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La disolución del congreso se hizo posible, en primer lugar, gracias a una sintonía entre la población, algunos jueces y fiscales y el presidente Vizcarra alrededor de la lucha contra la corrupción. No sé bien qué estuvieron pensado las fuerzas armadas durante los últimos meses, o mejor, durante los últimos años (la disolución ha estado en el aire desde que PPK “se instaló en palacio” contra la mayoría fujimorista). Supongo que tuvieron múltiples conversaciones tanto con el congreso como con el ejecutivo. Pero convengamos en que el apoyo masivo de la población a Vizcarra habría funcionado como un factor disuasivo si en algún momento los militares pensaron ponerse del lado del congreso.

Además de este apoyo que se manifiesta en las encuestas, hubo múltiples marchas a lo largo del país que no aparecieron de manera espontánea sino que son parte de una secuencia de marchas que en los últimos tres años han secundado la labor de los fiscales y los jueces comprometidos con castigar a los culpables de los distintos casos de corrupción, entre ellos, Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto. Detrás de estas movilizaciones se hallan unas decenas de colectivos y organizaciones civiles cuyos integrantes pertenecen a una “clase media ilustrada” que podría tipificarse como republicana y reformista. Sin duda algunos albergan deseos políticos más radicales pero su objetivo principal es que la justicia actúe como debería de acuerdo al orden legal existente.

No se puede dejar de lado el apoyo de la izquierda. El Frente Amplio y Nuevo Perú se han hecho oír en el congreso y en los medios y han funcionado en tándem con los colectivos en las marchas. También ha sido importante el apoyo de congresistas de otras bancadas (como Alberto de Belaunde), pero el apoyo de la izquierda a la lucha contra la corrupción ha sido en bloque. Sin embargo, no se puede decir que esta haya hecho primar en la población un sentido político asociado a la igualdad económica y menos aún a la necesidad de superar el neoliberalismo.

Tampoco se puede obviar el apoyo explícito de la mayoría de los medios de comunicación. Sin duda la acción protagónica en este campo ha sido la de IDL-Reporteros, que obtuvo información crucial sobre los casos de corrupción y la propaló en los momentos precisos. Pero también hay que decir que los medios más grandes sirvieron como caja de resonancia. Sería mezquino limitar su aporte a lo anterior. Los grandes medios no solo han investigado y denunciado a los corruptos sino que su falta de rechazo al proyecto de la disolución, y su actitud de hecho consumado después de su realización efectiva, la hicieron parecer legal. Secundados por expertos, estos medios no se han cansado de repetir que el cierre del congreso es una figura plenamente constitucional.

Tendríamos entonces una alianza contra la corrupción conformada por el presidente, algunos miembros del poder judicial, la mayoría de los medios de comunicación, la izquierda partidaria, algunos parlamentarios (neo)liberales, los diversos colectivos de las marchas y la población en general. No se trata aquí de un pacto sino de la formación de un consenso que pre-existe a la secuencia de marchas descrita. De hecho, hay un parentesco entre las actuales marchas que siguen los pormenores de Lava Jato y las marchas del No a Keiko en las elecciones del 2011 y del 2016. Había, pues, ya desde la elección de Humala un rechazo ciudadano al autoritarismo y a la corrupción. Lo que algunos califican de anti-fujimorismo es (para decirlo de manera inversa) la voluntad de un “estado de derecho democrático”. Pongo el término entre comillas porque considero que la democracia es un movimiento hacia la igualdad que no se identifica necesariamente con un estado de derecho.

Ahora bien, las marchas anti-fujimoristas del 2011 y el 2016 han sido mucho más numerosas que la presente secuencia de marchas. No hay que dolerse demasiado de este hecho. Como dice Badiou, la política es un asunto del pequeño número. No sin relación a esta, hay otra diferencia que se debe resaltar. Las marchas en torno a las últimas dos elecciones presidenciales tenían un sesgo negativo. Se trataba de evitar la llegada del fujimorismo al poder. No había una idea clara de lo que se quería sino de lo que no se quería. Sin embargo, las segundas tienen un aspecto más positivo en cuanto que siguen y apoyan un proceso legal. Si las marchas se erigen por lo general en torno a la negatividad (la denuncia, el repudio, el rechazo, etc.), la secuencia actual apoya procesos mucho más específicos. Y si las viejas marchas de izquierda demandaban lo imposible, las presentes marchas “ilustradas” exigen lo posible dentro del marco de la legalidad. No hay la creencia en que hay que tirarse abajo el sistema para crear lo nuevo. Hay solo una voluntad de reformar las instituciones y hacer que el sistema trabajepara todos.

