Escrito por Emma Aguirre Fortunic Revista Ideele N°303.

Es necesario reflexionar sobre lo ocurrido en estos dos años de pandemia, en particular con la educación inicial. ¿Cómo así duró tanto el encierro de niños y niñas de la primera infancia?

Escribo estas líneas mientras veo el webinar “Regresemos a clases” transmitido por RPP. Escucho al exministro Saavedra afirmar que ha faltado voluntad política para el retorno a las clases presenciales, en especial de los niños y niñas de inicial que han sido los más afectados porque no se aprende tras una pantalla. El aprendizaje en la primera infancia requiere de la interacción afectiva y cognitiva con los maestros y pares. Pero no solo se ha afectado el aprendizaje, sino también la salud mental.

 A pesar que en nuestro país prevaleció el encierro, hubo, sobre todo en el sector rural,  experiencias de retorno a clases desde el segundo semestre de 2020. Sin embargo, el MINEDU no ha tenido voluntad política para divulgar las lecciones que hubieran sido muy útiles para  darnos pistas y derroteros. Es necesario conocer estas buenas prácticas que mostraron ética docente, voluntad organizada de la comunidad y uso inteligente de la información.

Mi propósito en este artículo es centrarme en lo sucedido con los primeros años de escolaridad: la educación inicial, y rescatar una experiencia de la cual aprender.

No sólo Saavedra, sino diversos especialistas en educación han manifestado que uno de los sectores de la población más afectados con el encierro ha sido el de los menores de seis años. Muestra de ello son los trastornos de lenguaje, dificultades en la psicomotricidad y dificultades para relacionarse que muestran muchos estudiantes hoy en las sesiones presenciales. Retrasos que, por más lúdico y meritorio que haya sido, el programa Aprendo en Casa no ha podido subsanar, dada la naturaleza del aprendizaje infantil. La dependencia de un adulto, lo impresionables que son los niños y la falta de condiciones en los hogares (tiempo, disposición, habilidades parentales) han hecho que muchos sufran los efectos de esta precariedad.

EL Grupo Impulsor de la Educación Inicial fue uno de los primeros en cuestionar las afirmaciones del exministro Martín Benavides, quien sin medir las consecuencias y al parecer sin una asesoría adecuada, afirmó que la educación inicial no era obligatoria, contraviniendo el mandato de la Ley General de Educación y la Constitución. Ello generó una deserción significativa de los niños y niñas de inicial.

Liderados por el GIE, una veintena de instituciones de profesionales  con experiencia en gestión de servicios, tanto privados como públicos, suscribieron en setiembre del año 2020 un pronunciamiento público en cuyo contenido se precisa que, entre otras medidas de acción, era necesario aclarar — mediante una estrategia de comunicación masiva — que la educación inicial es obligatoria en nuestro país, junto con los servicios complementarios que benefician a la población infantil más vulnerable. Este mismo documento se le hizo llegar posteriormente a su sucesor Ricardo Cuenca. De igual manera, pusimos a disposición del público información que daba cuenta de la opinión de destacadas profesionales, entre ellas la amauta Elena Valdivieso, el exministro Idel Vexler y la presidenta de la Organizacion Mundial para la Educación Preescolar, Mercedes Mayoll, quienes argumentaron el derecho a una educación inicial de calidad, su obligatoriedad y valor estratégico para acortar las brechas de desigualdad, especialmente en contextos de pandemia, donde los organismos internacionales como UNICEF y CEPAL anunciaban el incremento de la pobreza y las desigualdades.

Menos mal, en el segundo semestre de 2020 se empezó a mencionar a la educación inicial como obligatoria, pero no se hizo el esfuerzo suficiente para animar a los padres a matricular a sus niños en 2021. Ya estaba dicho que los niños pasarían a primer grado sin necesariamente hacerlo por inicial.  Este nivel educativo se ha ido legitimando poco a poco, en particular en las poblaciones vulnerables que por lo general están en el sector público. De allí que cualquier declaración que no reconozca su valor y obligatoriedad ocasiona retrocesos.

Otro error e irresponsabilidad, desde mi punto de vista, ha sido alentar el traslado de matrícula de los niños y niñas de inicial del sector privado al público, sin un plan con plazas presupuestadas, condiciones físicas y mobiliario. Medida que, en la virtualidad, pudo incrementar cifras, aún cuando sabíamos que los niños de inicial aprenden de la experiencia directa y presencial. No se han tomado las medidas necesarias para que ese ofrecimiento se cumpla, especialmente en aquellas jurisdicciones de UGEL donde la matrícula en instituciones privadas duplica y hasta triplica la del sector público, como es el caso de Lima Metropolitana, Callao, Trujillo, Arequipa entre otras. Algunas autoridades improvisadamente han prometido subsanar la situación con la contratación de más profesores, pero sin contar con presupuesto para las  plazas ¿Cómo las van a financiar? Nuevamente se cae en la improvisación sin tomar en cuenta  cómo afectará a los niños y niñas que ya han sufrido dos años.

