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La manera como el proyecto de Ley[1] del pastor evangélico y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Ricardo Medina, podrá eliminar la Educación Sexual Integral de la Educación Básica Regular, es a través de haberle dado el control de los materiales educativos no solo a las Asociaciones de Padres de Familia –cosa que no estaba prevista en la legislación de las APAFA[2]–  sino también a las “asociaciones civiles” de padres y madres de familia para que vigilen el contenido ideológico social de los materiales[3], en discreta referencia a lo que su bancada denomina “ideología de género”, equiparada al contenido acerca del terrorismo.

Los coautores fueron cinco parlamentarios del partido ultraconservador Renovación Popular: Javier Padilla, también pastor evangélico, los almirantes retirados Jorge Montoya y José Ernesto Cueto; Jorge Zeballos, representante de los peruanos en el extranjero, y Alejandro Muñante, presidente de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia y vocero del colectivo ciudadano Con Mis Hijos No Te Metas que agrupa a las familias vinculadas por la religión contra el enfoque de género y al que con esta ley se le ha asignado poder sobre el contenido de los materiales escolares.

La dimensión del daño es trascedente. Ocultar a las niñas, niños y adolescentes sus derechos sexuales y reproductivos, sus derechos contra todo tipo de violencia, pero sobre todo, retirar su derecho a la toma de decisiones sobre sus cuerpos y el acceso a información verídica, es arrebatarles los principios básicos de respeto y reconocimiento de humanidad. Usando el término esgrimido contra el enfoque de género, a través de las últimas propuestas legislativas contra los derechos mencionados, al Perú le ha quedado claro la existencia política de una “Ideología de la familia”. La tensión entre ambas ideologías desde que comenzó este siglo afecta siempre al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues la ideología de la familia, de claras raíces religiosas, no ceja en socavar el avance de las políticas públicas para transformar un orden social que otorga un espacio de sometimiento e invisibilidad a la mayoría de niñas, adolescentes y mujeres, más aún cuando se trata de poblaciones nativas, personas mayores o con diversa discapacidad.

La democracia, de acuerdo con Jacques Rancière (1996), se encuentra en conflicto permanente pues los grupos no visibilizados luchan por ser reconocidos como iguales en el orden social (por él llamado “orden policial”). Desde el enfoque del desarrollo humano que sustenta los derechos humanos en los pactos internacionales, el Perú se ha comprometido a reconocer el reclamo político de los sectores que buscan ese reconocimiento. Pero de manera opuesta, desde el enfoque moral de la ideología familiar, el orden correcto debería tener como eje a la familia patriarcal, que al convertirse en la unidad que reemplaza a la persona, oculta la presencia de los sectores políticos que reclaman por sus derechos: mujeres, personas con alguna discapacidad o familias diversas. Sin duda, cada vez que la democracia descompone los roles rígidos de la familia y visibiliza a cada integrante, despierta una defensa radical mediante imposición legal, actualmente encabezada por la alianza político-religiosa de la Iglesia católica conservadora con el movimiento evangélico neopentecostal.  

Si algo debemos reconocer 200 años después de la independencia, es que desde que se consolidó el Estado peruano y los caudillos militares fueron reemplazados, han sido las familias más poderosas quienes han conseguido siempre gobernar el país. La oligarquía que se forja durante la República Aristocrática establece alianzas entre las poderosas nacionales y las familias de los hacendados más tradicionales del interior del país conocidos como gamonales. Fue así como se impuso un orden en el que sólo las familias de élite, hasta en los lugares más recónditos del país, se adueñaron de los territorios y ocuparon los cargos del estado como medio de sometimiento. Estas familias estaban decididas a defender con uñas y dientes un orden que les permitía enriquecerse invisibilizando a la mitad de población del país y sometiendo a buena parte a condiciones de analfabetismo y semiesclavitud.

