Escrito por Mariella Villasante Revista Ideele N°303. Abril-Mayo 2022

En 2022 se cumplen 25 años de la toma de la residencia del embajador del Japón, que terminó con la intervención de los soldados del Comando Chavín de Huántar bajo las órdenes de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Hermoza Ríos. En esta operación militar realizada el 22 de abril de 1997 hubo 17 muertos (los 14 subversivos del MRTA y otras 3 personas), entre los cuales 8 fueron asesinadas por los soldados. El caso fue denunciado y juzgado a nivel nacional y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado peruano ha permanecido sordo ante las sentencias y perenniza su negacionismo. En efecto, del mismo modo que los presidentes Humala y Kuczynski, el presidente Pedro Castillo ha reiterado la negación de esos crímenes y se ha limitado a repetir los “homenajes de la patria” a los “valerosos miembros del Comando Chavín de Huántar” que “lucharon contra el terrorismo”, expresión que se ha vuelto ordinaria en el país y que niega el rol represivo de las Fuerzas Armadas, responsables de 30% de las víctimas del conflicto armado, una gran mayoría de las cuales eran civiles desarmados (Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2003, Versión resumida: Hatun Willakuy [Gran relato] 2004).

Los medios informativos han evocado los actos de falta de respeto por la función presidencial de algunos exsoldados de ese comando que se negaron a saludar al presidente Castillo. El Congreso también ha rendido homenaje a los miembros de la Operación Chavín de Huántar; en ese contexto, el almirante Luis Giampietri (81 años), que se encontraba entre los rehenes, ha osado acusar al congresista Bermejo de haber sido subversivo y que en 2006 intentó asesinarlo, a él y al presidente García[1]. Anunció igualmente que deja un documento probatorio para que el Congreso investigue los hechos. Bermejo ha respondido que va a denunciarlo por difamación agravada[2]. Además, Giampietri ha cuestionado el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando su valor jurídico en el país, y ha criticado la Comisión de la Verdad y la Reconciliación declarando que su “trabajo [fue] mal hecho”, que “debería haber trabajado con justicia y no lo ha hecho”, “son duros para los militares y blandos para los terroristas”. Argumentos negacionistas y absurdos que defienden tantos otros altos mandos militares (RPP Noticias del 30 de abril[3]). Esto ha causado un enésimo escándalo político.  

No obstante, se ha dicho poco o nada sobre los crímenes estatales en esa operación. Es lo que trataré de hacer en esta contribución, para recordar la verdad histórica, denunciar la reescritura de la historia política del país organizada por los fujimoristas y por las Fuerzas Armadas, y la reproducción del negacionismo estatal.

Las acciones del MRTA antes de su derrumbe definitivo

Como sabemos, el MRTA tuvo un rol muy limitado en la guerra interna de los años 1980-2000 y fue responsable de 1% de las víctimas del conflicto; mientras que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso fue responsable de 54% de las muertes de esta guerra que en los epicentros (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Huánuco) fue una guerra civil.

El MRTA provenía de la alianza entre militantes que se inspiraban del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, proveniente de APRA-rebelde), que había organizado una escuálida “guerrilla” en 1965 (que fue arrasada en 6 meses), y que querían “reiniciar la lucha armada”; y de militantes del Partido Socialista Revolucionario, fundado en 1976, que reivindicaba las ideas reformistas del general Juan Velasco Alvarado. En junio de 1980, los dos grupos se unieron para preparar la guerra bajo la dirección de Víctor Polay Campos y se alzaron en armas en 1984. El proceso ha sido explicitado con lujo de detalles en el Informe Final de la CVR. En esta decisión contribuyeron el triunfo de la revolución en Nicaragua, los movimientos de guerrilla en El Salvador y Nicaragua y el auge de las guerrillas en Colombia (Hatun Willakuy 2004: 193-195).

