Escrito por Soledad Escalante Revista Ideele N°277. Marzo 2018

La reconciliación nacional no será consecuencia de la mentira y la promoción de la impunidad.

Pretender, desde el control de Ejecutivo, que, en la hora actual, los peruanos alcanzaremos la reconciliación nacional levantando las sanciones a quienes la justicia ha sancionado legítimamente tras determinar las responsabilidades penales y morales pareciera, de entrada, una manifestación de ingenuidad por parte de quien dirige los destinos de nuestra nación. No lo es, visto más de cerca. De hecho: lo que se aprecia es que la decisión del presidente Kuczynski parece tener mala intención. Los más altos funcionarios del Estado —el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros del Perú— le mienten a la ciudadanía con total descaro y desparpajo. Se contradicen abiertamente y ensayan tapar lo evidente recurriendo a una retórica insufrible que ni ellos mismos parecen creerse. Es moralmente reprochable, por supuesto, y también jurídicamente sancionable. No es para menos. Kuczynski actúa abiertamente contra el orden constitucional. Y lo hace con conocimiento de causa. Lejos, bastante, de aportar a la gobernabilidad y a superar la crisis actual, lo que ha conseguido el indulto, mal llamado “humanitario”, es, por el contrario, agudizarla y polarizar aún más al país. Como consecuencia, la palabra “reconciliación”, proferida por funcionarios falaces, resulta privada de su sentido más preciso y cabal.

Repasemos los hechos. Kuczynski le miente al Perú. Dijo, en campaña, que no indultaría al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado en un juicio ejemplar, pulcro y diligente por delitos de lesa humanidad (aunque esta figura penal no está comprendida en la ley interna peruana, pero sí en el derecho internacional). Lo reafirmó siendo ya presidente electo: “Yo no doy indultos”, dijo, queriendo sonar categórico y persuasivo. La prensa preguntó nuevamente, con toda la claridad de que fue capaz, si indultaría a Fujimori: “Yo no voy a dar indulto. Yo siempre he dicho lo que voy a hacer” (https://goo.gl/Tq4vst). Sus afirmaciones querían dar la impresión de ser definitivas: “Mi posición no ha variado”, respondió en otra ocasión. “[Fujimori] tiene el derecho de pedir el indulto. Yo no lo firmaré”, reafirmó (https://goo.gl/aiNFkm). También se comprometió, públicamente, durante la campaña presidencial, con los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos a que respetaría el cumplimiento de las sentencias emitidas contra Alberto Fujimori. No parece estar en la política del gobierno asentar la verdad, pues también la ministra Araoz mintió: durante el proceso de vacancia contra PPK, realizado el 21 de diciembre, la ministra Araoz negó que hubiera una solicitud de indulto, aunque esta había sido presentada el 11 de diciembre.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son las más graves violaciones a los derechos humanos. La jurisprudencia es clara: no cabe indulto para los perpetradores de estos crímenes. Más aún si se priva a las víctimas y sus representantes del más elemental derecho a ser informados al respecto, pues son ellos los directamente afectados. Este es un paso ineludible si se piensa en una reconciliación viable y asequible. Patricia Valdez, citada por Degregori (2004), lo resalta con rotunda claridad: “[…] saltar etapas, buscar atajos en el camino de la verdad y la justicia con el argumento de sostener la gobernabilidad, erosiona las posibilidades de fortalecer la propia democracia que se busca defender […]”. Por eso que actuar de espaldas a las víctimas constituye una gravísima falta no solo ética, sino también jurídica, puesto que vulnera el derecho de las víctimas a participar activamente en el procedimiento establecido para la concesión de un indulto humanitario real.

La noche del 24 de diciembre último, con premura inusitada y sospechosa, Kuczynski firmó un indulto supuestamente “humanitario” que desde ese mismo momento fue rechazado, primero por la comunidad peruana, que en dos ocasiones posteriores (el 11 y el 30 de enero) tomó las calles de varias ciudades del país, y no mucho después de la comunidad internacional. Poco después la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de los familiares de las víctimas de La Cantuta-Barrios Altos, programó, para el 2 de febrero, una audiencia para revisar el cumplimiento de la sentencia mediante la cual se condena a Fujimori a 25 años de prisión. Llegado el día, los representantes del Estado peruano tuvieron el ingrato papel de pretender defender lo indefendible y sostener lo insostenible, tanto en términos jurídicos como en términos éticos. La Corte todavía no se ha pronunciado, pero todo indica que ordenará la revocación del indulto por no ajustarse ni al derecho ni a la justicia.

