Escrito por Roger Merino Revista Ideele N°301. Diciembre 2021

El gobierno de Pedro Castillo es una coalición de izquierdas que agrupa distintos partidos, frentes y movimientos políticos que compiten por tener la mayor influencia en la toma de decisiones. En lugar de cooperar para alcanzar acuerdos políticos y programáticos básicos, pugnan por imponer actores y agendas diversas, a veces sobrepuestas, a veces contradictorias que van desde el progresismo de izquierda mal llamado “posmaterialista” (ecologismo, feminismo), las reformas anti-neoliberales (redistributivas, estatistas), hasta reivindicaciones gremiales muy específicas, algunas legítimas, aunque problemáticas (la magisterial) y otras que lindan con el capitalismo informal o incluso ilegal (por ejemplo, en transporte). La ligazón más fuerte de este tumulto de grupos políticos es su legitimidad democrática, lo que les permite resistir – hasta ahora- el embate de la ultraderecha.

Pero, en el otro frente, la coalición vacadora continuará con estos embates en todos los ámbitos posibles. En el ámbito legal esta empresa comenzó con el intento de anular la elección y puede observarse hoy en las recientes investigaciones llevadas por fiscales cuestionados. En el ámbito mediático, observamos todos los días que medios de comunicación y grupos de interés buscan cualquier razón, justificada o no, para deslegitimar al Gobierno. Y, siendo caja de resonancia de ambos, el bloque de ultra-derecha da la batalla política en el Congreso de la República. En este contexto, el problema fundamental de la coalición de izquierdas no es su extremismo ideológico sino su extrema precariedad. Sin capacidad de articular las distintas agendas en objetivos y discursos macro y sin que los diversos actores demuestren madurez política, el Gobierno parece recurrir a las prebendas y clientelaje para mantener un grado mínimo de cohesión. Esta extrema precariedad podría explicarse en una serie de tensiones intrínsecas que no se han podido resolver en el seno del Gobierno.

La tensión entre representación social y la agenda progresista

¿Cómo un premier de un gobierno de izquierda en el siglo XXI puede tener actitudes misóginas y homofóbicas? ¿Cómo un gobierno de izquierda que designa en el ministerio del interior a una figura del movimiento de derechos humanos puede promover políticas xenófobas? Una respuesta fácil es que se trataría de una “izquierda retrógrada”. Pero esa misma izquierda ha nombrado por primera vez como Viceministra de interculturalidad a una líder indígena y como ministro de Desarrollo Agrario y Riego a un líder campesino; además de poner especial énfasis en resolver conflictos socio-ambientales a través del diálogo con comunidades campesinas en lugar de imponer la fuerza militar y policial.

El problema de fondo es una tensión inherente entre representación social y la agenda progresista. La agenda progresista o identitaria es la bandera de varios colectivos sociales, mientras que varios otros enfatizan la redistribución y reivindicaciones gremiales y de clase. Articular ambas agendas no es tarea fácil. Teóricos como Laclau, Mouffe, o Fraser hace décadas discutían cómo la democracia radical requiere de procesos previos de articulación entre las distintas luchas sociales en torno a un significante común, de tal forma que uno de los liderazgos sociales represente al todo. En ese escenario, las luchas por reconocimiento o identitarias no tendrían una relación de contradicción sino de complementariedad con las luchas por la redistribución. El problema es que el partido de gobierno, Perú Libre, y el propio Castillo no muestran ningún esfuerzo por representar una visión cohesionada de esas luchas sociales. La acción política de Perú Libre gira en torno al anti-neoliberalismo y al anti-caviarismo, entendido como elitismo progresista que – en su perspectiva- legitimaría la hegemonía neoliberal. Entonces, en esta visión política sectaria el contrincante está tanto fuera como dentro del gobierno. Así, aunque el ala progresista haga todos los esfuerzos para implementar políticas anti-neoliberales (como la reforma tributaria) el respaldo que le brindan es tímido o incluso nulo por ser una propuesta del “ala caviar”. Esta estrategia de confrontación debilita y deslegitima tanto al gobierno como a Perú Libre. En el primer caso, y con la necesidad de lidiar y mediar con los conflictos internos, el gobierno pierde el músculo para implementar cualquier reforma significativa. En el segundo caso, el bloque anti-caviar termina convertido en una caricatura sin más programa que obtener cuotas de poder. En ambos casos, el resultado es el aislamiento político. Y el aislamiento político facilita las cosas a una oposición ávida por tomar el poder.

