Escrito por María Sosa Mendoza, Gerardo Saravia Revista Ideele N°301. Diciembre 2021

En este texto se profundiza acerca de la práctica del terruqueo en la actualidad, diferenciando en ella hasta tres tipos, de acuerdo a los grupos de personas-objetivo. En los últimos meses la idea que parece haber prevalecido en los espacios de incidencia política es que tildar como “terrorista” o “terruco” a ciertos actores sí está justificado. Por ello, los autores intentan transparentar el significado y las consecuencias de esta práctica. 

En los últimos años dos prácticas protagonizaron y entraron en pugna en el escenario político peruano: la del terruqueo y la de condena-al-terruqueo. La novedad era la última, una postura reactiva y de resistencia a la otra creada durante el conflicto armado interno. La intensidad de ambas fue tan alta que, en algún momento, se configuró una situación de balance, entre ataque y defensa, para los sujetos terruqueados. 

Pasó, por ejemplo, con las tablas de Sarhua en 2018. Por un lado, fueron calificadas como proterroristas por un medio de comunicación de alcance nacional e investigadas por un departamento de la Policía. Por el otro, instituciones defensoras de derechos humanos condenaron estas imputaciones esgrimiendo un argumento bastante sencillo: los artistas (y las comunidades) de Sarhua no podían hacer apología al terrorismo ya que más bien eran víctimas de las atrocidades de ese tiempo. 

El terruqueo encontraba terreno en un grueso de la población, pero se restrigía cada vez más a un sector marginal de la derecha política y mediática. Mientras que la postura crítica estaba representada por sectores progresistas con mayor influencia en medios de comunicación y en la academia, que la consideraban una estrategia política sucia y absurda.

El ser calificado como terrorista puede tener consecuencias concretas en el ámbito social y legal. Estos efectos no lo sienten los personajes más inmaculados moralmente del conflicto armado interno —a los que, para muchos, resulta absurdo vincular con la subversión pasada — sino los que tienen posturas más ambiguas. Aquí cabe mencionar que además de los dos sujetos terruqueados antes mencionados (los de siempre y los nuevos), identificamos a un tercer grupo, compuesto por exsubversivos y por jóvenes que apuestan por la amnistía general de los actores del conflicto (los de siempre- siempre, por los que nunca se denunció terruqueo).

Con la segunda vuelta presidencial de 2021, el escenario cambió: el terruqueo fue ganando terreno. Lo hizo rápidamente en sectores conservadores —en los que solo se magnificó su intensidad— y poco a poco fue avanzando hacia el “centro” del espectro político. Hoy ya parece haber ganado legitimidad, pues se ha instalado la idea de que la práctica no es mala en sí misma: tildar y tratar como ‘terrucos’ a ciertos personajes es completamente válido si es que efectivamente lo son. 

Discrepamos de posturas como esta y consideramos que hay algunos elementos que son imprescindibles poner en el tapete para discutir el fenómeno del terruqueo el día de hoy.

El estigma de los “terrucos”

En 2011, cuando Carlos Aguirre publicó el artículo Terruco de m… Insulto y estigma en la guerra sucia peruana aún no se había creado el neologismo verbal “terruquear”, sin embargo, su texto nos acercó al concepto. Para Aguirre, la palabra terruco es, antes que nada, un insulto. Es decir, nunca fue empleada de una manera meramente descriptiva. En un primer momento, la palabra fue usada para deslegitimar a los miembros de los grupos subversivos y, después, su uso se extendió contra los opositores políticos del gobierno de turno. 

Aguirre, sosteniéndose en la idea de que los insultos son la forma más efectiva de arruinar la reputación de las víctimas y, por tanto, de producir su destrucción social —propuesta por el historiador Peter Burke—, sugiere que, en sus inicios, el término “terruco” buscó establecer una asociación entre el ser terrorista y el ser indígena. En el contexto de la violencia política, el blanco de ataque fueron los grupos subversivos en actividad. Implantar en el imaginario de la sociedad peruana —poseedora de un racismo histórico— la imagen de que los miembros de Sendero Luminoso eran indígenas realizando actos sanguinarios, alimentaba la idea de que “no eran merecedores de ninguna consideración y menos aún de los derechos civiles y legales que todo ciudadano tiene garantizados según la Constitución y las leyes” (Aguirre, 2021). Quedaba así justificada cualquier tortura y trato brutal contra los miembros de los grupos armados. 