En junio de 1985 empezaron las acciones subversivas en Lima, Chiclayo, Chimbote y Huancayo. En julio, cuando Alan García asumió la presidencia, Polay Campos anuncio una “tregua” al nuevo gobierno. Los dirigentes declararon que querían distanciarse de Sendero Luminoso asumiendo una posición de “dialogo” con el gobierno. En febrero de 1986, el MRTA realizó su III Comité central en Lima, juzgando sus acciones armadas muy positivas y anunciando que tenían un peso importante en el país; todo lo cual era totalmente falso y fruto de la fantasía de los dirigentes. A partir de 1986 el MRTA y el PCP-SL empezaron a enfrentarse por el control de los territorios del tráfico de cocaína en la selva central de Junín y en San Martín. En la selva central, sobre todo en la provincia de Satipo, el MRTA fue expulsado y quedaron algunos rezagos en La Merced y en Oxapampa (Pasco). En San Martín, se dividieron la zona comprendida entre Tocache y Tarapoto, en manos del MRTA; y la zona comprendida entre Tocache y Tingo María quedó en manos del PCP-SL.

A partir de 1987 el MRTA empezó a perder el apoyo de las poblaciones que, al inicio los percibían como “justicieros” que imponían el orden y la justicia en las zonas rurales. Los pobladores empezaron a sufrir de las exacciones y de los abusos de los “guerrilleros” que llegaban vestidos con uniformes verdes, reclutaban niños y adolescentes por la fuerza, robaban y maltrataban a los que no obedecían. En septiembre de 1987, empezaron las tomas de rehenes para “financiar los planes de guerra”, las familias de las personas capturadas (empresarios en particular) pagaban las sumas exigidas (Hatun Willakuy 2004: 199-201).

La organización subversiva empezó a derrumbarse en 1988, aunque la agonía duró una decena de años, durante los cuales los militantes perpetraron un gran número de acciones criminales, toma de rehenes y actos de crueldad, y sufrieron la descomposición de su organización interna. En efecto, varios dirigentes que se oponían a la dirección fueron asesinados. El 8 de diciembre de 1989, militantes del MRTA asesinaron al dirigente ashaninka Alejandro Calderón, acusándolo de haber entregado al dirigente del MIR Máximo Velando a las Fuerzas Armadas, cuando en esa época Calderón era un niño. Este acto odioso e irracional provocó la creación de las primeras rondas nativas, llamadas “ejércitos ashaninka”, en la selva central. En 1991, el “frente oriental” del MRTA fue eliminado por la acción conjunta de las rondas nativa y de los militares. El 28 de abril de 1989, una columna de 67 militantes del MRTA se enfrentó con una patrulla del Ejército; fallecieron 58 subversivos en el paraje Los Molinos (Junín), el Ejército perdió 6 soldados. En represalia, el 9 de enero de 1980, un comando emerretista asesinó al general (r) Enrique López Albújar, ex ministro de Defensa (Hatun Willakuy 2004: 202-203).

El derrumbe del MRTA se afirmó con las capturas de los dirigentes entre 1989 y 1997. Polay Campos fue capturado por primera vez el 3 de febrero de 1989; pero el 9 de julio de 1990 logró escapar del penal Castro Castro junto con 47 presos. El 9 de junio de 1992, Polay fue capturado definitivamente y purga una pena de 35 años de prisión en la Base naval del Callao. Peter Cárdenas había caído el 9 de abril del mismo año. Lucero Cumpa cayó el 1^ro de mayo de 1993. Las actividades subversivas cesaron al inicio de 1995, y el 17 de diciembre de 1996 un comando del MRTA realizó su último operativo subversivo. La CVR ha realizado una investigación en profundidad de este operativo en la sección “Ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997)” (IF, Tomo VII: 509-520).

La toma de la residencia del embajador del Japón y la Operación Chavín de Huántar

Néstor Cerpa y Miguel Rincón eran los últimos dirigentes en libertad. Ambos sabían que sus pretensiones de llegar “al poder” eran imposibles, pero para lograr la liberación de sus militantes y su posible incorporación a la vida política legal, decidieron realizar un atentado importante. Planearon tomar el Congreso, pero el plan falló por la captura de Rincón y otros 17 subversivos en noviembre de 1995. Entonces, el 17 de diciembre de 1996, Néstor Cerpa y 14 militantes (2 mujeres) asaltaron la residencia del embajador del Japón en Lima, Morihisa Aoki, y secuestraron a los 600 invitados presentes en la recepción, personalidades civiles y militares. La mayoría fue liberada en los días siguientes, pero 72 personas se quedaron cautivas durante 136 días. Los subversivos exigían la excarcelación de 465 emerretistas, la liberación del grupo que ocupaba la residencia y su traslado a la selva central, y el pago de un “impuesto de guerra”.

