aledañas (ver Dell, 2010; Zegarra, 2005;  Glave y Kuramoto, 2007)^[3]. La teoría económica incluso  hace referencia al término “la maldición de los recursos naturales” (Auty, 1993)^[4] para describir la paradójica situación en la que se encuentran los países ricos en recursos naturales en comparación a países con menos recursos. Ya que a pesar de la dotación más favorable de recursos con la cuentan los primeros, estos no logran tener resultados sociales más  inclusivos y ventajosos para las mayorías.

Con lo descrito podemos identificar que los sectores en los que concentran fortunas los multimillonarios peruanos son sectores compuestos por instituciones económicas extractivas. Es decir, con normas y acuerdos que incentivan que las riquezas se concentren en pocas manos y hacen dificultoso que el crecimiento económico de las naciones alcance de forma más amplia a toda la población. Este tipo de instituciones construyen sociedades desiguales, conflictivas y poco democráticas bajo el marco de Robinson y Acemoglu (2014).

Un consenso al que debemos llegar en este año del bicentenario de nuestra independencia es que el país necesita caminar hacia el desarrollo de instituciones económicas inclusivas. Solo así será posible lograr que toda la ciudadanía en su conjunto tenga garantizado el desarrollo de sus capacidades y alcance el bienestar. Para alcanzar este fin se requieren reformas que promuevan la competitividad de los sectores productivos y fomenten el fortalecimiento de empresas innovadoras. También se requiere de un Estado fuerte y eficiente que sea capaz de financiar el acceso a servicios básicos a todos los peruanos.

En los últimos meses del 2021, el Ejecutivo realizó un pedido de delegación de facultades ante el congreso para legislar en materia tributaria, financiera y de reactivación económica. El pedido incluía cambios normativos para alcanzar mayores recursos de forma progresiva fortaleciendo el sistema tributario peruano y apuntando a construir instituciones económicas inclusivas. La respuesta a este pedido ha sido una robusta campaña de oposición por parte de algunos de los principales grupos económicos y el desenlace fue el otorgamiento parcial de facultades excluyendo las medidas tributarias en el Congreso.

Nuestro país es uno de los países del mundo con menor recaudación tributaria y se caracteriza también por presentar uno de los niveles más bajos de inversión en servicios públicos para su ciudadanía en la región (ver Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025). Sin los recursos suficientes, no es posible garantizar niveles adecuados de inversión que permitan otorgar un piso mínimo de derechos a todos los ciudadanos a lo largo del territorio. Ni mucho menos mejorar la capacidad institucional de los distintos niveles de gobierno.

Construir instituciones inclusivas requiere que todos los sectores de la sociedad se vean involucrados. Los distintos poderes del Estado deben participar con eficiencia y transparencia. Las élites económicas también juegan un rol crucial si es que están dispuestas a contribuir con el desarrollo del país.  Una reforma tributaria es el primer paso para caminar juntos en esa ruta. Por ello, distintos organismos multilaterales en todo el mundo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, recomiendan a los Estados promover reformas tributarias progresivas. Bill Gates, Warren Buffet y otros multimillonarios también lo saben e incluso anuncian públicamente que los más ricos deben pagar más impuestos para contribuir con sus naciones. Si bien las élites peruanas por ahora parecen tomar distancia, esperamos que pronto también pongan de su parte

^[1] Khan, Shamus (2012) The sociology of elites. Annual Review of Sociology, 38: 361-377

^[2] Schumpeter, J. A. 1942. Capitalism, Socialism and Democracy, fifth edition

with a new introduction, London, George Allen & Unwin, 1976

^[3]Dell, Melissa (2010) THE PERSISTENT EFFECTS OF PERU’S MINING MITA. Econometrica, Vol. 78, No. 6 (November, 2010), 1863–1903. 

Glave Manuel y Juana Kuramoto (2007) La Minería Peruana, lo que sabemos y lo que falta saber. Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: GRADE

 Zegarra, Eduardo (2005). “Minería e ingresos rurales: entendiendo las bases microeconómicas del conflicto”. Propuesta ganadora del concurso de Proyectos Medianos del Centro de Investigación Económica y Social. Lima.

^[4] Auty, R.M. 1993: Sustaining development in mineral economies: the resource curse thesis. Lon don : Routledge. x + 278pp. £37.50 cloth. ISBN: 0 415 09482 8