Escrito por Jaime Delgado Zegarra Revista Ideele N°243. Setiembre 2014

La agenda de defensa del consumidor es amplia y difícil, sobre todo cuando se tiene que enfrentar determinados intereses particulares que colisionan con los de la población. Hay ciertos sectores que pretenden que sus intereses económicos primen siempre frente a temas que incluso comprometen la salud y la seguridad de la población, o a su derecho a la información, o frente a su derecho de elegir en un mercado amplio y competitivo. He aquí algunos temas.

Ausencia de normas antimonopólicas
El Perú es uno de los pocos países que no cuentan con legislación antimonopolio ante las grandes fusiones y concentraciones que pueden dañar las estructuras competitivas del mercado. Por ejemplo, si Telefónica se quisiera comprar a Claro y Nextel juntas, no habría nada que lo impida. Los usuarios tendríamos que soportar las consecuencias de un monopolio y sus abusos, hasta que Dios mediante, aparezca otro competidor (si es que lo dejan entrar). Diversos proyectos de ley a lo largo de los últimos años se han frustrado por intereses de grupos que pretenden tener dominio total del mercado. Recordemos que las leyes antitrust son creadas precisamente por el capitalismo para preservar el sistema. En el Perú, en cambio, le hacemos juego a intereses que van precisamente en contra del libre mercado y la competencia.

Etiquetado de transgénicos
Hace más de 3 años el Código de Protección del Consumidor dispuso que los alimentos genéticamente modificados deban advertir este hecho en sus etiquetas. En todo este tiempo, también por intereses de empresas que se oponen a brindar esta información consumidores, no se publica el reglamento, por tanto todo es letra muerta. Pese a que incluso antes de la promulgación del Código, el Tribunal del Indecopi emitió una resolución declarando que la condición de genéticamente modificado es una información relevante que las empresas deben advertirle al público para que este tome decisiones conscientes.

Etiquetado grasas trans
Las grasas trans o hidrogenadas matan a millones de personas cada año y están presentes en gran parte de los alimentos que consumimos todos los días. Estas grasas contribuyen a elevar el colesterol malo en la sangre. El Código de Protección del Consumidor también dispuso hace más de 3 años que en las etiquetas debía informarse el porcentaje de grasas trans que contienen los alimentos. De esta manera el público podía advertir esta situación y tomar una correcta decisión. Hasta ahora tampoco hay reglamento porque las empresas se oponen a ello.

Alimentación saludable, ¿en qué quedamos?
Tanta expectativa sobre la ley de alimentación saludable y hasta ahora no se pone en práctica ¿Por qué? No se emite el reglamento y el que se pretende promulgar vulneraría abiertamente la ley. Veamos. La norma estableció que aquellos alimentos que contengan altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans, debían advertirlo al consumidor, ya que estos son los 4 componentes más dañinos y que han provocado esta pandemia de obesidad y sobre peso en el mundo. La norma también señala que se debía emitir un reglamento fijando los niveles de estas sustancias de acuerdo a los parámetros de la OPS/OMS. Oh, sorpresa, se publica una propuesta de reglamento que eleva en 4 veces o más los niveles de azúcar, grasas y sodio recomendados a nivel internacional. Con este reglamento hasta los chizitos serían saludables. Que despropósito.

Lucha contra la delincuencia. Venta ilegal de líneas telefónicas pre pago
Muchas personas han sido encarceladas injustamente, involucradas en actos delictivos porque inescrupulosos contrataron líneas telefónicas a su nombre para cometer fechorías desde las cárceles y otros puntos. Las empresas de telefonía, burlándose de las normas legales que establecen la obligación de pedir identificación de los adquirientes de estas líneas, venden indiscriminadamente estas líneas a diestra y siniestra argumentando que no tienen control sobre el mercado informal. ¿Cómo si lo tienen para cuando venden una línea post pago? Ahí sí se preocupan de pedir identificación, averiguar su capacidad de pago, domicilio, etc. En cambio, cuando son líneas pre pago, dicen graciosamente que no pueden tener control. Multa tras multa del Osiptel para poner orden a esta situación y no pasa nada. Lo peor de todo es que las empresas ahora piden flexibilizar la venta de estas líneas, sin exigir identificación. Esperamos que esto no prospere.

Antenas telefónicas ¿y los usuarios…?
Nadie duda de la necesidad de mejorar la cobertura y calidad del servicio telefónico y especialmente la móvil. Para ello obviamente, se requiere de antenas y sobre todo ahora con el ingreso de nuevos operadores telefónicos, bienvenidos. Pero tampoco hay que desconocer la incomodidad y el temor de la gente (que puede ser infundado o no) que generan las antenas, no solo por las radiaciones no ionizantes, sino por la forma en que estas se instalaban sobre frágiles estructuras que no garantizaban ninguna seguridad. También resultaba obvio que algunos municipios obstaculizaban la colocación de estas. Es por ello que se hacía necesario un debido ordenamiento del tema para cautelar ambos intereses, cobertura y seguridad. Para esto pudo haberse dispuesto un debido ordenamiento del territorio y la distribución de antenas, obligar a las empresas a compartir infraestructura (en una sola torre 3 o 4 empresas), disponer mecanismos de evaluación en la instalación, etc. Nada de eso se hizo, pese a una serie de reuniones con alcaldes que representando a sus vecinos, reclamaban un ordenamiento responsable. Se impulsó una ley por la cual las empresas pueden instalar antenas donde quieran y como quieran, con solo presentar una solicitud de aprobación automática ante el municipio respectivo, las cuales no pueden ni siquiera observarla, bajo pena de ser sancionados. ¿Porque hacemos esto?

Guía Telefónica, qué tal ahorro…
En la Comisión de Defensa del Consumidor se ha aprobado un proyecto de ley para exonerar a Telefónica del Perú de entregar la Guía Telefónica a los usuarios, pese a que esta es una obligación establecida en el contrato frente al Estado Peruano. Se argumentan temas de seguridad y de medio ambiente. Telefónica de pronto se ha vuelto conservacionista y quiere proteger los arbolitos, por eso cree innecesaria la impresión de estas guías porque se gasta mucho papel. Esto por supuesto, le ahorraría varios millones de soles cada año a la empresa, teniendo en consideración que debe editar, imprimir y distribuir 3.5 millones de guías al año. Si cada guía costara 10 soles, esto significaría nada menos que 35 millones de soles de ahorro al año. Imagínense. También se dice que la gente ya no consulta la guía por eso debe prescindirse de ella. Supongo que en el Pleno esta propuesta no pasará, porque lo contrario sería un escándalo.

¿Por qué no ponemos en práctica las Políticas de Estado aprobadas en el Código de Protección del Consumidor?, ¿por qué nuestras autoridades no se ponen firmes en esto?, ¿por qué estamos cediendo cada día a las presiones de ciertos grupos empresariales que sacrifican el interés del mercado para anteponer los suyos propios?

Gran tarea por delante, generar desarrollo e innovación, favorecer la competencia, promover inversión, pero al mismo tiempo respetar los derechos del ciudadano. Todo esto es perfectamente compatible y nos lo demuestran los países más desarrollados del mundo.