Los subversivos estaban armados con fusiles Kalashnikov, pistolas ametralladoras UZI, lanzacohetes RPG, pistolas, granadas de mano, explosivos y mascaras antigás. El proceso de negociación duro cuatro meses y cuatro días. Los sediciosos empezaron a liberar rehenes entre el 18 de diciembre hasta el 1^ro de enero de 1997, quedaron 72 rehenes. Las negociaciones se realizaron con la intermediación de la Cruz Roja y del cardenal Juan Luis Cipriani [adepto del Opus Dei, apoyó a Fujimori y fue remplazado por Pedro Barreto en 2019], pero avanzaron muy lentamente. El 6 de marzo, Néstor Cerpa descubrió la existencia de un túnel en la casa vecina para ingresar a la residencia y suspendió el diálogo. El 21 de marzo rechazó la propuesta de un asilo en Cuba e insistió en la liberación de sus huestes.

El 22 de abril de 1997, el dictador Fujimori, junto con Vladimiro Montesinos y el general Hermosa Ríos, lanzaron una operación de rescate llamada “Nipón 96” o “Chavín de Huántar” bajo el mando del general Augusto Patiño, secundado por el coronel José Zapata, que dirigía la “Patrulla Tenaz” integrada por 143 comandos. Existen videos muy interesantes sobre los preparativos de esta operación militar (LUM, Panorama, 19 de mayo de 2002[4]).

Zapata declaró a la CVR que en el operativo se aplicó la táctica de Tiro Selectivo Instintivo (TIS) que consiste en efectuar tres disparos a las partes vitales del adversario (cabeza, tronco), un tiro de seguridad en la cabeza para asegurarse que está fuera de combate (IF T. VII: 513). Las órdenes eran pues de liquidar a todos los subversivos.

El operativo empezó a las 15:27 horas luego de que el vicealmirante Luis Giampietri, que se encontraba entre los rehenes, diera el mensaje que las condiciones estaban dadas para la intervención: 13 subversivos estaban en el primer piso y uno en el segundo piso. De acuerdo con la versión oficial, los 14 subversivos fueron abatidos en combate; resultaron heridos 14 soldados y 8 rehenes. Además, tres personas perdieron la vida, el magistrado Carlos Giusti, y dos miembros del equipo de liberación fallecieron, el coronel Juan Valer y el capitán Raúl Jiménez (IF Tomo VII: 513; Hatun Willakuy 2004: 203-206).

El 23 de abril, los cuerpos de los 14 subversivos fueron trasladados al Hospital Central de la Policía Nacional, bajo la responsabilidad de Hébert Villanueva, jefe del servicio de anatomía patológica. El examen superficial concluyó afirmando que todos habían muerto por heridas causadas por proyectil de arma de fuego. Los médicos reconocieron que el procedimiento fue irregular, pero que tuvieron que obedecer a las órdenes de sus jefes inmediatos y del mismo presidente Fujimori. Los médicos del Instituto de Medicina Legal confirmaron que las necropsias no cumplieron con las disposiciones legales y científicas vigentes. Siguiendo las órdenes de la séptima región policial, los cuerpos fueron enviados a comisarias de barrios periféricos de Lima (Zárate, Comas, Santa Eulalia, Nueva Esperanza, Vitarte, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Puente Piedra, Pamplona, Cieneguilla, Carabayllo y Lurín). Esas acciones fueron clandestinas y las familias no fueron informadas (IF, Tomo VII: 514). Por lo tanto, es evidente que las autoridades militares y policiales querían esconder los cuerpos para que no sea evidente el modo en que algunos de ellos fallecieron: ejecutados por los comandos Chavín de Huántar de un disparo en la cabeza.