Kuczynski no debería seguir al mando del Gobierno. Según se ha sabido en las últimas semanas, el indulto al dictador fue el resultado de la negociación entre el congresista Kenji Fujimori y Kuczynski, que se salvó con las justas de la vacancia promovida en diciembre pasado. Hasta el jurista Alberto Borea, abogado de Kuczynski en aquella ocasión, manifestó su sorpresa ante el indulto. Y por si alguna duda quedaba acerca del carácter político del indulto, Jorge Morelli (2017), asesor de Kenji Fujimori, no tardó en revelarlo. Luego de considerar las opciones “viables” para la liberación de Fujimori (un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, una ley del Congreso o el indulto presidencial), declara: “Cuando tuvo la amabilidad de invitarme a conversar en agosto, le expresé al presidente Kuczynski que, en mi opinión, ese [indulto] era el único camino para que su gobierno llegara hasta el 2021. La decisión ya estaba tomada, el asunto era la oportunidad” (énfasis añadido). Entre las varias irregularidades que hacen insostenible la tesis del indulto humanitario destaca la modificación de las normas y procedimientos para que el médico de cabecera de Alberto Fujimori pudiera participar de la junta médica, lo que vulnera el principio de imparcialidad, insoslayable para garantizar la objetividad en la administración de justicia.

Es llamativo que Morelli hable de “reconciliación”, pero sin llenar de contenido esta palabra. De la misma forma la ha empleado Kuczynski. Conviene, por eso, ir más despacio: ¿qué es la reconciliación? ¿De qué estamos hablando? Se habla de reconciliación cuando los novios se amistan y superan las diferencias que encendieron las discrepancias y los llevaron a la separación, bien que breve, como un temporal. Se habla de conciliación, en cambio, cuando las partes enfrentadas en sus intereses alcanzan un acuerdo y hacen compatibles las cosas que, al principio, no lo parecían. La reconciliación podría entenderse como una conciliación nueva, renovada. Pero este sentido privado no alcanza para entender el uso público que la palabra “reconciliación” tiene en nuestro país desde su inserción en el 2001. ¿Por dónde, entonces, empezar a repensar esta noción hoy? Antes que una definición cerrada y absoluta, quizás sea mejor aproximarnos a las dimensiones —personal, colectiva y nacional— de la reconciliación, a la complejidad que destaca que detrás de la reconciliación siempre hay voluntades humanas que remiten a la dignidad de la persona, que hace que cada ser humano aparezca como lo que es: un fenómeno único, un evento irrepetible, vinculado a una comunidad, una tradición, una historia.

La dimensión personal nos recuerda que, en democracia, la política es el ejercicio del poder colaborativo que desplegamos los individuos para organizarnos y satisfacer nuestras necesidades vitales. A esa dimensión ingresa la cultura que nos arraiga en la realidad. Cuando Paniagua reinserta la palabra “reconciliación”, esta ya estaba presente en los usos de tradiciones confesionales, donde el alma del pecador es conducida a través de los ejercicios espirituales a fortalecer una actitud integradora que discierne y separa lo bueno de todo aquello de nocivo que pudiera haber en la experiencia vital. Más allá del ámbito interior del sujeto está la dimensión colectiva: el individuo tiende hacia el otro para crear relaciones interpersonales en el seno de la comunidad (Ulfe, 2013). El carácter colectivo consolida la sustancia ética del país: la voluntad soberana fundante que se arraiga en la democracia como la forma de gobierno hasta ahora más digna labrada por los seres humanos. Desde el punto de vista de la dimensión nacional, finalmente, la historia reciente debería constituir una invitación a mirar nuestra historia toda, es decir el proceso histórico que nos conduce al presente. Retomar la conciencia histórica de nuestro propio presente puede ayudarnos a reconciliarnos, pues el Perú no es una experiencia clausurada y definitiva.

La democracia es diálogo e integración de la diferencia, sin desaparecerla ni abolirla ni pretender subordinarla: es diálogo de iguales, de pares, de ciudadanos libres reflexionando sobre los destinos del país, cada uno aportando con sus ideas y quehaceres cotidianos. Debemos acostumbrarnos a pensarnos y tratarnos como ciudadanos. No se trata por supuesto del patriotismo chauvinista ralentizador, sino del ejercicio activo de la ciudadanía mediante el goce de derechos que nos son inherentes, que nos garantiza la Constitución: la libertad de pensamiento y expresión de las ideas, de escoger un oficio para ganarnos la vida, de pensar en cómo aportar al Perú para hacerlo un mejor país; en últimas: de acceso efectivo a la justicia —fundamental si en verdad queremos una reconciliación real, duradera.

(REVISTA IDEELE N° 277, FEBRERO DEL 2018)

Referencias

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Ulfe Young, María Eugenia. (2013). ¿Y después de la violencia qué queda? Víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el Perú. Buenos Aires: Clacso.