La estrategia de vinculación entre quien en ese momento fue el enemigo elegido (grupos subversivos) y el enemigo certificado (indígenas), para trasladar el rechazo de uno a otro, fue exitosa, ya que a la fórmula se le añadieron otras variables políticas, legales y culturales. Esto tuvo como consecuencia que en relativamente poco tiempo las fuerzas subversivas se erigieran como el enemigo por antonomasia de la sociedad peruana y que el panorama se invierta. Quienes ahora eran afectados con la vinculación subversivo-indígena terminaron siendo estos últimos.

Un nuevo actor terruqueado

Para analizar la nueva tendencia a relativizar la práctica del terruqueo del sector que hasta hace poco lo rechazaba a cabalidad, es necesario detectar qué variable ha influido en el cambio de postura. El elemento novedoso es la aparición de sujetos en la política nacional con un perfil diferente a los anteriormente terruqueados. Y es que la postura de condena-al-terruqueo, que fue ganando terreno durante los últimos años es básicamente una defensa a sujetos con una distancia (real o no) de los grupos subversivos de antaño, ya sea por su rol de víctima durante el conflicto armado interno o por una lejanía fáctica. En ese sentido, se defendía tanto a los familiares de los desaparecidos de La Cantuta como a Verónika Mendoza y a Francisco Sagasti.

Con la llegada al Gobierno de la alianza entre Perú Libre y el magisterio —ambos con un desarrollo político más localizado en regiones y sindicatos no tradicionales— se han hecho visibles dinámicas y códigos diferentes en el escenario político nacional que, vale decir, suele ser bastante limeño. Hoy queda expuesta la convivencia pragmática de algunas agrupaciones cercanas a la alianza de gobierno con personas afines a los que en el pasado se levantaron en armas y narrativas alternativas al conflicto armado interno. Ninguna de estas características significa directamente la reivindicación política, simpatía o apología a los grupos insurgentes pasados, sino más bien una mirada no deshumanizadora de los sentenciados por terrorismo que buscan reintegrarse a la sociedad después de cumplir con sus condenas, y la ausencia de un repudio total a Sendero Luminoso y al MRTA, por el rescate de, lo que consideran, un proyecto revolucionario. 

Estos matices con respecto al CAI no son soportados por los sectores más progresistas. Ya no se trata de una estrategia política, sino de un tema de memoria posconflicto.

Consecuencias

El ser calificado como terrorista puede tener consecuencias concretas en el ámbito social y legal. Estos efectos no lo sienten los personajes más inmaculados moralmente del conflicto armado interno —a los que, para muchos, resulta absurdo vincular con la subversión pasada — sino los que tienen posturas más ambiguas. Aquí cabe mencionar que además de los dos sujetos terruqueados antes mencionados (los de siempre y los nuevos), identificamos a un tercer grupo, compuesto por exsubversivos y por jóvenes que apuestan por la amnistía general de los actores del conflicto (los de siempre- siempre, por los que nunca se denunció terruqueo).

Dentro de las consecuencias sociales, identificamos la anulación completa del ser terruqueado, que se materializa en la anulación de cualquier otro tipo de valoración que no sea su condición de terruco. Un caso reciente es el del exministro de Trabajo Iber Maraví. Su gestión logró obtener el respaldo de las principales centrales sindicales del país por poner énfasis en reivindicaciones históricas de estos gremios. Sin embargo, los medios de comunicación y gran parte de la clase política solo se centraron en las denuncias policiales de décadas atrás que lo señalaban como miembro de Sendero Luminoso —ignorando la ausencia de sentencias policiales— e hicieron una fuerte presión para que se lo retirara del cargo. Una situación similar ocurrió con Máximo Laura, un reconocido artesano ayacuchano que había sido designado como embajador de la Marca Perú y luego fue retirado de esa nominación porque las declaraciones que brindó a un medio nacional fueron calificadas como de simpatía al terrorismo.

En el terreno legal, más allá del delito estipulado en el Decreto Ley N.º 25475, existe un aparataje institucional encargado de legitimar la expulsión de la vida pública y criminalizar a los sujetos señalados como terrucos. Para lo primero, desde el 2014 se ha ido configurando un marco normativo que no permite que los sentenciados por este delito laboren como trabajadores públicos y docentes de educación básica y universitaria; además están prohibidos de postular y estudiar en universidades estatales y presentarse a cargos de elección popular. Con respecto a la criminalización, desde el 2014, la Dircote y la Fiscalía iniciaron una serie de investigaciones a los miembros del Movadef, acusándolos de ser parte de una organización terrorista, a pesar de que desde 1993 Sendero Luminoso dejó la lucha armada y apostó por un acuerdo de paz. 

Estas medidas se sostienen en la idea de que el terrorismo, más que un delito, es una característica permanente y que, por tanto, la existencia de ciertas personas significa un peligro real para la sociedad.

Para nosotros esa es otra forma de terruqueo.