Escrito por Pamela Figueroa Rubio Revista Ideele N°302. Febrero 2022

Gabriel Boric llegará al Palacio de La Moneda, el próximo 11 de marzo, para asumir su mandato como presidente de Chile. Con 36 años es el presidente más joven en asumir el cargo, y además es el presidente más votado (obtuvo 4.621.231 votos lo que representa un 55,87% de los votos en la segunda vuelta electoral). Gabriel Boric es además el primer presidente de un nuevo ciclo político en Chile, un ciclo que demanda una sociedad más inclusiva y democrática. De hecho, asumirá el Gobierno en medio de un proceso constituyente innovador y participativo, que ha venido a canalizar las movilizaciones sociales que tuvieron su punto álgido en el “estallido social” de octubre de 2019.

Para entender los desafíos, expectativas y tensiones que el gobierno de Boric deberá afrontar, es importante contextualizar la situación política y social de Chile en los últimos años, caracterizada por una crisis de legitimidad y confianza del sistema político y las principales instituciones del país, y una demanda creciente de la sociedad por mayor inclusión, justicia social y una democracia más transparente y participativa.

Desde una perspectiva latinoamericana – y probablemente global – Chile ha sido observado como un país estable y de democracia ejemplar. Esto se ha basado en la larga tradición democrática del país durante el siglo XX, sólo interrumpida por el gobierno autoritario de Augusto Pinochet (1973-1989). El país experimentó una destacada transición y consolidación democrática a partir de 1990. Sin embargo, y a pesar de los diversos indicadores positivos en materias de crecimiento económico, superación de la pobreza, transparencia de sus instituciones y gobernabilidad democrática, hacia la década de 2010 comienzan a vislumbrarse diversos signos de una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las elites y las instituciones públicas.

El nuevo gobierno deberá emprender importantes desafíos. Cuando el presidente electo, Gabriel Boric presentó su gabinete, conminó a sus ministras y ministros a gobernar con diálogo y escuchando a la ciudadanía. El diálogo es relevante para reconquistar confianza y legitimidad en la política, pero también una necesidad pragmática: se requieren mayorías en el Congreso. La principal fuerza opositora serán los partidos de la derecha, quienes representan la mitad del Senado (25 de 50 senadores) y están representados por 68 integrantes de la Cámara de Diputados (de un total de 155). La fragmentación del Congreso será un desafío permanente para el nuevo gobierno.

Como fue el caso en otros países de la región, la transición a la democracia en Chile fue una transición pactada. La posición de poder de los militares, y los resultados del plebiscito de 1988 (que daban cuenta de una sociedad que anhelaba la democracia, pero estaba polarizada), no permitieron que se redactara un nuevo texto constitucional que superara la constitución concebida bajo un régimen autoritario. El camino democratizador fue mediante las reformas constitucionales (las más importantes en 1989 y 2005). Sin embargo, hacia 2006, la sociedad se manifestó por más derechos sociales, lo que se repitió en 2011, 2018 y reventó en 2019. La crisis institucional de Chile se forja en la década de 2010, y una de las principales señales es el distanciamiento de la ciudadanía de las elites, con baja aprobación de instituciones como el Congreso, el Gobierno y los partidos políticos, y un creciente abstencionismo electoral, llegando a su punto más bajo en las elecciones municipales de 2016, donde sólo sufragó un 35% de la población con derecho a voto.

En noviembre de 2019, luego del estallido social, un acuerdo político amplio de los partidos políticos con representación en el Congreso, dio inicio al proceso constituyente en curso. Desde el 4 de julio de 2021, una Convención Constitucional con representación paritaria, escaños reservados para pueblos indígenas y alta representación de independientes junto a los partidos políticos, delibera para presentar un nuevo texto constitucional en julio de 2022, que deberá ser aprobado por la ciudadanía mediante un plebiscito en septiembre de este año.

En medio de la pandemia y de modo paralelo al proceso constituyente, Chile vivió un intenso ciclo electoral: un plebiscito por la nueva Constitución en 2020, la elección de Convencionales Constituyentes, Gobernadores, Alcaldes y Concejales en mayo de 2021, las primarias de los partidos políticos para elegir candidatos presidenciales en julio de ese mismo año, las elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de 2021, y la segunda vuelta electoral presidencial en diciembre del año pasado.

Al mismo tiempo que se inicia el proceso constituyente, comienza la carrera presidencial, con las elecciones primarias que definirían las candidaturas de las diversas coaliciones. La política regular se estaba desarrollando relacionada con la política constituyente. La primaria presidencial de la coalición de izquierda, Apruebo Dignidad (integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista) tuvo dos candidatos:  Gabriel Boric, diputado en ejercicio del partido Convergencia Social, y el alcalde Daniel Jadue, del PC, quien era el favorito en las encuestas. Boric resultó electo como el candidato de la izquierda.

El presidente Boric, según señaló en una entrevista con la BBC, se sitúa políticamente en una tradición «socialista libertaria americanista chilena». Si bien pertenece a la generación de líderes estudiantiles emergente de las protestas de 2011, hoy ha llegado a representar a un amplio espectro de la izquierda y centro izquierda chilena.

