Escrito por Inés Agresott González Revista Ideele N°247. Febrero 2015

Mi nombre es Inés María Agresott González. Soy esposa y madre de peruano, soy negra y colombiana de la zona Caribe. Llegue al Perú hace quince años, me enamoré, tuve una hija en el Cusco, y luego me divorcié cuando vi que esa relación no iba para más. Posteriormente me volví a casar, hice mi vida con mi familia en Lima y, mientras tanto, viendo el desierto que era la cultura en el Perú, impulsé con pura tenacidad y sin mayores recursos la realización del Festival Internacional de Cortometrajes, FENACO Perú, que ya va por su décimo segunda edición y es considerado hoy uno de los importantes en su género en América Latina.

Hace 7 meses comenzó mi pesadilla en Migraciones. Como todos los años, fui en julio del 2014 a renovar mi carnet de extranjería como familiar de nacional y, ¡oh sorpresa!, me di con la noticia que habían retenido mi documento. No solo eso, pedían que desista voluntariamente del trámite iniciado, saliera del país y ahí me regularizara, ingresando por la frontera. Cuando reclamé me dijeron que supuestamente hace 6 años el funcionario que me renovó la residencia, luego de mi segundo matrimonio, había procedido erróneamente, al no cancelar mi residencia por “no acreditar la continuidad del vínculo matrimonial original”. Para llegar a semejante conclusión, no les importó desconocer mi público matrimonio en el 2008 con el ciudadano peruano Christian Wiener Fresco, y que a lo largo de estos cinco años, incluidos dos del actual gobierno, la Dirección General de Migraciones y Naturalización primero, y la Superintendencia Nacional de Migraciones, después; me habían reconocido y validado todos los años la vigencia de mi residencia, incluso otorgándome un nuevo ejemplar del carnet el 2013. Y en el colmo del absurdo y el machismo, sí reconocían la nueva relación con una extranjera de mi primer marido, el mismo al que según ellos yo debía seguir estando casada para poder aspirar a la residencia.

Lo anterior fue dicho con el tono propio de los funcionarios públicos abusivos, que se saben con la sartén por el mango, y que no pierden oportunidad para exhibir lo mezquino de su ocasional poder, tratando de inculparlo a uno por sus torpezas y los vacíos y deficiencias de una ley que nunca fue reglamentada. Yo preguntaba una y otra vez ¿pero por qué si tengo todos mis documentos en regla?, ellos repetían que era así y punto. Por ultimo dijeron las palabras mágicas: “que hiciera lo que considerara”. Por cierto, todo fue verbal, nada por escrito, que es la manera como les gusta proceder para que no quede huellas de sus actos y palabras. Fue solo a insistencia mía, y la presión que pusieron la Cónsul de Colombia, parlamentarios y mi abogado, que finalmente elaboraron una Resolución firmada por el Gerente General de Servicios Migratorio, Ronald Ríos Adrianzén, verdadero factótum de esa institución, declarando improcedente el expediente que presenté para la prórroga de mi calidad migratoria como familiar de residente.

Finalmente me había tocado a mí. Todos los abusos que veía a los demás extranjeros año a año en la oficina de Migraciones, y los cuales intencionalmente ignoraba porque no era yo, finalmente me habían alcanzado. La precariedad de nuestra situación legal, y el manejo policiaco e insensiblemente burocrático de los funcionarios, permite que cualquiera pueda ser la próxima víctima, aunque hay que reconocer que en el último año estas son muchos más, debido sobre todo a la política xenófoba del actual gobierno, y en especial de su ministro del interior, Daniel Urresti.

Mis amigos apenas se enteraron lo que ocurría, llamaron a programas de TV y de ahí comenzó la vorágine de hacer público el abuso al que estaba siendo sometida en entrevistas y artículos en diversos medios. Al mismo tiempo, desde el gobierno se implementaba una campaña contra los extranjeros a través de noticieros matinales, mostrando que los colombianos éramos sicarios y putas. Nunca había visto un ciudadano de la Guyana, lo vi en Televisión peruana presentado como un delincuente porque había atacado a un peruano. El hombre solo atinaba a decir en un mal español, “yo puedo ser negro pero usted a mí me respeta, porque tengo derechos”.

En el camino no han faltado contratiempos, incluyendo al Consulado de mi país, que si bien nos ha venido apoyando, estaban temerosos de ir más allá de las reglas de la buena conducta diplomática, mientras a decenas de compatriotas eran vulnerados en sus derechos y estigmatizados en los medios. Por eso recurrí a los medios de comunicación colombianos, los partidos políticos y la propia Defensoría del Pueblo para que salgan en defensa de nuestros compatriotas en este país.