No se supo nada más de estos hechos hasta el 20 de agosto de 2001, cuando el ex primer secretario de la Embajada del Japón en el Perú, Hidetaka Ogura, escribió una carta a las autoridades judiciales en la que declaró haber visto con vida al interior de la residencia a “una mujer llamada Cynthia” (que gritaba “no lo maten” o “no me maten”); y a “un hombre de baja estatura”. Además, luego de atravesar por el túnel hasta el jardín de la casa vecina (junto con los diez funcionarios japoneses), vio también a “un hombre del MRTA que se llamaba Tito. Sus manos estaban amarradas atrás y su cuerpo estaba tendido boca abajo hacia el suelo. Él movió su cuerpo, así que pude reconocer que estaba vivo. (…) Cuando Tito intentó hablar levantando su cabeza, un policía armado que estaba de custodia, pateó su cabeza y ésta empezó a sangrar. Unos minutos después apareció un militar del túnel e hizo levantar a Tito y lo llevó a la residencia pasando el túnel.” (IF, Tomo VII: 514-515).

• Este testimonio valeroso condujo a los familiares de Eduardo Cruz Sánchez (Tito), Herma Meléndez Cueva (Cynthia) y Víctor Peceros Pedraza, apoyados por APRODEH, a presentar una denuncia penal contra Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Hermoza Ríos por homicidio calificado. Recordemos que el general Hermoza Ríos publicó su versión de los hechos en 1997 (“Operación Chavín de Huántar”), adjudicándose la organización de la operación de rescate, mientras Fujimori pretende que él fue el único responsable del éxito de la operación.

El 21 de mayo de 2003, Hidetaka Ogura ratificó sus declaraciones ante la CVR, precisando los nombres de sus colegas japoneses y que todos fueron llevados al jardín de la casa vecina, donde se encontraba un grupo de peruanos, entre los cuales se encontraba “Tito”, seguramente confundido entre los rehenes del primer grupo formado por los magistrados peruanos. En julio de 2003, Ogura brindó declaraciones detalladas a la televisión japonesa, ciertos pasajes fueron incluidos en un reportaje del programa Panorama del Canal 5, donde se evoca la ejecución extrajudicial de tres subversivos (LUM, 13 de julio de 2003[5]). Desde 2010, Ogura es profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Kanagawa y ha publicado un libro sobre la toma de rehenes en 2000. Además, en 2018 Paul Weitz realizó una película inspirada en estos hechos, Bel Canto, de la escritora norteamericana Ann Patchett (Nippon.com[6]).

• En 2001, el Ministerio Público abrió una investigación policial y el fiscal solicitó la detención de 11 oficiales de las Fuerzas Armadas. En 2002, la comisión de homicidio calificado en agravio de Eduardo Cruz fue confirmada; aunque no se pudo determinar las circunstancias de la muerte de Herma Meléndez y Víctor Peceros.

En 2002, los cuerpos enterrados en la clandestinidad fueron exhumados y según las pericias de medicina legal: 12 cadáveres han sido identificados, y se demostró que 8 víctimas fueron ejecutadas con una bala en la nuca (IF, Tomo VII: 516).

• Los resultados de los exámenes forenses han sido reforzados con las declaraciones ante la autoridad policial el juez instructor por los suboficiales PNP Raúl Robles y Marcial Torres, que han declarado que Tito fue capturado, sin armas, y confiado a un soldado cuando el operativo se había terminado. Ambos han confirmado que había sido confundido con uno de los rehenes y que trataba de escapar. Un comando camuflado vino a buscarlo y se lo llevó por el túnel de regreso a la residencia.

En agosto de 2003, la fiscal de la Nación Nelly Calderón planteaba dos hipótesis: (1) la muerte de todos los subversivos fue un hecho dispuesto previamente por los responsables de la operación, el presidente Fujimori, Montesinos y el general Hermoza Ríos; (2) la muerte de todos los subversivos fue producto de una decisión posterior a las capturas y efectuadas por orden del presidente Fujimori, en tanto jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales.