El orden familiar que defiende esta alianza retira la toma de decisiones de la mujer y de los hijos respecto de sus cuerpos, de sus posibilidades intelectuales y laborales, alejándolos de un sistema educativo que forma pensamiento crítico y así prevenir cualquier cuestionamiento al poder familiar. Visto desde el “orden policial” la familia requiere el control del sistema educativo a nivel de formación integral en la escuela y de formación académica en la educación superior para mantener su poder. El hecho de que el Congreso haya aprobado al mismo tiempo la ley para la eliminación de la autonomía de la superintendencia universitaria[4] y el contenido de los materiales educativos escolares, disipa cualquier duda al respecto.

Para comprender mejor el poder y la familia peruana, veamos algunos roles en tres esferas del orden social: el hogar, al que se le asigna la labor reproductiva; el trabajo, al que se le asigna la labor productiva, y el gobierno, al que se le asigna el control de las leyes y las políticas públicas. En el hogar, el espacio más personal de la familia, la decisión del número de hijos, la planificación familiar, depende de la aceptación de los métodos anticonceptivos por parte del hombre (De la Cruz-Peñarán et. al, 2003).  Es a la mujer a quien se asigna su crianza y al cuidado del hogar. Denominado Trabajo Doméstico No Remunerado (Defensoría del Pueblo, 2019) tal labor es 95% femenina. Cuando la mujer trabaja por necesidades de pobreza, sí será remunerada pero se dedicará al cuidado del hogar y los hijos de otra personas, en situaciones laborales precarias y de baja calidad. Inclusive, si observamos la esfera laboral estable para la mujer esta permanece íntimamente ligada a los roles y atributos asociados a la crianza y el cuidado[5]. A ello cabe sumarle que el 22,6% de las niñas y adolescentes mujeres que trabajan realizan tareas domésticas en el hogar y también asisten al colegio. En el área rural, el 43,9% de niñas que trabajan, también participan en tareas domésticas y asisten al colegio.

La mayoría de peruanas y peruanos trabajan en empresas o en unidades agropecuarias familiares. Es tal la magnitud del trabajo familiar en el país que el 80% de las empresas peruanas son familiares, generan entre el 60 y 70% del empleo y contribuyen con más del 40% del PBI (León, 2020). En el ámbito rural la agricultura familiar representa el 97% del total de las unidades agropecuarias. Más del 83% de los trabajadores agrícolas realizan agricultura familiar y es la base del 70% de la seguridad alimentaria de la población (Eguren, 2016). En este marco la “Teología de la prosperidad” evangélica es acogida por muchas familias, pues es la bonanza económica el indicador que mide la fidelidad espiritual de tal manera que si no se es rico se debe a la falta de fe. El reemplazo de la ética protestante del trabajo por la teología de la prosperidad ha llevado a muchas iglesias neopentecostales del Perú y de América Latina al lavado de dinero, en muchas ocasiones proveniente del narcotráfico (Cervantes-Ortiz, 2019). Mientras tanto, en el VRAEM el narcotráfico ha encontrado en los clanes familiares, gracias a la confianza y la lealtad que proporcionan sus lazos de parentesco, la principal forma de protegerse de organizaciones rivales o de las fuerzas estatales (Bartolomé y Ventura, 2019).

Si algo debemos reconocer 200 años después de la independencia, es que desde que se consolidó el Estado peruano y los caudillos militares fueron reemplazados, han sido las familias más poderosas quienes han conseguido siempre gobernar el país. La oligarquía que se forja durante la República Aristocrática, como bien describe Alberto Flores Galindo (1987), establece alianzas entre las poderosas nacionales y las familias de los hacendados más tradicionales del interior del país conocidos como gamonales. Fue así como se impuso un orden en el que sólo las familias de élite, hasta en los lugares más recónditos del país, se adueñaron de los territorios y ocuparon los cargos del estado como medio de sometimiento. Estas familias estaban decididas a defender con uñas y dientes un orden que les permitía enriquecerse invisibilizando a la mitad de población del país y sometiendo a buena parte a condiciones de analfabetismo y semiesclavitud.

