Escrito por Revista Ideele N°302. Febrero – Marzo 2022
La victoria de Pedro Castillo a mitad del 2021 abrió amplias expectativas sobre las posibilidades de dar un giro de timón al estilo tecnocrático y elitista de conducción del Gobierno. Con una mirada en perspectiva, podemos reconocer que su inicial apuesta populista ubicada en la defensa del excluido sector informal (planteado por Giselle Villa[1]) se ha aislado y despojado de la necesidad de articular agendas comunes hacia algún tipo de proyecto transformador, como dictaba enérgicamente su retórica. ¿Qué quedo? La defensa por el desmantelamiento institucional sin norte o aliado alguno.
A mitad de enero, mientras que en el escenario político el Gobierno ahondaba activamente en su situación de aislamiento en relación a otras fuerzas políticas, sucedió el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos años. Como un manto develador, el derrame en La Pampilla por parte de REPSOL permitió clarificar que en el Perú no iba a haber pronto una discusión seria desde el Estado en torno al modelo de desarrollo profundamente desigual, motivación que en parte había empujado a Perú Libre a la victoria electoral.
A diferencia de sus pares presidenciales de izquierda en Ecuador (Correa) y Bolivia (Morales), en Perú Libre no encontramos un proyecto neoextractivista que buscan justificar la exportación primaria de minerales e hidrocarburos como base de políticas sociales redistributivas. Como una versión más precaria, tenemos un grupo sin alianzas interclase que, a pesar de las constantes menciones a la soberanía de los recursos, no ha planteado mayor iniciativa concreta para modificar el funcionamiento de la economía extractiva, más allá de la truncada reforma tributaria.
La victoria de Perú Libre no significo una modificación de los términos de la relación histórica entre las empresas extractivas y el Estado. A pesar del parcial desplazamiento del sector tecnocrático que sostenía este modelo económico, los reemplazos improvisados mantienen el piloto automático de la gestión extractiva y de la política económica en general, caracterizada por una modelación del Estado a las necesidades del gran capital nacional y extranjero. Se mantiene el uso del Estado como una plataforma de persecución de intereses de un grupo pequeño. A pesar de que la fallida atención de derrames de petróleo no nace en esta gestión (desde la década de 1970 vienen ocurriendo sin que el Estado acumule experiencia para su atención), la falta de modificaciones de las limitadas regulaciones ambientales solo muestra que la voluntad de transformar las relaciones internas en el Estado y volver a redefinir el modelo de desarrollo eran mínimas.
Ante el derrame de petróleo, dos características de Perú Libre se reconfirmaron: el desinterés por fortalecer o modificar algún tipo de regulación, y el aislamiento en sus medidas de acción. No hubo una muestra de liderazgo guía en el Gobierno para la gestión del desastre. Mientras el Ministerio del Ambiente estaba liderado por personal improvisado, la empresa REPSOL pudo avanzar con una política de desconocimiento de responsabilidades que el Gobierno respondió con torpeza y tardíamente. Además, no hubo intentos de dar una clave política en torno al suceso, a partir de una articulación con otros actores críticos a las prácticas del sector privado. Más allá de preocupaciones únicamente ambientales, enfatizo la posición del Gobierno ante una relación desigual con el sector privado, o la capacidad política de posicionar un modelo de desarrollo transformador que se haga necesario a partir de los hechos sucedidos. El inicial carácter populista ha terminado limitado a un uso de discurso que les permite diferenciarse de las otras elites políticas, pero que no se mueve activamente por una modificación de los estilos políticos.
Y eso ocurre porque la victoria de Perú Libre no significo una modificación de los términos de la relación histórica entre las empresas extractivas y el Estado. A pesar del parcial desplazamiento del sector tecnocrático que sostenía este modelo económico, los reemplazos improvisados mantienen el piloto automático de la gestión extractiva y de la política económica en general, caracterizada por una modelación del Estado a las necesidades del gran capital nacional y extranjero. Se mantiene el uso del Estado como una plataforma de persecución de intereses de un grupo pequeño. A pesar de que la fallida atención de derrames de petróleo no nace en esta gestión (desde la década de 1970 vienen ocurriendo sin que el Estado acumule experiencia para su atención), la falta de modificaciones de las limitadas regulaciones ambientales solo muestra que la voluntad de transformar las relaciones internas en el Estado y volver a redefinir el modelo de desarrollo eran mínimas.
