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La principal razón por la cual a la gente aquí no le interesa militar en partidos políticos es porque simplemente no existe ningún incentivo para hacerlo. Después de todo, no tiene sentido fajarse por un proyecto político si al final el gobierno electo termina designando a los no electos (incluidos advenedizos e impresentables) en los más altos cargos. El caso del gobierno actual es el más penoso y clamoroso de todos, ya que se la pasa dando palos de ciego a ver si así puede prolongar por unos meses más la vacancia presidencial, que ha dejado de ser ‘poco probable’ para pasar a un nivel ‘intermedio alto’ de probabilidad en sólo un par de semanas.

Esta crisis va más allá de la figura de Pedro Castillo, que de hecho es más consecuencia que causa de la misma. La crisis que enfrentamos es mucho más grave de lo que se cree, ya que ésta no es un problema de ‘gobernabilidad’, ‘formación de consensos’, o de ‘falta de gente idónea para el cargo’ como se suele decir; sino que responde a una problemática mucho más profunda, nacida de tres factores que han concurrido entre sí en los últimos 20 años:

1). La incapacidad de los partidos nacionales para funcionar de manera permanente luego de la caída del Fujimorismo.

2). Una descentralización guiada por criterios antipolíticos, que al promover el nefasto discurso del ‘outsider’ ha generado una irreversible desconexión entre los movimientos regionales y locales con la vida política nacional.

3). La incapacidad del modelo económico peruano de reducir los niveles de informalidad y precariedad laboral, empoderando a sectores económicos poderosos con capacidad de moverse discrecionalmente entre lo formal y lo informal, así como entre lo legal y lo ilegal.

Estos tres factores concurrentes han hecho que el Estado Peruano termine siendo cooptado/feudalizado por todo tipo de redes de contactos (creo que ese es el nivel de institucionalización que mejor los define) que responden a agendas muy distintas y contradictorias entre sí. Al no tener en el gobierno central un vector ordenador que genere lineamientos de política pública, estas redes viven en permanente colisión, neutralizándose constantemente entre ellas. Basta estar un poco atento a las noticias para comprobar que el único consenso nacional que existe hoy en el Perú es el de la necesidad de completar el proceso de vacunación contra el COVID-19 (a pesar de algunos esfuerzos de los antivacunas). Más allá de eso no tenemos nada: ofrecemos canastas para resolver el problema de Repsol, no podemos frenar la tala ilegal en la selva, no podemos lograr acuerdos duraderos para resolver conflictos sociales, y ya ni siquiera podemos comunicar coherentemente las políticas del gobierno sin que constantemente salga alguien de adentro a deslindar, desmarcarse o proteger sus fueros.

Al interior del Estado, la sensación de incertidumbre es generalizada y la mística del servicio público ha sido reemplazada por los Juegos del Hambre. Nadie sabe cuánto va a durar en el puesto, tenemos directores y viceministros que pueden durar un día o una semana, mandos medios que rotan y no paran de rotar sin ganar experiencia en ningún lado, locadores que se esfuerzan por ser lo más grises posible a ver si así no notan su presencia y no los sacan para reemplazarlos por otros igual o más grises, etc. Así, el Presidente de la República se convierte en una figura decorativa, o un ‘primus inter pares’ que se limita a gestionar aquellas políticas de ‘obligatorio cumplimiento’ vinculadas al pago de deuda o compromisos con Organismos Internacionales que impidan que nuestra crisis política permanente se desborde hasta afectar de manera generalizada nuestras bases macroeconómicas. Esta forma de ‘gobierno de baja intensidad’ en el Perú se ha agotado por completo luego de PPK, y es incierto cuánto tiempo más pueda durar esto hasta que nuestra relativa estabilidad macroeconómica termine siendo también socavada por nuestra absoluta precariedad política.

Olvídense de Venezuela, que nuestro futuro puede parecerse mucho más a Somalia.