`La CVR ha reconocido el valor de los militares que liberaron a los secuestrados, pero ha solicitado una investigación sobre las condiciones de la muerte de 17 personas, 8 de las cuales fueron asesinadas durante la operación militar (IF, Tomo VII: 510).

Las ejecuciones de tres emerretistas ante la CIDH

El 19 de febrero de 2003, los familiares de tres subversivos asesinados, Eduardo Cruz Sánchez, Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza, apoyados por APRODEH, presentaron una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue la ejecución extrajudicial perpetrada por el Estado peruano. El 27 de febrero de 2004 la petición fue admitida, pero la Sentencia fue emitida recién en 2015, como veremos enseguida.

En septiembre de 2006, el Estado peruano asumió las recomendaciones de la CVR, cuando el caso “Chavín de Huántar” fue reabierto y la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios acusó por crimen de homicidio calificado a Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos y otros cinco militares. Pero por “falta de pruebas” el caso fue cerrado.

El 5 de octubre de 2011, la justicia ordinaria acusó a Alberto Fujimori y a Manuel Tullume Gonzáles, ex suboficial del Ejército y presumido ejecutor de Tito y demandó penas de 25 y 15 años de prisión respectivamente. Pero en agosto de 2012, el acusado Tullume fue absuelto por falta de pruebas, los otros soldados acusados no tienen mandato de captura y todos quedaron impunes. En esa coyuntura, el expresidente Ollanta Humala rechazó rotundamente el informe de la CIDH y se negó a abrir un juicio a los soldados acusados de las ejecuciones, y destacó solamente su “patriotismo” en esa operación militar.

El 17 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe de fondo n° 66/11, y emitió su Sentencia, atestiguando que el Estado peruano era responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de Eduardo Cruz, aunque no logró encontrar pruebas suficientes para confirmar las ejecuciones extrajudiciales de Herma Meléndez y de Víctor Peceros, que se encontraban bajo la custodia del Estado luego de su captura. La CIDH hizo al Estado una serie de recomendaciones: reparar adecuadamente las violaciones tanto en el aspecto material como moral; realizar una investigación en el fuero ordinario en relación con los autores materiales, esclarecer los hechos e imponer las sanciones que correspondan; adoptar medidas para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares (Sentencia de la CIDH[7]).

Sin embargo, las recomendaciones de la CIDH fueron archivadas por el Estado y la posición oficial es de desconocer las pruebas de las ejecuciones de 8 militantes del MRTA aportadas por la CVR y de la ejecución de Eduardo Cruz atestada por la CIDH.

No sólo se niegan esos asesinatos perpetrados por los militares que participaron en la operación de rescate, sino que además se ha adoptado una posición de homenaje permanente, con autoridades militares y/o civiles.

Los homenajes continúan y se olvidan las ejecuciones extrajudiciales

• En el 2007, el Estado instituyó el Día de los defensores de la democracia (Ley N° 29031), en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron o quedaron heridos como resultado de la “lucha contra el terrorismo”, destacando los miembros del Comando Chavín de Huántar.

• El 20 de abril de 2017, el Congreso rindió homenaje a los soldados del comando, calificándolos de “Héroes de la democracia”. El congresista fujimorista Héctor Becerril acusó a los congresistas del Frente Amplio, que se habían opuesto a estos homenajes, de tener “simpatías con el terrorismo”. Los congresistas del Frente Amplio precisaron que no se oponían al reconocimiento del coraje de los soldados, pero que deberían ser reconocidos más bien como “héroes de la pacificación”.

• El 19 de noviembre de 2017, el expresidente Kuczynski decoró al comando Chavín de Huántar con la Orden Militar de Ayacucho, en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción del Estado. En su discurso, Kuczynski pidió que se cancelen los procedimientos legales contra los soldados de este comando. El Congreso les otorgó además el título de Defensores de la Democracia.

• En 2019, el presidente Martín Vizcarra les concedió las medallas de Gran Cruz y Gran Oficial.