Tuve la suerte de conocer al presidente de la Asociación Civil de Defensa del Inmigrante (ACIDEIN), un abogado hijo de un ciudadano chino, el doctor Jesús Chang, quien ha caminado este proceso totalmente abusivo del Estado peruano contra los extranjeros. Otras instituciones y personas como la Defensoría del Pueblo de Perú, el parlamentario andino Alberto Adrianzén, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, periodistas, líderes de opinión y parlamentarios se han pronunciado sobre el abuso al que estoy siendo sometida, demandando una solución de acuerdo a ley, que solo puede consistir en la anulación de la resolución de Migraciones que declaró improcedente mi solicitud de prórroga de la visa de residente, y la devolución de mis derechos.

En este camino he conocido los dramas de muchas mujeres extranjeras casadas con peruanos, y con hijos, varias de las cuales no se atrevieron a dar la cara por temor a las represalias. Algunas se encontraban irregulares y escondidas con sus hijos, debido a que sus maridos abusivos y maltratadores se niegan a pasarles pensión alimenticia y renovar su carnet (el hombre tiene que pasar una carta a Migraciones donde se compromete a responder civil y moralmente por su cónyuge). Esposas peruanas, embarazadas, algunas con niños pequeños peruanos, sus esposos habían acudido a Migraciones para regularizar su estadía y estos habían sido expulsados de por vida del Perú. Un peruano retornado al país con su esposa hondureña, que migraciones había expulsado porque ella había entrado ilegalmente al país. Él había ganado el Habeas Corpus, donde le ordenaban a Migraciones suspendiera el impedimento de entrada, pero este organismo abusivo se negaba a acatar. Una pareja joven casada con una hermosa niña. El, extranjero, siguiendo todas las indicaciones de Migraciones había quedado irregular, no querían validar su matrimonio y entregarle la residencia. Eran tantos y tantos los casos de abuso y de gente inocente trabajadora, cuyo único y terrible infracción era el haberse enamorado de un ciudadano o ciudadana peruano, y haberse quedado en Perú a vivir con esa persona.

La actual Ley migratoria peruana es vieja y obsoleta, además no está reglamentada, por lo que puede ser interpretada por el funcionario en turno siguiendo las directrices del gobierno. Si ellos deciden que los extranjeros afean la ciudad, dañan la moral, o invaden el país, delinquiendo, no habrá ninguna forma legal o de derecho que detenga la directiva de la interpretación. Esta misma Ley ignora por completo a los niños, en ningún documento de migraciones se considera al niño de padre o madre peruano con un ciudadano(a) extranjero. Por lo que los niños nacidos en Perú no generan ningún derecho migratorio sobre su padre extranjero, no existe el derecho al arraigo como en la mayoría de países del mundo, incluso algunos duros en materia migratoria como Estados Unidos, Japón o los países de la Unión Europea. Peor aún, si tu esposo muere o se divorcia de ti, pierdes la residencia y eres expulsada del país, los niños son declarados en abandono.

En todo este tiempo he comprobado que, a pesar que más de 2 millones de peruanos viven fuera del paísi, y miles de familias viven de las remesas que les mandan, todavía hay mucha incomprensión y prejuicios entre que se quedaron sobre la situación de los extranjeros. Y no lo digo solo por las autoridades y representantes de diversas instituciones públicas, insensibles a lo que no les da votos o genera beneficios, periodistas y gente de la calle cargada de estereotipos (además de la discriminación racial) sino de parte de la propia sociedad civil, y sus instituciones y ong’s dedicadas a la mujer y los derechos humanos, que nos respondieron en más de una ocasión que los temas de migrantes no eran de su incumbencia, como si no se tratasen también de mujeres y seres humanos. Tal vez lo que he aprendido es que si queremos que nos defiendan en nuestros derechos, debemos hacerlo nosotros mismos, y por eso, más allá de la lucha actual y de lo que me depare mi propio caso, todavía pendiente del fallo en el Juzgado para el Habeas Corpus, vamos a impulsar la asociación para asesorar, ayudar y cautelar a los migrantes en el Perú. Es un compromiso, para que nadie más vuelva a pasar lo que yo vengo viviendo, y mucho peor, otras extranjeras y extranjeros que vinieron a este país, no por la vacua propaganda oficial ni la mentira del país rumbo al primer mundo, sino por amor o ilusión en una relación que, más allá de su destino, no merece encima ser perseguida por pura incomprensión y xenofobia.