La reforma agraria no acabó con ellas, sólo las modernizó. Poco después, la liberación de los controles del mercado impulsada por la Constitución de 1993 permitió que las familias de mayor poder económico formaran una red vinculada a la élite de empresarios y periodistas con una gran influencia política (Cabtree y Durand, 2017) e instalaran prácticas de corrupción a través de grandes obras realizadas con el Estado. Recién el año 1997 se tomó conciencia del nepotismo y se promulgó la Ley que lo prohíbe en el sector público. Irónicamente fue promulgada durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, quien ha hecho de su familia y su partido político una presunta organización criminal. Sin duda, la lucha por derechos y por una sociedad realmente democrática tendrá en la ideología de familia un duro y difícil impedimento para el desarrollo de nuestra sociedad.

Referencias

Balarín, María y Santiago Cueto (2008). La calidad de la participación de los padres de familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas públicas peruanas. Lima: GRADE, Niños del Milenio

Bartolomé, Mariano y Vicente Ventura Barreiro. El papel de Bolivia dentro de los esquemas del tráfico de cocaína. 8 de noviembre de 2019, Real Instituto Elcano, ARI 102/2019

Burga, Manuel y Alberto Flores Galindo (1987). Apogeo y crisis de la República Aristocrática. Oligarquía, aprismo y comunismo en el Perú 1895-1932. Lima, Ediciones Rikchay

Cabtree, John y Francisco Durand (2017). Élites del poder y captura política. Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú

Cervantes-Ortiz, Leopoldo (2019). “La llamada “Teología de la Prosperidad”: un análisis teológico introductorio y crítico”. Vida y Pensamiento. Revista Teológica de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Volumen 39 (2), 175-210

De la Cruz-Peñarán, D., Langer-Glas, A., Hernández-Prado, B., & F González-Rengijo, G. (2003). Conocimientos y actitudes de la pareja hacia la práctica de la planificación familiar en la Selva del Perú. Salud Pública De México, 45(6), 461-471.

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6496

Defensoría del Pueblo (2019). El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el desarrollo de las mujeres. Documento de trabajo No. 004-2019-DP/ADM. Serie igualdad y no violencia No. 11. Autonomía económica

Eguren, Fernando (Comp.) (2016). Seguridad alimentaria en el Perú. Compendio de artículos publicados en La Revista Agraria 2010-2015. Lima: CEPES, Revista Agraria

María Isabel León (2020). “El valor de las empresas familiares”. Columna de opinión, Diario Correo, 11 de octubre

Morrison, Andrew (2021). La participación laboral de las mujeres en el Perú: 10 mensajes clave y 6 recomendaciones de política. Nota técnica No. IDB-TN-2147. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Género y Diversidad

Rancière, Jacques (1996). El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión

[1] Proyecto de Ley 904. Ley que impulsa la calidad de los materias y recursos educativos en el Perú. Sesión 4 de mayo de 2022. Segunda legislatura ordinaria 2021 – 2022. Congreso de la República.

[2] Ley 28628. Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas. 25 de noviembre de 2005. Congreso de la República. En contraste con el activismo de las asociaciones civiles, la participación de las APAFA es muy pasiva en lo referente a la gestión de la educación escolar.(Balarín y Cueto, 2008).

[3] Artículo 2. La educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política, menos aún de aquellas prácticas que pueden configurar un delito sancionado por lo moral y por el Código Penal Peruano, como es el caso del terrorismo y tipos penales relacionados.

[4] Proyectos de ley 697, 862, 908 y 943. Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Sesión del miércoles 4 de mayo de 2022. Segunda legislatura ordinaria 2021 – 2022. Congreso de la República.

[5] Las carreras vinculadas al cuidado nos dan cifras en las que el estudiantado femenino duplica el de los hombres: en Educación 17,9% son mujeres y hombres el 8,7%. El 8,6% de las mujeres estudian Enfermería, mientras los hombres participan con el 1,7%. Psicología la estudia el 10,2% de las mujeres y el 5,4% de los hombres (Morrison, 2021)