Escrito por

Si nuestra primera reacción a lo ocurrido en 2020 fue de incredulidad,

nuestra consigna para afrontar el futuro debería ser: “Todavía no hemos visto nada”.

Adam Tooze: El apagón. Editorial Crítica; p. 432.

El presidente Castillo debe gobernar, seguramente, en el momento más delicado que le ha tocado vivir al país en los últimos 30 años. Es evidente que no está a la altura de las circunstancias y las carencias no se aplacan con la obviedad de que los anteriores gobernantes eran igualmente inoperantes.

Porque lo que debe manejarse y solucionarse está aquí, frente a nosotros y toma forma de encarecimiento del costo de vida, mientras que los voceros del Ejecutivo -oficiales y oficiosos- tratan de imponer el debate sobre la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente para, si todo va en los rieles correctos, tener una nueva Constitución en el 2025.

Pero no es solo cuestión de desaprovechamiento de oportunidades por, digámoslo de la mejor manera, falta de timing y los enormes costos sociales que esto conlleva para “el pueblo” que el actual gobierno dice deberse. También está sobre el tapete el otorgamiento de los debidos pesos a los factores que deben activarse en situaciones como la que estamos experimentando una inmensa mayoría de peruanos.

Nos hemos repetido hasta el cansancio que buscamos construir un sistema democrático sin partidos políticos y con limitadas capacidades sociales y culturales. Pero, lo que ha faltado es darnos ideas en cómo hacerlo en estas circunstancias y lo que dicta el sentido común al respecto es que vamos a depender en un buen grado de las capacidades y decisiones de la tecnocracia.

En otras palabras, la voluntad política -si existe de manera directa y sencilla- no podrá implementarse si no cuenta con los medios e instrumentos indispensables para hacerlo. Así, remitiéndonos a Adam Tooze, en nuestras circunstancias actuales el equilibrio entre democracia y economía debería depender en sumo grado de la disponibilidad de conocimientos y recursos técnicos que pueda ser administrado desde el Estado.

En 2020 el “gerencialismo” volvió a triunfar ya sea por la imposición a la fuerza de una burocracia-tecnocracia que no debía equilibrarse ante nadie por la ausencia de partidos políticos y organizaciones sociales, pero también por las presiones exitosas realizadas por los operadores económicos para preservar un statu quo que devino en peligroso para ellos. Esto es muy significativo: medio siglo atrás no debió haber dudas en afirmar que el escenario de 2020 era “prerrevolucionario”. Sin embargo, en la actualidad sabemos que eso no es para nada realista y, más aún, ni siquiera podemos aseverar si era momento para hacer cambios importantes, en una situación donde la gran mayoría de peruanos y peruanas debía prestarle atención a su intensa inseguridad cotidiana, sin empleo y sin ingresos.

La gestión de continuas crisis

Sin embargo, lo que ha dejado meridianamente claro la crisis sanitaria en nuestro país es el enorme desbalance entre la enormidad de los daños ocasionados por el COVID 19 a las familias y empresas y el bajísimo gasto realizado por el Estado o, en otras palabras, la desproporción entre la magnitud de la crisis y la magnitud de los medios utilizados para manejarla, sin considerar que una parte muy importante de los recursos usados fueron los ahorros de las familias.

Ahora bien, esto que aparece fuera de lo razonable en realidad no lo es.  Como afirmaba David Graeber, es lo que sucede cuando “democracia” pasa a significar mercado; y “burocracia”, a su vez, direccionalidad gubernamental del mercado. Y esto no fue un simple “reajuste político” sino, en palabras de Graeber, una “transformación cultural” en regla, que trazó el escenario para el proceso por el cual las técnicas burocráticas (evaluaciones de rendimiento, grupos focales, encuestas de asignación de tiempo, etc.) desarrolladas en los círculos corporativos y burocráticos acabaron invadiendo el resto de la sociedad (educación, ciencia, gobierno) y permeando virtualmente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, a la vez que el ciudadano desaparecía en un mar de procedimientos, cifras y cuadros.

En este encuadre, en el 2020 el “gerencialismo” volvió a triunfar ya sea por la imposición a la fuerza de una burocracia-tecnocracia que no debía equilibrarse ante nadie por la ausencia de partidos políticos y organizaciones sociales, pero también por las presiones exitosas realizadas por los operadores económicos para preservar un statu quo que devino en peligroso para ellos. Esto es muy significativo: medio siglo atrás no debió haber dudas en afirmar que el escenario de 2020 era “prerrevolucionario”. Sin embargo, en la actualidad sabemos que eso no es para nada realista y, más aún, ni siquiera podemos aseverar si era momento para hacer cambios importantes, en una situación donde la gran mayoría de peruanos y peruanas debía prestarle atención a su intensa inseguridad cotidiana, sin empleo y sin ingresos.

