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El Estado es burocráticamente eficiente y creativo cuando quiere. De hecho, lo es mucho más cuando asume esa postura de vedette internacional en cuanto a logros económicos o de mercachifle sobre recursos. Pero parece un motelo o tortuga cuando se trata de salvaguardar derechos. Así, tenemos una serie de elementos sensacionales promovidos con entusiasmo y eficacia: Marca Perú, nuestro bagaje gastronómico, el crecimiento económico, la existencia de reservas hidrocarburos en casi toda la amazonía y el último de nuestros grandes espectáculos: la COP20 y  la Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto – CMP10 que se realizarán en la ciudad de Lima, la cual ha sido declarada mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAM como de interés nacional. La angustia de este artículo se centrará en los dos últimos elementos.

La COP
La decisión de declarar como de interés nacional a la COP20 no es cualquier cosa. De hecho, la COP20 es un evento de trascendencia mundial, ya que la Conferencia de Parte (COP) es el órgano máximo de decisión de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), la cual aborda, mediante diversos tipos de instrumentos, tres problemáticas: la desertificación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Además, en la COP3 se firmó el famoso protocolo de Kyoto (PK), instrumento para fortalecer el trabajo de mitigación de los llamados “países desarrollados”, nominación subalternizante a la que Perú aspira, aunque aparece solo como uno de los principales afectados por el cambio climático debido a su situación de país megadiverso y altas tasas de vulnerabilidad social. En ese marco, el Perú es parte del CMNUCC desde 1992 y del PK desde 2002.

Hay que insistir, la COP20 y la CMP10 son todo un espectáculo internacional. Como lo dice el mismo Ministerio del Ambiente, el evento traerá líderes mundiales supuestamente comprometidos con el cambio climático, y colocará al Perú en un posicionamiento privilegiado e inédito a nivel político e internacional del 2013 al 2015, colocándolo como país en crecimiento, estable, comprometido y atractivo para inversiones financieras relacionadas con el tema.

Justificado el asunto, el Estado funciona de manera casi inmediata. La misma resolución que nombra de interés nacional el 16 de julio del 2013, crea el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de la preparación, organización y realización de la “Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP20”, la “Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto – CMP10”, así como de sus actividades y eventos conexos.

Para mayor efectividad, en setiembre se designa al secretario técnico y grupos de coordinación interna, los cuales permitan generar más eficiencia en cuanto a los procesos de coordinación y gestión del evento.

En diciembre del mismo año, mediante DECRETO SUPREMO Nº 328 2013-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES Y/100 NUEVOS SOLES (S/. 175 000 000,00) para gastos de preparación, organización y realización de la conferencia. Esta partida sale de la Reserva de Contingencia estipulada en los artículos 44 y 45 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF. Con lo cual, tenemos un total de 6 meses para asegurar la adecuada ejecución de un evento de tamaña trascendencia.

Promociones incómodas 
Tal vez en el contexto de la COP20 no sea “ecológicamente correcto” hablar de petróleo. Sin embargo, para quienes saben lo que significaría el término de contrato del Lote 1AB convertido en el Lote 192, hablar de ello se convierte en casi de vida o muerte. Total, el petróleo, su consumo y la producción del mismo son casi marginales en estos eventos donde las soluciones giran principalmente con cargar de responsabilidades ecológicamente correctas a quienes protegen la amazonía desde hace siglos y a quienes, paradójicamente, las grandes empresas han venido destruyendo sus territorios.

De hecho, la Amazonía sigue enferma de promoción hidrocarburífera, la cual se despegó desde los años 90 y que en los últimos años ha generado la promoción paulatina y continua de un poco más del 60% de territorio amazónico para el trabajo de exploración petrolera. Así, en la actualidad existen 24 lotes de explotación y 47 de exploración hidrocarburífera que abarcan un total de casi 30 millones de ha y un promedio de área efectiva de 260 mil ha .

En ese marco, es interesante ver que los procesos para la firma de un contrato petrolero son sumamente veloces, ya que no se rigen por procedimientos públicos ordinarios (SNIP). Los plazos máximos de licitación (concurso para elegir una nueva empresa) son: la licitación pública dura un promedio de 5 o 6 meses y la decisión para el otorgamiento es un máximo de 60 días . Es decir, un total promedio de 7 a 8 meses. En medio de ello, el proceso de consulta duraría un máximo de 4 meses, los cuales, en las últimas consultas de hidrocarburos y gracias la pusilanimidad del Viceministerio de Interculturalidad, terminaron reduciéndose a veces a casi menos de 3.

Sumado a ello, es interesante ver cómo el Estado sigue impulsando propuestas del sector empresarial petrolero, las cuales se enfocan en reducir permisos, licencias, plazos, regulación, autoridades y hasta silencios con el fin de seguir efectivizando en plena COP20 entre otras cosas, la posible exploración y producción de petróleo sobre zonas biodiversas impactadas o no y afectando a población vulnerable al cambio climático.

De ese modo, el Estado, más que un Jano olímipico, se convierte en este escenario de promociones y convenciones, en un villano gótico, Two Face, ese enemigo de Batman de dos rostros que avienta la moneda al aire para saber qué decisión tomar y es solo una, la de seguir asesinando con un rostro bonito a los más vulnerables.

