Migrantes en el Perú: xenofobia o integración

Escrito por Revista Ideele N°301. Diciembre 2021

“Si eres neutral en situaciones de injusticia,

has elegido el lado del opresor”

-Desmond Tutu, arzobispo de Sudáfrica

El intento a fines de año de expulsar del país a 41 ciudadanos venezolanos acusados de actividades delincuenciales, en una ceremonia oficial que debía contar con la presencia del presidente, ministros y otros altos funcionarios del Estado; resultó un fiasco debido a que ni siquiera se había coordinado y asegurado el país de recepción, lo que termino obligando a abortar la operación que supuestamente buscaba elevar la imagen presidencial, pero fue un boomerang por lo improvisado, además de contravenir la imagen de un gobierno respetuoso de los derechos humanos, con varios ministros con trayectoria en el tema.

Luego se supo que esta medida se fue cocinando hace varias semanas en el Ejecutivo, en concordancia con el anuncio presidencial del 28 de julio de expulsar a los extranjeros que delincan en el Perú, y que se legó la identificación y captura de los que iban a ser expulsados a la Superintendencia Nacional de Migraciones y la División especializada de extranjería de la PNP, además de las coordinaciones diplomáticas a la Cancillería. Todos fallaron. Los primeros porque una buena parte de ellos no se pudo probar que fueran delincuentes, que participaron en acciones de ese tipo en el país, sino a lo sumo que se encontraban en situación irregular, en unos casos sin registro de su ingreso al territorio nacional, o sin haber actualizado sus datos migratorios. Los funcionarios de Cancillería, por otro lado, parece que no hicieron su tarea de coordinación con el gobierno de Maduro, tal vez por los prejuicios políticos preexistentes en esa cartera. 

Frustrada o no, quedo la imagen equivoca para el exterior de un gobierno de izquierda que sigue la corriente xenófoba y de expulsiones de migrantes de las derechas, como Piñera en Chile, Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil, Moreno en Ecuador o Macri en Argentina. Lo cierto es que el sentimiento xenófobo recorre tanto la derecha como la izquierda en el país, y hay sectores en esta última que a contracorriente de las predicas internacionalistas del marxismo, y el discurso de la patria grande como proyecto de unión latinoamericana, no dudan en aliarse con políticos demagogos y chauvinistas que levantan banderas contra la presencia de extranjeros pobres en el país como Ricardo Belmont y Antauro Humala. Sin embargo, en este caso los responsables políticos centrales son gente de la izquierda que se supone más preocupada por los derechos humanos, tanto en la presidencia del Consejo de ministros como en el MINITER, a lo que se agrega al elocuente silencio de los organismos de los derechos humanos, que en este caso como en la Operación Olimpia del año pasado, no se pronunciaron públicamente.

Las políticas migratorias

En el siglo XIX e inicios del XX en el Perú abundó entre intelectuales de la elite criolla, blanca y mestiza, la convicción que los problemas que arrastraba el país se debían a la herencia dejada por los españoles, que nuestro destino sería diferente si, como decía Juan Francisco Pazos Varela, en una tesis presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: ¡Ojalá hubieran llegado los sajones al Perú![1] . Consecuente con esta concepción y discurso, se promovió la inmigración de europeos británicos, alemanes y nórdicos para supuestamente “mejorar la raza”. En cambio, se vio con malos ojos la procedente del extremo oriente, la china asociada en un principio a los coolies que fueron traídos para reemplazar la mano de obra esclava en tiempos de Castilla. Este decía sobre ellos que eran “débiles, enfermizos, degradados y corrompidos” y que al mezclarse con los naturales peruanos “pervierten su carácter, degradan nuestra raza e inoculan en el pueblo, especialmente en la juventud, los vicios vergonzosos y repugnantes de que casi todos están dominados[2] La inmigración japonesa fue posterior, más asentada en la actividad comercial, pero igualmente discriminada.

Lo cierto es que el Perú no fue un país que acogiera muchos inmigrantes europeos, a diferencia de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Venezuela. Y en el siglo XX la discusión central paso a girar más sobre los nacionales vistos como extraños en su tierra, los indígenas, antes que los foráneos. Eso no fue óbice para expresiones de intolerancia xenófoba como el ataque a los negocios y viviendas, y posterior encierro, de los ciudadanos de origen japones, y descendientes, en rechazo al ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 por el imperio japones, en clara alineación con la política norteamericana en el continente. Sintomáticamente esas expresiones hostiles no se dieron con la misma intensidad con ciudadanos de origen alemán o italiano, que también formaban parte del Eje.