De esta manera, es difícil suponer que la crisis haya revelado algunos factores que pudieran cuestionar los fundamentos económicos del modelo imperante. En todo caso, siguiendo a Tooze, el punto sería saber si la gobernanza organizada desde la tecnocracia ha sido capaz de gestionar los escenarios sociales y políticos resultantes de la crisis. Es decir, bajo los parámetros actuales preguntarnos: ¿podemos ahondar en la democratización? ¿pueden las instituciones del Estado ganar algunos puntos esenciales de legitimidad? Y si no es así, ¿es posible al menos encontrar maneras de absorber o compensar las desigualdades que produce este modelo de crecimiento? Estas preguntas no son nuevas, pues surgieron al calor de la crisis financiera del 2008, pero lamentablemente hoy todavía esperan una respuesta.

En el corto plazo, todos estaremos muertos

Es así como llegamos a la inflación, como efecto de la guerra escenificada en Europa Oriental, es cierto, pero fundamentalmente como un resultado de las acciones aplicadas para gestionar la crisis sanitaria, en el Perú y el mundo. Es decir, no debió sorprender a nadie, como tampoco debió serlo la destrucción de empleos y la importante disminución de los ingresos de las familias peruanas. Todo ello, en el papel, prioridades insoslayables en el plan de un gobierno que fue elegido porque se supuso representaba esa mayoría que emergió mucho más maltratada que antes de la crisis del 2020.

Al parecer, los mandamientos antiinflacionarios no son muy complicados. Uno, la inflación no se combate, se gestiona. Dos, para evitar que la inflación se convierta en un elemento estructural, se deben cortar los efectos de segunda ronda, es decir, aumentos de salarios para evitar la pérdida de poder adquisitivo, incremento de las pensiones vinculadas al IPC, etc. En suma, debe evitarse presiones desde la demanda agregada y esto evitará, según la teoría, el traslado de costes a la mayoría de los bienes y servicios.

En otras palabras, es iluso suponer que puede detenerse el encarecimiento de los costos, porque sencillamente no se puede hacer. En ese sentido, la disminución de impuestos no atajará el aumento de precios. Además, el manejo de la inflación no puede descansar sobre la política monetaria, con ajustes muy agresivos de tipo de interés buscando contener la demanda en momentos de tenue recuperación, pues eso nos conduciría a una situación económica y social muy compleja, porque podría perderse empresas que son perfectamente viables pero que han sido muy golpeadas por la crisis sanitaria (p.e., el turismo, restaurantes).

Entonces, ¿qué debe hacerse? es creciente el consenso entre los economistas que la medida fundamental en estos casos no es “técnica” sino política: el denominado pacto de rentas o, dicho de otra manera, un acuerdo social amplio que aborde cómo se distribuyen los costes ante una situación de dificultad económica.

Esto supone que los partidos, empresas y organizaciones sociales se convenzan de que los impactos inflacionarios no pueden recostarse hacia los más débiles y vulnerables, que es lo que sucederá si dejamos que actúen libremente las reglas del mercado. En su lugar, concertarán algún tipo de intervención que busque equilibrar las consecuencias. Dicho de otra manera, se debe acordar cómo distribuir los costos que acarrea un ciclo inflacionario y esto es, fundamentalmente, mostrar capacidades políticas para gestionar este momento complicado.

Entonces, la desescalada de la inflación no será fácil, porque es una actividad agotadora en medio de una complicada red de intereses contrapuestos, lo que obliga a  mucha imaginación y gran capacidad coordinadora que, felizmente, no parte de cero porque innegablemente los peruanos tenemos amplísima experiencia sobre esto, especialmente sobre lo que ocurre cuando las élites económicas estiman que su estabilidad radica únicamente en la satisfacción de sus intereses y las élites políticas sencillamente no tienen una idea aunque sea precaria de lo que está sucediendo.

Lamentablemente, hemos vuelto a construir un escenario con estas características. Mientras los ingresos familiares y los precios al consumidor describen una correlación inversa, fue indignante ver a operadores gubernamentales superponer sus consignas políticas a las exigencias de mejor gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos peruanos. 

Al parecer, no hay más que pueda mostrarnos un gobierno que, en el mejor de los casos, ya no tiene ideas salvo insistir en la convocatoria de una Asamblea Constituyente que en su febril imaginación va a solucionar incluso el aumento en el costo de vida. Tampoco podemos exigirle más que muestre vocación concertadora para contrarrestar los efectos inflacionarios sobre los más pobres, porque además de no tenerlas rechazó con las peores maneras los ofrecimientos que se le dieron. Finalmente, no parece haber más que exigir a un aparato estatal que hace mucho tiempo dejó de alinearse con las expectativas de la población.