Algo de esta actitud parece expandirse hacia la población. De pronto la gente discute en sus casas y centros de trabajo sobre quiénes son los fiscales o jueces buenos y quiénes son los malos, o se esfuerza por demostrar su erudición constitucionalista para asegurar la legalidad de la disolución del congreso. Todo esto parecería dar crédito a la tesis de Danilo Martucelli en Lima y sus arenas: a saber, que con la desaparición del “Pueblo” en la escena política se ha formado una ciudadanía que apoya un “proyecto reglamentador”. Los limeños y los peruanos estarían mayoritariamente de acuerdo sobre la necesidad de regular el tráfico de Lima, apoyar la labor fiscalizadora de la SUNEDU, exigir mayor transparencia en las entidades públicas y privadas y, por supuesto, luchar contra la corrupción.

La actual secuencia de marchas sería entonces la abanderada de un amplio deseo de reformismo republicano que haría honor al término “centro radical”. La palabra “radical” alude aquí a la disposición de los partidarios del centro de llevar a cabo una reforma fundamental de las instituciones. Los detractores del término sostienen que no hay mucha diferencia entre el centro radical y el viejo centro político. No les falta razón, pero quizás el caso peruano lo justifique mejor ya que nuestro centro ha exigido un proceso límite: la disolución del congreso. Sí, claro, ya sabemos por los medios que este se hallaba previsto por la Constitución. Pero la manera en que la disolución se llevó a cabo fue (siendo honestos) controversial. Y a menos que el grueso de la población tenga en efecto una gran erudición constitucionalista, hay que considerar la posibilidad de que está dispuesta a “romper huevos para hacer tortillas”. En este sentido habría que considerar también que la voluntad de normatividad legal en el Perú no está necesariamente disociada de una disposición anti-normativa a favorecer los actos políticos que rompen las reglas para realizar un Bien, o incluso de cierta disposición autoritaria. No es contra el 5 de abril sino contra el fujimontesinismo que se enfrenta la población.

No quiero decir simplemente que el fujimorismo corrompió al país o que la clase empresarial peruana ha sido siempre corrupta. Quiero sugerir más bien que la corrupción puede ser endémica al neoliberalismo.

La debilidad del consenso

Todo este proceso parece por lo general positivo, y lo es, pero hay que señalar sus límites. El primero es que algunos de los integrantes del nuevo consenso republicano no son tan firmemente republicanos como pudiera parecer. Para comenzar, el republicanismo de algunos políticos (neo)liberales tiende a interrumpirse cuando se amenaza el sistema económico. Recuérdese que PPK apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 2011. Lo mismo se puede decir de los grandes medios de comunicación. Siempre en el 2011, estos se hallaban divididos entre su rechazo republicano a la corrupción fujimorista y el deseo de preservar el sistema económico (amenazado por Humala). Y si en la elección del 2016 su republicanismo estuvo menos sacudido, fue porque la amenaza izquierdista de Verónika Mendoza no consiguió pasar a segunda vuelta y ahora había que optar entre el neoliberalismo “limpio” de PPK y el neoliberalismo sucio de Keiko Fujimori.

Por otra parte, las estrechas victorias de Humala y de PPK sobre Keiko señalan que la población no estaba tan mayoritariamente en contra del autoritarismo y la corrupción del fujimorismo. Esto solo ocurre después del 2016 cuando se vuelve evidente la férrea voluntad de Fuerza Popular de obstaculizar la acción de jueces y fiscales probos. Y cabe la posibilidad que la población demande menos la lucha contra la corrupción que el acto espectacular y autoritario en que echa agua a los “otorongos corruptos”. No hay que olvidar que aunque menos desarrollada que los Estados Unidos, nuestra sociedad no es ajena al espectáculo. Lo cual implica que la población no apuesta sostenidamente por ideas políticas sino por simulacros políticos que consume y descarta como cualquier mercancía. Se goza viendo a los fujimoristas intentando inútilmente recuperar el poder perdido, pero qué pasará cuando se acaben estos divertidos episodios. Las marchas seguirán vigilando de cerca los casos de corrupción, pero la población quizá se desinterese. Como lo reconoce hasta cierto punto Martucelli, quizás el deseo de continuar con el “proyecto reglamentador” esté más cerca de las exigencias del consumidor que las del ciudadano.