En los años siguientes el ciudadano extranjero fue bienvenido siempre y cuando cumpliera con los requisitos de raza y en especial de capacidad económica para la elite gobernante, que cambiaba el giro para priorizar a los inversores y turistas, antes que a los de escasos recursos o políticamente peligrosos. Fue así como en la segunda fase del gobierno militar de los 70 tuvieron que salir muchos exiliados que habían encontrado refugio momentáneo de las dictaduras del Cono Sur en nuestro país, hasta el vergonzoso secuestro de montoneros en Lima como parte del Plan Condor, y por el que Morales Bermúdez resulto condenado a cadena perpetua en Italia.

Lluvia de millones

Las campañas políticas sirven para evidenciar lo malo de nuestra idiosincrasia y prejuicios, y la xenofobia se une al racismo, clasismo y otras taras ancestrales en el país. Así en las elecciones de 1980 se atacó al candidato Armando Villanueva por su esposa chilena, lo que no se repitió cinco años después con Alan García, tal vez porque en este caso la nacionalidad era argentina, y hay menos recelos que con los vecinos. En el 90 la candidatura de Alberto Fujimori volvió a encender las alarmas entre las elites que lo veían como un advenedizo peligroso (“peruano de primera generación sin raíces históricas en el territorio” lo calificó el congresista Enrique Chirinos Soto, luego devenido al fujimorismo), pero desde el “desborde popular” -para utilizar la categoría de Matos Mar- fue visto como una proyección de otros inmigrantes, sobre todo internos, además de la imagen de la laboriosidad y honestidad que se asociaba a la colonia nipona, perseguida cincuenta años atrás.

Se podría presumir que por ancestros y propia experiencia la política migratoria del gobierno de Fujimori podría ser más humana que la de sus antecesores, pero no fue así. Tanto el Decreto Legislativo de Extranjería N° 703 de noviembre de 1991 (dada al amparo de las facultades legislativas en materia de pacificación) como la Ley de Nacionalización N° 26574 de diciembre de 1995 siguen viendo a los extranjeros como sujeto exclusivamente económico, que valen en tanto tenga respaldo monetario, sin importar la suerte de sus familiares, parejas e [email protected], carentes de derechos.  Se dice que la norma fue impulsada por el exministro y presidente del Congreso, Víctor Joy Way, implicado en acusaciones de trafico de pasaportes y visas para ciudadanos chinos que huían de la anexión de Hong Kong al gigante asiático. 

Los gobiernos que sucedieron a la dictadura fujimorista no hicieron mucho por cambiar la legislación para los migrantes, pese a que dos presidentes tenían cónyuges extranjeras (Toledo y García) lo que revela que desde el privilegio no son posibles los cambios. En el gobierno de Humala se decide transformar la Dirección General del Ministerio del Interior en Superintendencia Nacional de Migraciones, dándole mayor poder y presupuesto, sin mayores modificaciones al marco legal vigente. Fue en esta administración, cuando Daniel Urresti era ministro del Interior, que se inició una fuerte campaña contra los migrantes, en especial las mujeres y familiares extranjeros de peruanos, así como los artistas y artesanos de las calles, que fueron expulsados en buses a la frontera de manera masiva y arbitraria, según el ministro porque “daban mal aspecto”[3]. Para ello el gobierno emitió un decreto para acelerar las expulsiones de extranjeros considerados indeseables por el gobierno, en su mayoría indocumentados o de pocos recursos.

Una de las victimas fue mi esposa, Inés Agresott[4] que estuvo con orden de expulsión del país por una supuesta falta burocrática de Migraciones años atrás, que querían achacárselo a ella. Otro caso fue la esposa de un conocido artista de una estirpe musical en el país que, por ser de Francia, no pudo quedarse en el país a la muerte de su esposo, quien le daba la residencia, y no los hijos. Y una señora costarricense, con hijos y nietos peruanos, por casi treinta años sin documentos porque a su marido no le dio la gana hacerlo, que finalmente pudo acceder años después a un documento “humanitario”, que todos los años debe renovar, a pesar de su situación. Estos hechos, entre muchos más, amparados en una visión machista y patriarcal, fueron denunciados en medios y organismos de derechos humanos y feministas, sin mayor repercusión, hasta que llego a las Naciones Unidas, ameritando un informe de la OIM[5] (también la Defensoría del Pueblo, en esos años, jugo un rol importante). La consecuencia fue el cambio en las políticas de migraciones bajo la administración de Boris Potosen, con quien se aprobó el Decreto Legislativo N° 1236 de septiembre del 2015[6], que recoge en parte demandas del colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas para obtener residencia por los hijos, creándose una oficina para atender situaciones de poblaciones vulnerables.

