Escrito por Nicolás Lynch Gamero Revista Ideele N°301. Diciembre 2021

Hace tal propaganda la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) sobre su actuación que parece que no habría vida para las universidades al margen o después de ella. El caso es más sencillo. Se trata de un órgano de regulación universitaria mal diseñado que ha cumplido bien la función de cerrar las universidades, principalmente con fines de lucro, que no cumplían con los estándares de calidad necesarios para su funcionamiento y mal casi todo lo demás, ganándose enemigos en universidades tanto públicas como privadas. No por gusto las universidades públicas más importantes, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería, se han manifestado pública e institucionalmente por cambios de fondo en el órgano regulador que le de más injerencia a las universidades.

No tiene sentido, por ello, meter en un mismo saco a los que cuestionamos a la SUNEDU como ente regulador con los dueños de universidades denominadas “chicha” que quieren regresar por la puerta falsa al sistema universitario y seguir haciendo de las suyas con estudiantes y padres de familia. Tampoco decir que los que nos oponemos a la SUNEDU estamos en contra de la calidad de la educación universitaria y/o no queremos ningún órgano regulador. Por el contrario, la SUNEDU como tal viene después de que resurgieran las ideas de calidad, meritocracia y regulación, en el debate previo a la ley 30220 que se da desde los primeros años de este siglo XXI. En otras palabras, sus promotores no son los dueños de las ideas de calidad, meritocracia y regulación, sino gente ajena a la universidad como una institución democrática que produce conocimientos.

Por ello, se comete un error al relacionar la SUNEDU con el origen de la ley universitaria 30220. Es verdad que esta ley consideraba, por primera vez en nuestra historia un órgano regulador universitario, pero en su proyecto original no era la SUNEDU sino el Consejo Nacional de Universidades. Se trataba de poner un regulador más cercano a la universidad, que teniendo la autoridad suficiente buscara regular y no imponer. Pero llegó el Ministerio de Educación de la época, cuando el trabajo del proyecto de ley estaba terminado, desconociendo lo avanzado y estableciendo sus propios criterios tecnocráticos y autoritarios, para incorporar un ente regulador extrauniversitario.

“La SUNEDU es un aspecto de una política universitaria mayor, que se completa con los miles de millones de soles del tesoro público que en los últimos seis o siete años han pasado de las arcas del Estado a las universidades privadas. Se calcula que entre un 20 y 25% de los aproximadamente 5,000 millones de soles que el Estado destina anualmente a la educación universitaria han ido a la educación universitaria privada, aproximadamente 1,200 millones de soles al año”.

Muchos dicen que cualquier ente regulador debe ser externo a los regulados y ponen como ejemplo las diversas superintendencias existentes para regular servicios públicos, en el transporte, la energía, las comunicaciones, etc. Sin embargo, una cosa son estos bienes públicos administrados por empresas privadas y otra, distinta, la educación superior que se desarrolla en las universidades. Esta última es un derecho que se desarrolla como un servicio público, con proveedores públicos o privados, en instituciones que brindan enseñanza, hacen investigación y se proyectan a la sociedad; actividades estas últimas de diferente naturaleza a la primera. La regulación entonces debe surgir de las universidades, formándose un ente regulador que esté fuera de las instituciones individuales, pero dentro del sistema como un todo. Además, el nombre debe ser Consejo, que viene del latín concilium y hace alusión a entenderse y no superintendencia que refiere a vigilancia y guachimán.

Este planteamiento está muy lejos también de pretender un regreso a la antigua Asamblea Nacional de Rectores (ANR), de triste recordación en la universidad peruana. La ANR, que fue concebida nada más como un ente coordinador de rectores y no regulador de universidades, no fue capaz de lidiar con el crecimiento del sistema y fue rebasado por las demandas de su tiempo. A la par, produjo el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), de peor recordación todavía que la ANR, ente que autorizó el funcionamiento de más de noventa universidades empresa, la mayoría de las cuales serían cerradas por mala calidad pocos años después. Además, los rectores cuando se juntan desarrollan de inmediato su interés corporativo, que pone por delante las acuciantes necesidades inmediatas de cada universidad, por lo que es necesario que el regulador no esté directamente influido por ellos, sino sea un comité de expertos de origen universitario, pero con una normatividad que les de dinámica propia para desarrollar una labor sobre el conjunto del sistema. Creo, en este sentido, que deberían elegirse por y entre los profesores principales doctores e investigadores de todas las universidades, públicas y privadas. Es decir, expertos que elijen expertos, en los que el interés corporativo se diluya y sea rebasado por el conocimiento.