• El 22 de abril de 2021, el presidente Francisco Sagasti rindió homenaje a los comandos Chavín de Huántar en un día que recuerda también el Día del Valor Militar y el Día de los Defensores de la Democracia.

• El 22 abril de 2022, el presidente Pedro Castillo pronunció también un discurso conmemorativo en el frontis del Museo contemporáneo Chavín de Huántar de Chorrillos, afirmando que “la estrategia y la operación Chavín de Huántar es un hito que quedará en el recuerdo de todos los peruanos y las futuras generaciones”. Y aprovechó para llamar “a la más amplia unidad nacional” (El Peruano[8]). Casi todos los ex comandos se quedaron sentados y se negaron a saludar al presidente, cinco se retiraron de la ceremonia, y uno de ellos declaró a la prensa que “este señor” debe renunciar pues “no representa a los peruanos” (RPP Noticias; La República, Grado 5[9]). Ciertos periodistas remarcan con razón el poco respeto que inspira la investidura presidencial, pero no evocan para nada los crímenes del Estado y su negación oficial 25 años después la operación organizada por Fujimori.

Finalmente, el 28 de abril, el Congreso realizó otro acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “que enfrentaron el terrorismo para lograr la pacificación nacional”. En la ceremonia estuvo presente el ex coronel José Zapata, actual congresista de Avanza País y presidente de la Comisión de defensa nacional, que dirigía la “Patrulla Tenaz” del comando y que había recibido la orden de Fujimori de utilizar la táctica de Tiro Selectivo Instintivo (TIS), es decir matar a todos los subversivos, aún cuando se hayan rendido o hayan sido capturados con vida.

Reflexiones finales

Es evidente que la operación Chavín de Huántar ha implicado un alto nivel de coraje y destreza militar para liberar a los 72 rehenes del MRTA de la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. Sin embargo, 25 años después, sigue siendo inmoral y vergonzoso que el presidente, el Congreso y los altos mandos de las Fuerzas Armadas no reconozcan que varias personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y que los responsables deben ser juzgados y sancionados con todo el peso de la ley. Contrariamente al “sentido común” de la mayoría de los militares y de muchos políticos fujimoristas y de extrema derecha, los subversivos [como otros criminales] son seres humanos, y tienen derecho a la justicia y al respeto de sus vidas. Mientras esta realidad ordinaria en una democracia decente no sea aceptada por las jerarquías militares y las élites políticas del Perú seguiremos viviendo en un Estado negacionista y la construcción del Estado-nación peruano seguirá truncada…

[1] TV Perú Noticias, 28 de abril, https://www.youtube.com/watch?v=la2ks6fItNg

RPP Noticias, https://www.youtube.com/watch?v=BT-SFAxIpKU

[2] TV Perú Noticias, 28 de abril, https://www.youtube.com/watch?v=PqeqHZf81q4

[3] Véase la entrevista muy condescendiente y candorosa de Mauricio Fernandini, de RPP Noticias, https://www.youtube.com/watch?v=tak3c0RE8nk

[4] LUM, 19 de mayo de 2002, https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox/QgrcJHsNnjqBwNhDdCzzGXvcRFxQvkMnctV?projector=1

[5] Canal 5, Panorama, 13 de julio de 2003, https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox/KtbxLxGkPChpQpVXQHShHnLSvSCClHdgJV?projector=1

[6] Nippon.com, https://www.nippon.com/fr/japan-topics/c03063/ Bel Canto cuenta la historia de una cantante famosa [Julianne Moore] que es invitada a dar un concierto en una embajada del Japón en Sudamerica que cae en manos de subversivos; está disponible en Netflix: https://www.netflixmovies.com/bel-canto-2018

[7] Sentencia de la CIDH sobre el caso Chavín de Huántar, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_292_esp.pdf

[8] El Peruano del 22 de abril, https://elperuano.pe/noticia/146961-presidente-castillo-operacion-chavin-de-huantar-es-un-hito-y-ejemplo-de-unidad-para-el-pais

[9] Grado 5 con René Gastelumendi, https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox/QgrcJHsHnNjDSfKhNLGbgWvzPlzmphwcdLG?projector=1