Desde inicios del verano pasado, el GIEI se unió al colectivo Retorno Seguro, liderado por Regina Moromizato. Fue una experiencia muy enriquecedora que reunió a un importante grupo de instituciones y profesionales de la primera infancia. Este trabajo restó muchas horas al descanso veraniego, con plenarias y reuniones de producción  para argumentar y presentar de forma didáctica propuestas para el retorno a las sesiones presenciales, en particular para los niños de poblaciones vulnerables que sufrían los efectos de la pobreza y de un hogar que funciona como “olla a presión”.  A través de sus voceras[1], el colectivo Retorno Seguro brindó  las primeras alertas sobre los efectos negativos en el aprendizaje y desarrollo de la primera infancia, particularmente en el lenguaje y lo socioemocional.  

A pesar de todas las horas de trabajo, aliados, trámites y marchas[2] no logramos el cometido: volver a abrir los jardines, programas y centros infantiles. ¿A qué se debió? ¿Por qué Perú es uno de los últimos países que ha demorado dos años en abrir las escuelas y en particular del nivel de inicial que cumple la función de cuidado para muchas familias? ¿Cuán conscientes somos, como ciudadanos, de las consecuencias de la falta de atención de los más pequeños?  ¿Se asumirán estas consecuencias como debiera ser? ¿Por qué nuevamente no es posible anteponer el interés superior del niño?

Ante esta situación, viendo que era insuficiente brindar entrevistas en los medios, publicar artículos y producir webinar; el colectivo Retorno Seguro se sumó a la movilización iniciada por el colectivo Volvamos a Clases Perú, liderado por Milagros Sánz. Una movilización que ha sido más representativa de los grupos de colegios clasificados como   A y B, sin la participación en la misma proporción de los sectores C, D y E. Al mismo tiempo, ha llamado poderosamente la atención la falta de exigencia al Ministerio de Educación, como suele suceder para otro tipo de reivindicaciones, de los órganos gremiales del magisterio. Fue muy sintomático observar a docentes del sector público manifestar, durante la marcha por el retorno del 21 de agosto, que sus colegas habían tomado la decisión de no volver porque ya habían acomodado su vida a actividades que les generaban ingresos adicionales. Esta situación distó mucho de lo sucedido con docentes del sector privado, quienes perdieron su empleo, o en el mejor de los casos practicaron clases a domicilio, alentándose de esta manera la informalidad; mientras  un 60 %  de centros educativos quebraron[3].

El gremio magisterial adoptó una postura de silencio, y de oposición posterior, con lemas como “el aprendizaje o la vida”.

Como suele suceder cuando una situación se prolonga, se “normalizaron” las clases virtuales en inicial. Así también, emergieron colectivos de supuestas organizaciones de familias que se oponían al retorno, con intereses subalternos  y sin argumentos solventes.

Cuando en muchos países se demostraba que la apertura de las escuelas no aumentaba los contagios y la vacuna no era una  condición imprescindible, en el Perú se incrementaban las exigencias para el retorno. Esto que hoy es una certeza, ya se sabía desde hace un año.

Volviendo a inicial, me he vuelto a preguntar por su legitimidad social. ¿Es que aún no existe la convicción de que la educación inicial mejora el inicio de la vida humana, y que es un derecho? ¿Este silencio, frente al cierre de la educación inicial, podría demostrar que las familias desconocen lo imprescindible que es para los niños y niñas aprender a partir de interacciones presenciales con una maestra que genera vínculos de confianza y orienta sus inquietudes?

En el GIEI no nos vamos a detener hasta que todos los niños de inicial retornen a su jardín o Pronoei en condiciones de calidad. Deben regresar a una experiencia pedagógica centrada en su bienestar, interactuando con sus pares en contacto con la naturaleza y escenarios públicos de su comunidad, como los parques. Apoyaremos que la educación inicial se reactive y que los esfuerzos por volver se visibilicen, así como también que se sinceren las cifras de matrícula.

Cuando se juzgue la negligencia frente a las graves secuelas del encierro de dos años, en particular de los niños y niñas de inicial, pensaré en dónde nos equivocamos a pesar de todos los esfuerzos que seguimos desplegando. Me iré a dormir con la misma pregunta que debería ser un tema de investigación: ¿Por qué no hemos logrado que los padres y madres no hayan demandado una educación inicial presencial de calidad como derecho?

[1] Erika Dunkelberg, Ma Esther Aguilar, Vaneza Urueta y Emma Aguirre

[2] Se realizaron dos por iniciativa del Colectivo Volvamos a Clases Perú: el 21 de agosto y 20 de noviembre.

[3] Porcentaje calculado en el año 2020 por la Asociación Nacional de Nidos y Guarderías.