En este punto ya podemos hablar de autonomía. La autonomía universitaria es uno de los pilares sobre los que se constituye la universidad en América Latina en el último siglo y algo más, a partir de la reforma que lanza el grito de Córdoba en Argentina, en 1918. En la lucha anti oligárquica de la época se consideraba fundamental que la universidad no dependiera del poder político. Esta necesidad se ha ido renovando en el curso del tiempo. Hoy adquiere actualidad frente a la hegemonía neoliberal que ha impuesto una economía, una sociedad y una forma de organizar el poder en el Perú en los últimos treinta años y no podía dejar fuera a las universidades. Este ha sido el sentido de la intromisión de los tecnócratas del MINEDU en la ley 30220, volver a sujetar la universidad a los designios del poder político, signado por la hegemonía señalada. Para muestra un solo ejemplo, el afán de la SUNEDU de aprobar los planes de estudios en las universidades. Si esta deja de ser una potestad de cada universidad, qué queda de la autonomía y en su extremo de la libertad de cátedra.

Nuevamente, defender la autonomía tampoco significa, como nos achacan hoy a los que defendemos esta bandera, defender los abusos de esta por los dueños de las universidades chicha y las camarillas de profesores mediocres en diversas universidades públicas. Claro que debe existir el control de los excesos, de los que confunden autonomía con autarquía, y para eso está el ente regulador, pero ello no significa botar a la autonomía al rincón de los recuerdos.

Sin embargo, la SUNEDU es un aspecto de una política universitaria mayor, que se completa con los miles de millones de soles del tesoro público que en los últimos seis o siete años han pasado de las arcas del Estado a las universidades privadas. Se calcula que entre un 20 y 25% de los aproximadamente 5,000 millones de soles que el Estado destina anualmente a la educación universitaria han ido a la educación universitaria privada, aproximadamente 1,200 millones de soles al año.

Los conceptos son varios: las diversas becas que da Pronabec para que egresados de secundaria estudien en universidades privadas, las exoneraciones tributarias que se conceden a estos centros privados y los fondos de investigación que dan a estas instituciones. Solo con terminar este escandaloso financiamiento público a la educación universitaria privada se podría financiar el “Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad Pública” que establece la ley 30220. Este programa señala a las doce universidades públicas más antiguas para que formen un grupo que se beneficie de este programa especial y sirva de “locomotora” para el avance del conjunto del sistema. Es curioso cómo los tecnócratas del MINEDU y la SUNEDU se esfuerzan por repetir que debemos cumplir con la ley universitaria, pero ellos se olvidan de esta disposición fundamental de la misma ley.

¿Cuáles han sido entonces los objetivos de los promotores de estas políticas? Como ya lo señalé: el control de las universidades, sobre todo de las públicas, otrora casas del pensamiento rebelde y hoy debatiéndose entre la intromisión neoliberal y la mediocridad que se vende al mejor postor. Pero además su silenciosa privatización, por la vía de privatizar los escasos fondos que el Estado destina a la educación universitaria y de los cuales se apropia crecientemente la universidad privada.

¿Con todo esto en mente podemos acaso pensar que lo que está sucediendo es una “reforma universitaria”? No lo creo. Reforma, una palabra de cierto prestigio, en especial en las universidades, por su raigambre histórica que se remonta al grito de Córdoba, ha significado siempre en las universidades democracia y autonomía; reconciliándose estos conceptos con la calidad y los méritos a lo largo de duras luchas contra el oportunismo y la mediocridad, pero basándose en la tradición “viva y móvil” que los hace posibles. Mal puede ocurrírsele a un universitario que aprecia su institución llamar algo por un nombre que no le corresponde ni pertenece.

No hay entonces por qué negar los distintos pareceres que han surgido en los últimos días sobre la SUNEDU y la universidad peruana como si fueran portadores de alguna plaga, sino tomarlos en cuenta para una necesaria revisión de las características del ente regulador para que la regulación y quien la lleve adelante sean legítimos para la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. De lo contrario, los problemas continuarán y la universidad no podrá contar con la normatividad indispensable para su funcionamiento.