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Fredy Otárola Peñaranda, ministro de trabajo, cuenta que antes de asumir la cartera, el Presidente le encargó personalmente acabar con las mafias disfrazadas de sindicatos de construcción civil, y que hasta el momento, su mejor arma en el cumplimiento de su misión lleva el nombre de 007. No se trata del héroe británico, sino del decreto supremo promulgado el mes de agosto que brinda los mecanismos que necesita el Estado para impedir la creación de nuevos pseudo sindicatos laborales y eliminar los existentes. Sería una de las medidas más importantes del gobierno contra el crimen organizado. En esta entrevista, Otárola compartió su diagnóstico de la situación y describió la propuesta legal del gobierno.

El pasado 16 de julio hubo una marcha de la CGTP que reclamaba –entre otras cosas- mayor seguridad en las obras.
Quizás sería bueno recordar la génesis de estos sindicatos delincuenciales. Uno de los sindicatos más fuertes de la CGTP era la Federación de Obreros de Construcción Civil. Era el brazo con mayores manifestantes, el más radical, con un cargado tinte ideológico. A veces jaqueaba al gobierno, pero era un sindicato honesto que tenía objetivos eminentemente reivindicativos. En tiempos del Apra, se buscó debilitar a la CGTP. En este caso no se optó por una cosa más inteligente que flexibilizar la inscripción de sindicatos. Por esa mala práctica del gobierno anterior se infiltraron organizaciones clandestinas. Ahora hay organizaciones delincuenciales disfrazadas de sindicatos, que no solo chantajean empresarios, sino que aprovechan los ingresos que los sindicatos tienen para organizar asaltos a bancos, secuestros, extorsiones, no solo en la industria de la construcción si no en todo ámbito económico del Perú. Es decir, al flexibilizar esos sindicatos se hizo un gran daño al Perú.

¿De qué manera el gobierno anterior flexibilizó las normas?
Se redujo a 20 el número de personas afiliadas con las que se podía formar un sindicato. Se llegó al extremo de que las mujeres de los afiliados podían ser miembros, es decir con tres o cuatro familias formaban un sindicato. No se realizó el control de quienes se afiliaban, podía ingresar cualquiera.

Entonces, lo que buscaron políticamente fue cuanto más sindicatos hubieran, más debilitamos a los gremios. No creo que el gobierno anterior haya pensado en la infiltración de las mafias delincuenciales. Estas siguen ocasionando derramamiento de sangre.

¿Qué medidas ha planteado este gobierno?
El 9 de agosto hemos emitido el decreto supremo 007–2014. Cuando juramenté como ministro ofrecí dura batalla contra estos grupos criminales y el inicio de esta lucha. El decreto considera dos elementos importantes y el presidente Ollanta no dudó en refrendarlo. Primero, se consolidan los tres registros, algunos ya existentes: el de sindicatos, el de trabajadores y el de obras. El de sindicatos ya existía, pero se nos va a permitir revisar la calidad de los mismos. En el de trabajadores, verificar si han estado inmiscuidos en actos delictivos. Y el de obras, que es muy importante para entregar esta información -por ejemplo- al ministerio del Interior. Decirle, estas son las obras programadas para este mes, con fechas de inicio, para que comiencen ellos con sus operativos de inteligencia.

Segundo, en una disposición transitoria, damos un paso que muchos sindicatos van a decir que es inconstitucional, pero que se ha coordinado con la CGTP y con CAPECO. Planteamos que una vez detectada la infiltración delincuencial en los sindicatos, el procurador del Ministerio del Trabajo acuda al Poder Judicial y plantee la nulidad de la inscripción de ese sindicato dentro de [un plazo de] diez días para no colisionar con los pactos internacionales.

¿Qué impedimentos presentaban los convenios internacionales?
La constitución política y la legislación interna dicen que las personas jurídicas solo se disuelven por dos causas: por voluntad propia o por mandato del Poder Judicial. Paralelamente, convenios internacionales de la OIT, cuando hablan específicamente de los sindicatos, dicen que una vez que son reconocidos administrativamente no pueden ser anulados. Entonces, el Estado se veía impotente porque estas mafias se organizaban incluso desde los penales y con la complicidad de algunos gobiernos regionales. Por eso es que esos temas los hemos conversado con los trabajadores.

Enterados de la infiltración criminal, administrativamente suspendemos al sindicato. Pero para que no se aleguen inconstitucionalidades o incumplimiento de tratos, acudimos dentro de los diez días contados desde la suspensión al Poder Judicial para que se anule ese sindicato y le pedimos como medida pre cautelar que se valide esa suspensión mientras dure el proceso.

¿Hay algunas centrales que respaldan más estas medidas que otras? ¿Cómo han reaccionado los sindicatos y los gremios?
Eso lo trabajamos con la CGTP, pero al día de hoy, todas [las centrales] se han sumado. Les dije que ésta no es una cuestión de gobierno, sino del Estado y la Nación. No podemos permitir la infiltración de estas mafias delincuenciales y no conversaría con un sindicato o con una federación que no sea firme en esto. Se ha puesto esto como requisito para conversar y todas han aceptado. 

La CGTP, por ejemplo, nos pedía que un trabajador de construcción debería estar certificado por una central nacional como requisito para sindicalizarse. A nosotros nos pareció una medida extrema, pues no todos los trabajadores de construcción civil están certificados. Había que respetar a los obreros de lugares lejanos que realizan una labor de construcción civil. Entonces conversamos y creo que mantuvimos posiciones prudentes pero además firmes.

¿Con los empresarios tuvieron discrepancias?
También nos reunimos con CAPECO. Les hicimos ver que al margen de las coincidencias o discrepancias (…) este era un tema que convenía a todos. De CAPECO obtuve todo el apoyo y de su presidente la actitud más decidida. Así como la de Mario Huamán, de quien reconozco la fortaleza con que abordó el problema.

¿Qué medidas tomaron sus predecesores?
No quiero calificarlos, pero estamos avanzando. Yo defiendo lo mío, el decreto supremo 007–2014 publicado a la semana o dos de asumir como ministro y la resolución ministerial 183–2014 que fija el procedimiento para aplicar el decreto supremo. Han sido rápidos y en consenso, salvo por algunas discrepancias.

En ese sentido, dentro del gobierno, ¿cómo marchó la coordinación multisectorial para luchar contra las mafias?
El Ministerio de Trabajo era consciente de este problema. Las ideas de este decreto se venían trabajando desde mucho antes incluso.

El presidente Humala me pidió que me meta con fuerza, pedido al que con mucho gusto me sumé, porque el dolor, la sangre y el desmedro en las obras que son del pueblo vienen por ese lado. Por eso es que cuando asumí como ministro, la anuncié como primera medida de lucha.