La elección presidencial se desarrolló con una alta fragmentación política. De las siete candidaturas presidenciales, cuatro pertenecían a coaliciones de centroizquierda e izquierda. En la primera vuelta electoral, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, y pasaron a la segunda vuelta el candidato de la derecha radical José Antonio Kast (con 27,91% de los votos), y Gabriel Boric con 25,82%.

Con los resultados de la primera vuelta electoral y en un escenario de polarización, Apruebo Dignidad redefinió su estrategia. Este fue un primer momento de ampliación de alianzas políticas. Boric sumó a la doctora Izkia Siches como jefa de campaña, una figura independiente de peso que le permitiría ampliar la base de apoyo social y electoral. Siches, de 35 años y hasta entonces presidenta del Colegio Médico de Chile, había tenido un importante rol público durante la pandemia. A su vez, Boric consiguió el apoyo de los partidos de centroizquierda –la ex Concertación que gobernó durante gran parte de la transición postdictadura–. Todos se articularon frente a la posibilidad de un triunfo del derechista Kast.

Boric triunfó por un amplio margen en la segunda vuelta electoral, pero no cuenta con mayoría parlamentaria propia. Esto llevó directamente a incorporar a los partidos de centroizquierda en el gabinete. La coalición Apruebo Dignidad obtuvo 37 diputados de un total de 155 y cinco senadores de un total de 50. La incorporación de ministras y ministros más allá de su coalición apunta, entre otras cosas, a subsanar ese déficit. Se trata, en rigor, de una alianza con las fuerzas socialdemócratas tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Solo ha quedado fuera la Democracia Cristiana, quien ha manifestado que será un partido colaborador del nuevo gobierno. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, que un presidente amplía su coalición de gobierno luego de ser elegido.

El sistema político chileno está viviendo un cambio profundo. A enero de 2022, en Chile existen 27 partidos políticos legalmente constituidos, de los cuales seis (Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, Renovación Nacional, el Partido Socialista de Chile y el Partido Radical) se inscribieron entre 1988 y 1994, durante el proceso de transición a la democracia. Dos partidos lo hicieron entre 2010 y 2014, mientras que los 19 restantes se inscribieron desde 2016 en adelante, una vez que se reformó el sistema electoral heredado de la dictadura, y con una nueva arquitectura institucional, impulsada en el segundo mandato de Michelle Bachelet. Apruebo Dignidad, la coalición de gobierno que llega al poder en marzo de 2022, está compuesta por los partidos Convergencia Social, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Revolución Democrática y Partido Comunista. A excepción del Partido Comunista, los otros cuatro partidos que componen la alianza se fundaron luego de 2016 y Convergencia Social, el partido del presidente electo, fue creado en 2020.

El nuevo Gobierno deberá emprender importantes desafíos. Cuando el presidente electo, Gabriel Boric presentó su gabinete, conminó a sus ministras y ministros a gobernar con diálogo y escuchando a la ciudadanía. El diálogo es relevante para reconquistar confianza y legitimidad en la política, pero también una necesidad pragmática: se requieren mayorías en el Congreso. La principal fuerza opositora serán los partidos de la derecha, quienes representan la mitad del Senado (25 de 50 senadores) y están representados por 68 integrantes de la Cámara de Diputados (de un total de 155). La fragmentación del Congreso será un desafío permanente para el nuevo gobierno.

El presidente Boric además señaló las tres prioridades que deberían enfrentar como gabinete. En primer lugar, marcó la necesidad de lidiar con la aun presente pandemia de Covid-19. Esto implica continuar el plan de vacunación, trabajar sobre los efectos en la salud de la población (especialmente salud mental), en la educación, y recuperar la economía sin reproducir las desigualdades que han provocado indignación en sectores de la ciudadanía. El segundo desafío es sentar los cimientos de las grandes reformas propuestas en ámbitos como sistema de pensiones y derechos sociales, a través del diálogo, la política y el trabajo con la ciudadanía. El tercer desafío es el proceso constituyente: cuidar el proceso, respetando la autonomía de la Convención Constitucional.

Para ello se verá ante la tensión de avanzar en una línea gradualista sin decepcionar las aspiraciones de cambio. En términos políticos al interior de su coalición, deberá gestionar las tensiones entre el ala izquierda de su alianza, sobre todo el Partido Comunista, y la centroizquierda que ingresó al gobierno.

El primer paso fue la designación de su gabinete, que ha sido bien recibido por las elites y la sociedad en general. Es un gabinete de mayoría mujeres, con amplitud política y alta capacidad técnica. El nombramiento de Mario Marcel, reconocido economista que deja la presidencia del Banco Central para asumir como ministro de Hacienda, es una señal de gradualidad. La diversidad, amplitud y composición intergeneracional imprime un sello al primer tiempo del gobierno, el que será de cambios basados en acuerdos amplios. Una nueva generación llegando al poder en un nuevo ciclo político genera esperanza y expectativas de cambio. Estamos a pocas semanas de iniciar el proceso.