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En su interesante libro “Cómo mueren las democracias” (Ariel, 2018, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt) indagan sobre los comportamientos políticos que pueden ser determinantes para el deterioro y posterior derrumbe de un régimen democrático. El Perú tiene ahora una democracia muy precarizada, por eso el tema nos involucra e interpela.

Los autores analizaron cómo han ocurrido los derrumbes de la democracia en diversos países del mundo. Han enfocado más en el suyo propio, EEUU, pero también en otros de Europa y América Latina, incluido Chile, Perú y Argentina. Se han centrado en mayor medida en el comportamiento de los actores políticos:  los partidos y sus líderes. Pero no dejan de reconocer el rol corrosivo que tienen factores estructurales como la desigualdad económica, o culturales como el racismo y la discriminación étnica.

Centrándose en el comportamiento de los actores políticos, los autores han encontrado ciertos patrones de comportamiento que llevaron a sus democracias hacia graves crisis o incluso a su quiebra completa. Como son identificables y rastreables, elaboraron cuatro indicadores de actuación autoritaria que pueden ser útiles para quienes deseen prevenirlas e identificar y contrarrestar a los agentes de ese comportamiento.

Para el caso del Perú, impresiona, por una parte, que esos cuatro indicadores nos son muy familiares. Y, por otra, el nivel de concentración de esos indicadores en los dos polos partidarios que acaparan, uno de ellos el Poder Ejecutivo, y el otro el Poder Legislativo.  Usemos los indicadores de Levitsky & Ziblatt para ver, por ahora, el polo de la extrema derecha del Congreso, integrado por la fujimorista Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. En otro artículo veremos el de la izquierda radical encarnada en Perú Libre.

Rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego

Una regla democrática básica es reconocer los resultados electorales si no se presentan evidencias de algún tipo de fraude. El bloque de extrema derecha ha quebrado esa regla de manera cabal.  Sus líderes, sobre todo Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, se han negado hasta ahora a reconocer los resultados electorales de la segunda vuelta de junio pasado pese a los pronunciamientos a favor de su legitimidad de todos los observadores, nacionales y extranjeros y a que nunca presentaron una sola evidencia seria de fraude.

Centrándose en el comportamiento de los actores políticos, los autores han encontrado ciertos patrones de comportamiento que llevaron a sus democracias hacia graves crisis o incluso a su quiebra completa. Como son identificables y rastreables, elaboraron cuatro indicadores de actuación autoritaria que pueden ser útiles para quienes deseen prevenirlas e identificar y contrarrestar a los agentes de ese comportamiento.

Para el caso del Perú, impresiona, por una parte, que esos cuatro indicadores nos son muy familiares. Y, por otra, el nivel de concentración de esos indicadores en los dos polos partidarios que acaparan, uno de ellos el Poder Ejecutivo, y el otro el Poder Legislativo.  Usemos los indicadores de Levitsky & Ziblatt para ver, por ahora, el polo de la extrema derecha del Congreso, integrado por la fujimorista Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. En otro artículo veremos el de la izquierda radical encarnada en Perú Libre.

En esa línea, promovieron marchas en las calles de Lima y otras ciudades, buscando llegar hasta medidas que hubieran significado la cancelación de las elecciones. En algunas de esas marchas y mítines se reclamó a los militares que dieran un golpe de Estado.  

En el plano local interpusieron más de un millar de recursos leguleyos como medio para boicotear el proceso electoral.  Cuando no lo lograron, demandaron al presidente Sagasti que pasara por encima de los organismos electorales y que interviniera sobre el proceso. Como tampoco lo lograron fueron a la OEA para que esta pasara por sobre la soberanía del Perú e investigara al proceso electoral. Como la OEA ni los recibió, promovieron mítines en los que sus oradores reclamaron a los militares que den un golpe de Estado.

Cabe recordar también las numerosas veces en que grupos de manifestantes cercanos a los grupos de este bloque llegaron hasta las casas de los funcionarios de los organismos electorales para amenazarlos e intimidarlos por no alinearse a sus acciones de boicot al proceso electoral.

 Una vez fracasados todos estos intentos e instalado el nuevo gobierno, propiciaron entonces marchas callejeras violentas que intentaron asaltar la sede de gobierno en el intento de forzar un cambio en el gobierno.

También propusieron y lograron la aprobación por el Congreso de una comisión investigadora del proceso electoral de 2021, creada en agosto del año pasado, que no va a producir ningún resultado pues no hubo nada irregular. Igualmente, gente cercana a este bloque presentaron demandas judiciales contra los organismos electorales en distintos juzgados que no tendrá ningún resultado concreto. Sin embargo, son formas de intimidación que se mantendrán contra los funcionarios electorales para las regionales y municipales de octubre de este año.

Negación de la legitimidad de los adversarios políticos

El bloque de extrema derecha también ha incurrido e incurre reiteradamente en este comportamiento. Desde la última campaña electoral, su propaganda vino señalando a todos los grupos de izquierda como comunistas cuyo propósito es destruir la democracia e instaurar en Perú una dictadura totalitaria. Atribuir esos objetivos tan destructivos está solo a un paso de reclamar la prohibición de los partidos acusados.