¿Qué significante podría unir a los distintos bloques de izquierda? En las experiencias de Ecuador y Bolivia, por ejemplo, el anti-neoliberalismo y el plurinacionalismo fueron las banderas que permitieron alcanzar acuerdos fundamentales. Por aquí parece que aún no se alcanza la madurez política para dejar las ambiciones sectarias de lado, por lo menos, para avanzar hacia reformas fundamentales y urgentes más allá del cambio constitucional, que es un proceso de mediano y largo plazo. Un tema en común que podría profundizarse es la denuncia y oposición al terruqueo como punto clave de articulación pues todos los sectores de izquierda, ya sean los autodenominados radicales o moderados, han sufrido esta forma violenta de estigmatización. Sin embargo, la agresiva cruzada “anti-caviar” de Perú Libre o incluso el uso del mismo terruqueo dentro del bloque para atacar a contrincantes políticos parece indicar que no hay ningún esfuerzo mínimo de articulación.

La tensión entre representación social y reformas anti-populares

El Gobierno no ha podido hasta ahora articular las diversas demandas sociales alrededor de significantes políticos de gran alcance que puedan proyectar una visión de país y un posible legado. Más allá del buen desempeño del proceso de vacunación y los esfuerzos del sector Economía y Finanzas por asegurar estabilidad macro económica y, a la vez, reformar la política tributaria, el Gobierno viene privilegiando demandas patrimonialistas de redes de poder económico y social muy concretas como sindicatos, gremios o grupos de interés. Estos grupos como el de transporte informal o de las universidades anti-reforma se han desarrollado a los márgenes del Estado en un contexto de economía popular y de supervivencia. Por ello, la regulación y fiscalización es tremendamente resistida. 

Aquí las reformas de la educación superior y del transporte, por citar dos ejemplos, son resignificadas por sus opositores cómo reformas anti-populares, elitistas, que no consideran las necesidades de los segmentos pobres que requieren una oferta más amplia y autónoma en lugar de mayores restricciones. Esta posición también podría entenderse como una reacción a los discursos anti-pobres que de forma simplista crean una línea divisoria entre “formales responsables e informales irresponsables”, los primeros soportarían todo el peso de la legalidad mientras que los segundos esquivan la ley mientras contaminan más y no pagan impuestos. Así, el Gobierno que dice representar a los pobres parece hacer eco a la reacción a este discurso y plantea una disyuntiva entre reformas elitistas versus necesidades de clase cuando en realidad se trata de mera preponderancia de intereses patrimonialistas. 

La cuestión es que dentro de la coalición de gobierno hay sectores de izquierda que creen genuinamente en la necesidad de estas reformas, comenzando por la aún premier Mirtha Vásquez quien se ha manifestado a favor de la SUNEDU y la reforma del transporte, aunque desde los sectores públicos correspondientes se haga poco al respecto (o, todo lo contrario). Es fundamental comprender que estas reformas pueden ser anti-populares en el corto plazo, pero no en el mediano plazo. Por ejemplo, mineros o transportistas informales cuya economía depende del día a día van a oponerse con todo a las restricciones de las actividades que les dan un sustento económico. Justamente, es tarea de un gobierno de izquierdas pensar en políticas de inclusión social focalizadas para los que más pierden con las reformas institucionales y reinsertarlos hacia otras actividades económicas menos nocivas. Pero antes que nada se requiere un acuerdo claro sobre la necesidad de profundizar las reformas. Hoy carecemos de ello.