De todos modos, no habría que dolerse demasiado por la supuesta “inconstancia” de la población. No se puede ni debe tomar su apoyo por sentado: forjar un consenso, movilizar los afectos y darles dirección es tarea de todos los días. Sin embargo, lo de los medios es algo distinto pues su “inconstancia” esconde una constante interrupción de los procesos republicanos cuando estos amenazan el sistema económico. Pero de esto tampoco hay que dolerse demasiado: más de una elección se ha ganado con los medios en contra. 

En resumen, tendríamos un núcleo de ciudadanos (que por lo general acuden a las marchas), pequeños medios de comunicación (como IDL), algunos políticos de derecha y un bloque de izquierda que sostienen en el tiempo ideas y causas republicanas. Y este pequeño número republicano encuentra siempre un eco en los grandes medios y en los políticos (neo)liberales “limpios” cuando son encabezados por un neoliberal como Martín Vizcarra. Pero este consenso republicano se debilita cuando funge de líder un personaje de izquierda. Lo cual implica que es fuerte solo cuando se conduce dentro de los límites del neoliberalismo. 

Un límite aún mayor

Se podría hablar entonces del surgimiento en Lima y el Perú de un republicanismo neoliberal. Aunque habría que acotar que hay bastiones fuertes en la población que no son tan neoliberales (como el sur). Lo mismo podría decirse de muchos colectivos en las marchas que apuestan por el cambio de la constitución del 93. De manera que el consenso republicano neoliberal encuentra en sus mismos integrantes no solo límites a su republicanismo sino también al neoliberalismo. Con todo, esto pertenece a los avatares de la política y no constituye una valla imposible de superar. Lo cual no quita que esta valla se encuentre más adelante. Me refiero a que el consenso del republicanismo neoliberal podría descubrir que no es posible luchar contra la corrupción sin salirse del marco del neoliberalismo. De hecho, hay muchos indicios de que lejos de ser una distorsión en el capitalismo tardío, la corrupción es uno de sus modos de acumulación. La idea no es simplemente que la avidez capitalista corrompe las instituciones sino que el neoliberalismo como sistema fortalece el empuje de la avidez capitalista contra el bien colectivo.

Prometo desarrollar teóricamente esta idea en otros ensayos. Ahora prefiero subrayarla en la práctica. El ingreso del neoliberalismo al Perú con Alberto Fujimori en los años 90 del siglo pasado vino de la mano con la creación de una máquina de corrupción. Siempre ha habido corrupción en el Perú, pero convengamos en que el fujimontecinismo la elevó a otro nivel. Los años noventa no son solo la época en que se tejen redes entre el narcotráfico y el estado, sino también aquella en que un buen número de empresarios transitaron por la salita del SIN. Algunos eran personajes de dudosa reputación, otros venían rociados con cierto perfume de abolengo(Brescia, Romero, Delgado Parker, etc.). A lo que voy es que el fujimontecinismo fue un sistema que implicó en sus redes a gran parte del empresariado peruano y que hoy en día estas redes continúan operando, aunque hayan variado los personajes. Son redes que implican a empresarios dentro del partido (Olaechea, Chlimper, Meier Miro Quesada), pero también por fuera del mismo: piénsese cómo recientemente la “Konfiep” se manifestó en contra de la disolución del congreso.

No quiero decir simplemente que el fujimorismo corrompió al país o que la clase empresarial peruana ha sido siempre corrupta. Quiero sugerir más bien que la corrupción puede ser endémica al neoliberalismo. No digo esto para cuestionar de plano el surgimiento de una consciencia republicana. Ni tampoco para decir que el movimiento contra la corrupción está destinado al fracaso. Todo lo contrario. Ambos procesos son positivos y la izquierda debe apoyarlos activamente, aunque sean encabezados por un neoliberal como Vizcarra. Pero creo, además, que la izquierda tiene que ir resaltado a lo largo del proceso que el mismo neoliberalismo es un obstáculo a la lucha contra la corrupción.

Junto al de la violencia contra la mujer y al de la destrucción del medio ambiente, la corrupción es un problema que preocupa a los ciudadanos del Perú y del mundo contemporáneo. Todo el futuro de la izquierda se juega en su capacidad para politizar estas luchas.