Punto de quiebre: cuando a la ineptitud se le suma corrupción

Escrito por Revista Ideele N°303. Abril-Mayo 2022

El voto por Pedro Castillo siempre lo vi como el “mal menor” frente a un mal inmenso y perverso, del que nos había costado mucho librarnos: el fujimorismo. Si volvía, no solo era el regreso del lado más oscuro de la política peruana, sino que sería para quedarse.

Era igualmente un voto de protesta contra una campaña basada en la santificación de Keiko, la imposición, la mentira, el racismo, el clasismo y la manipulación de los medios.

Ahora, siempre me pareció muy peligroso tener a un presidente absoluta y visiblemente “perdido” en términos de conocimientos, experiencias y habilidades; muy peligroso, sobre todo en plena pandemia y después de los nefastos años políticos que veníamos viviendo desde 2016.  Pero creí — consumado el destino que nos había tocado contra la gran mayoría del país que no votó por ninguno de los dos — en la posibilidad de compensar estas carencias con asesores, y sobre todo ministros, provenientes de los sectores sensatos de la izquierda.

Lo veía posible por el instinto de sobrevivencia que todo ser tiene, y porque la alianza de Castillo con Cerrón y Perú Libre en todo momento me pareció  como un mutuo oportunismo, que no sería difícil de romper, cuando el segundo tratara de imponerse frente al ganador , tal como había ocurrido en otros países. Prueba de que no era imposible fue que dicha ruptura, efectivamente, se produjo, cuando Castillo reemplazó a Bellido por Mirtha Vásquez.

Nunca me creí el cuento de que con Castillo llegaba al poder Sendero Luminoso, o el comunismo cubano, o el chavismo, como me parece que, finalmente, ha quedado claro.

Lo que sí nunca imaginé, y creo que nadie – porque no fue ni siquiera parte de la guerra sucia- es que Castillo tuviera en mente que, en caso de ganar, sí se dejaría asesorar, pero para cometer actos de corrupción casi desde el primer día, en su beneficio y el de sus allegados. No es la primera vez que alguien sin ningún merecimiento llega al poder y lejos de agradecer al “azar y la historia”, le parece poco y decide enriquecerse, pero lo cierto es que no estaba  en el libreto.

 Como abogado, creo que cada vez hay más pruebas que corroboran que el presidente está en el centro de una serie de actos de corrupción (licitaciones arregladas y nombramientos irregulares para comenzar). Son innumerables y diversas las declaraciones y hechos investigados por la Fiscalía  y los periodistas que lo involucran, a lo que se suma sus propios silencios, contradicciones y nuevos nombramientos. La clara falta de voluntad para capturar a Pacheco y a sus sobrinos también aumentan las sospechas.

Esto complica mucho más la situación. De pasar a tener un presidente con serias limitaciones, hemos pasado a un presidente del cual se tienen sospechas fundadas que también es corrupto. Y esto hace que no se pueda tener ninguna expectativa frente a lo que haga el gobierno, ni se le puede defender del cargamontón, puesto que al  defender a un régimen que se cree que es corrupto uno se convierte en cómplice.

Pero la situación también se vuelve más complicada porque el mismo Castillo sabe que su caída, sea por renuncia o vacancia (así esta última resulte aún ahora inconstitucional) implica que se le someta a diversos procesos penales que pueden terminar en su encarcelamiento. No solo pierde la presidencia, sino que puede terminar en prisión.  

No es gratuito que diversos analistas hayan comenzado a plantearse la posibilidad  – algunos como salida otros como peligro  a evitar – de que el presidente se fugue y consiga asilo político en países como Cuba, Venezuela o  Bolivia, de los que sería muy difícil su extradición. 

De acuerdo a todas las encuestas, la gran mayoría del país está de acuerdo con la renuncia del presidente y que eso lleve a que el Congreso pueda convocar a elecciones generales adelantadas (es decir, que también se vaya la vicepresidente y, especialmente,  el Congreso, el que tiene, incluso, mayor desaprobación que Castillo).

Otro elemento de consenso es que esas nuevas elecciones deben hacerse con nuevas reglas, adelantando la vigencia de las que están previstas para el año 2026 (provenientes de la Comisión Tuesta), o estableciéndose vía una comisión de expertos.

En un momento se pensó que Castillo podría dar un paso al costado de manera voluntaria, pero hoy, por lo explicado, se cree que hará lo imposible para permanecer atornillado en el cargo. Más ahora que lo que sí ha aprendido, pese a sus limitaciones, es a cómo negociar con los diferentes sectores políticos,  que sumados impiden que se alcancen los 87 votos que se necesita para la vacancia, a cambio de beneficios o alianzas que les convienen ( medidas en contra de la reforma educativa, de la reforma del transporte, obras regionales, etc.).

 De ahí que las esperanzas se hayan puesto en un movimiento ciudadano que se vaya  activando a partir de los escándalos que provoca cada descubrimiento de una grave incorrección del Gobierno (el plagio de tesis por parte del presidente y su esposa, por ejemplo) y del desgobierno que impera y que cada vez lo siente más  la población en sus condiciones de vida.

El otro punto pendiente que puede contribuir a que Castillo se vea obligado a tomar la decisión de dar un paso al costado, es el futuro de las investigaciones fiscales en relación a él: ya tiene dos abiertas a nivel de la Fiscalía de la Nación, además otra a nivel provincial, por lo del plagio,  y en otras está como testigo.

El nuevo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debe estar meditando seriamente si mantiene la decisión de su predecesora de continuar paralizadas las investigaciones contra el presidente, o si haciendo una interpretación distinta del art. 117  de la Constitución asume que  “investigar no es acusar “ y, por tanto, decide investigar al presidente, primero a nivel preliminar para luego determinar si hay elementos para formalizar la investigación.

Considero que sí existen elementos para,  haciendo una interpretación sistemática e integral de la Constitución, se pueda crear el precedente de  abrir la posibilidad de investigar al presidente en todos los delitos, siempre y cuando se trate de situaciones graves  en relación a las que ya hay sólidos elementos de convicción .

Pocas veces hemos vivido una situación en la que la gran mayoría del país, (en todos los ámbitos) tenga como principal deseo el  “que se vayan todos” — aunque, por el momento, se trate de una exigencia pasiva — y que su gran temor sea, por falta de alternativas, que venga más de lo mismo o algo peor. Grave. Futuro incierto.

Sobre el autor o autora

Ernesto de la Jara
Abogado. Fundador y exdirector del Instituto de Defensa Legal y de la Revista Ideele. Actualmente se desenvuelve como abogado independiente, profesor en la PUCP y especialista en temas sobre el sistema de justicia.

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