El baile del joropo

Con la llegada al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuestionado en la campaña por su doble pasaporte (norteamericano y peruano) el tema migratorio se puso en el centro del debate nacional, al promoverse la llegada masiva al país de venezolanos, en concordancia con el Grupo de Lima y otros países de la región (Colombia, Ecuador, Chile, Argentina) siguiendo los mandatos de la política de Trump en Washington que desconocía al régimen de Maduro en Venezuela. Para ese efecto se dio una nueva legislación migratoria con el Decreto Legislativo N° 1350 de enero del 2017, así como una serie de disposiciones para facilitar su ingreso al país, acompañado de planes gubernamentales y de oenegés, que ahora sí, provistas de ingentes recursos, se preocupaban por los migrantes, pero solo de una nacionalidad. Esta discriminación entre los extranjeros en el Perú, incluso a nivel mediático (donde se prefería hablar de “extranjeros” para no mencionar una nacionalidad) se dio en múltiples aspectos[7]. Todo lo cual no impidió que frente a otras nacionalidades se mantuviera la política persecutoria y de expulsiones masivas, como sucedió con colombianos[8], además de haitianos, y dos documentalistas norteamericano y canadiense, por difundir una filmación sobre los efectos de la minería en Cusco[9], e incluso se le impidió el ingreso al país a una diplomática saharaui, por presión aparentemente de la embajada de Marruecos.[10]

La llegada de más de un millón de venezolanos en los gobiernos de PPK y Vizcarra, por detrás de su vecino Colombia, desequilibró el espacio migratorio nacional, que hasta hace unos años no llegaban ni a cien mil personas de todas las nacionalidades, dado que el Perú es más un país que exporta compatriotas antes que recibe foráneos (se calcula, por datos del propio INEI, cerca de tres millones de peruanos en el exterior, muchos de ellos indocumentados, y que se son un factor dinamizante de la economía a través de las divisas). La difícil convivencia de un país poco acostumbrado a los extranjeros, más aún en tiempos de pandemia y crisis, además de los delitos perpetrados con ferocidad por bandas de venezolanos ingresados al país sin mayores restricciones (que si les imponen a los de otras nacionalidades) fueron alimentando, con la cuota amarillista de los medios, un clima de xenofobia y estigmatización que en el periodo de Vizcarra devino en expulsiones de venezolanos y viajes de repatriación, bastante accidentados al persistir en desconocer para fines prácticos al gobierno de Maduro, y no al fantoche de Guaidó.  En el breve interregno de Sagasti la situación se mantuvo, persiguiendo en las fronteras a los venezolanos que buscaran ingresar al país. Otra vez, pese a su pasado como funcionario internacional, y haber tenido relaciones con ciudadanas chilenas y costarricenses, hizo muy poco en cuanto a migraciones, dándole más poder discrecional a sus funcionarios mediante un TUPA que le arroga atribuciones por encima de la Ley y el Reglamento.

La campaña presidencial de este año no fue ajena a los ataques xenófobos en redes contra varios candidatos (Keiko Fujimori, Yonhy Lescano, Verónika Mendoza). El triunfo sorpresivo de Pedro Castillo, en cuanto a migraciones, era una incógnita, como en muchas otras áreas.  Es cierto que en el mensaje presidencial de asunción se dio un plazo de 72 horas para la expulsión de extranjeros que delincan, pero eso no paso de la frase efectista, sin medidas concretas. Por otro lado, manifestó su compromiso de respetar los derechos humanos y los tratados internacionales suscritos por el país, entre los que se incluye los referentes al trato a los migrantes. El 29 de septiembre designó a una nueva Superintendente Nacional de Migraciones, Martha Silvestre, con un perfil burocrático muy parecido a sus antecesores, lo que parece confirmarse con la continuidad de las políticas contra los migrantes. El mejoramiento de las relaciones con el gobierno venezolano, en medio de contradicciones con la propia Cancillería, solo complica más las cosas, como en el incidente que mencionamos al inicio del artículo.   

La hora del cambio

En el mundo globalizado actual se mide el desarrollo de un país no solo por sus índices macroeconómicos sino por el respeto a los derechos de sus habitantes, nativos y agregados. En principio, y por un mínimo de sentido de la reciprocidad, el Perú no debería tratar a los extranjeros residentes en el país como no quisiéramos que lo hicieran con las peruanas y peruanos afuera. Por un sentido de humanidad y defensa de los derechos humanos, que son para todos, debe exigirse un trato igualitario para [email protected], sin favorecimientos ni ventajas, pero tampoco hostigamientos ni animadversiones solo por el hecho de ser de afuera.