De hecho, López Aliaga y su compañero de partido, el congresista Jorge Montoya, han llegado a proponer la prohibición de los partidos comunistas solo por el hecho de ser comunistas. Esto nos colocaría 90 años atrás, cuando la Constitución dictatorial de 1933 prohibió a los partidos aprista y comunista. Frente a esta propuesta, Keiko Fujimori no se ha pronunciado, lo cual puede interpretarse con aquello de que el que calla otorga.

Por otro lado, este bloque busca destituir al presidente Castillo desde que inició su mandato, apelando a su vacancia por incapacidad moral, y luego a acusarlo por infracción constitucional o por presuntos delitos cometidos desde su cargo, forzando hechos para fundamentar indebidamente sus acusaciones, o manipulando los cambios constitucionales que les permita lograr su objetivo.

Finalmente, un grupo de abogados cercano al bloque de extrema derecha ha presentado últimamente una  acusación constitucional contra el presidente Castillo para destituirlo por el presunto delito de traición a la patria. Su acusación tiene el forzado fundamento de una expresión vaga e informal que tuvo el presidente, ante un periodista, sobre su apoyo a una salida al mar para Bolivia y a un referéndum sobre el tema. Fue una expresión que nunca salió del limbo de la vaguedad. Pero la acusación es un ardid más de este bloque para cortar de manera inconstitucional el mandato de Castillo.   

Tolerancia o fomento de la violencia

Este es uno de los indicadores de comportamiento autoritario más graves. Sin duda, de los tres grupos políticos de extrema derecha que hay en el Congreso, el que tiene la más antigua tolerancia con la violencia política es el fujimorismo, que, al denominarse así, sigue reivindicando a su fundador Alberto Fujimori. Este es el responsable principal del golpe de Estado de 1992 y está cumpliendo 25 años de cárcel por delitos como el de homicidio calificado de decenas de personas. Recién en 2034 cumplirá esa pena.  

Por otro lado, el bloque de extrema derecha ha mostrado connivencia y tolerancia con grupos de choque que, desde el final de las elecciones de 2021 hasta ahora, pasaron de buscar el enfrentamiento físico contra los seguidores de Pedro Castillo, a acosar a los funcionarios de los organismos electorales o a periodistas no fujimoristas, en sus propios domicilios. Llegaron incluso al intento de atacar el Palacio de Gobierno, en donde ya estaba en funciones Pedro Castillo. Son los grupos La Resistencia, Los Combatientes, Los Insurgentes y la Sociedad de Patriotas del Perú. En al menos uno de esos grupos, denominado La Resistencia, hay evidencia en fotos o videos de vínculos con el fujimorismo.

Si bien algún portavoz de la extrema derecha señaló alguna vez que no apoyaban a esos grupos, nunca lo hicieron con la contundencia que ameritaba la frecuencia de esos actos violentos. Más bien, uno de los más notorios líderes de extrema derecha, Rafael Lopez Aliaga, en su campaña de apoyo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, llegó a llegó a clamar en una marcha del 8 de mayo de 2021, “Muerte a Pedro Castillo, muerte a Vladimir Cerrón”, suscitando el aplauso de sus partidarios.

Finalmente, la propia Keiko Fujimori nunca reconoció la responsabilidad de su padre respecto a los crímenes y secuestros cometidos durante su gobierno pese a la cantidad de evidencias que acompañaron las diversas sentencias que le aplicó la Corte Suprema. Pero no solo eso, aún hoy sigue ofreciendo a su padre como paradigma y modelo de gobernante para los que ingresan a su partido. 

Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación

El fujimorismo no ha vuelto a ser gobierno desde el año 2000. Desde entonces ha sido un grupo de oposición, pero al reivindicar a su padre como paradigma de gobernante, también  reivindica a un gobierno que persiguió al periodismo independiente y compró con harto dinero el apoyo de los medios que se sometieron a su régimen. De esto también hay muchísima evidencia en las sentencias judiciales que está cumpliendo Fujimori padre.

Y con la tolerancia que el fujimorismo y sus corrientes aliadas expresan respecto a los grupos violentistas que atacan y acosan a periodistas o autores de libros que tienen ideas distintas a ellos, es razonable y válida la hipótesis de que si volverían a tomar el gobierno, volverían a tener comportamientos similares respecto a las libertades y la democracia.

En conclusión, este bloque de derecha, liderado por Keiko Fujimori e integrado por su partido Fuerza Popular, e integrado por Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, y Avanza País, cumple de un manera tan cabal y profunda con los indicadores de comportamiento autoritario – por decirlo suavemente- propuestos por Levitsky & Ziblatt, que muy probablemente constituyan al presente la más grave amenaza a la democracia peruana. La ciudadanía democrática de nuestro país no debería cruzarse de brazos frente a ella ni frente a ninguna otra. En otro artículo analizaremos a Perú Libre.