Las dos caras de la angustia
Pero ahora nos enfrentamos a un caso particular: la licitación del Lote 192, ex 1AB, se encuentra detenida debido a que Perupetro manifestó que no se iniciará la licitación mientras no esté satisfecho el proceso de consulta, con lo cual, como lo refieren diversos medios y funcionarios del Estado, se genera una amenaza a la producción histórica del país y que los pueblos afectados por las actividades petroleras han puesto en stand by hasta que no se dé salida a la situación de emergencia ambiental, social, cultural en la que se encuentran.

De hecho, el Lote es emblemático por muchos aspectos. En primer lugar, ha producido en algún momento un poco más del 60% de producción total de petróleo del Perú (actualmente “solo” la cuarta parte); ha generado más de 8 mil millones de soles en regalías; y, actualmente, su ubicación estratégica lo coloca en un espacio de confluencia de inversiones petroleras que generarán a futuro una especia de Camisea del crudo en la selva norte (el lote además articulará posiblemente la producción de los Lotes 102, 67, 39, 192 y la producción vecina de Ecuador).

Pero el Lote 1Ab cumple su ciclo de vida “petroleramente correcta” en agosto del 2015 para transformarse en el 192, fecha en que tiene que pasar a manos de otro operador o del mismo, según sea la voluntad del Estado por hacer una licitación pública o negociación directa (o una prórroga que no cumple con los estándares normativos).

El Lote además es emblemático en otro sentido, la zona en la que ha operado actualmente ha sido declarada en emergencia ambiental y sanitaria luego de una acción reactiva de parte del Estado debido a las exigencias de parte de las organizaciones indígenas. Ello debido a que, como lo dice el mismo Estado, “resulta necesaria por los niveles de riesgo significativo a la salud de la población por las elevadas concentraciones de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan los estándares de calidad ambientales nacionales”.

Lo que esto significa es que los pobladores de la zona están expuestos a cochas o lagunas con arsénico y elementos químicos cancerígenos, a fuentes de agua con elementos dañinos como los Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH con siglas en inglés) y otros elementos que podrían ser perjudiciales a nivel genético; así como elementos biológicos dañinos, lo cual en todos los casos han definido que las fuentes de agua por ejemplo no son aptas para consumo humano, pero además representan con el conjunto de las actividades y el grado de contaminación generalizada, amenazas para la sobrevivencia misma de los pueblos .

Así que pongamos las cosas en claro en torno a la licitación y a la protección de espectáculo que se plantea en estos tiempos. Los pueblos indígenas afectados actualmente por las operaciones realizadas en los lotes, no se oponen a la actividad petrolera y el apetito voraz y poco climático por petróleo de las grandes ciudades, esta última, tan poco armónica con la convención que se viene. De hecho, los pueblos indígenas paradójicamente, y luego de haber exigido y luchado durante 40 años por sus derechos, han conformado una Mesa de Desarrollo con el Estado, que apunta a dar salidas desde el Estado para una situación crítica en todos los sentidos, en la que este debe jugar en la cancha de quienes salvaguardan derechos elementales sobre la continuidad de actividades que pueden profundizar el riesgo de esta población.

La Mesa, puesta en funcionamiento desde marzo , en la actualidad, ha definido aspectos sencillos para tratar, como Sistemas de Agua para consumo humano permanentes, Remediación, Valorización del Territorio, Titulación, Estudios epidemiológicos y toxicológicos para tener claro cómo atender esta situación de crisis, y proyectos de desarrollo con visión indígena (en tanto han sido paradójicamente empobrecidos en medio del desarrollo extractivo). Aspectos concretos para empezar un proceso de licitación y consulta que armonice con el cuidado ambiental (asegurando un contrato más adecuado a la situación especial del Lote), la protección de población vulnerable y la continuidad en buenos términos de una producción “petrolera y ecológicamente correcta” como sería el sueño del actual gobierno y forma parte de una nueva imagen de Perupetro.

Es importante tomar en cuenta que en los últimos seis meses de reuniones de las mesas, como lo refieren los protagonistas del lado indígena , no ha habido aún la inventiva y voluntad de generar las salidas técnicas, burocráticas y financieras para dar viabilidad a estas propuestas, aun cuando existe una clara voluntad declarativa de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) quien, a pesar de haber planteado que se deberían pensar soluciones creativas para esta situación, se encuentra con muros de voluntades políticas por parte de sus propios sectores.

Extraño en un contexto en el que el espectáculo gira en torno a la defensa de los más vulnerables por el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad, espectáculo que sí logra financiamiento millonario y veloz para la pantalla, o en el contexto en el que las empresas defienden y logran que se aprueben normativas que faciliten operaciones cuyas amenazas pueden derivar en situaciones de emergencia

Pero esta velocidad es two face, la cual ahora se hace nudo a sí misma tercamente, angustiándose esquizofrénicamente por la amenaza de la producción petrolera y preparándose para declararse como País medioambientalmente irreprochable ante el mundo. Velocidad contra la cual, los pueblos indígenas como históricamente ha sucedido presentan propuestas para que la licitación sea viable ambiental y socialmente a nivel de vidas concretas, y para que todos, al menos parcialmente (ya que los pueblos seguirán sosteniendo los impactos petroleros que se vienen), terminen ganando. ¿Aplicará el Estado la velocidad adecuada para salvaguardar derechos?