Hay temas urgentes por cambiar en las normas migratorias, como las demandas del colectivo de Mujeres Migrantes maltratadas, que agrupa a muchas que se quedaron en el país por sus hijos, con parejas maltratadoras, atrapadas en un espiral de violencia y abusos, incluso con los hijos. Ellas demandan que se acceda por la Ley a la residencia y nacionalización por violencia familiar y ser familiar directo de [email protected] (padre, madre, hijos, hermanos), y la posibilidad de salir del país con los [email protected] menores de edad en casos de violencia familiar y/ o deuda de alimentos. Igualmente, los que accedieron a la residencia por motivos de trabajo no quieren verse sometidos a la posible dependencia y extorsión a quien los contrató, so pena de perder sus documentos y quedar irregulares, garantizándole derechos laborales en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores. 

Pero no basta cambios de leyes si la entidad y personas que laboran en ella siguen siendo las mismas. La Superintendencia Nacional de Migraciones, adscrita al sector Interior, es un organismo represivo que parece mirar a los inmigrantes como personas sospechosas, en libertad condicional, que deben permanentemente reportarse, para terror muchas veces de sus usuarios, y con impactos en la salud innegables, varias de ellas sufren de cáncer, problemas cardiacos y otras dolencias donde el estrés es uno de los principales responsables. Los migrantes están obligados también a pagar diversas tasas por tramites y gestiones que caprichosamente la institución cada cierto tiempo agrega y modifica en su TUPA (peor en tiempo de virtualidad pandémica, donde su promocionada página web era un desastre informático). Si se demoran, las moras astronómicas lo persiguen, y en caso de no hacerlo, corre el riesgo de ser declarado ilegal, sin derecho a documentos migratorios que te permitan realizar los trámites básicos, desde los bancarios a una atención médica, cuando no ser expulsado del país. Agréguese a lo anterior el manejo discrecional y muchas veces arbitrario del funcionario de turno, todo lo que es caldo de cultivo para el chantaje y la coima institucionalizada, muchas veces –aunque lo nieguen- en componenda con las agencias de tramitadores en las inmediaciones del local principal.  

Todo esto no significa exonerar los delitos de nadie, que quien los comete debe ser sancionado, sea nacional o extranjero, como corresponde. Eso sí, previo juicio con derecho a la defensa como corresponde hasta para los peores criminales, y en el caso de los extranjeros, de ser el caso, también con la expulsión, siguiendo todos los protocolos de las leyes internacionales, y sin pretender hacer un show mediático del mismo. Pero, vamos, si se trata de ser inflexibles contra el delito ¿por qué la autoridad migratoria le dio residencia exprés a un ciudadano portorriqueño acusado en su país de maltratos a su esposa peruana y su hijo? El se instala en Perú persiguiendo a ella y el niño, poniendo en riesgo su vida. Todo con la colaboración de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable. Poderoso caballero es don dinero.

Lo que se debe evitar, más aún en un gobierno que se proclama de izquierda y popular, y se supone en las antípodas del muro de Trump o las zanjas de Kast, es prestarse a estigmatizar al resto que trabajan, estudian y/o tienen familia peruana, que aportan al país, incluyendo en los impuestos, y no merecen ser acosados y perseguidos solo por su lugar de procedencia.

#TodosSomosMigrantes  #MigrarEsUnDerecho  #NingunSerHumanoEsIlegal   


[1] García Jordán, Pilar. Reflexiones sobre el Darwinismo Social. Inmigración y colonización, mitos de los grupos modernizadores peruanos. En Boletín del Instituto de Estudios Andinos (1992):  https://www.ifea.org.pe/libreria/bulletin/1992/pdf/961.pdf

[2] De los Anales del Congreso del Perú (Tomo VII, 1929) Óp. Cit. 

[3] Ver: https://larepublica.pe/archivo/821855-expulsion-al-estilo-urresti/

[4] Agresott, Inés. Ser Extranjera en el Perú. En Revista Ideele N° 247. En: https://revistaideele.com/ideele/content/ser-extranjera-en-el-per%C3%BA

[5] Ver https://peru.iom.int › peru › files › Documentos

[6] Wiener, Christian. Nueva Ley Migratoria en Perú. En LaMula.Pe: https://elchw.lamula.pe/2015/09/26/nueva-ley-migratoria-en-peru/elchw/

[7] Wiener, Christian. Migrantes no son solo venezolanos. En Mano Alzada 2021: https://manoalzada.pe/politica/migrantes-no-son-solo-venezolanos

[8] Ver: https://rpp.pe/peru/piura/piura-migraciones-sigue-expulsando-a-colombianos-que-infringen-la-ley-noticia-1056689

[9] Ver: https://derechosinfronteras.pe/cusco-detencion-arbitraria-a-periodista-estadounidense-y-ciudadana-canadiense-por-difusion-de-documental-sobre-mineria/

[10] Ver: https://www.france24.com/es/20170925-diplomatica-saharaui-lleva-mas-de-dos-semanas-en-aeropuerto-de-peru

Sobre el autor o autora

Christian Wiener
Docente de Comunicaciones. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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