Escrito por Jérôme Mangelinckx Revista Ideele N°245. Noviembre 2014

En el imaginario social, las drogas han sido consideradas como factores causales de la percepción de inseguridad ciudadana. Así, el imaginario social representa la postura desde donde se construye la respuesta del Estado, muy a menudo punitiva, frente a las drogas. Sin embargo, hablar del fenómeno de las drogas implica el abordaje de una serie de premisas arriesgadas en este contexto de populismo punitivo. El punto de partida es que las drogas siempre han existido. En otras palabras, no van a desaparecer nunca y por ello debemos aprender a convivir con ellas. Seguramente ya muchos lectores dirán, ¿cómo se atreve a decir esto cuando las drogas son el mal de nuestra sociedad? A lo cual les respondería, ¿se acuerdan ustedes por qué demonizan a las drogas y sus usuarios?

Mientras unos hablan de adicciones, otros hablan de delincuencia. Sin embargo, para una mejor aproximación al fenómeno de las drogas, propongo desaprender lo que sabemos para desmitificar nuestras percepciones sociales y de construir los fenómenos de estigmatización y exclusión social. Empecemos por el concepto de un mundo (y un Perú) libre de drogas (entiéndase ilegales). Lo más sorprendente es que no parecemos percatarnos de la gran contradicción entre el discurso utópico y la realidad cotidiana. Por ejemplo, en una cancha de fulbito en Chorrillos podemos leer en una pared “A la droga dile no” junto a la publicidad de una marca de cerveza que patrocina la cancha y sacia la sed de los jugadores después de un intenso partido.

Por otro lado, el etiquetamiento o uso de calificativos burdos como drogos, adictos, enfermos, pastrulos, etc., solo contribuye a la estigmatización de aquellos que usan drogas. Estos estereotipos nacen de la falsa atribución de delincuente habitual o adicto al usuario de droga. Es necesario desmitificar esta creencia arraigada. De la misma manera, no sería correcto decir que aquel que toma cerveza los fines de semana es un delincuente y un alcohólico. Parece que, en cuanto al uso de drogas ilegales se refiere, nos hemos olvidado además que existen distintos patrones de uso (experimental, ocasional, regular, problemático, etc.) y que no todos son adictos.

Por miedo a lo desconocido (las drogas ilegales en este caso), la opinión pública y su tendencia al populismo punitivo, alimentada por los medios de comunicación, exige que se castigue severamente a los usuarios de drogas por el simple hecho de asociar drogas con delincuencia, violencia e inseguridad ciudadana, cuando las cifran demuestran todo lo contrario. Permítanme presentar un ejemplo práctico para ilustrar este comentario: la casi totalidad de denuncias por violencia contra la mujer, según consumo de alcohol y otras drogas, se dieron cuando el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol (OPD-DEVIDA, 2010).

Así, el populismo punitivo no busca más que soluciones cortoplacistas y de mano dura a un fenómeno que el Estado no logra contener o explicar y, lejos de resolver el problema, lo está exacerbando. Es el caso de los delitos de drogas, los cuales se castigan con todo el peso de la Ley a pesar de tratarse de delitos cuya dañosidad es menor a la de otros delitos violentos (hurto, robo, violación y homicidio). La tendencia al punitivismo a ultranza respecto de las drogas solo sirve para apaciguar la sed de venganza que prima en los discursos populistas punitivos.

De esta manera, el Estado convirtió la lucha contra las drogas en la caza de un chivo expiatorio: las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Y si hay que sacar una lección del crecimiento del narcotráfico en el Perú, es que la sobre criminalización de los delitos de drogas no previene ni disuade su comisión. La actividad represiva del Estado solo se enfoca en delitos menores o en los eslabones más vulnerables de la cadena del narcotráfico como lo veremos a continuación.

El Código Penal peruano (Art. 299º) estipula que no es punible la posesión de pequeñas cantidades de droga para el uso personal. La única posesión punible de drogas es aquella destinada al tráfico ilícito. Por ende, quien detiene a una persona por una conducta que no es prohibida estaría cometiendo una detención arbitraria. Sin embargo, las detenciones por posesión de pequeñas cantidades de droga para el consumo representan un promedio de 55% de todas las detenciones por drogas a nivel nacional (OPD, 2013). Solo en el 2012, la PNP ha detenido a 9,107 personas por consumo de drogas de un total de 14,723 personas intervenidas vinculadas al tráfico ilícito de drogas (TID). ¿Es esta la forma más efectiva de combatir el narcotráfico y la seguridad ciudadana?