La tensión entre representación social y dependencia en industrias extractivas

Esta es una tensión que han tenido que enfrentar todos los gobiernos progresistas durante el súper ciclo de los commodities y el aumento de la demanda china. En los últimos meses la demanda internacional y los precios de los minerales abren la posibilidad de un nuevo boom extractivo. Los dilemas son los mismos de hace 10 años. Para una mayor redistribución y mayor financiamiento de políticas de inclusión social se requieren más ingresos y estos vienen de manera más rápida de las industrias extractivas. Pero son esas industrias las que han generado los mayores conflictos sociales en las últimas décadas. Entonces el Gobierno se encuentra en una disyuntiva: la necesidad de promover las inversiones extractivas y la necesidad de establecer estándares sociales y ambientales estrictos que podrían retardar o limitar estas inversiones. El caso del cierre de minas ejemplifica bien la paradoja. Se anunció el cierre ya programado de varias minas en respuesta al malestar social que habían generado sobre comunidades y a los pocos días se flexibilizó el discurso, no solo por la presión mediática sino, aparentemente, también por las presiones internas para asegurar una mayor recaudación.

Aunque el bloque vacador persiste en acusar al Gobierno de anti-minero, este no tiene ninguna agenda post-extractivista clara, como la proscripción de la minería de tajo abierto (modelo costarricense), la restricción o moratorias al fracking, o proyectos ambiciosos para transitar hacia energías limpias. Lo más resaltante que viene haciendo el gobierno es tratar de resolver los conflictos con el diálogo antes que con estados de emergencia que han sido utilizados de forma abusiva en las últimas décadas y han demostrado ser inefectivos para que los proyectos extractivos se desarrollan en armonía social. Es decir, el Gobierno simplemente busca cumplir con estándares mínimos de derechos humanos mientras que los grupos de interés de siempre exigen mano dura sin importarles el costo social de esas medidas.

Pero es evidente que el diálogo tiene límites y si no se piensan en políticas públicas que puedan articular mejor los intereses de pueblos indígenas, comunidades, gobiernos provinciales, regionales y el gobierno nacional, entonces los conflictos no van a amainar. Temas como el ordenamiento territorial, el rediseño del fallido proceso de descentralización, o el reforzamiento del planeamiento estratégico no están en agenda y estos temas son fundamentales si se quiere en serio prevenir los conflictos sociales.

¿Otra oportunidad perdida?

Estas tensiones internas tienen como correlato la incapacidad de plantear, promover, implementar y sostener políticas públicas significativas que respondan a una visión, no digamos si quiera post-extractivista, pero sí post-neoliberal, progresista y plurinacional, banderas que se esperaría de una izquierda en el siglo XXI. Lo que se observa más bien es una brecha muy grande entre políticas de base que son fragmentadas por naturaleza y la ausencia de grandes reformas y políticas públicas comprehensivas que son propias de cualquier gobierno con una agenda de cambio. El único acuerdo político mínimo hasta ahora es el acuerdo por la supervivencia. Pero no se puede gobernar a la defensiva indefinidamente. No se puede gobernar pensando en los votos que se necesitan para no ser vacado y no en la forma de empujar cambios institucionales. Todos los actores políticos de la coalición de izquierdas deben tener capacidad de desprendimiento y madurez para alcanzar acuerdos fundamentales de cambio institucional. El otro camino es continuar con la guerra política del todos contra todos, en donde el único ganador será el bloque ultra-conservador. Está en juego una de dos opciones: la articulación de la coalición de gobierno para avanzar un poco hacia la justicia social o su total fragmentación para abrir el paso a un gobierno que agudice las brechas sociales y el menosprecio a los derechos humanos.