La existencia de protocolos ambientales laxos – la causa fundamental del desastre ambiental en La Pampilla- es posible por la existencia de una relación Estado-empresas extractivas caracterizada en gran medida por la impunidad y la permisividad. En la prensa, un exministro del Ambiente planteaba una hipótesis plausible: el personal encargado de la refinería parece no ser el más competente, ya que posiblemente estas funciones habrían sido tercerizadas como forma de recortar costos y responsabilidades ambientales y sociales. A pesar de que se habían reportado infracciones ambientales en el mismo sitio de extracción anteriormente, no hubo mayores medidas por parte de la nueva gestión. El apoyo político a la informalidad resalta no solo en este caso, sino también en los procesos de limitación a las reformas de educación universitaria o de transporte. En estas tres áreas, el bienestar público ha quedado como un fantasma discursivo, pero invisible en la actividad política y de gestión.
No obstante, para suerte de la gestión actual, difícilmente el suceso en La Pampilla podría haber escalado a un conflicto de magnitud regional (como los conflictos de Conga o Bagua). Si por un lado sus alianzas políticas progresistas y ambientalistas eran un núcleo débil que iba siendo relegado, la presión articulada de las organizaciones sociales también parecía poco probable. Debemos notar que en este escenario se repiten características extendidas por el país: falta de plataformas sociales que vayan más allá de lo local, el debilitamiento de los medios de vida de los pobladores afectados, que les hace difícil poder organizarse, la preeminencia de demandas monetarias sobre otros aspectos, la división en grupos pequeños de los afectados[2], entre otros.
A pesar de las distancias sociales, tanto la población indígena amazónica que ha sufrido los efectos de continuos derrames desde hace décadas, como los distintos habitantes del litoral afectado (pescadores, trabajadores informales, amas de casa, dueños de restaurantes y hoteles, etc.) y los trabajadores del sector extractivo comparten demandas comunes ante el sector de hidrocarburos. Sin embargo, es necesario un siguiente paso: la expresión de estos puntos compartidos en alianzas políticas entre clases y organizaciones, y la construcción de agendas duraderas. Esto nos lleva a la urgente necesidad de pensar el modelo de desarrollo actual como una base común que afecta a todos los habitantes del país, por ser un sostén energético y económico nacional, así como productor de afectaciones ambientales y sociales dispersados por todo el territorio nacional.
Si desde el lado del Estado, el proyecto populista ha decidido aislarse hacia adentro para la defensa de prioridades cuestionables, las posibilidades del futuro se ubican en la acción social organizada. Esta debe encontrar formas de mostrar públicamente las conexiones urbano-rurales del extractivismo, construir alianzas políticas que crucen identidades y posiciones para exigir una discusión y participación pública en los asuntos energéticos y económicos. Es decir, en el diseño del sostén cotidiano de nuestras vidas y de las generaciones futuras. En el Perú, los grandes avances en materia ambiental y de participación han sido producto de la presión política a partir de conflictos sociales que lograron escalar, y no necesariamente como algo endógeno del espacio estatal. Como muestran los últimos sucesos, esta visión estratégica, de potencia de cambios de las relaciones existentes y capacidad de síntesis de lo diverso es justamente lo que carece en el partido de Gobierno. Si podemos denominar la apuesta particular de Perú Libre en cuanto al modelo de desarrollo, plantearíamos que se trata de un populismo solitario y que mantiene al Estado privatizado en piloto automático.
[1] Vila, Giselle (abril del 2021). El populismo de los informales. Artículo en portal La Mula.pe. Disponible en: https://rupicolaperuviana.lamula.pe/2021/04/28/el-populismo-de-los-informales/gissellevila/?fbclid=IwAR3PjA9-2Of92Q4Nrpx6mWHpU225RD1eeUcrYaY13zX5e9kCn7D-Q-cRiXE
[2] Rochabrun, Marcelo (febrero de 2022). A FONDO-Comunidades peruanas se dividen, multiplicando los problemas para mina de cobre Las Bambas. Agencia Reuters. Disponible en: https://es-us.noticias.yahoo.com/fondo-comunidades-peruanas-dividen-multiplicando-124340240.html?soc_src=social-sh&soc_trk=tw&tsrc=twtr
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