Pues no. Estas detenciones de hecho distraen escasos recursos asignados a la PNP en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana y el narcotráfico (entiéndase el tráfico grande). Entonces, ¿por qué se dan?Frecuentemente, y tal como lo indica la experiencia de la Línea Verde, la línea de atención del Centro de Investigación Drogas y DDHH (CIDDH), esta práctica se da por percepciones sociales negativas del uso de drogas, por una mala interpretación de la Ley penal, para incurrir en actos de corrupción o para investigar a los usuarios para que delaten a quiénes les vendieron la droga. Respecto al último punto, en la práctica, la PNP estaría deteniendo para investigar. Esto significa una vulneración flagrante a los derechos fundamentales de aquellas personas que usan drogas, ya que no están obligadas a dar información o delatar a quienes les vendieron, más aún cuando no cometieron ningún delito.

Recordemos que, hoy en día, el Perú es uno de los mayores productores de cocaína en el mundo a pesar de su incansable lucha contra las drogas. Es imprescindible y urgente un cambio de rumbo que coloque los derechos, y no los prejuicios y estereotipos, en el punto central de las políticas de drogas ya que la criminalización de los usuarios de drogas no afecta la dinámica del narcotráfico y, es más, no previene ni disuade su uso.

En una encuesta dirigida a efectivos policiales sobre la lucha contra las drogas en el Perú, se evidenció una tremenda disparidad entre su percepción respecto del fenómeno de las drogas y la práctica policial. En efecto, el 74% de los encuestados estima que la detención de usuarios de drogas no permite luchar contra el tráfico ilícito. Asimismo, el 73% de los encuestados afirma que la detención de usuarios no previene el consumo de drogas. Por otro lado, como ya lo mencionamos, existe una confusión en la interpretación de la Ley penal respecto del uso de drogas. Así, el 68% estima que el uso de drogas no es delito mientras el 30% afirma lo contrario. A fin de orientar mejor los escasos recursos asignados a la lucha contra el narcotráfico e impedir que se repitan y expandan estas malas prácticas, resulta fundamental proveer un marco para definir la labor policial en las calles y comisarías del Perú. Es necesario establecer procedimientos policiales para casos de posesión de drogas ilícitas para uso personal para la protección de los Derechos Humanos de los usuarios de drogas que no cometen delitos y son intervenidos y/o detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La política criminal en materia de lucha contra el narcotráfico es una de castigo y no de prevención. En ese sentido, es necesario que la PNP plantee como una alternativa estrategias de índole sanitaria que no sean represivas, coactivas, punitivas, estigmatizantes y que no violen los DDHH o que no acepten que estos puedan ser violados sistemáticamente en nombre de la lucha contra las drogas. Recién ahí estaríamos hablando de prevención e inclusión social como herramientas que permiten construir seguridad. Cuando el Estado criminaliza a sus ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, éste genera inseguridad.

Desafortunadamente, las estrategias de prevención, como las planteadas aquí, no son una práctica generalizada en el Perú. Por esa razón, es urgente hacer un balance de por qué fracasaron las políticas actuales de lucha contra las drogas e impulsar acciones como la educación, la prevención y la reducción de daños basadas en evidencia científica y no en creencias populares.

Toda intervención enfocada en mitigar los riesgos y daños asociados al uso de drogas nace, entre otras cosas, de la inclusión de TODOS los actores de la comunidad – y no nos olvidemos que la PNP forma parte de ésta. En el contexto del uso de drogas, los procesos de inclusión social pasan por nuevas maneras de convivir con los otros (incluyendo a los usuarios de drogas), reafirmando así nuestros deberes y derechos. Es decir que todos los actores de la comunidad deben aprender a vivir juntos para luchar contra la exclusión social, para así construir seguridad en sus comunidadesy garantizar las mismas oportunidades y derechos para todas las personas.